«Este 4 de febrero debemos mantener los logros en seguridad. En este momento Nuevas Ideas tiene la mayoría calificada, pero con un tan solo diputado menos perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas», dijo Bukele en un video publicado en su cuenta de X.

Según Bukele, sin la mayoría calificada «no se podría aprobar el régimen de excepción, ni elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni al fiscal general, ni profundizar la reforma judicial».

«Con tan solo un diputado menos de Nuevas Ideas, la oposición podrá lograr su verdadero y único plan: liberar a los pandilleros y ocuparlos para regresar al poder», acotó.

Bukele, además de pedir el voto para su polémica aspiración a la reelección, pidió el voto para su partido en los comicios legislativos.

Actualmente, el partido oficialista posee la mayoría calificada con 56 votos de los 84 diputados, que llegan a más de 60 con sus partidos aliados.

En los comicios de febrero se votará únicamente por 60 diputados tras una reducción aprobada por la actual legislatura, por lo que la mayoría calificada se alcanza con 40 legisladores.

Sin embargo, las encuesta apuntan a que NI, que también aprobó el cambio de formula para asignar los escaños, ganará casi todas las diputaciones, dejando a la oposición con unos 2 escaños.

Son más de 5,5 millones de ciudadanos los convocados a participar en los comicios, que se harán en medio de la polémica por la candidatura de Bukele para la reelección inmediata, prohíba por la Constitución, y en los que también se prevé un alto porcentaje de abstención, de acuerdo con varios analistas.

Bukele, de 42 años y con gran popularidad, es el primer presidente de la etapa democrática de El Salvador que busca su reelección inmediata y, de ganar, sería el primero en repetir en el cargo desde que El Salvador salió de una dictadura militar y entró en democracia.

Esta cifra es superior al dato divulgado el 18 de octubre por varias organizaciones, que señalaban, hasta ese momento, habían muerto un total de 189 personas detenidas.

Bajo el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, las autoridades de seguridad afirman haber realizado más de 72,000 detenciones de supuestos pandilleros y se le ha dado libertad condicional a unas 7,000 personas.

Entre el 27 de marzo de 2022 y el 31 de octubre pasado, Cristosal recibió 3,496 denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos con «3,631 personas vulneradas en sus derechos», de acuerdo con el registro compartido a la prensa.

En el 96,8 % de los casos, que pueden incluir más de un derecho afectado, se denunció la detención arbitraria, el allanamiento ilegal de morada en el 26,2 % y los malos tratos en el 10,2 %.

Cristosal detalló que 370 personas «han denunciado tratos crueles, inhumanos y degradantes», mientras que se han dado 157 «violaciones de derechos hacia niños, niñas y adolescentes».

El Congreso de El Salvador aprobó a finales de marzo de 2022 el régimen de excepción tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.

La medida suma 19 ampliaciones por períodos de 30 días.

Henry dijo, a través de su cuenta de X (antes Twitter), que agradecía particularmente al secretario general de las Naciones Unidas (António Guterres), así como a los Gobiernos estadounidense y ecuatoriano por redactar el texto de la resolución.

El propio Henry solicitó, en octubre del año pasado a la ONU, el apoyo de una fuerza dirigida a combatir la violencia que causan las pandillas fuertemente armadas que controlan gran parte de la zona metropolitana de Puerto Príncipe y otras zonas del país.

La resolución fue aprobada por 13 votos a favor y 2 abstenciones (Rusia y China), sin ningún voto contrario entre los 15 miembros del Consejo.

Un alto funcionario estadounidense explicó este lunes a la prensa que uno de los logros de esta resolución fue el de reforzar las sanciones contra «actores negativos que están incitando a la violencia callejera y otros actos de desestabilización», en referencia a los líderes de las bandas, algunos con enorme poder efectivo y perfectamente conocidos, como el famoso «Barbecue».

Antes de Henry, el ministro de Relaciones Exteriores haitiano, Jean Victor Généus, agradeció al Consejo de Seguridad de la ONU la «expresión de solidaridad» que supone haber aprobado el próximo envío de una fuerza multinacional de seguridad a su país, un año después de haberla pedido.

