“Esa ley fue aprobada de consenso, fue aprobada por todos los partidos políticos. Duró dos años en el Congreso discutiéndose, entonces los mismos que lo aprobaron, los mismos cuyos voceros se pronunciaron en el Senado y en la Cámara de Diputados diciendo que la aprobaban, ahora entonces están diciendo que no están de acuerdo. Entonces dejemos esa politiquería, esa hipocresía”, dijo el mandatario.

El jefe de Estado se refirió en estos términos en medio de su acostumbrada rueda de prensa La Semanal, agregando que el director del DNI se encuentra reunido con el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado para establecer la metodología de la consulta y del diálogo sobre la controversial ley.

Añadió que el Gobierno ha llevado al país a los términos más altos en cuanto a la libertad de prensa, según el índice de Chapultepec.

“El promedio en América Latina está por 46 y nosotros estamos por 82%, más alto que EEUU y que Canadá. Eso se debe a la evaluación, a la protección y al respeto que tenemos por las libertades públicas y por los derechos fundamentales”, manifestó.

Además estableció que lo que esa comisión determine en cuanto a la Ley, será lo que se acatará.

“Si alguien quiere ir al Tribunal Constitucional, pues también puede… Cualquier preocupación que tengan, la vamos atender como la hemos atendido siempre. Nos acusan de ceder demasiado y de hablar demasiado, pero así vamos a seguir porque esa es la naturaleza de nuestra administración y en ese es que creemos”, finalizó.

El dato más destacado revela que el 61% de los encuestados expresó su respaldo a Carolina Mejía como la candidata ideal para continuar liderando la alcaldía del Distrito Nacional en las elecciones venideras. Este amplio margen de apoyo destaca la confianza y satisfacción que ha generado su gestión entre la población, superando significativamente a su contendiente,, quien obtuvo un 34% en la encuesta.

Además de liderar las preferencias electorales, Carolina Mejía ha recibido calificaciones excepcionales por su gestión como alcaldesa. El 62% de los encuestados califica su desempeño como «bueno o excelente», consolidando así su compromiso con el bienestar de la ciudadanía.

El estudio, que abordó diversos aspectos políticos y de gestión, y fue realizado del quince al dieciocho de enero del corriente, subraya que la honradez y transparencia son factores clave para los ciudadanos al elegir a un candidato a alcalde. Carolina Mejía se destaca no solo por cumplir con estos criterios, sino por sobresalir en su compromiso con las necesidades y expectativas de la comunidad.

Valorando estos resultados de la encuesta, Carolina se presenta como la candidata a vencer en las próximas elecciones. Su enfoque transparente, compromiso con la ciudadanía y una gestión sobresaliente la posicionan como  líder destacada.

Asimismo, los ciudadanos han valorado la importancia de presentar un plan de gobierno que comunique propuestas en torno a las necesidades de los ciudadanos, resaltando las acciones realizadas por la candidata del Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante su gestión.

A pesar de las críticas de la oposición por presuntos fraudes en el programa dirigido por Gloria Reyes, los congresistas del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) lograron su aprobación.

El préstamo, firmado el 24 de agosto de 2023 con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), será ejecutado por el Programa tras pasar la aprobación de la Cámara de Diputados y dirigirse ahora al Poder Ejecutivo para su implementación.

También refrendó el proyecto de ley de tasa cero para algunos productos de la canasta familiar. En ambas iniciativas la oposición votó en contra.

Pese a cuestionamientos de la oposición, la Cámara Baja acogió la iniciativa de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir valores de deuda pública por 344 mil 980 millones de pesos.

También aprobaron el proyecto de ley que graba de manera transitoria con cero aranceles de aduana el azúcar y le dio facultades al Poder Ejecutivo a tomar medidas especiales en situación de emergencia.

Según el presidente de la Fuerza del Pueblo y candidato presidencial, Leonel Fernández, la tasa cero es una cosa de manicomio que privilegiaría las importaciones en detrimento de la producción nacional.

Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados, ambas iniciativas de ley pasan al Senado de la República para su ponderación.

Dicho préstamo solo se aprobó por parte de los diputados que integran al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados, debido a que los opositores estaban retirados del hemiciclo mientras se realizaba la votación de otro proyecto a manera de rechazo a las medidas que el Gobierno toma mediante el Congreso.

El préstamo tomado por US$100 millones se suscribió con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, con este monto se busca la integración de un servicio de protección social único.

