​El prestigioso periodista del Washington Post Dana Milbank cuenta que en el único evento que Trump llevó a cabo en Iowa, al cual asistieron alrededor de 500 seguidores, se pasó un video en el que el narrador contaba que “el 14 de junio de 1946, Dios miró hacia abajo su paraíso y dijo, `necesito a alguien que se haga cargo’. Y así Dios nos dio a Trump”. Se trata, por supuesto, la fecha de nacimiento del expresidente norteamericano a quien presentaban, literalmente, como un mesías, un enviado de Dios para acabar con los marxistas, los comunistas, los mentirosos, los perversos, los migrantes terroristas, los globalistas y muchos otros responsables de la decadencia de Estados Unidos. Ahí estará él para hacer ese país “great again”.

​Una pregunta que vale la pena hacerse es dónde ubicar ideológicamente a Trump: ¿es él un liberal, un conservador o algo distinto? Podría pensarse que él es un liberal porque combate al Estado, defiende al capital y su gobierno redujo los impuestos y desregularizó algunos sectores de la economía para beneficiar a los empresarios. También podría pensarse que él es un conservador porque, además de pertenecer al Partido Republicano, ha asumido todas las causas del movimiento político-religioso conservador norteamericano, a pesar de haberse pasado toda una vida en ambientes sociales (hoteles y restaurantes de lujo, campos de golf, concursos de belleza, clubes de los ricos y famosos, entretenimiento y negocios con las élites financieras) que nada tienen que ver la vida de la genteque lo sigue con una fe ciega. 

​Pero resulta que no, que Trump no es ni liberal ni conservador, al menos sin concebimos el liberalismo y el conservadurismo como corrientes de pensamiento que articularon ideas y valores sobre el individuo, la libertad y la comunidad que, a su vez, sirvieron de base para sustentar partidos y fuerzas políticas que han sido pilares de los sistemas liberal-democráticos de los países occidentales. Nadie que se tome en serio estas dos filosofías políticas, independientemente de que esté de acuerdo o no con ellas, puede pensar que Trump representa a una de ellas.

​El liberalismo promueve la defensa de los derechos individuales, la limitación y división del poder, el sistema de frenos y contrapesos, así como la tolerancia y el respeto al pluralismo político e ideológico. Trump es la negación radical de esta corriente de pensamiento. Promueve la intolerancia y la exclusión de quienes son diferentes a lo que él concibe como la esencia verdadera de Estados Unidos. Para él están, por un lado, “ellos” -él y sus seguidores fanáticos que votarían por él aún si matara a alguien en la 5ta Avenida, como él mismo dijo- y todos “los demás”, la escoria que representan los migrantes, los extranjeros, los comunistas, los demócratas y todos los desviados y mentirosos que puedan cruzarse en el camino. Para Trump tampoco existe el respeto a la democracia, a menos que sea él quien gane, de ahí todo lo que aconteció en aquel bochornoso espectáculo del 6 de enero de 2021 cuando turbas de sus seguidores, con el apoyo explícito o implícito de él, se propusieron desconocer la voluntad popular y subvertir el sistema democrático.

​El conservadurismo, por su parte, es una corriente de pensamiento que pone énfasis en la familia, la tradición y la religión. Concibe a los individuos no como entes abstractosdesconectados de lazos comunitarios, sino como partes de un tejido social con valores y compartidos. Un referente fundamental del conservadurismo así entendido es el brillante pensador irlandés del siglo XVIII Edmund Burke, quien seguro se espantaría si llegase a ver a Trump como líder del conservadurismo. Un elemento esencial de esta corriente de pensamiento es el reconocimiento de la finitud humana, entendida como la condición existencial que lleva a la modestia, a poner límites al poder y a entender que los individuos no son dioses ni pueden ponerse por encima de los demás como si hubiesen recibido una relevación divina o la respuesta certera de todo cuanto acontece. No puede, pues, representar esta corriente de pensamiento quien se cree un Dios, quien se coloca por encima de las instituciones, quien quiere ser dictador aunque sea por un día y quien es admirador no de Abraham Lincoln o ni siquiera de Ronald Reagan, sino de Vladimir Putin (macho politics, podría decirse).

