No obstante, el alcalde, al presentar esta propuesta que deberá someterse a votación antes de entrar en vigor el próximo julio, advirtió que la ciudad no está «fuera de peligro» e insistió en que necesita fondos de los Gobiernos federal y estatal para hacer frente a los crecientes costes relacionados con la migración.

Nueva York ha recibido desde la primavera de 2022 a unos 170,700 inmigrantes, de los que más de 68.000 están bajo cuidado de la Administración local, que les proporciona albergue, comidas, servicios médicos y legales y educación para los niños.

Adams destacó que la brecha presupuestaria para el año fiscal 2025 ha llegado a un «nivel récord» debido a la creciente crisis migratoria, el fin de los fondos de estímulo por la covid-19, la ralentización en los ingresos fiscales y los contratos laborales inestables que, argumenta, heredó su Gobierno.

Afirmó que la ciudad tomó medidas para presentar un presupuesto equilibrado y estabilizar las finanzas sin acometer despidos, aumentar de impuestos o interrumpir servicios, como había advertido, lo que se suma a unos ingresos mejores de lo esperado que han permitido invertir en seguridad pública, calidad de vida y juventud.

Adams ha tomado otras medidas como reducir la estadía de los inmigrantes en los albergues y sufragar el coste del viaje a los que quieren continuar su camino a otros estados con miras a reducir así los gastos de la ciudad.

Más del 60 por ciento de los que entraron al sistema de albergues ya salieron del cuidado de la ciudad, comentó.

Igualmente destacó hoy que la ciudad tomó acciones relacionadas con vivienda y alimentación para inmigrantes, que llevará a reducir el gasto de 12,250 millones a 10,600 millones entre 2023 y 2025.

El pasado noviembre Adams anunció que recortaría fondos a agencias de la ciudad de cara al nuevo presupuesto, incluyendo los departamentos de la policía, de limpieza y parques, pero después dio marcha atrás y los consideró exentos de recortes, igual que al departamento de bomberos, por seguridad pública.

Los recortes anunciados en noviembre también implicaban una reducción de un 20 % de los fondos que se están invirtiendo en los inmigrantes recién llegados, algunos enviados desde Texas y otros por cuenta propia desde otros estados.

Esta mañana, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, anunció también su propuesta de presupuesto, de 233.000 millones, que incluye 2,400 millones de dólares para que la ciudad gestione su crisis migratoria, lo que supone un incremento de 500 millones con respecto al año pasado.

 La víctima identificada como Ali Miles, quien se hace llamar Dylan, estuvo detenida en Rikers Island desde el 14 de junio de 2022 hasta julio del mismo año por acoso a nivel de delito grave.

Miles demanda al Departamento Correccional de la Ciudad de Nueva York, a la Corporación de Salud y Hospitales de la Ciudad de Nueva York presuntamente por violación, agresión física y acoso.

La demanda hace referencia a la Ley de Eliminación de Violaciones en Prisión (PREA) de 2003, que busca disminuir y erradicar los hechos de violación en los centros penitenciarios.

 “Miles viste ropa de mujer y en toda su apariencia se expresa como una persona del género femenino”, afirma la demanda.

De acuerdo con la demanda, Miles fue “colocada en una unidad de vivienda para hombres a pesar de sus objeciones, órdenes judiciales y sus solicitudes de ser alojada con mujeres”. El abogado afirmó que los acusados “retrasaron y le negaron el acceso a la atención médica”.

Según las declaraciones, la víctima fue violada y sodomizada en dos ocasiones por el mismo agresor, también mostraba señales de agresión, causándole fracturas de costillas; el documento también indica que la víctima sufrió ceguera permanente como resultado de haber sido rociado en la cara con productos químicos.

El jurista alegó además que las autoridades de Nueva York “ignoraron sus repetidas súplicas de ayuda y protección de las amenazas y victimización sexual a las que la habían expuesto”.

Esta inversión forma parte del presupuesto total de 233,000 millones de dólares fijado para el año fiscal de 2025 (que comienza el 1 de abril) y servirá para cubrir parte de los costos de acogida de inmigrantes y solicitantes de asilo, su asistencia legal y los servicios ofrecidos en los albergues, indicó Hochul en una rueda de prensa.