En el contrato se explica que los fondos se utilizarán para la promocionar la inclusión económica y el acceso a las asistencias usadas para responder ante crisis. Los recursos se usarían para los ciudadanos que se encuentren en pobreza extrema y en casos de emergencias.

El informe aprobado por la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados determina que el proyecto social servirá de beneficio a 1.4 millones de hogares que se encuentran incorporados en el programa Supérate. El Estado invertirá en salud, educación y productividad para esas familias.

De acuerdo a la motivación del Poder Ejecutivo, un total de 35,000 personas formarán parte en el componente de inclusión económica, y unos 267,542 hogares tendrían un beneficio directo del mismo.

«Por lo antes expuesto, la comisión permanente de Hacienda decidió rendir un informe favorable a la iniciativa por comprender los beneficios que traerá el préstamo para los programas sociales que ya implementa el Gobierno desde el 2020», dice el informe firmado por ocho diputados y presentado al hemiciclo.

Los legisladores de la Cámara Baja aprobaron dicho proyecto con 101 registrados a favor, casi todos integrantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados. Por su parte, la oposición se retiró del hemiciclo al rechazar la pieza y ante los pronunciamientos del oficialismo. 

En aspectos generales, el proyecto plantea que el Poder Ejecutivo tenga permitido importar alimentos en momentos de desabasto, situaciones de emergencia y en desastres naturales que produzcan escasez a los bienes que integran la canasta familiar.

El proyecto de ley original depositado por el Poder Ejecutivo en octubre disponía que la tasa cero era principalmente para la importación de azúcar. Sin embargo, la comisión de diputados excluyó al azúcar y permitieron los demás alimentos para importación.

Esta iniciativa por parte de los congresistas da órdenes a los ministerios de Agricultura y Salud Pública a revisar los alimentos importados para garantizar el derecho a la seguridad alimentaria y a la salud en la sociedad civil.

Asimismo, el documento especifica que cuando el alimento importado sea azúcar líquida, remolacha o jarabe de caña; es deber del Instituto Nacional del Azúcar (Inazucar) realizar la tramitación de los permisos a fin de que dichos productos sean traídos al país.

Luego de aprobarse en primera lectura, el proyecto se reenvió a la Comisión de Hacienda para que se le realicen ajustes propuestos por los legisladores.

El proyecto de este presupuesto se aprobó este martes en dos sesiones consecutivas, sin el voto de los miembros del PLD, quienes se opusieron a la pieza.

Pero el diputado Casanova, quien representa al Seibo por el PLD, dio su voto a favor para el presupuesto, acción por la cual fue señalado por supuestamente obtener dinero a cambio de apoyar el presupuesto.

Sobre esto, Casanova apuntó de forma directa a los legisladores de la Cámara Baja Ana María Peña y a Socrates Pérez por “difamarlo”, porque dio su voto a favor para el Presupuesto debido a que la pieza incluye construir obras para su provincia.

En ese mismo orden, calificó la acusación en su contra como “un maltrato” porque los ataques se originaron debido a que no siguió las líneas políticas de su organización partidista en la Cámara de Diputados.

El acusado agregó que los diputados Pérez y Peña compartieron videos en sus redes sociales para acusarlo a él de obtener dinero a cambio de que apoyase el proyecto del presupuesto.

«Ese presupuesto lo hacen todos los años y abarca todas las obras que van para el año 2024», dijo.

Por esta razón, Casanova solicitó a sus colegas a que se retracten de manera pública en un plazo de 24 horas, porque según él, son calumnias que se hacen con la intención de dañar su reputación.

También añadió que los ataques hacia su persona se hacen debido a que nuevamente está aspirando como diputado por la provincia El Seibo, y por su apoyo al presupuesto del 2024, resolución que se aleja de las líneas partidistas del PLD.

El juez del Tribunal Supremo Chacha Mwita informó que emitirá un fallo para que se retrase el envío de agentes de seguridad a Haití, donde se tiene planeado dirigir una fuerza multinacional apoyada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El despliegue previsto fue bloqueado por primera vez por el Tribunal Superior de Nairobi en octubre.
Cualquiera que sea la decisión a la que llegue el Tribunal Superior en enero puede ser recurrida, lo que significa que podría haber una batalla prolongada sobre el envío de las tropas a Haití.

La decisión judicial se produjo horas después de que el Parlamento de Kenia aprobara una moción que permitía el despliegue de los agentes de seguridad.

