Igual decepción causa comprobar que todavía en muchos casos la aceptación de un candidato se funda más por su simple apariencia física, por lo simpático o antipático que sea o resulte, por ser el delfín de tal o cual político, o por cuanto esté dispuesto a regalar en su campaña que, por las demostraciones o expectativas de buen desempeño en base a su historial de vida, y por la fortaleza de sus propuestas, como si una cara amable o agradable bastara para garantizar las debidas ejecutorias.

Incluso, muchos comunicadores les siguen el juego, ya sea por complacencia o por bajas capacidades, y en vez de interrogar a los candidatos que entrevistan sobre temas de trascendencia y los nuevos desafíos que enfrentamos, o de rebatir sus respuestas muchas veces divorciadas de las realidades, prometiendo solucionar asuntos que ya no están dentro de las facultades del cargo al cual aspiran, o que serían imposibles de realizar con las asignaciones presupuestarias que se reciben.

Estamos a un mes de que se celebren las elecciones municipales, y aunque muchos candidatos critican a los actuales funcionarios y proponen soluciones a los problemas de las distintas localidades, no se producen discusiones serias sobre la imposibilidad de tener ciudades que operen adecuadamente y presten los servicios necesarios sin que se tengan no solo los recursos económicos indispensables, sino la posibilidad de aumentar ingresos propiciando que en la proyectada reforma fiscal impuestos como los de la propiedad sean para el beneficio de los gobiernos locales y no del gobierno central, y la adecuación del marco legal, el cual con tantas dispersiones ha hecho que cada vez los alcaldes tengan menos atribuciones, ya que el asfaltado de calles, la señalización de las vías, la regulación del tránsito, los servicios de emergencias, el transporte y el alumbrado público, entre otros, se dividen entre múltiples organismos o dependencias del gobierno central.

Por eso los alcaldes que realizan una buena gestión, muchas veces terminan frustrados y no desean repetir en el cargo, y para exhibir obras tienen básicamente que depender de las colaboraciones del sector privado para rehabilitar parques y plazas, y tratar de ser innovadores para con los magros recursos disponibles exhibir logros que produzcan satisfacción a sus munícipes, y cualquier gran obra solo puede ser realizada con el apoyo del gobierno central si este les favorece, pues los presupuestos que manejan se van prácticamente en nómina y los pagos a contratistas por la simple recolección de la basura, sin posibilidad siquiera de una disposición clasificada de estos, la cual a pesar de la aprobación de la Ley 225-20 de residuos sólidos sigue siendo una aspiración, pues lo que recauda el impuesto establecido en esta de forma injustamente igualitaria para todas las sociedades comerciales, sin importar si se trata de grandes generadores de residuos o simples tenedoras de activos que no producen ninguno, es insuficiente y el Fideicomiso de Residuos Sólidos apenas ha podido ir impulsando algunos proyectos de valorización de residuos e ir disponiendo el cierre técnico de ciertos vertederos a cielo abierto, los que se espera desaparezcan en un plazo de 4 años.

Temas como nuestra vulnerabilidad frente al cambio climático, la forma de remediar las falencias de los sistemas de drenaje público, la necesidad de garantizar una mejor prevención de incendios y respuesta ante estos, así como a eventos sísmicos, las inversiones para poder crear un sistema de recolección y disposición segregada de residuos para facilitar el reciclaje y la economía circular, las regulaciones requeridas para establecer el orden en el salvaje crecimiento urbano, las urgentes medidas para hacer nuestra capital y otras ciudades no solo mejores urbes para vivir y amigables a los peatones, sino aptas para el desarrollo turístico, entre tantos otros de interés deberían estarse debatiendo. Pero tristemente de aquí a las elecciones seguiremos pasivamente escuchando los mismos gastados discursos.

La primera mitad de este 2024 será probablemente tierra pródiga para que algunos vendan sueños y se presenten como salvadores de la patria, para promesas, para anuncios de supuestas soluciones a problemas carentes muchas veces de fundamentos, para denuncias y críticas de candidatos opositores, incluso de asuntos en los que estos cargan con el fardo de la responsabilidad o la comparten, y para perspectivas halagüeñas de un futuro prometedor por parte de las autoridades que invitan a mantenerles el respaldo.  Pero muy posiblemente la segunda mitad de este año, luego de celebrarse las elecciones municipales, presidenciales y congresuales será tiempo para alertar sobre necesidades imperantes, y para tratar de resolver en un semestre lo que debió hacerse a lo largo del año.

