A través de X (antes Twitter), el medio aseguró también que el Papa Francisco ha pedido que las rehenes sean dejadas en libertad.

«He recibido con dolor la noticia del secuestro en Haití de un grupo de personas, entre ellas seis religiosas. Al pedir su liberación, rezo por la armonía social en el país», expresó el pontífice sobre este hecho.

El papa, además, realizó un llamado «para que cese la violencia que tanto sufrimiento causa a ese querido pueblo» a raíz del ambiente de inseguridad que vive la comunidad haitiana desde que bandas armadas han tomado el control del país.

La situación está provocando que cada vez más familias huyan de sus hogares hacia los campamentos improvisados donde miles de personas subsisten en condiciones infrahumanas.

El secuestro de las monjas fue confirmado a través de una nota de prensa de la Conferencia de Religiosos de Haití y denunciado por el obispo de Anse-à-Veau, monseñor Pierre-André Dumas, quien condenó «con vigor y firmeza este último acto odioso y bárbaro, que ni siquiera respeta la dignidad de estas mujeres consagradas que se entregan de todo corazón a Dios para educar y formar a los jóvenes, los más pobres y vulnerables de nuestra sociedad».

En el comunicado, el obispo pide la liberación de todos los rehenes y el fin de «estas prácticas despreciables y criminales».

Los implicados son Gisela Mejía, Santiago Bustamante y Andrés Hincapié, quienes fueron enviados a prisión como presuntos responsables del secuestro y homicidio de Xiong.

La Fiscalía colombiana recordó hoy en el comunicado que, según las investigaciones, la víctima salió de su casa el 10 de diciembre de 2023 hacia una vivienda del barrio Robledo de Medellín para encontrarse con una mujer que supuestamente lo contactó a través de las redes sociales.

Sin embargo, su cadáver fue hallado un día después con signos de violencia en una zona despoblada del sector.

Según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Xiong murió por heridas causadas con un objeto contundente.

Los investigadores establecieron que el mismo 10 de diciembre un amigo del extranjero fue contactado telefónicamente en Estados Unidos para exigirle la suma de 2,000 dólares por su liberación.

Las tres personas que fueron enviadas a la cárcel fueron capturadas el pasado 16 de enero en Medellín. En las diligencias judiciales fueron incautados varios celulares y un vehículo.

Durante las audiencias preliminares los investigados no aceptaron los cargos por los delitos de secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado.

Xiong llegó a Colombia el pasado 29 de noviembre a Medellín, donde asistió a un concierto de Karol G. El hombre fue encontrado en un barranco del barrio Robledo con heridas de arma blanca y traumatismos contundentes luego de encontrarse con «una mujer que había sido contactada por él», dijo en su momento una fiscal de Medellín.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia aseguró la semana pasada que se han dado al menos ocho asesinatos «sospechosos» de estadounidenses en los dos últimos meses, tras el uso de aplicaciones de citas en Medellín por lo que pidió a sus ciudadanos no utilizarlas.

Varios casos estuvieron relacionados con el uso de drogas, robos, sobredosis y citas para encuentros sexuales mediante la utilización de aplicaciones.

Xiong, comediante y activista, nació en Laos en 1973. Sin embargo, su familia huyó de ese país asiático después de la toma del poder comunista en 1975 porque su padre había servido al ejército Hmong, respaldado por Estados Unidos.

Tras permanecer más de cuatro años en un campo de refugiados en Tailandia, Xiong se trasladó a Saint Paul, en Minnesota, donde vive una comunidad Hmong.

El documento indica que el imputado ejerció violencia contra Yailin, “la golpeaba bajo los efectos de droga, él usa pastillas ligadas con alcohol no dormía y se ponía como zombi”. Añade que la denunciante, quien según la orden de arresto es la madre de la víctima “teme por su vida, la de su hija, su nieta y familia” ya que cree que el investigado “es capaz de matarlos”.

El MP además registra en la medida de coerción que los amigos de la también rapera Yailin son testigos de la agresión en su contra.

“El investigado en todo este tiempo la aisló, manipuló, denigró, maltrató, sometió, como si ella fuera un títere, la anuló en absoluto”, dice el escrito.

El órgano acusador define a Tekashi como el típico hombre maltratador quien “posee todas las características de un agresor, al presentar una conducta de maltrato habitual, violencia física reiterada”.

En la solicitud, el MP pide un año de coerción contra el rapero, quien se encuentra detenido desde el pasado miércoles.

Asimismo, refirió que en caso de que la víctima desista del proceso, el MP continuará con el mismo, ya que este es un caso de orden público.

“A petición de ella, ella quiere estar en la solicitud de medida de coerción para aclarar los hechos porque la víctima supuestamente es Yailin, y Yailin dice que nunca ha sido agredida por 69. Esa es la realidad”, manifestó Paulino.

Se recuerda que faltan pocas horas para finalice el plazo para depositar la solicitud de medida de coerción contra Tekashi por supuesta violencia de género, el Ministerio Público (MP) se reúne a puertas cerradas con el ex abogado de Yailin La Más Viral y posible representante de la madre de la urbana y querellante en el caso.

