«Este 4 de febrero debemos mantener los logros en seguridad. En este momento Nuevas Ideas tiene la mayoría calificada, pero con un tan solo diputado menos perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas», dijo Bukele en un video publicado en su cuenta de X.

Según Bukele, sin la mayoría calificada «no se podría aprobar el régimen de excepción, ni elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni al fiscal general, ni profundizar la reforma judicial».

«Con tan solo un diputado menos de Nuevas Ideas, la oposición podrá lograr su verdadero y único plan: liberar a los pandilleros y ocuparlos para regresar al poder», acotó.

Bukele, además de pedir el voto para su polémica aspiración a la reelección, pidió el voto para su partido en los comicios legislativos.

Actualmente, el partido oficialista posee la mayoría calificada con 56 votos de los 84 diputados, que llegan a más de 60 con sus partidos aliados.

En los comicios de febrero se votará únicamente por 60 diputados tras una reducción aprobada por la actual legislatura, por lo que la mayoría calificada se alcanza con 40 legisladores.

Sin embargo, las encuesta apuntan a que NI, que también aprobó el cambio de formula para asignar los escaños, ganará casi todas las diputaciones, dejando a la oposición con unos 2 escaños.

Son más de 5,5 millones de ciudadanos los convocados a participar en los comicios, que se harán en medio de la polémica por la candidatura de Bukele para la reelección inmediata, prohíba por la Constitución, y en los que también se prevé un alto porcentaje de abstención, de acuerdo con varios analistas.

Bukele, de 42 años y con gran popularidad, es el primer presidente de la etapa democrática de El Salvador que busca su reelección inmediata y, de ganar, sería el primero en repetir en el cargo desde que El Salvador salió de una dictadura militar y entró en democracia.

Cristian Borrero, director de la Unidad Ejecutora, explicó que de manera conjunta esos proyectos suman 340 millones de dólares (más de 19 mil millones de pesos), y que todos tienen en particular contribuir con el incremento de la agropecuaria y las exportaciones, incentivar la dinámica interprovincial, y contribuir para que haya un más efectivo sistema de transporte de carga a nivel nacional.

“Estamos firmando lo que son los avances de un grupo de mantenimiento para caminos vecinales, tanto por la fase periódica como la fase rutinaria. Ya lanzamos lo que es el proceso. En diciembre pasado celebramos el acto de entrega de los recursos y los avances de un total de 553 kms de caminos vecinales a nivel nacional para mantenimiento durante dos años a un total de 34 contratistas, como ha instruido el presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención», refirió.

El proyecto de mejoramiento vial, con un monto de US$140 millones, está enfocado a zonas productivas, tanto en mantenimiento como rehabilitación y construcción de carreteras a nivel nacional.

Refirió que el proyecto agroforestal sostenible, iniciado en una anterior administración, está enfocado en seis provincias de la región sur: Barahona, Elías Piña, San Juan, Azua, Bahoruco, e Independencia.

“Es un proyecto muy novedoso a través del cual el MOPC se encarga de rehabilitar los caminos que conectan con las fincas productivas de cada una de esas provincias, mientras que Utepda (Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal) tiene a cargo hacer los caminos inter parcelarios”.

A través de la Unidad Ejecutora de Proyectos se obtienen préstamos y donaciones o cooperaciones no reembolsables del BID. Estas últimas deben ser solicitadas previamente.

Borrero dijo que en los primeros tres meses de la actual gestión se pudo tener un ahorro de 100 millones de pesos, luego de revisar con detenimiento los presupuestos de cada uno de esos caminos a intervenir.

“Con ese ahorro se pudo lanzar un programa de mantenimiento periódico rutinario para microempresarios”, afirmó. También, sirvió para dar mantenimiento a 114 kms de caminos vecinales, divididos en dos fases: de mantenimiento periódico y rutinario de poda y limpieza de cunetas.

La inversión estipulada, que tenía el préstamo era de 50 millones de dólares para alrededor de 231 kms de caminos vecinales a rehabilitar, de los cuales 114 fueron extras por mantenimiento.

Muelle de Manzanillo

Borrero señaló que el inicio de la construcción del muelle de Manzanillo está pautado para principios de este año. “Esa obra involucra un proceso de licitación medio largo, son obras que no son típicas, y tuvimos que hacerlo a través de contratos Fidic (Federación Internacional de Consultores), que se hacen por primera vez en el país, que es un reglamento que permite ir paso a paso, para que ambas partes no sean perjudicadas”.