Así como se decía que los malos estudiantes que no aprovechaban el tiempo estudiando, irremediablemente dejaban las materias para agosto, en este 2024 todo lo positivo y simpático tratará de hacerse en su primera mitad, y se dejará para agosto recordarnos cosas odiosas que requieren del sacrificio de todos, como el hecho de que no podemos seguir arrastrando los niveles de déficit que tenemos, provocados en una altísima proporción por la falta de pago de la factura eléctrica por un 40% de los consumidores, ni podemos seguir postergando una reforma fiscal que debe aumentar los insuficientes ingresos del Estado y asegurar su racional manejo, la cual para ser equitativa y aceptada, deberá tocar a todos, aun a aquellos que han tenido siempre más músculos para evitar que les afecte, aunque con la racionalidad necesaria.

A pesar de que todos deberíamos estar conscientes de que las históricas pérdidas de las Distribuidoras de Electricidad son la consecuencia de que estas sean de propiedad y administración estatal, lo que ha hecho que la gente entienda que puede consumirla sin pagarla, aunque no pueda hacer lo propio con los minutos de sus celulares que pagan religiosamente, en muchos casos a altas tarifas, pues desde siempre las telecomunicaciones han estado en manos privadas, seguirá la negación de los que presumen de defender el interés público y muchas veces lo único que han hecho es beneficiarse de las arcas públicas y no quieren ceder ese botín, a aceptar cualquier reforma que garantice que ese sempiterno problema tenga solución.

Lo mismo ocurre con la educación, todos sabemos ya que no es solo cuestión de recursos, que el 4% ha tenido pobres resultados en elevar los niveles de aprendizaje, que tener atado este porcentaje al crecimiento del PIB es insostenible y ha provocado efectos indeseados, así como que la mayor carencia que tenemos es de buenos maestros, y que la oposición del gremio magisterial a la contratación de profesores extranjeros ha sido dañina para la educación pública, mientras la participación de estos en la privada ha sido positiva.

El debate político en vez de ser tan pobre como hasta ahora, debería estar concentrado en las impostergables reformas y acciones que debemos iniciar, la fiscal, la educativa, la eléctrica, la de la seguridad social, la de partidos para reducir el costo de las elecciones y enfrentar la penetración de dinero sucio a la política, la transferencia de competencias y recursos desde el gobierno central a los locales, entre otras, y ser el mecanismo por excelencia para evaluar candidatos y contrastar promesas con acciones, así como para dejar por sentado que quien sea que gane deberá promoverlas, y que los demás en aras de la coherencia no puedan luego obstaculizarlas. Ojalá que ANJE logre realizar los esperados debates electorales presidenciales y que estos estén enfocados en que cada uno de los aspirantes presente sus propuestas de cara a estas reformas y se comprometa a sentarse en la posterior mesa de discusión, independientemente de cuál sea el resultado electoral, y a trabajar porque estas sean las que convengan al país.

Lamentablemente cuando se aprobó la Ley 91 del 3 de febrero de 1983 no se prestó atención a respetadas voces, como la del jurista Wellington Ramos Messina, quien firme y valientemente se opuso a la obligatoriedad de afiliación, y luego de más de 30 años es evidente la justeza de sus argumentos.

Los partidos políticos se enquistaron en este colegio como lo habían hecho antes en el gremio de los médicos, y en este caso ha sido todavía peor la experiencia, por las importantes sumas recaudadas por las tasas establecidas en su favor, y porque la inscripción obligatoria para el ejercicio de la profesión se facilita con el requerimiento de presentación de la evidencia de afiliación en los tribunales para postular en justicia, que lucharon por hacer exigible.

Desde su origen la ley del Colegio de Abogados dio muestras de que el interés de alcanzar el propósito estaba dispuesto a llevarse cualquier cosa  de encuentro,  como evidencia el hecho de que el Tribunal Constitucional declarara no conforme con la Constitución a la Ley 91 mediante sentencia TC/0274/13, por adolecer de “un vicio de procedimiento en su formación”, pues se realizó fuera de las legislaturas correspondientes, irregularidad que aunque admitió la hacía no conforme con la Constitución, difirió sus efectos para permitir que el Congreso votara una nueva ley.