​Más bien, Trump es un populista de extrema derecha, nativista, aislacionista, narcisista y autoritario, quien ha articulado un discurso político que encontró condiciones de recepción en amplios sectores de la sociedad estadounidense, especialmente, aunque no únicamente, en el movimientoevangélico, a los cuales él les ofrece soluciones simplistas a problemas complejos: un muro para los migrantes invasores y terroristas, el fin de la guerra en Ucrania en 24 horas (por supuesto, concediéndole un triunfo a Putin), un incremento general de los aranceles de 10% para acabar con las importaciones chinas (y de paso afectar nuestras exportaciones), acabar con la ideología de género y las conductas “desviadas” que promueven la ONU, las ONG y las élites globalistas y poner fin, de una vez y por todas, a la supuesta decadencia de Estados Unidos.

Trump se presenta como un individuo superior, salvador y redentor, no sujeto a las restricciones institucionales y legales,quien, a pura voluntad y con el apoyo de sus fanáticos seguidores, terminará con el gobierno de los demócratas mentirosos, con la justicia corrompida, con el “Estado profundo”lleno de burócratas que no conocen el verdadero sentir del pueblo, así como con la contaminación extranjera y con todo lo malo que pueda existir. Queda por ver si la mayoría del pueblo norteamericano terminará escogiendo esa oferta político-ideológica o si, por el contrario, responderá a este desafío, como tantas veces ha sabido hacer, defendiendo la democracia, la libertad, la tolerancia y el pluralismo.

​Cada uno de ellos tienen quienes los aman y quienes los odian, seguidores y detractores según las ideologías, los intereses y las necesidades de los segmentos sociales que los apoyan, pero hay un aspecto en el que las diferencias se diluyen y los tres pasan a ser expresiones idénticas de una matriz de pensamiento común sobre cómo se concibe el ejercicio del poder político. Parece inverosímil a primera vista, pero no lo es. Cada uno de ellos usa la propia legalidad vigente en sus países para darle una nueva concreción, en el contexto contemporáneo, a la vieja tradición personalista y autoritaria latinoamericana de la que habla el historiador chileno Claudio Véliz en su brillante obra La tradición centralista en América Latina.

​En Venezuela, Chávez llegó al poder con un extraordinario respaldo, movilizó a la población en torno a la idea de unaconstituyente para cambiar las reglas de juego, al tiempo que su fuerza política obtuvo mayorías legislativas que le hubieran permitido gobernar sin mayores conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No obstante, Chávez, al igual que Maduro más tarde, gobernó una buena parte del tiempo amparado por las denominadas “leyes habilitantes”, las cuales le otorgaban poderes absolutos para gobernar por decretos y cambiar legislaciones sin tener que recurrir a la aprobación congresual. Un poder personal, sustentado en una determinada legalidad, modificó unilateralmente decenas de leyes y adoptópolíticas de gran impacto como las nacionalizaciones de múltiples empresas privadas y la restructuración de la relación Estado-economía y sociedad.

​En El Salvador, Bukele ha tenido, hasta ahora, un gran cometido: la seguridad pública. Con los poderes que tiene gracias al estado de excepción, el presidente salvadoreño ha tomado medidas drásticas y draconianas que han transformado el debido proceso y las garantías ciudadanas, incluyendo la figura de juicios colectivos que desnaturaliza la noción básica de la responsabilidad individual. El terror y la angustia que sufría el pueblo de El Salvador debido a la violencia de las pandillas criminales le ha dado el contexto de legitimidad social a todas esas medidas, las cuales también están revestidas de una formalidad legal. En todo caso, sin embargo, una persona ha concentrado enormes poderes que ejerce sin contrapesos ni controles.

​En Argentina, Milei también llegó al poder con un excepcional respaldo de una población hastiada del desastre económico al que llevaron a ese país los gobiernos del denominado kirchnerismo, lo que ha servido de base para poner en marcha un paquete de reformas económicas ultraliberales que procuran transformar radicalmente el Estado y la economía de ese país. De nuevo, el sistema legal ofrece las bases para dotar al presidente Milei de unos poderes excepcionales que empezó a ejercer a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (Carlos Menem usó decretos similares a principios de la década de los noventa) a través del cual se han modificado decenas de disposiciones legales y se han implementado cambios radicales en materia de políticas públicas, incluyendo la eventual privatización de empresas estatales. Asimismo, Milei ha sometido al poder legislativo un proyecto de ley que declararía la emergencia pública y le daría la potestad de gobernar mediante decretos al menos durante los dos primeros años de su gobierno, con la posibilidad de extenderlo por el resto de su mandato.