Généus había sido invitado a la sesión del Consejo que comenzó con la adopción de una resolución que autoriza el envío de esa fuerza.

El canciller haitiano se mostró particularmente agradecido a Kenia por haberse propuesto como país que liderará esta misión de apoyo a la Policía haitiana, y pidió a los Estados miembros y las organizaciones regionales que «contribuyan con personal, equipos, recursos financieros y logísticos según las necesidades de la misión».

Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, al menos 2.439 personas han muerto en lo que va de año como consecuencia de la violencia de las bandas que, además, han secuestrado a al menos 951 personas en este 2023, refleja un informe publicado el 28 de septiembre.

Una violencia que no deja de crecer, tal y como pone de manifiesto el hecho de que en el segundo trimestre de 2023 se registró un aumento del 14 % en el número de víctimas de asesinatos, lesiones y secuestros relacionados con las bandas.

Chérizier también le solicitó a los haitianos a movilizarse en contra del gobierno. «Estamos pidiéndole a la población que se rebele», comentó en una conferencia de prensa.

El líder pandillero expresó que recibiría con beneplácito a la fuerza extranjera si pone bajo custodia al primer ministro, y a otras personas que según él son agentes policiales y políticos corruptos que presuntamente se dedican a vender armas y municiones en los barrios haitianos de escasos recursos.

«Si la fuerza extranjera viene a ayudar y a brindar seguridad para que la vida vuelva a empezar, nosotros también aplaudiremos eso», manifestó. Pero especificó que el pueblo haitiano se levantará en armas si cualquier fuerza internacional repite las previas acciones de la ONU para mantener la paz en  la nación caribeña, en las que hubo casos de violaciones sexuales y se ingresó el cólera en fuentes de agua de manera inadvertida.

«Lucharemos contra ellos hasta nuestro último aliento», expresó. «Será una lucha del pueblo haitiano para salvar la dignidad de nuestro país».

El primer ministro Ariel Henry, quien ha estado a la cabeza de Haití a partir del asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, ha solicitado el ingreso de fuerzas armadas extranjeras desde octubre para que ayuden a enfrentar a las poderosas pandillas, las cuales se entiende que controlan un 80 % de la capital Puerto Príncipe.

A finales de julio, el país de Kenia se ofreció para liderar una fuerza multinacional, y hace unas semanas Estados Unidos comunicó que entregaría una resolución frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para consentir una misión multinacional que no esté vinculada a la ONU.

La primera reforma, aprobada con los votos de 67 parlamentarios de 84 en la Asamblea Legislativa, establece procedimientos penales por grupo o célula de pandilla, lo que supone que los detenidos en el contexto del régimen de excepción, implementado para combatir a las maras (pandillas), podrían ser agrupados en alguna de las estructuras para ser sometidos a un solo proceso penal.

Según el dictamen leído, durante la sesión plenaria de hoy, lo anterior «facilitaría a los jueces dictar sentencia de forma más rápida a los criminales y evitar que miembros de estas estructuras delictivas salgan en libertad».

El diputado de oposición Jaime Guevara señaló que la reforma aprobada representa «un riesgo y una amenaza para los presos inocentes que están en las cárceles a esperas de un procedimiento penal justo».

«Esto supondría que cualquier capturado sea incluido a un grupo de pandillas para que enfrente su proceso penal como estructura y no de manera individual, lo que violenta el debido proceso», apuntó.

La parlamentaria Claudia Ortiz, por su parte, señaló que la reforma «únicamente servirá para hacerle el trabajo más liviano a la Fiscalía, para que ya no tenga que investigar».

La cifra de personas detenidas en El Salvador en el contexto de un régimen de excepción asciende a más 71.770, según dijo recientemente el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro.

De acuerdo con las denuncias recabadas por organizaciones humanitarias divulgadas recientemente, la cifra de «víctimas directas» de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción llegó al menos a 5.490.