Lamentablemente la gran oportunidad de haber hecho una adecuada reforma del Colegio de Abogados fue desperdiciada por las pasadas autoridades, y negociaron con el hasta hoy presidente de dicho colegio y quien se repostuló a un tercer mandato aunque la  legislación aprobada lo prohibía, una nueva ley, la 3-19, sin tampoco prestar atención a comentarios expuestos y, a sabiendas del penoso historial de este le aumentó los beneficios a ser percibidos,  así como a pesar de su nula contribución al ejercicio regular y ético de la profesión, y los fallidos intentos que se habían hecho desde la sociedad civil para intentar regular el ejercicio de la profesión desde la Suprema Corte de Justicia para  radiar de la barra de abogados a quienes cometan faltas graves, como sucede en múltiples países, mantuvo intacta la delegación del régimen disciplinario de todos los abogados en manos de un desacreditado colegio que nunca ha ejercido esta disciplina, y que cada vez menos tiene calidad ni intención de hacerlo.

El Tribunal Constitucional ha expresado en distintas sentencias que como corporación de derecho público el Colegio de Abogados tiene una función pública, y que en tal virtud es válido que su afiliación sea obligatoria y que se creen tasas o contribuciones especiales en su provecho, dado que el Estado le ha delegado la responsabilidad de “administrar una carrera profesional de tanta trascendencia social, incluyendo la supervigilancia del ejercicio a través (…) de un régimen disciplinario y (…) como auxiliar por excelencia de la administración de justicia”, por lo que la única vía disponible es reclamar firmemente que se realice una reforma para extraer de este lo que ha sido su mayor delicia y su peor desgracia, los recursos económicos derivados de tasas y de la obligatoriedad de afiliación.

Lo que está a la vista no necesita espejuelos, y es obvio que el Colegio de Abogados no cumple con las responsabilidades públicas que le otorga la ley, y que no se justifica la delegación de funciones ni la transferencia de recursos, pero los intereses políticos que siempre lo han manejado han permitido que un ente que no cumple para nada sus propósitos se mantenga a costa de los contribuyentes,  el cual no representa legítimamente a los abogados, por eso la mayoría no participa de sus cuestionados procesos eleccionarios, ni se le concede crédito para opinar en temas relevantes, y del cual lo único que los abogados y esta sociedad han recibido son malos ejemplos, escándalos y bochornos.   

El artículo 147 de la reciente Ley 20-23 de régimen electoral que derogó y sustituyó la anterior Ley 15-19, establece que “Las propuestas, para que puedan ser admitidas, deberán ser presentadas a más tardar noventa (90) días antes de la fecha en que deba celebrarse la elección ordinaria correspondiente.”, plazo que en la Ley 15-19 era de 75 días y que se modificó a solicitud de la JCE, así como el de la aprobación de las alianzas aumentándolo de 90 a 100 días, con la finalidad de procurar “que los plazos de: (i) el depósito y la aprobación de los pactos; (ii) el depósito de las listas de candidaturas; y, (iii) la proclama que declara abierto el periodo de campaña, sean convergentes y que no colidan con ninguna fase electoral”, según las motivaciones dadas por la Junta en su propuesta de reforma.

Pero  resulta que como la Ley 20-13, como también lo hacía la 15-19, abre la ventana de la posibilidad de pedir extensiones de plazos establecidos por esta al disponer en el numeral 13 del artículo 20 que el Pleno de la JCE podrá modificarlos “por medio de disposiciones de carácter general, pero únicamente para una elección determinada, …ya sea en el sentido de aumentar o en el de disminuir los plazos, cuando a su juicio, fuere necesario o conveniente para asegurar más eficientemente el ejercicio del derecho al sufragio”, las solicitudes de extensión han proliferado, y el Pleno las ha complacido, cumplan rigurosamente o no con la condición de que sea necesario a esos fines.  

Debemos recordar que el desastre en la implementación del voto automatizado en las pasadas elecciones municipales de 2020 que obligó a anularlas y a convocarlas nuevamente, entre otras muchas razones se debió, de conformidad con las conclusiones del informe final de auditoría de la misión observadora de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a “Los cambios en las candidaturas y la participación activa de las agrupaciones políticas en la definición de los protocolos”, pues la Dirección Informática alegó haber recibido “más de 7,400 cambios fuera del cierre de la recepción de candidaturas”.

En nuestro país tenemos una marcada tendencia a dejar las cosas para el último minuto, y vivimos bajo la errada percepción de que los plazos son meras indicaciones y que pueden ser siempre prorrogados e incumplidos, y si los ciudadanos se han malacostumbrado a que le extiendan año tras año el plazo para renovación de la matrícula de los vehículos de motor, y los abogados intentan siempre aplazar las audiencias bajo cualquier excusa, es porque se ha sido demasiado complaciente, relajando el respeto a los plazos y su rigor.