​Lo que se observa es un patrón similar de ejercicio del poder a partir una legalidad que se presta para otorgar poderes absolutos a la máxima autoridad ejecutiva. Las crisis que esos presidentes han tenido que enfrentar, diferentes unas de otras, les ha dado, en un principio, la legitimidad social para actuar de esa manera. Los problemas y las necesidades apremiantes crean el espejismo de que esa es la única y mejor manera de actuar, sobre todo si esos sistemas legales permiten ese tipo de ejercicio del poder, en lugar de hacer el trabajo difícil de tomar las medidas que se necesitan a través de las instituciones propias del sistema democrático, lo que implica negociaciones y deliberaciones complejas, pero que a la postre les pueden dar mejor sustento y más legitimidad a dichas medidas. Experiencias como la de Alberto Fujimori en Perú, quien tuvo un ejercicio del poder similar basado en lo que se denominó el “decretismo”, deben servir de lección de que estos experimentos pueden empezar muy bien y hasta ser muy populares, pero terminan muy mal socavando las instituciones del sistema democrático.

​Vale señalar que el sistema constitucional dominicano no permite un ejercicio del poder de este tipo. No hay base normativa para los poderes habilitantes o los decretos de necesidad y urgencia, como los que usó Chávez y los que ahora usa Milei. Si bien la Constitución contempla diferentes tipos de estados de excepción, estos están sumamente delimitados y regulados, lo cual se puso de manifiesto de manera exitosa en el manejo de las medidas restrictivas que tanto el anterior gobierno como el actual tuvieron que adoptar en el contexto de la pandemia del COVID-19.

​Desde luego, no se puede ignorar o menospreciar que los titulares del Poder Ejecutivo tienen responsabilidades y presiones enormes cuando enfrentan crisis extremas, como es el caso ahora de Argentina, lo cual requiere una visión político-institucional que evite tanto la omnipotencia como la impotencia en el desempeño de la función ejecutiva. Así, el desafío para nuestros países está en fortalecer la gobernabilidad política y la capacidad de toma de decisiones para responder a las necesidades de la gente, pero de una manera tal que sea compatible con el sistema de controles y contrapesos y con la institucionalidad democrática en sentido general.

            Este y los demás volúmenes que integran la colección de discursos del magistrado Ray Guevara ponen de manifiesto, en los diferentes contextos en los que se pronunciaron, sus líneas de pensamiento constitucional y el enfoque que puso en práctica en la difícil y desafiante tarea de construir desde el papel -literalmente hablando- la más importante innovación institucional de la Constitución de 2010, esto es, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Su labor, con el apoyo de los demás magistrados, demostró que el constitucionalismo no es sólo el arte de inscribir constituciones, sino también el arte de construir instituciones.

            Entre las ideas fundamentales que resaltan en ese conjunto de textos están: en primer lugar, la idea de la constitucionalización del derecho, lo que ha llevado al magistrado Ray Guevara a sostener que el derecho constitucional se ha convertido en el nuevo “derecho común” de nuestra época y de nuestro contexto jurídico; en segundo lugar, el papel del Tribunal Constitucional como garante de la supremacía constitucional, el orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, lo que lo lleva a resaltar en múltiples oportunidades las decisiones del tribunal que más lo llenan de orgullo; en tercer lugar, el énfasis en la importancia de crear una cultura constitucional, lo cual él sintetiza en la idea de “vivir en Constitución”, o dicho de otra manera, para él la Constitución y la supremacía constitucional no son meras formulaciones retóricas desconectadas del vivir y el sentir de los dominicanos, sino la verdadera carta de ruta de nuestra nación.