El muelle de Manzanillo se integrará con la conexión de la carretera Navarrete-Montecristi (90 kilómetros), que está en construcción y se proyecta inaugurarla en febrero próximo.

Adelantó que de cinco empresas escogidas, tres presentaron ofertas y que ya se tiene un adjudicatario para iniciar la construcción, la firma Soletanche Bachy, que salió ganadora después del proceso y de evaluaciones de ofertas. Es una empresa colombiana apoyada por una dominicana.

Infraestructura vial

Refirió un préstamo de 140 millones de dólares destinado al Programa de Mejoramiento de Infraestructuras Viales, que incluye rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales en todas las provincias. Además, reconstrucción de carreteras, “que ahora mismo estamos enfocados en Barahona y Monte Plata”.

Dijo que en Barahona se trabaja en la carretera Enriquillo-Polo-Cabral, en Barahona-Enriquillo y Enriquillo-Pedernales, que es una conectividad estratégica.

Pero el préstamo no se queda ahí. Tenemos lo que son 300 kms de rehabilitación de caminos vecinales, caminos de interconexión entre provincias (eso incluye asfaltado).

Ya fueron evaluadas las provincias San José de Ocoa, Hato Mayor, El Seibo, Espaillat, Monte Plata, de gran producción agrícola y las cuales comenzaron a través de cooperación.

Rehabilitación de puentes

Explicó que este es un proyecto que está en fase de planificación, ya se hizo un inventario a través de la Dirección de Mantenimiento de Puentes, y que con ese inventario se pudiese utilizar tecnología de punta.

“Esa evaluación permitió identificar alrededor de 300 puentes totalmente críticos a nivel nacional, y ya el préstamo va al directorio del BID, tiene una pre-aprobación, y estamos en fase de entrar en negociaciones con el Banco para fines de aprobar el Directorio. Ya ahí pasaría a la fase de aprobación en el Congreso Nacional y luego la fase de licitación”, afirmó.

Adelantó que se tiene estipulado que para agosto de este año el inicio de las intervenciones de puentes, “porque realmente esas infraestructuras lo ameritan, ya que aquí el mantenimiento se perdió durante muchos años”.

De acuerdo a la carta enviada por esta institución al presidente del Senado Ricardo de los Santos, el 18 de octubre se establece lo siguiente: El artículo 4 sobre los principios de actuación debería desarrollarse y definir cuáles son los principios de actuación específicos de la comunidad de inteligencia nacional, con apego al Estado Social y Democrático de Derecho. La actual redacción sobre “principios” no menciona ni define esos principios de actuación.

Sobre el artículo 11 la obligatoriedad de entregar información al DNI por parte de instituciones públicas y privadas, si bien es cierto que se estila en la mayoría de los Estados, no menos cierto es que en uno que se precie de decir que es “de Derecho”, este artículo debería estar sujeto a mayores definiciones de alcance y limitaciones.

En todo caso, debe ajustarse a lo establecido por el Código Procesal Penal en esta materia, así como las limitaciones clásicas relacionadas con la protección de datos personales de terceros, la privacidad y la intimidad consagrados por el artículo 44 de la Constitución de la República, así como el secreto profesional y de fuentes de información periodísticas. Lo mismo aplica para el artículo 20 del texto del proyecto.

El artículo 14 sobre las prohibiciones debería ser trabajado con mayor profundidad en el mismo texto de la ley y no en reglamentos o normas inferiores, e incluir prohibiciones acostumbradas para los servicios de inteligencia como por ejemplo la prohibición de espionaje a funcionarios de otros poderes del Estado y órganos constitucionales, diplomáticos de alto nivel e incluso jefes de Estado de otros países.

La carta enviada por el Defensor del Pueblo también advirtió sobre la no satisfacción en la redacción del documento sobre la prohibición de participar en actividades políticas o sindicales de los agentes de inteligencia. Por otro lado, es necesario definir el papel de las misiones y embajadas diplomáticas, así como consulares, en las labores de información y manejo de la inteligencia en el extranjero en favor del Estado dominicano. El texto del proyecto sencillamente ignora este aspecto tradicionalmente de interés supremo en las legislaciones sobre esta materia.