Que quienes exhiban el mal comportamiento de irrespetar los plazos de ley sean los partidos políticos, los mismos que a través de sus congresistas aprobaron la ley de régimen electoral que los establece, es una pésima señal a la ciudadanía que envía el mensaje de que los plazos siempre se pueden acomodar, y que no estar listos a su vencimiento no tiene consecuencias pues siempre habrá la manera de modificar su fecha límite, haya justificación o no. 

La JCE ha sido demasiado complaciente y aunque ha expresado que entiende que las tres extensiones dadas no afectan el proceso, quizás porque sabe que se resguardó de antemano aumentando el plazo de inscripción de 75 a 90 días previos para así llegar de todas formas a la fecha límite deseable, debe recordar las funestas recientes experiencias que iniciaron precisamente con una posposición del plazo de inscripción de las candidaturas municipales en el año 2019, y el mensaje que como órgano rector transmite, pues los partidos malacostumbrados por estas extensiones, continuarán solicitándolas cada vez que piensen les convenga, y peor aún sin medir las consecuencias.

En ese delirio que intenta similitudes con la imagen de progreso que muchos tienen, ha habido terreno fértil para los negocios amañados, la corrupción y las malas contrataciones en las que el Estado ha estado muy mal defendido, la proliferación de proyectos inmobiliarios privados que sin ninguna o escasa planificación urbanística generaron el caótico crecimiento vertical que hoy tenemos, y poco espacio para las debidas políticas de planificación y prevención, y mucho menos para la debida regulación.

La gente ha preferido buscar soluciones individuales a los problemas colectivos, sin darse cuenta de que eso era una bomba de tiempo, pues llegaría el momento en que aun los enclaves modernos dotados de las mejores facilidades, con generadores eléctricos, cisternas, pozos, seguridad privada, etc., serían tan vulnerables como los más desposeídos, ante catástrofes como incendios en ciudades carentes de hidrantes, y de cuerpos de bomberos con equipos para escalar esas estructuras, y mucho menos para desastres naturales, como los que el cambio climático, muy advertido y poco atendido, nos hace padecer.

Esto es tan grave, que aun en ciudades como Nueva York, las bombas de lluvias que hacen caer en poco margen de tiempo cantidades inusitadas de agua, han generado el caos, inundado avenidas y dejado sin funcionamiento algunos servicios públicos, así como en países desarrollados como Italia, Francia, España, Alemania, provocando incluso pérdidas de vida y graves daños.

Como culturalmente tenemos poca vocación de mantenimiento, y poca inclinación a la prevención, estamos menos preparados para recibir los embates de estos fenómenos, pues ya no se trata únicamente de los huracanes que llegaban durante una temporada y daban cierto espacio a la organización de operativos, y que desnudaban las pobrezas más extremas, sino de temporales que aunque se anuncien, se les presta poca atención, tomando sus impredecibles consecuencias generalmente de sorpresa, y peor aún sin que haya un sistema articulado de alarmas que como en grandes ciudades se active de inmediato en teléfonos celulares y movilice las atenciones de emergencia allí donde se necesitan, causándose muertes y daños por ahogamientos de vehículos en los que transitan personas, lo que alcanzó el más alto nivel de tragedia con el reciente colapso de un muro lateral en un paso a desnivel en la principal avenida de esta ciudad.

Las irreparables pérdidas de vidas dejan no solo un gran dolor sino una profunda frustración, pues se reproducen las imágenes casi olvidadas de opiniones desoídas, de denuncias de corrupción en adjudicaciones de obras, y de la falta de supervisión y control de la calidad de estas, así como la atomización de funciones que dificultan la coordinación, y aunque se realicen investigaciones y se abrigue la esperanza de que habrá sanciones para los responsables, como se anunció en Libia luego de que las fuertes lluvias de una tormenta desplomaron dos represas en septiembre pasado y más de once mil personas murieran, lo único cierto es el luto que estas dejan.

Mientras los políticos juegan a la desmemoria tratando de sacar partido de la desgracia ajena y de guardar sus esqueletos en el armario, tenemos que hacer un alto no solo por el duelo que se impone, sino para hacer un acto de contrición y asumir las tantas responsabilidades acumuladas, que aunque con distintos niveles se reparten por doquier, porque el mal mayor que nos afecta es la falta de conciencia de la necesidad del bien común, y la egoísta búsqueda del bienestar particular que algunas veces en aras de beneficiarse no mide consecuencias y se ciega ante las advertencias, se resiste a respetar la ley, a aceptar instrucciones, a contribuir con acciones, y eso no solo es de la responsabilidad de las autoridades como muchos piensan, sino también de cada ciudadano.