En cuarto lugar, el magistrado Ray Guevara destaca el extraordinario esfuerzo en la construcción institucional del Tribunal Constitucional en lo que respecta a sus procedimientos administrativos, sus métodos de trabajo y su funcionamiento práctico; en quinto lugar, el papel de primer orden del Tribunal Constitucional en lo que respecta a la educación constitucional, lo cual hace a través de cursos, conferencias, publicaciones, cátedras magistrales y difusión de  valores a través de los diferentes medios de comunicación; en sexto lugar, la reivindicación del aporte seminal y, a la vez, imperecedero del patricio Juan Pablo Duarte al constitucionalismo dominicano, lo que hace que el magistrado Ray Guevara aproveche cada oportunidad idónea para recordarnos que Duarte fue el único, entre los Padres de la Patria de las naciones iberoamericanas, que escribió un proyecto de Ley Fundamental, el cual estaba llamado a jugar un papel en la construcción del nuevo Estado, pero que no fue posible debido al destierro de que fue víctima nuestro patricio por las fuerzas conservadoras encabezadas por Pedro Santana; y séptimo lugar, la idea de que el Tribunal Constitucional es un tribunal que “da la cara al pueblo”, lo cual lo ha llevado a recorrer la geografía nacional con audiencias solemnes, conferencias y diálogos con los más variados sectores sociales, así como a tener una presencia destacada en la comunidad jurídica Iberoamericana y mundial.

Leyendo estos discursos podemos identificar el carácter, la energía y la voluntad que marcaron el paso del magistrado Ray Guevara por el Tribunal Constitucional, a la vez que se puede apreciar cómo conceptos jurídicos complejos, en especial relativos al pensamiento constitucional, aparecen en estos textos explicados de una manera sencilla y clara, accesible a cualquier lector o lectora que desee conocer sobre el derecho constitucional y la labor del Tribunal Constitucional. En esas páginas se encuentran explicaciones y comentarios sobre el nuevo poder jurisdiccional que creó la Constitución de 2010, sobre el papel de la Constitución en la jerarquía de las normas jurídicas y la función del Tribunal Constitucional como garante de la supremacía constitucional, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. También encontramos explicaciones sobre el carácter de precedentes vinculantes de las decisiones del Tribunal Constitucional, sobre la visión amplia e integral de los derechos fundamentales que estableció dicha Constitución, así como las garantías que esta incluyó para hacer efectivos dichos derechos. También hay explicaciones muy claras y comprensibles sobre los órganos constitucionales autónomos en el contexto del sistema de gobierno basado en la división de poderes, así como sobre el funcionamiento de los poderes públicos y el sistema de frenos y contrapesos, el papel del Tribunal Constitucional en el control preventivo de los tratados internacionales y en la resolución de los conflictos de poderes, entre otros temas de gran relevancia en la teoría y la práctica del derecho constitucional.

Como estudiante que fui del magistrado presidente emérito del Tribunal Constitucional, me complace sobremanera seguir aprendiendo de él a través de sus discursos y sus aportes doctrinarios en general. Me siento orgulloso de ser parte de esa legión de estudiantes que, a través de los años, él ha tenido y en quienes ha dejado una huella o un buen motivo de inspiración y motivación. De hecho, no puedo dejar de evocar en esta oportunidad, con mucha nostalgia, aquellas cátedras excepcionales que el profesor Ray Guevara nos impartía en un lejano semestre de 1976, recién llegado de Francia lleno de nuevas ideas, visiones y experiencias, las cuales cautivaban a cada uno de sus estudiantes. De hecho, al leer los discursos que recogen este libro, como los de los otros tres volúmenes, sentía el tono, el ritmo y la intensidad de aquellas cátedras semanales de quien era, en ese entonces, un joven profesor que estaba llamado a jugar papeles estelares en la vida política e institucional del país como, en efecto, ha sido, hasta convertirse en el presidente histórico del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.

Por eso me siento motivado a compartir con mis lectores mi parecer sobre la excepcional labor que llevó a cabo el magistrado Milton Ray Guevara como presidente del Tribunal Constitucional, lo que llevó a este tribunal al sitial en el que se encuentra hoy día reconocido por la comunidad jurídica y la sociedad en general. Misión cumplida, profesor.

            En lo que concierne a la sociedad como un todo, siempre resulta útil encontrar ocasiones propicias para pasar balance, resaltar tendencias e identificar desafíos con miras a fortalecer lo positivo y superar lo negativo. El cierre de un año es una de esas ocasiones que nos convoca a hacer ese ejercicio como parte de un diálogo público en el que no existe – ni puede existir- un solo discurso que dé sentido a lo que aconteció durante un año o en un período mayor de tiempo.