De acuerdo a la dirigente, 500 millones de dólares dedicados a esta crisis procederán de las reservas del Estado de Nueva York, que están destinadas a utilizarse en emergencias puntuales.

Tras el anuncio, Hochul destacó en su cuenta de X (antes Twitter) que no podrán contemplarse cambios significativos en la gestión migratoria «hasta que haya un cambio en la política», y añadió que este viernes acudirá a Washington para pedir una mayor financiación al respecto.

Con este presupuesto, el Estado de Nueva York asumirá el costo de los refugios instalados en un hospital psiquiátrico del distrito de Queens (Creedmoor) y en Randall Island, lo que se suma a la intención de subvencionar el refugio de Floyd Bennet Field, en el distrito de Brooklyn.

La cifra anunciada por la gobernadora cubrirá solo una parte de los 12,000 millones de dólares que el alcalde Eric Adams estimó en agosto que costaría a la ciudad el alojamiento y cuidado de inmigrantes en los próximos tres años.

La crisis migratoria comenzó el verano del año pasado, con los envíos de autobuses desde estados del sur de EE.UU. gobernados por políticos republicanos, en especial Texas, pero se ha agravado recientemente con el fin de la política fronteriza del Título 42, que les bloqueaba el paso por cuestiones sanitarias.

En el presupuesto federal también destaca la inversión de 4,800 millones de dólares en el ámbito de la salud mental, con una asignación de 12,400 millones en los servicios de apoyo y vivienda para personas sin hogar que padecen enfermedades mentales graves o que tienen cuestiones pendientes en los tribunales.

Habían transcurrido 701 días desde que la nieve no llegaba a cuajar en Nueva York, y eran muchos los que hoy admiraban los paisajes blancos de la Gran Manzana.

El Central Park Central amaneció este martes con 3.55 centímetros de nieve, que visitantes y residentes aprovecharon para dar un paseo, tomar fotos y hacer videos. No faltaron los muñecos de nieve ni los valientes que ni siquiera hoy renunciaron a su ‘footing’ (trote) entre los senderos nevados del parque.

Se espera que al final del día la zona haya acumulada otra pulgada y hasta tres en otras áreas de la ciudad

El 13 de febrero de 2022 fue la última vez en que se acumuló la nieve, alcanzando 4.06 centímetros.

El récord anterior de falta de nieve significativa en la ciudad fue de 400 días y terminó el 21 de marzo de 1998, por lo que los 700 días transcurridos en esta ocasión son ya historia de la ciudad.

Otras zonas de Nueva York, en Long Island, al oeste de Manhattan, llegaron a acumular entre 5.08 y 6.35 centímetros, mientras está vigente una advertencia de tormenta invernal hasta esta noche.

El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NWS, en inglés) había advertido que las intensas nevadas y lluvias que desde la semana pasada afectan al Medio Oeste y a la región de los Grandes Lagos se extenderían al sur de Estados Unidos y a la costa este del país, impactando en ciudades como Nueva York, Washington y Filadelfia.

Las temperaturas gélidas y peligrosas continúan para gran parte del país.

El tren accidentado transitaba por la línea F, que une el condado de Brooklyn con el de Queens, pasando por la isla de Manhattan. Parte del servicio en Brooklyn estaba suspendido esta tarde tras el incidente, y también afectó a la línea G, según el portal Gothamist.

Según el periódico The New York Times, que cita a fuentes policiales, el accidente, que tuvo lugar en torno a las 12:30 hora local (17:30 GMT), no ha provocado heridos.

El pasado jueves, un tren de pasajeros chocó contra otro que había sido sacado de servicio en una estación en el norte de Manhattan, hiriendo de levedad a 24 personas y provocando largas interrupciones en el servicio.

La colisión se atribuyó al error humano, y el servicio tardó tres días en restablecerse por completo.

La Administración del alcalde, Eric Adams, ordenó el desalojo, ya que necesita el espacio para más familias que siguen llegando a la ciudad.

Temprano en la mañana, tras dejar sus niños en la escuela, los inmigrantes con sus maletas comenzaron a dejar el hotel Row de Manhattan, tal y como les notificó la Alcaldía, que culpa del desalojo al Gobierno de Texas por enviar a miles de indocumentados a la ciudad, un flujo que no ha parado en casi dos años, y a la falta de apoyo económico de la Administración del presidente Joe Biden.