La Dirección de Violencia de Género del MP continúa preparando la solicitud de medida de coerción contra el rapero estadounidense Daniel Hernández, alias Tekashi, según indicó la magistrada Ana Andrea Villa Camacho, quien no especificó cuál será el pedimento.

De acuerdo a lo reportado por el diario local La Hora, el hombre de 41 años, identificado como Jorge Fernando Viteri González, habría caído de un octavo piso de un edificio al norte de Quito.

Según lo indicado por las autoridades, en primera instancia se presume que habría sido un suicidio.

“La información oficial la daremos por los canales institucionales. Hacemos un llamado a la ética profesional y prudencia por respeto a su familia y amigos”, agregó la Fiscalía.

Este incidente se da un día después del asesinato del fiscal César Suárez, que fue acribillado por sicarios la tarde del miércoles cuando se trasladaba en su vehículo por un sector del norte de la ciudad portuaria de Guayaquil próximo a su domicilio.

Suárez estuvo detrás de investigaciones que destaparon escándalos de corrupción en el sistema hospitalario y realizó otras pesquisas sobre la penetración de las mafias en organismos judiciales.

Días atrás, había interrogado a los trece detenidos, entre ellos dos menores de edad, que irrumpieron el 9 de enero a los estudios del canal TC Televisión y mantuvieron secuestrados a sus trabajadores durante varias horas en una emisión en vivo, un acto que la Policía atribuyó a la banda criminal ‘Los Tiguerones’.

Esto después de la oleada de violencia vivida el 9 de enero y atribuida al crimen organizado, donde además de la toma del canal se registraron secuestros de policías, asesinatos, artefactos explosivos, incendios de vehículos y motines en las cárceles con alrededor de 200 rehenes ya liberados.

Tras el asesinato de Suárez, el Ministerio Público abrió una investigación contra el ex ministro del Interior José Serrano por presuntamente difundir información considerada reservada sobre la muerte del fiscal.

El ex ministro del expresidente Rafael Correa (2007-2017) aseguró que el asesinato por sicarios del fiscal Suárez se dio en un contexto complicado del país, por la lucha que lleva el Gobierno contra bandas del crimen organizado.

“El sicariato de uno de los mejores fiscales del país, se da en un contexto mucho más grave y complejo”, y los agentes del Ministerio Público, en su mayoría honestos, están en riesgo por “algún infiltrado canalla que debe descubrirse quién es”, escribió Serrano, quien fue un duro crítico del pasado Gobierno del conservador Guillermo Lasso (mayo 2021-noviembre 2023).

El ex funcionario vinculó el hecho con presuntas indagaciones del magistrado sobre el entorno de José Adolfo Macías Villamar ‘Fito’, el líder de la banda criminal ‘Los Choneros’ que se fugó de la Cárcel Regional de Guayaquil.

Los dos detenidos por su presunta participación en el asesinato del fiscal Suárez ingresarán en prisión preventiva mientras la Fiscalía continúa con las pesquisas del crimen de este magistrado.

Un juez penal ordenó el ingreso en prisión provisional de Cristhian P.M. y Ángel A.B., quienes fueron detenidos por la Policía en la noche del miércoles, mientras las autoridades continúan en la búsqueda de al menos otras dos personas que presuntamente habrían participado también en el asesinato.

El magistrado acogió así la solicitud de encarcelamiento preventivo realizada por la Fiscalía en una rápida audiencia de flagrancia y calificación de cargos donde el Ministerio Público presentó elementos de convicción contra los dos detenidos.

“Está positivo, él dice que no tiene nada que deberle a la justicia porque él mismo fue y solicitó él una vista por ante la Procuraduría General de la República… se había dicho de que había una denuncia en su contra. Él fue inclusive con su pareja sentimental Yailin y allá fue sorprendido con una orden de arresto”, dijo Paulino.

El abogado expresó que Tekashi no entiende mucho el idioma español ni tampoco la ley dominicana, “pero él dice, no hay pruebas de nada. Y real y efectivamente no existen ningún tipo de elemento de prueba”.

Agregó además que la madre de Yailin, quien según la orden de arresto que pesa en contra del imputado, fue la persona que interpuso la querella contra él, “recibió dos millones quinientos mil pesos dominicanos supuestamente de Alofoke, eso es lo que dicen en las redes sociales, no yo”.

El Ministerio Público (MP) aún no ha depositado la solicitud de medida de coerción en contra del cantante urbano.

De acuerdo al el periódico haitiano Haití 24, los residentes denunciaron numerosos disparos con armas automáticas, lo que aumentó el número de llamadas de emergencia a la PNH.

Además, varias casas fueron quemadas según imágenes virales en las redes sociales.

Según los informes, se han registrado heridos en estos enfrentamientos que están provocando el desplazamiento forzado de residentes, aumentando así el número de personas desplazadas por la violencia armada.

Asimismo, los hechos más violentos se registraron en las localidades de Jérémie y Juana Méndez, donde varias personas resultaron gravemente heridas en medio de las protestas.