También demuestra que los sospechosos habituales siguen pululando por las entidades públicas
buscando negocios, e incluso antes de que se publiquen avisos de licitación ya algunos han tramado
cómo se alzarán con el santo y la limosna, como aparenta haber ocurrido en este caso en el cual el
representante y accionista mayoritario de la empresa adjudicataria es un ex empleado del INTRANT el
cual sin el más mínimo respeto a los conflictos de intereses pasó de ser simple analista de la entidad
contratante hasta julio de 2022 a ser beneficiario de un millonario contrato, lo que debió levantar una
alerta roja en el proceso, pues aunque no está consignado en nuestra deficiente ley, debería ser un
requisito en toda licitación pública la presentación de una declaración de no conflictos de intereses.

Este debe ser uno de los países en el que más legalizaciones y sellos se requieren para cualquier
documento, no solo la de las firmas por un notario público, sino que se estampen las iniciales de cada
suscribiente en cada página y el sello del notario, firma a su vez legalizada por la Procuraduría General
de la República, producto de un mal de fondo, las malas prácticas de oficiales públicos y profesionales
que durante años se han quedado impunes, sin ser radiados de sus barras ni sancionados, y proveedores
del Estado deshonestos que no han sido inhabilitados, y ni siquiera todos estos formalismos garantizan
nada, pues existen redes enquistadas en la misma Procuraduría que por primera vez empiezan a ser
perseguidas e investigadas.

Por eso la mejor garantía de que una contratación funcione bien es tener la contraparte correcta, pues
los fardos de papeles que se entregan en las licitaciones o para la obtención del registro de proveedores
del Estado, no sirven más que para llenar cotejos de empleados enfrascados en la rutina, o
complacientes, sin que se hurgue y se practique una debida diligencia, que no hay que ser investigador
para poder hacerla, pues es lo que se hace cada vez que una empresa desea hacer una adquisición de
activos o negocios y contrata abogados para que la hagan, situaciones en las cuales sería muy
improbable que luego de cerrado el negocio resultara que todo era falso.

Aunque el ingenio y la astucia para el mal, así como el afán de enriquecerse ilícitamente de muchos, al
parecer son también inagotables en este país, hay que admitir que eso sucede porque hemos diseñado
un sistema de contrataciones públicas para que se beneficien del pastel personeros de autoridades de
turno o hábiles suplidores que nunca pasan de moda, tengan la experiencia o no, porque en un proceso
de este tipo deberían licitar las empresas reconocidas mundialmente por proveer este servicio, pero eso
no satisface los apetitos, y por eso ganan empresas sin ninguna experiencia constituidas al vapor para
hacer el negocio, y ahora tenemos la nueva modalidad de que para justificar la experiencia bastó
registrar localmente un nombre comercial conocido meses antes de que se hiciera el aviso de la licitación, coincidiendo con la salida del ex analista, lo cual no debió ocurrir, constituir una simple SRL
local usando ese nombre conocido, y bajar de la internet documentos para falsearlos como se ha
denunciado.

No hay crimen perfecto, como tampoco fraude perfecto, y el fraude lo corrompe todo, como expresa la
milenaria y sabia máxima romana, por eso esta licitación no debió llegar tan lejos, pues desde que hubo
denuncias de falsedad por parte de la entidad conocida internacionalmente días después de firmarse el
contrato, el semáforo debió parar el proceso, y aunque alega la Dirección de Contrataciones Públicas
que comunicó al INTRANT el debido proceso a seguir, la ausencia de respuesta de este debió ser todavía
mayor alarma, la cual aunada a la fervorosa defensa del proceso evidencia que, si no hubo complicidad,
a lo menos en ese organismo no se hizo debida diligencia alguna y la prisa por buscar solución
“inteligente” al caos del tránsito, puso bruto sus sentidos.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) recientemente convocado por el presidente de la República y de este, tiene la misión de seleccionar cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional cuyos mandatos expirarán a finales del presente año, entre ellos su presidente, el primero elegido para ocupar esta función, Milton Ray Guevara, quien no solo la asumió con el debido compromiso creando esta alta corte hasta elevarla casi doce años después al posicionamiento que hoy tiene, sino con la moderación y prudencia necesarias para haber logrado crear un espíritu de cuerpo, sino para mantenerlo a pesar de los cambios que se han dado en su integración ante el vencimiento de los primeros mandatos.