            Como punto de partida para la reflexión se puede tomar lo          que se dice de República Dominicana en el entorno regional. Así, es frecuente escuchar en múltiples escenarios -organismos internacionales, eventos regionales y subregionales, declaraciones de líderes de países amigos, opiniones de expertos sobre América Latina y el Caribe, entre otros- que la República Dominicana va por muy buen camino cuando se le compara con otros países de nuestra región que muestran serios y persistentes problemas de gobernabilidad, inestabilidad político-institucional, alta conflictividad y crisis económicas difíciles de superar.

            Sin que muchos lo notaran a tiempo, en la República Dominicana se fue estructurando, desde finales de la década de los setenta, un sistema de gobierno que, a pesar del telón de fondo de una larga historia cargada de violencia política, que se sustenta en los pilares de la estabilidad, la gobernabilidad, la afirmación del poder civil, la circulación de las élites políticas a través de la competencia electoral y la transferencia pacífica del poder. Sin duda, durante estas décadas ha habido coyunturas de grandes tensiones que pusieron a prueba al liderazgo político y a las instituciones, pero en ellas se buscó soluciones negociadas, basadas en el sentido común y el compromiso de respetar la institucionalidad democrática.

            En materia económica ha sucedido algo similar. La economía dominicana, a pesar de ser una economía isleña relativamente pequeña, ha mostrado una persistente capacidad de crecer, diversificarse y atraer capitales. Si bien ha habido crisis importantes, ya sea por razones internas, como la crisis bancaria de 2003-2004, o por choques externos, como la crisis financiera de 2008 y la crisis del COVID-19 en 2020, la economía ha mostrado una gran capacidad de reponerse y de volver a encontrar el camino del crecimiento. Políticas económicas moderadas de parte de los gobiernos y una buena conducción desde el Banco Central han contribuido a esos resultados en la economía dominicana.

            Ha habido también avances importantes en el plano social, especialmente en cuanto a la reducción de la pobreza y mejoría en la calidad de vida de segmentos importantes de la sociedad dominicana. No obstante, este es el ámbito en el que más problemas y desafíos existen, los cuales hay que enfrentar para continuar reduciendo la pobreza, crear más empleos de calidad y con mejores ingresos, superar paulatinamente la precariedad laboral que afecta a amplios segmentos de la clase media, así como mejorar la calidad de la educación, la salud y la infraestructura.

            Cuando se comparan estas realidades con países de nuestra región que en épocas no muy lejanas estaban mejor posicionados que República Dominicana, se puede entender porqué la República Dominicana genera interés y hasta admiración por parte de observadores internacionales. Sólo hay que pensar en las crisis de gobernabilidad que afecta a países como Perú y Ecuador, o la conflictividad política extrema y la debilidad estatal que se verifica, por ejemplo, en Guatemala y Honduras, o los regímenes autoritarios en Venezuela y Nicaragua, así como la excesiva concentración del poder en El Salvador, o el desastre económico en Argentina o el colapso total en Haití, para sólo citar algunos casos sobresalientes de países en crisis frente a los cuales la República Dominicana tiene necesariamente que destacarse.

            Sin duda, para alcanzar estos logros todos los sectores políticos y sociales han hecho su contribución. Lo que resaltan cada vez más los observadores internacionales es el producto de un esfuerzo sostenido en el tiempo y no sólo la expresión de un presente desconectado de lo que aconteció antes. Aquí no hay lugar para el adanismo simplista, sino para reconocer que estas grandes tendencias que se han establecido en la sociedad dominicana son el resultado de un esfuerzo sostenido e incremental con el concurso de muchos.

A la vez, se debe reconocer que tampoco hay lugar para la complacencia sobre la base falsa de que los logros alcanzados en la gobernabilidad democrática y el crecimiento económico están garantizados de una vez y por siempre, sino que hay que protegerlos y consolidarlos. Hay desafíos en múltiples frentes, como la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para hacer valer su legalidad, mejorar la seguridad pública y cumplir de manera más eficiente sus funciones administrativas en la prestación de servicios a la sociedad. También hay que mejorar la calidad de las instituciones, el sistema de justicia y la seguridad jurídica.