Mientras tanto, la situación de seguridad en Haití se debate en la sede de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), donde la Ministra de Justicia, Emmelie Prophète Milcé, que reconoció que los territorios de la capital están perdidos, pide el despliegue de emergencia de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMSS).

«Este es un movimiento que estamos haciendo para cambiar el sistema en el país. Sabemos, podemos ver y todo el mundo puede ver, que en Haití, desde el asesinato del padre de la nación, Jean Jacques Dessalines, tenemos un sistema en el que hay un grupo que acapara toda la riqueza del país», declaró Philippe el pasado martes a una emisora local.

Se recuerda que, elegido senador de la República en las elecciones de 2016, Guy Philippe fue detenido en enero de 2017 por la Brigada de Lucha contra el Tráfico de Drogas (BLTS) y extraditado a Estados Unidos. Fue detenido sin haber tenido tiempo de jurar su cargo.

Philippe lideró una revuelta armada entre 2003 y principios de 2004 que, combinada por presiones de fuerzas internas y de la comunidad internacional, obligó al presidente Aristide a abandonar el poder y tomar el camino del exilio que lo llevó a África.

Una primera patrulla integrada por personal del Batallón de Infantería Motorizado N° 5 (BIM N° 5) se desplazó desde el Fuerte Zarumilla hacia el sector Pesqueros, en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, en el departamento norteño de Tumbes, precisó el ministerio.

A su vez, una segunda patrulla del Batallón de Infantería Motorizado N° 11 (BIM N° 11) se movilizó desde el Fuerte Papayal hacia el sector Dos Bocas y La Pampa, en el distrito de Papayal, en la provincia de Zarumilla.

Ambas localidades limítrofes poseen una densa vegetación, razón por la cual se requiere de equipos como los drones para facilitar su vigilancia.

El Ejército peruano realiza los patrullajes disuasivos en la línea de frontera con Ecuador, en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP), para «mantener y garantizar la integridad territorial» de las zonas limítrofes, indicó el ministerio de Defensa, tras la ola de violencia del crimen organizado desatada en el país vecino y que incluso ha puesto de manifiesto el contrabando de material bélico de Perú hacia Ecuador.

El Gobierno peruano emitió el pasado 10 de enero un decreto supremo en el que declaró el estado de emergencia, por 60 días, en los distritos y provincias limítrofes con Ecuador y precisa que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en un vídeo difundido por el Gobierno, rechazó el asesinato de Suárez, que había interrogado recientemente a los detenidos que tomaron un canal de televisión la pasada semana durante una espiral de violencia atribuida al crimen organizado y también seguía casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada.

Loffredo relacionó el crimen con las acciones que desarrollan las Fuerzas Armadas y la Policía contra los grupos de delincuencia organizada que la semana pasada desataron una espiral de violencia en varias cárceles del país y en las calles de ciudades a escala nacional.

«Rechazamos toda forma de violencia como respuesta al conflicto que vivimos», indicó el ministro de Defensa en el vídeo, en el que estuvo acompañado por la ministra del Interior y de Gobierno, Mónica Palencia.

Loffredo remarcó que el fuerte compromiso del Gobierno Nacional de apoyar a las instancias de la administración de justicia» en su accionar contra la delincuencia y la violencia.

«Los ecuatorianos estamos unidos en una sola fuerza», aseguró el titular de la Defensa Nacional.

El fiscal César Suárez fue asesinado esta tarde por sicarios que le dispararon cuando se movilizaba dentro de su vehículo, en un momento en que se dirigía a la audiencia en un caso de tráfico de drogas y no tenía un equipo de seguridad asignada.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, deploró el crimen de Suárez y dijo que el Ministerio Público no detendrá su lucha contra los grupos del crimen organizado.

«Este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador», pero «los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana», apuntó Salazar.

Hizo un llamamiento a las fuerzas del orden para «garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en cumplimiento de nuestras funciones», así como al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias judiciales que llevan adelante fiscales de las unidades contra el crimen organizado «se desarrollen de forma telemática».

La fiscal dijo que la Fiscalía ha emprendido las primeras investigaciones sobre el asesinato de Suárez y tras expresar las condolencias a su familiares, aseguró que su legado acompañará las luchas del Ministerio Público contra el crimen.

“Como respetuosos que somos del sistema de justicia establecido vamos a dar nuestra posición obviamente de rechazo a las medidas, pese a que mantuvieron una medida de coerción consistente en impedimento de salida, presentación periódica y condición de fianza, con el respeto que nos merece los magistrados, no se ponderó adecuadamente lo que fueron las motivaciones de presión preventiva” indicó el abogado Erick Raful.

Asimismo, expresó que tenían cinco  pruebas que estaban establecida en la decisión por psicólogos y testigos de hechos de violencias graves que produjo el acusado.

“Además los magistrados desnaturalizan lo que es el peligro de fuga, todo el país sabe que el señor Raul Rizik Yeb tuvo que ser apresado después de dos meses de búsqueda”, puntualizó Raful.