La creación de un Tribunal Constitucional por la Constitución del año 2010 fue impulsada por una parte de la sociedad civil, sin embargo otros entendíamos que bastaba con crear una sala constitucional dentro de la Suprema Corte de Justicia, entre otras razones porque se temía que se produjeran los “choques de trenes” que se habían vivido en otros países, y  se abusara  del ejercicio de la acción en inconstitucionalidad convirtiéndola en un nuevo grado de jurisdicción como de hecho ha ocurrido, también bajo la égida de su actual presidente esas inquietudes fueron palideciendo, y ha brillado más lo positivo de contar con este.

A pesar de su dilatada carrera política, nadie dudaba de sus capacidades y condiciones para ejercer el cargo de presidente del Tribunal Constitucional, en gran medida porque su trayectoria académica, profesional y de funcionario público constituían un gran aval, sin embargo no dejaba de representar la excepción a la regla, ya que debido al historial de control del poder ejecutivo al poder judicial durante nuestra historia republicana, la aspiración fundamental es impedir que las manos de la  política, a veces no tan invisibles, manejen sus decisiones.  Y con su accionar también logró convencer de que estaba a la altura de la responsabilidad asumida, habiendo sabido dejar de lado su antiguo rol de militante político, y abrazándose al de servidor público y profesor, como ha demostrado con su cruzada en pos de llevar al conocimiento de todos nuestra Constitución.

Es un enorme reto para el CNM elegir su sustituto aunque dispusiera de una cantera abierta de perfiles a escoger, y lo es aún más debido a que el método de selección previsto en el reglamento vigente de listas cerradas de candidatos, si bien procura que de forma transparente se reciban candidaturas y objeciones, subestima la dificultad que da convencer a excelentes y exitosos profesionales de sacrificarse para asumir una responsabilidad de esa magnitud con menores retribuciones que las que se tengan, así como la humildad que suelen tener muchas personas valiosas que jamás se propondrían ellas mismas, ni tocarían las  puertas de organizaciones para que estas las nominen, y la osadía de los menos calificados.

El presidente ha hecho bien convocando al CNM para respetar los términos de los mandatos, contrario a lo acontecido antes que se dio largas quizás esperando mejores momentos políticos para hacer las selecciones, como pudo haber sido luego de las elecciones del año próximo, además de que esto evita que los tiempos de la escogencia y de estas se junten.  Para presidir el Tribunal Constitucional se requieren cualidades que van más allá de ser un buen jurista o magistrado, y llegar a dicha corte tampoco puede ser visto como la garantía de jueces de carrera para retirarse con un mayor rango y mejores condiciones.  Está por verse quien o quienes están a la altura de calzarse estos zapatos, si el CNM tendrá la sabiduría para encontrarlo y, sobre todo, si esta persona será tan buena como se crea sea, luego de asumir y ejercer el cargo.     

Esto nos lleva a recordar cómo la influencia de liderazgos negativos ha ocasionado los más bochornosos capítulos de la historia de la humanidad, como el genocidio judío impulsado por el nazismo bajo el régimen de Adolfo Hitler, o las locuras y fanatismo de otros han provocado tragedias como el supuesto suicidio colectivo impulsado por el líder religioso Jim Jones en el que 918 personas perdieron la vida ingiriendo cianuro en noviembre de 1978 en “Jonestown” la comunidad que creó en Guyana, que fue realmente un asesinato en masa.

Afortunadamente hay también múltiples ejemplos de liderazgos positivos, que han inspirado nobles causas, o la lucha por derechos, como lo hizo el Reverendo Martin Luther King jr. para conquistar el reconocimiento de los derechos civiles de los afroamericanos, y lograr como dijera en su famoso discurso “Yo tengo un sueño”, pronunciado desde las escalinatas del Monumento a Lincoln en Washington, que la gente de raza negra y blanca pudiesen coexistir como iguales.

El ecosistema de las redes sociales ha lanzado al estrellato a muchos que por el contenido que publican se convierten en celebridades en esta civilización del espectáculo, los denominados “influencers” algunos de los cuales ganan sumas millonarias, lo que ha motivado que en algunos países sea actualmente lo que más las personas aspiran ser, según algunas investigaciones.