Igualmente, en el plano económico hay enormes desafíos en cuanto a hacer sostenible las finanzas públicas, superar la crisis del sector eléctrico y mejorar la eficiencia y la competitividad del sistema económico para seguir atrayendo capitales y continuar por la senda del crecimiento y el desarrollo. En lo social existe también el reto de continuar el combate a la pobreza, mejorar la salud y la educación, fortalecer la inclusión social, crear más oportunidades para los jóvenes y seguir alcanzado mejores indicadores sociales.

No obstante, todo esto debe hacerse sin menospreciar los logros político-institucionales, económicos y sociales que hemos alcanzado como sociedad, con la conciencia de que no podemos poner en riesgo esas conquistas ni dar motivos para que surjan líderes populistas, de derecha o izquierda, que impongan soluciones autoritarias y desconozcan la institucionalidad democrática y el pluralismo político, como ha sucedido, lamentablemente, en muchos países latinoamericanos. Los avances de estos últimos cuarenta y cinco años deben generar la confianza de que es posible seguir afianzando la estabilidad política, la gobernabilidad y la institucionalidad democrática, continuar por el camino del crecimiento económico y mejorar la equidad social.

            Con el telón de fondo de estas ideas que se plasmaron a mediados del siglo XVII se redactaron las primeras declaraciones de derechos en ambos lados del Atlántico: la Declaración de Derechos del Buen pueblo de Virginia, del 12 de junio de 1776, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789. Ambas declaraciones están marcadas por las ideas de igualdad y libertad, independientemente de que estas declaraciones se llevaran a cabo con efectivad en la vida social. Sin embargo, ni en estas declaraciones ni en ningún otro documento de aquella época fundacional del liberalismo político apareció el concepto de dignidad humana, el cual vino a plasmarse alrededor de doscientos cincuenta años después en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948. De hecho, el punto de partida de esta declaración de derechos de la época moderna, adoptada después de dos guerras mundiales consecutivas, es que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

            Así, el concepto de dignidad humana no sólo integra los de igualdad y libertad, sino que los redimensiona y los trasciende. Se trata, sin duda, de un concepto menos delimitable que los otros dos, pero a la vez de una hondura mucho mayor y de un alcance superior. La dignidad humana evoca ciertamente la igualdad y la libertad como condiciones esenciales de las personas, pero va mucho más lejos, esto es, tiene una fuerza moral que interpela a cada persona a tratar a los demás con el reconocimiento y el respeto de su humanidad, independientemente de su color, raza, género, religión, nacionalidad, orientación sexual, o cualquier otro rasgo o condición. No por casualidad nuestra Constitución, que es la “norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado (artículo 6), dispone que ella “se fundamenta en el respeto a la dignidad humana…” (artículo 5). De modo que, el elemento articulador y referente último de nuestro ordenamiento constitucional es la dignidad humana.

            Jesús, cuyo nacimiento celebramos los cristianos en esta época, no era un filósofo político que intervino en la historia para debatir con Sócrates, Platón o Aristóteles, ni tampoco fue, estrictamente hablando, un político que se propuso movilizar fuerzas sociales para alcanzar el poder. Aunque viéndolo bien, podría decirse que tuvo un poco de ambas cosas, pero lo más importante fue lo que dejó como ejemplo y como discurso en las múltiples y, con frecuencia, conflictivas situaciones que debió enfrentar. Lo que siempre sobresale en las situaciones que narran los evangelistas es el respeto de Jesús al valor intrínseco de cada persona, sin importar su condición. Rompió esquemas, prejuicios y exclusiones en un contexto religioso en el que un pueblo (el pueblo de Israel) se consideraba a sí mismo escogido por Dios, con exclusión de todos los demás, por lo que lo natural era que entendiera que su visión de Dios y del hombre, sus reglas y sus jerarquías fuesen incontestables.

No obstante, Jesús, que venía de esa tradición religiosa, las desafió de múltiples maneras, pues para él lo importante era la persona, sin importar sus características particulares, en su condición de hijas e hijos de Dios. Esto explica que él dejara a sus discípulos una regla simple, pero de una trascendencia enorme, que consiste en lo siguiente: “… todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganlos también ustedes a ellos…” (Mateo 7:12). Igualmente, al responder a quienes, en nombre de la ley, lo cuestionaban sobre cuál era el mandamiento mayor como forma de probar su saber, Jesús le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos cuelgan la Ley y los Profetas” (Mateo 22: 36-40). Coherente con esta visión, Lucas narra (6:36-42) cómo Jesús amonestaba verbalmente a quienes estaban prestos a condenar a los demás sin examinar sus propias faltas. “No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados…Porque con la medida con que midan se les medirá”.