Las cifras compartidas por las organizaciones sociales indican que son unos 13.581 «hechos violatorios», de los que el más denunciado es la detención arbitraria en el 95,32 %, entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de junio pasado.

AUMENTO DE PENAS

Los diputados oficialistas y sus aliados en el Parlamento también aprobaron, con 67 votos y a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele, una reforma para aumentar la pena de cárcel para los líderes de pandillas.

La sentencia máxima para los cabecillas pasará de 45 a 60 años de prisión.

En marzo de 2022, los legisladores establecieron penas de entre 40 y 45 años de cárcel para «los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas».

Hasta antes de esta reforma, la pena para los cabecillas de maras eran de 6 a 9 años. 

Este escenario fue dejado por el grupo delictivo llamado Los Ardillos, con quien la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, se reunió en días pasados, y aunque dijo a medios que no fue para pactar nada, autoridades eclesiásticas señalaron que intervino para pacificar la región, ya que ellos deciden quién transita y por qué lugares.

Según reportes de las autoridades, el primer hecho se registró en la ciudad de Tixtla aproximadamente a las 14.00 hora local (20.00 GMT) cuando se informó que los taxis con número económico 33 y 641 fueron incendiados casi de manera simultánea. El conductor del primer vehículo fue asesinado.

Luego, se registró el primer ataque en Chilpancingo contra un conductor de la ruta Chilpancingo-Mochitlán, en la base de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Posteriormente, un taxi fue atacado a balazos e incendiado en la carretera federal Acapulco-México, a las afueras de una estación de gasolina; en ese hecho el conductor fue calcinado junto con el vehículo y tres pasajeros resultaron heridos.

Minutos después en la misma vía federal, cerca del poblado Petaquillas, uno de los bastiones del grupo delictivo, otro taxi fue incendiado y al interior de la unidad quedó el conductor.

Después se informó del ataque a una furgoneta de la ruta Chilpancingo-Chilapa en el que su conductor murió.

Ya casi por la noche se registró un ataque más a un taxista, el cual resultó herido; su unidad fue prendida, pero el incendio logró ser sofocado por vecinos.

Estos hechos provocaron que el servicio de transporte público fuera suspendido desde la tarde del sábado, y este domingo la movilidad continúa paralizada hacia comunidades y vecindarios en Chilpancingo, y a otros municipios aledaños.

El panorama en la capital de Guerrero es desolador, pues las calles están desiertas, los negocios permanecen cerrados y existe zozobra entre los habitantes.

La seguridad está a cargo de la Policía Estatal, Guardia Nacional y las secretarías de Marina y Defensa Nacional, con recorridos y puntos de revisión en algunos lugares.

El caos en la capital comenzó la tarde del pasado jueves tras la captura de un líder transportista y un conductor pertenecientes a ese grupo delictivo a quienes, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, les decomisaron cargadores de un arma de uso exclusivo del Ejército mexicano así como la droga conocida como cristal.

Días antes se filtró a redes sociales un video en el que se observa a la presidenta municipal de Chilpancingo reunida con el líder de ese grupo delictivo lo cual sería investigado, según expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias de esta semana.

Apenas el pasado 24 de junio fueron dejados siete cuerpos desmembrados frente a la iglesia del popular barrio San Mateo en Chilpancingo y un mensaje dirigido a la alcaldesa donde se hizo alusión a una segunda reunión.

A pesar del escenario que se vive en la capital de Guerrero, en un audio dirigido a sus colaboradores y que se distribuyó en redes, la alcaldesa expresó que se trata de «un golpeteo político» y en un escueto comunicado emitido la noche del sábado dijo que los hechos la consternan y obligan a replantear la estrategia de seguridad.

“Dicen que vivimos en una dictadura”, pero “pregunten a los pasajeros del bus; vayan a un restaurante y pregunten a los comensales, a los meseros. Pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar. Es totalmente seguro… Pregúntenles qué opinan de El Salvador, qué piensan de este gobierno, de la supuesta dictadura”, expresó el mandatario salvadoreño.

El comentario fue recibido con un estallido de aplausos, y en algunos sectores del estadio remodelado se coreaba “¡Reelección!”.