Pero el gobierno fue inmediatamente criticado por desobedecer las órdenes judiciales emitidas por primera vez en octubre, que prohibían el despliegue.

«La presentación de la moción hoy en el Parlamento ha sido beligerante. Un desprecio al Estado de derecho que establece claramente que un brazo del gobierno no puede discutir un asunto del que ya se ha ocupado otro brazo», declaró el excandidato presidencial Ekuru Aukot, que presentó la demanda judicial.

Herman Manyora, profesor de periodismo en la Universidad de Nairobi, afirmó que el Gobierno no tenía más remedio que respetar la decisión del tribunal sobre el retraso.

«El gobierno del presidente William Ruto tiene un historial de ignorar las decisiones judiciales, pero si es un gobierno respetuoso con la ley, esperará hasta que el tribunal tome la decisión final. Incluso el debate en el parlamento es un descarado desafío a las leyes del país», dijo.

Anteriormente, el Parlamento keniata había aprobado una moción de la Comisión de Administración y Seguridad Interna por la que se aprobaba la petición del gobierno de enviar a los agentes de seguridad ante la escalada de violencia en Haití.

En el acalorado debate, los legisladores de la oposición rechazaron los planes del gobierno para que Kenia dirigiera el equipo policial multinacional en Haití, alegando que violaba la Constitución del país. Los partidarios de la moción afirmaron que Kenia tiene la obligación moral y el deber de ayudar a Haití.

Las cuestiones clave del debate fueron quién financiaría el despliegue y qué justificaciones hay para enviar fuerzas de seguridad a Haití, a miles de kilómetros de Kenia.

«Qué sentido tiene enviar 1,000 policías a Haití cuando hay kenianos muriendo, necesitados de protección y de los servicios de sus policías», argumentó el legislador de la oposición Rozzah Buya.

Gabriel Tongoya, que preside la comisión parlamentaria de Administración y Seguridad Interior, declaró que todos los costes del despliegue serían financiados por las Naciones Unidas.

La semana pasada el Ministro del Interior, Kithure Kindiki, declaró ante el Parlamento que Kenia sólo desplegaría a los oficiales en Haití si los Estados miembros de la ONU sufragaban la financiación y el equipamiento.

Burundi, Chad, Senegal, Jamaica y Belice han prometido tropas para la misión multinacional.

La violencia se ha intensificado en Haití cuando una banda fuertemente armada rodeó el miércoles un hospital de la capital, Puerto Príncipe, dejando atrapados a los pacientes, entre los que había 40 niños y recién nacidos. La policía rescató posteriormente a los pacientes.

Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 20 de julio de 2021, las bandas se han hecho cada vez más poderosas en todo Haití, y el número de secuestros y asesinatos sigue aumentando.

Según ha explicado la universidad en un comunicado, el estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se ha hecho en ratones y lo ha liderado el Instituto de Neurociencias de la UAB junto a investigadores de la Universidad de Washington.

El grupo de investigadores ha analizado las células de los denominados «núcleos vestibulares» en los cerebros de unos ratones sometidos a giros cortos y repetitivos, demostrando la importancia de las neuronas que expresan la proteína VGLUT2 en el mareo.

Los autores aseguran que esas neuronas son necesarias para los efectos de mareo inducidos por la rotación, como son la disminución del apetito, la temperatura corporal más baja, la reducción del movimiento y la falta del gusto.

En concreto, han identificado un subgrupo de neuronas VGLUT2 que expresan un gen concreto, la colecistoquinina, como responsables de los efectos del mareo, y han visto que envían señales a una zona del cerebro llamada núcleo parabraquial, encargada de generar sensaciones desagradables.

«Los ratones a los que administramos un fármaco bloqueador del receptor de colecistoquinina presentan una menor activación del núcleo parabraquial y tienen menos síntomas de mareo», ha detallado una de las autoras del estudio, Elisenda Sanz.

«Las soluciones comunes contra el mareo provocan somnolencia. En cambio, los fármacos bloqueadores del receptor de colecistoquinina, que ya están aprobados por las asociaciones de los medicamentos norteamericana y europea como tratamiento para problemas gástricos, son seguros y no tienen ese efecto indeseado», ha añadido el coordinador de la investigación, Albert Quintana.

En futuros estudios, los investigadores quieren definir la contribución de esas neuronas a otras situaciones que también provocan mareo, para avanzar en la aprobación de medicamentos que bloqueen los receptores de colecistoquinina como nuevas terapias contra ese malestar.