Aquí está la esencia de la dignidad humana. Para los creyentes, ésta se sustenta, en último término, en la igualdad radical e irreductible que otorga la condición de ser hijas e hijos de Dios, lo cual nos interpela, como tantas veces ha dicho el papa Francisco, a reconocer y respetar al otro, a no juzgar ni excluir sobre la base de circunstancias que puedan no ser de nuestro agrado. En todo caso, lo importante es evocar en la celebración de la Navidad las enseñanzas de aquel nazareno que en todas las circunstancias en las que se encontró puso siempre en primer plano el respeto, el amor y la compasión hacia los demás, sin importar quiénes fueran, de dónde vinieran o en cuál condición social o religiosa se encontrasen.

No puede, negarse, sin embargo, que el régimen militar chileno logró apoyo en importantes segmentos de la sociedad chilena, algo que no sucedió, por ejemplo, con los gobiernos militares de Argentina y Uruguay de esa misma época, debido en gran medida a que esas políticas dieron respuestas a algunos problemas que impactaban negativamente a la población, como la hiperinflación y el decrecimiento económico, a la vez que hicieron mucho más eficiente el sistema económico. De hecho, esas políticas sentaron las bases para la extraordinaria expansión económica, combinada con efectivas políticas sociales, que se produjo en los gobiernos que siguieron a la transición democrática, lo cual hizo posible, por ejemplo, que la pobreza descendiera del 68.5% en el 1990 cuando Pinochet concluyó su mandato hasta el 8.6% en el 2017.

            Javier Milei no tiene necesidad de encontrar un gobernante que le preste su oído y haga lo que él le sugiera. Él encarna ahora a los dos personajes: al economista y al gobernante. Tendrá que conversar consigo mismo cambiando de roles, pues seguro que no le servirá de mucho conversar con su perro muerto como dice hacer a través de un médium. Durante su campaña electoral, y desde mucho antes, se encargó de descalificar a la casta política, tanto de izquierda como de derecha, lo que en gran medida le dio el triunfo con el respaldo abrumador de un pueblo frustrado y lleno de ira contra un grupo gobernante -el llamado kirchnerismo- que llevó a Argentina a una crisis económica y social de dimensiones verdaderamente alarmantes.

            Economista de formación, profesor universitario, autor de libros y seguidor de la escuela liberal austríaca, Milei se presentó ante la sociedad argentina con soluciones aparentemente claras y sencillas para resolver los problemas de la economía argentina. Su crítica al Estado fue el centro de su discurso político, al punto que llegó a prometer, algo de lo que luego se retractó, eliminar la educación y la salud públicas. Además de economista se desempeñó como comunicador y actor, en cuyos roles fue ácido, irreverente y provocador, lo que le generó una notoriedad que más tarde le sirvió en su carrera hacia la presidencia.

            En la primera vuelta de las elecciones presidenciales Milei quedó en un segundo lugar cuando las encuestas lo perfilaban como el candidato puntero. Para la segunda vuelta moderó su discurso, eliminó algunos aspectos controversiales de su programa de gobierno y buscó el apoyo de la derecha tradicional, a la cual había criticado tanto como a los peronistas que estaban en el poder. En su discurso de toma de posesión se moderó todavía más y hasta designó a uno que otro peronista no kirchnerista en su gabinete.

            Ahora le toca gobernar. ¿Implementará de manera ortodoxa y radical su programa de reformas liberales o asumirá un papel más pragmático combinando reformas de mercado con políticas que preserven y mejoren al propio Estado que él prometió desmantelar? Su debilidad política en las cámaras legislativas lo obligará a buscar soluciones negociadas, a menos que quiera hacer como hizo Alberto Fujimori en Perú a principios de los años noventa, quien disolvió el Congreso de la nación, convocó una asamblea constituyente y redefinió las relaciones de poder, lo que le permitió implementar reformas económicas que, no puede negarse, eliminaron la hiperinflación y contribuyeron a relanzar la economía peruana. Se sabe, sin embargo, cómo terminó el régimen de Fujimori y las secuelas políticas que este dejó, al punto que hasta la fecha no ha sido posible en el Perú reconstruir un sistema estable de gobernabilidad sustentado en partidos políticos fuertes y en una institucionalidad funcional.