Por último, a fin de eliminar la mayor cantidad posible de oscuros y ambigüedades, es sano utilizar algunas técnicas legislativas adicionales tales como la inclusión de un artículo sobre definiciones importantes para el objeto de la ley. Debería definirse conceptos como inteligencia, contrainteligencia, subversión, insurrección, anti-subversión, seguridad nacional, seguridad interna, agente secreto, agente de inteligencia.

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, lamentó que el Congreso Nacional haya aprobado y convertido un proyecto con graves incongruencias y exhortó hacer los reparos de lugar ya que la Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 7 que somos un Estado Social Democrático y de Derecho.

Carta enviada

Erison Henríquez, presidente de la entidad, dijo que la medida del primer mandatario reafirma el compromiso del gobierno con los sectores productivos nacionales y elimina la incertidumbre que había provocado dicho proyecto de ley, no sólo en los productores, sino también, en subsectores que son de vital importancia para la producción nacional como es el caso de los importadores de insumos, fertilizantes, protectores de cultivos, entre otros.

Con la decisión del presidente Abinader se beneficia la República Dominicana porque se protege la producción agropecuaria nacional y se evita que el desempleo afecte los campos de nuestro país.

«Las estrategias del gobierno deben estar dirigidas a elevar nuestra capacidad de gestión y tecnificación, incrementar nuestra productividad, mejorar nuestra competitividad y fomentar el comercio justo; Además, apoyar las iniciativas enfocadas en la protección al ambiente, como es el caso del proyecto CAMPO LIMPIO», Puntualizó Henríquez.

El proyecto de ley de tasa cero había sido aprobado por la Cámara de Diputados, una pieza que en el Senado de la República estaba pendiente de conocer.

Sin embargo para la oposición, el jefe de estado no hizo más que “recular” por la presión que generaron los productores agropecuarios, ante el impacto que tendría la iniciativa para ellos.

La información sobre el retiro del proyecto que elimina aranceles a productos como ajo, arroz, carne de pollo, cebolla, frijoles y leche en polvo, la dio a conocer este jueves el presidente de la Asociación de Avicultura, José Luis Polanco, quien aseguró que el mandatario, hizo el compromiso en un encuentro realizado en el Palacio Nacional con productores agropecuarios.

«Esta medida pone en jaque la seguridad de nuestra producción nacional y el bienestar de nuestro campo», declaró el diputado durante la sesión de este viernes.

La iniciativa, que busca asegurar el abastecimiento en momentos de emergencia, ha generado controversia debido a la ausencia de un reglamento detallado y la falta de diálogo previo con los actores del sector productivo.

En tanto que el legislador también sostuvo que es necesario establecer un diálogo más amplio entre el Congreso y el sector productivo para implementar políticas que no peligren el crecimiento sostenible del sector agropecuario

“La incertidumbre que rodea a este proyecto, programado para ser promulgado antes del 15 de Febrero, se intensifica en un período crítico para la siembra de la mayoría de los cultivos, lo que repercute en la preocupación generalizada entre los productores y las empresas agropecuarias”, añadió.

El objetivo principal de este evento es promover el desarrollo sostenible de los sistemas de transporte público y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos latinoamericanos.

Durante los 4 días, los participantes podrán disfrutar de conferencias magistrales a cargo de reconocidos expertos internacionales, mesas redondas, presentación de investigaciones y proyectos innovadores; también estarán participando empresas y entidades destacada en el ámbito del transporte.

Este evento es organizado por la Fundación Latinoamericana de Transporte Público y Urbano (ALATPU), organización no gubernamental fundada e integrada por reconocidos expertos internacionales, con sede en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), órgano nacional rector del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana.

El llamado lo realizó durante la sesión de este miércoles, en el que se discutía el proyecto de ley que, de manera provisional, grava con tasa cero en el arancel de aduanas el azúcar y los productos de la canasta familiar.

“Explicó que se trata del segundo proyecto de ley de tasa cero que el ejecutivo ha propuesto al Poder Legislativo, lo que revela que este gobierno no tiene una política agropecuaria para apoyar a los hombres y mujeres del campo”, señala la misiva.

“Lo que pretende es seguir privilegiando a importadores, los cuales le hicieron campaña al partido de gobierno de hoy”, manifestó Henríquez, en la sesión de este miércoles.

En tanto que el legislador afirmó que el gobierno no debe de apostar a las importaciones y a no dar apoyo a la industria nacional.