Un total de 4.800 familias con niños recibieron ya la carta que les informaba que a partir de ese momento tendrían 60 días para buscar un lugar donde vivir o volver a solicitar el reingreso al sistema de albergues de la ciudad (aunque la prioridad sería siempre para los recién llegados). El plazo se cumplió a finales de diciembre.

De acuerdo con la Alcaldía, ninguna familia desalojada dormirá en la calle, asegurando que la ciudad ha hecho arreglos para reubicarles en albergues temporales, y que muchas familias optaron por viajar a otros estados con amigos o familiares, a los que se les pagó el billete para llegar a su destino.

El comisionado de la Oficina para Asuntos del Inmigrante, el mexicano Manuel Castro, no pudo precisar cuántas de las 40 familias tendrían que ser reubicadas «porque todavía tienen todo el día para venir» al legendario hotel Roosevelt, convertido en albergue y principal centro de procesamiento de los recién llegados.

«Muchas de las familias a las que se les han otorgado los 60 días ya han salido del sistema, han buscado otros lugares en Nueva York y otras ciudades. Muchos de los que han estado por más de un año comprenden que hay que hacer espacio para la gente que está recién llegada y no han tenido apoyo», dijo Castro en una conferencia de prensa a la que acudió junto a otros funcionarios de la ciudad.

«Tenemos que tomar estos pasos porque no tenemos suficientes recursos ni espacio para todos los que quieren venir a Nueva York», afirmó Castro, que culpó al gobernador de Texas, Greg Abbott, y al Gobierno federal de Biden por el «caos y confusión» que el desalojo pueda ocasionar a los inmigrantes, en su mayoría venezolanos.

Castro reiteró que esta situación «no es sostenible» para la ciudad.

El gobernador republicano de Texas comenzó a enviar autobuses con indocumentados hace casi dos años y otros miles han llegado por su cuenta desde otros estados a la ciudad, que por orden de un tribunal está obligada a dar albergue a quien lo solicite.

Familias latinas llegaban hoy al Roosevelt bajo la tenue lluvia desde otros estados como Illinois o Pensilvania, así como jóvenes inmigrantes de África, en busca de albergue.

Los inmigrantes solteros fueron los primeros en recibir una notificación de desalojo de 30 días.

Se espera que el 11 de enero el juez Arthur Engoron emita un veredicto por escrito tras los alegatos finales de ambas partes y que concrete una posible multa millonaria para Trump, sus dos hijos mayores y dos antiguos ejecutivos, a quienes ya consideró responsables de fraude, el principal cargo, en un dictamen previo al juicio.

La oficina de la fiscal Letitia James, que ha impulsado el caso e inicialmente reclamaba 250 millones de dólares de penalización, argumentó hoy en un extenso documento judicial que Trump debería pagar más porque ha quedado demostrado en el juicio que obtuvo ganancias ilícitas.

La Fiscalía también reclama que a Trump y a los dos antiguos ejecutivos de su empresa acusados, Allen Weisselberg y Jeffrey McConey, se les impida «de por vida» participar en el sector inmobiliario o ejercer la dirección de «cualquier empresa o entidad legal» en el estado de Nueva York.

Tras el juicio, que ha durado unos dos meses, está por resolver seis cargos relacionados con la manipulación de cifras de activos en los documentos financieros de la Organización Trump para obtener ventajas con aseguradoras y bancos, y de ese fallo dependerán la posible multa y medidas restrictivas a los negocios.

Según el nuevo argumento de la fiscal, la mayor parte de los 370 millones reclamados corresponden a los intereses que la Organización Trump se ahorró en cuatro préstamos comerciales (168 millones) y a los beneficios que obtuvo con la venta de un edificio en Washington D.C. (139 millones).

Los abogados de Trump criticaron la cifra en otro documento como «groseramente excesiva», y argumentaron que las transacciones analizadas «fueron bilaterales entre los acusados y sus bancos, y ninguna supuso un impacto para el público» o el mercado, por lo que reiteraron que el caso debería desestimarse.