Los Juegos le han ofrecido a Bukele una oportunidad de mostrar a un El Salvador más seguro en el mayor evento internacional aquí desde que su gobierno se enfrascó en una guerra total con las pandillas. Pero las competencias también se llevan a cabo en un momento en que Bukele enfrenta acusaciones de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por esa misma represión y mientras su gobierno toma medidas para socavar la democracia del país.

Santo Domingo.- Como un balde de agua fría califican diversos sectores la negativa del gobierno ruso en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU de enviar una fuerza policial robusta para ayudar a Haití a combatir las pandillas armadas, justo cuando este viernes se cumplen dos años del magnicidio de Jovenel Moïse, con lo que comenzó la espiral de violencia.

Ante el escepticismo de los representantes de Rusia y China sobre la necesidad de una fuerza multinacional que ayude lograr el orden en Haití, exdiplomáticos haitianos que residen en Santo Domingo coinciden en la urgencia de un acompañamiento para enfrentar a las bandas armadas.

“Ya es tiempo de que los países de la Región Latinoamericana hagan también escuchar su voz en contra de la intervención, lo que si necesitamos es una asistencia efectiva a la policía haitiana”, comentó Edwin Paraison, exembajador de Haití en República Dominicana.

El exembajador y actual director ejecutivo de la Fundación Zilé, Edwin Paraison, considera que su país no necesita una intervención militar, sino más bien un operativo logístico con tecnologías para ayudar en el monitoreo.

“Bajo mando de la policía haitiana, para poder enfrentar a las gangas y enfrentar a los jefes, ya sabemos quienes son, sabemos dónde están y de acuerdo a los expertos en seguridad en Haiti”, expreso Paraison.

Paraison consideró que tras la intervención que realizó la MINUSTAH hace 20 año es muy difícil que se cometan errores.

El exembajador Paul Acerlin dijo que la negativa de Rusia y China se debe a que buscan consolidar el gobierno del primer ministro Ariel Henry, al que calificó como ilegítimo.

El escepticismo de Rusia y China surge luego desde que el canciller haitiano, Jean Victor Geneus, renovó su petición expresa de una “fuerza internacional robusta” y propio secretario general de la Naciones Unidas describió la situación como una “pesadilla viviente”.

Ya han pasado nueve meses de que el gobierno haitiano solicito ante la ONU una fuerza multinacional y ninguna país ha ofrecido asumir el compromiso.

Santo Domingo.- Ante los señalamientos del presidente del Episcopado, Freddy Bretón, de que los frecuentes hechos de violencia son una muestra de que la sociedad está “descalabrada”, diversos sectores se unen al llamado para tomar medidas urgentes a fin de detener la violencia entre pandillas, los tiroteos y la presencia de armas en los barrios.

Al coincidir con el pronunciamiento del párroco, líderes comunitarios de barrios populares, consideran que la ola de violencia que atraviesa el país es parte del libertinaje que se ha desatado en los últimos tiempos.

“Y como es eso que todas las noches uno escucha un tiroteo unos tigueres tirando tiros así a lo loco regoso pegarla un tiro a uno que sale de su trabajo”, expresó Moreno Marcelino, representante Junta de Vecino de Cristo Rey

Aunque entienden que en parte los padres tienen culpa de que sus hijos entren al mundo de la delincuencia debido al poco seguimiento en la crianza, consideran que se debe formar una amplia participación social para enfrentar la violencia y la criminalidad.

Los comunitarios aseguran que la población debe acercarse junto a su familia a los caminos de la iglesia, ya que los valores religiosos son parte importante para criar jóvenes de valores.

Al catalogar como preocupante el alto nivel de violencia que viven barrios del país, el vocero de la policía atribuye la gravedad del problema a la lucha por el control de los puntos de drogas en los sectores.

Para algunos residentes de barrios como Cristo Rey, Los Ríos y Villa Juana el estado debe crear políticas públicas que vayan acorde con los nuevos tiempos y así evitar que los jóvenes se pierdan por falta de oportunidades y orientaciones.