Conscientes de la capacidad para influir sobre otras personas, empresas, marcas, partidos, instituciones contratan sus servicios, o colocan publicidad en sus medios digitales o participan en sus programas con tal de llegar a más audiencia, beneficiándose ´también las plataformas en las que se colocan esos contenidos gratuitamente, porque grandes beneficios económicos se derivan de su uso, y así se ha ido tejiendo todo un entramado de modelos de negocios, y de patrones de consumo dirigidos por algoritmos que extraen los datos personales de los usuarios para incidir en su conducta.

Es una paradoja que cuando más información se tiene al alcance, menos se compruebe la veracidad de las fuentes, y que millones de personas sean capaces de tomar como cierto un simple mensaje colgado o reenviado en una de estas plataformas, así como que tantas personas estén dispuestas a seguir a otras sin más méritos que los millones de “likes” que cosechan, aunque sean expresión de antivalores.

Es preciso entender que las actividades y oficios cambian, pero que la misma responsabilidad y códigos de conducta y ética a los que deben comprometerse a cumplir algunos profesionales, teniendo incluso en ciertos casos configuradas infracciones y sanciones por determinadas acciones, debemos extenderlos a esta nueva realidad.

Ojalá que algunos estén dispuestos a influir para hacer comprender la tremenda responsabilidad y compromiso que deben tener aquellos que viven de influenciar personas, y que como ya se ha demostrado pueden con un simple mensaje colocado en sus redes provocar disturbios y heridos, como sucedió en agosto pasado en la plaza de Union Square en la ciudad de Nueva York ante el anuncio de que se regalarán consolas de juegos lanzado en las redes por uno de estos creadores de contenidos.

Lo acontecido en la Ciudad Colonial el pasado fin de semana debe provocar no solo las investigaciones que se reclaman y las consecuencias que siempre se prometen y que generalmente no llegan, sino la reflexión del inmenso poder de los mensajes en las redes, la inusitada ingenuidad de las personas para dejarse llevar, el egoísmo de mucha gente de no reparar en los daños que se provocan con tal de conseguir lo que buscan, y la necesidad de tomar conciencia de que lo que debemos respaldar y promover en nuestro país y en el mundo, es a las personas inspiradoras de buenas causas y no de contenidos vacíos, nocivos y, a veces muy peligrosos.

Uno de los ejemplos más notorios es la Ley 33-18 de partidos políticos, la cual probablemente tiene el vergonzoso récord de mayores disposiciones anuladas por el Tribunal Constitucional, en parte porque dado el interés de los representantes de los partidos diligentemente se interpusieron diversos recursos, y con esa misma diligencia fueron fallados, pero también porque es evidente que muchos de nuestros legisladores no conocen a plenitud los mandatos de nuestra Constitución, o porque a pesar de conocerlos deciden aprobar leyes que los violan.

La descentralización es uno de estos mandatos consagrado en el artículo 204, el cual establece que el Estado debe propiciar la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales, lo que a pesar de la creación de una mesa de descentralización por la pasada administración, y de un gabinete de descentralización mediante el decreto 734-22 por la presente, no solo no ha sido cumplido, sino que constantemente se dan golpes y señales que lo contradicen, y buscan la recentralización.

Nuestros ayuntamientos continuamente han sufrido de no recibir los recursos necesarios y se les ha ido eliminando muchas de sus funciones naturales y modalidades de generación de ingresos, lo que en parte explica el desorden y descuido de muchas de nuestras ciudades, pues en vez de haber gobiernos locales que como en muchas otras partes del mundo estén a cargo del tránsito, la limpieza, las emergencias, el ornato, entre otros servicios públicos, tenemos múltiples instituciones gubernamentales haciendo cada una por su lado lo que entiende, sin una visión, planificación y concepto unificados.

La Ley 63-17 de movilidad y transporte no solo restó facultades a los ayuntamientos para dárselas al nuevo órgano creado por esta, el INTRANT, sino que decidió también excluirlos de la distribución de los ingresos obtenidos por el cobro de las multas, dándole un 75% a la Procuraduría General de la República y el 25% restante al INTRANT, contrario a lo que se había consensuado, y como sabemos el problema del tránsito no ha mejorado.

Todos valoramos la labor y entrega de nuestros bomberos, y muchos aspiramos a que estos tengan las condiciones, equipos y recursos necesarios para poder llevarla a cabo con dignidad y seguridad, pero no debemos pensar que para poder lograrlo tenga que crearse una Dirección General de Bomberos, despojando a los ayuntamientos de otra de las pocas competencias propias que le restan, ni que para garantizar mejores condiciones y administración de nuestros cementerios, tenga que crearse una dirección de cementerios, lo que únicamente aumentaría el tamaño del gobierno central, cuando lo que se tiene que buscar es reducirlo transfiriendo a nivel local los recursos, los mismos que intentan asegurar creando nuevos entes parte de este, como si fuera la única posibilidad de tener acceso a estos.

Sorprende que nuestros congresistas que se supone son conocedores de los mandatos de nuestra Constitución, y que están obligados a cumplirla, continúen empeñándose no solo en seguir debilitando a nuestros gobiernos locales, sino la institucionalidad, dedicándose por fines políticos a promover proyectos violatorios a esta como los que buscan crear esas direcciones, en vez de concentrarse en otras reformas urgentes como la de la Ley de Seguridad Social. No podemos permitir que sigan desnudando un santo para vestir otros, pues lo único que lograremos es estropear más lo que ya está mal.

La inmediatez con que las informaciones recorren el mundo es un arma de doble filo, pues con la misma velocidad que conocemos una noticia, muchos se dejan llevar y sin comprobaciones, conocimientos y conciencia disparan gatillos, levantan dedos acusadores, celebran o repudian acciones, que en ocasiones incluso llevan a promover manifestaciones, o pueden tener un efecto nocivo, el cual, aun comprobándose después la falsedad o inexactitud de los hechos, resulta imposible revertirlo.

Debemos tener presente que independientemente de los avances tecnológicos y de los cambios sustanciales que ha tenido la civilización humana, las virtudes siguen siendo las mismas que describieron los filósofos griegos, la prudencia, la templanza, la justicia, la fortaleza, la magnanimidad, la valentía, entre otras, y que hace falta promoverlas y ejercerlas por más desafiante que luzca en un mundo en el que el morbo genera más adhesiones y reditúa más que la veracidad, y en el que el afán de ser el primero hace dejar de lado la ética y eclipsa la razón.

La explosión recién ocurrida en el hospital bautista ubicado en la franja de Gaza, en el que lamentablemente murieron muchas personas, es una terrible muestra de que las acciones y reacciones no pueden estar fundadas en simples percepciones, acusaciones y pasiones, pues sin que se haya podido comprobar de manera fehaciente la causa, la mera suposición y alegato de que Israel era responsable de ese horrible ataque desató la ira, y provocó una ola de manifestaciones de protesta en Palestina, Jordania, el Líbano, que impidieron que se celebrara en Amán, capital de Jordania, la cumbre prevista entre su rey Abdalá, el presidente de los Estados Unidos de América Joe Biden, y los líderes de Egipto y de la Autoridad Palestina, la cual si bien probablemente tenía una misión muy difícil de lograr, era un paso importante para intentar bajar la escalada de la crisis.

Dada la rapidez de los acontecimientos, el anuncio de la cancelación de la cumbre fue hecho por la Casa Blanca momentos antes de que el presidente Biden partiera hacia Israel, mientras líderes de distintos países como Turquía y de organizaciones islámicas, acusaban a Israel de la matanza, y apenas horas después al aterrizar ya había informaciones que llevaron al presidente norteamericano a decir al presidente Netanyahu que “parecería que fue hecho por el otro equipo, y no por ustedes”, aunque resaltando que mucha gente no estaba segura de que así fuera. La verdad solo podrá salir de una investigación objetiva, y aunque ciertas evidencias llevan actualmente a algunos a sospechar que se trató de un cohete errante o fallido de un grupo terrorista, la Yihad Islámica, lo más lamentable es que posiblemente el resultado de la investigación no cambiará la versión que cada extremo tiene, y para otros persistirá la duda, y lo que sí es una certeza es la consecuencia negativa, el que se haya abortado la reunión y las posibles negociaciones.

También en nuestro país debemos tener cautela y cuidarnos de dejarnos arrastrar por las emociones del momento, por las heridas históricas, y las fricciones que causan las desigualdades, pues ni el fiero orgullo de nuestros vecinos haitianos, ni las desmedidas reacciones de algunos que entienden que el nacionalismo debe ser excluyente, son el camino correcto, pues la vecindad nos obliga a tratar de convivir de la mejor manera posible, de manera pacífica, aunque ordenada y respetuosa, pues el desorden solo ha servido para llenar los bolsillos de algunos y complicar los problemas. El orgullo puede tener un costo muy alto, como lo ha tenido para el sufrido pueblo haitiano, y seguirlo incitando es condenarlo a más miseria, y al mismo tiempo es una repetición del penoso esquema que ha hecho que unos pocos se lucren de la anarquía y de la desgracia de tantos.