            En esa misma década de los noventa un presidente argentino peronista -Carlos Menem- llevó a cabo también reformas económicas liberales luego de haber recibido el gobierno en medio de una profunda crisis económica muy parecida a la que recibió ahora Milei. Como se sabe, Menem realizó privatizaciones masivas, redujo drásticamente del gasto público e implementó reformas impositivas y arancelarias favorables al desarrollo de los mercados, muchas de las cuales las adoptó por medio de los llamados “decretazos” (decretos de necesidad y urgencia), con los cuales obvió las cámaras legislativas y redimensionó los poderes presidenciales. De hecho, muchas de las reformas que propone Milei en esta coyuntura son similares a las que Menem implementó durante sus diez años de mandato presidencial. Es como si se estuviera reviviendo aquel tiempo dramático de 1989 cuando el presidente saliente -Raúl Alfonsín- tuvo que entregar el gobierno al presidente electo Menem antes de que concluyera su mandato abrumado por la hiperinflación, el sobreendeudamiento, la devaluación y el estancamiento económico.

            El tiempo se encargará de poner a prueba la capacidad de gobernar de Milei. En el camino descubrirá algunas cosas que seguro no le gustaría descubrir, entre ellas que el Estado es fundamental para proveer bienes y servicios públicos que contribuyen a la cohesión y la paz social. Más aún, que uno de los problemas de América Latina no es tanto el exceso de Estado, sino la ausencia de un Estado fuerte y eficaz que pueda hacer valer su legalidad y cumplir las metas esenciales que el mercado y los agentes privados no pueden cumplir. También descubrirá que, si bien es cierto que se necesitan reformas de mercado para hacer la economía más eficiente, no menos cierto es que tratar de aplicar a rajatablas un programa ortodoxo de reformas liberales puede resultar tan traumático que termine poniendo en juego la gobernabilidad, la estabilidad y la viabilidad de su propio gobierno. El desafío es enorme, pero es de esperar que Milei pueda sacar adelante una gestión de gobierno que ponga fin a la pesadilla económica por la que atraviesa, una vez más, la República Argentina.

            La encuesta pone de manifiesto fortalezas y debilidades tanto en el partido de gobierno como en los partidos de oposición. Ambos campos tienen por delante tareas importantes que realizar para lograr que el cuadro electoral se vaya configurando, con el conteo regresivo hacia el 19 de mayo de 2024, de la mejor manera posible a su favor pues de los números que arroja esta encuesta no se puede razonablemente concluir que uno u otro polo electoral tienes todas las de ganar o todas las de perder.

            Un enfoque comparativo entre los resultados de esta encuesta y lo que ocurrió en las elecciones presidenciales de 2020 puede arrojar luz para identificar los factores a favor y en contra de cada sector electoral. Un primer hecho notable en esta encuesta es que el presidente Luís Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no han podido expandir su base de apoyo electoral, lo que, de haberlo logrado, los hubiese colocado en una posición mucho más cómoda de lo que se encuentran en este momento. En el mejor de los casos han preservado la base electoral que lo llevó al poder en el 2020, pero hay números en la encuesta que muestran que dicha base más bien se ha erosionado un poco, lo que plantea como un escenario probable la celebración de una segunda vuelta electoral.

            Un factor importante en el triunfo del presidente Abinader en las elecciones de 2020 fue el gran apoyo que recibió en los grandes centros urbanos debido a que las clases medias se volcaron masivamente a su favor. Por ejemplo, en el 2016 el PLD y aliados recibieron el 53.35% de los votos en el Distrito Nacional y el 67.28% en la provincia Santo Domingo contra el 33.93% y el 34.47% del PRM, respectivamente, mientras que en el 2020 los números dieron completamente la vuelta: el PRM y aliados obtuvieron 52.45% y 51.73% en dichas demarcaciones contra el 32.68% y el 35.43% del PLD y aliados. Una de las grandes sorpresas de la encuesta Greenberg-Diario Libre es que muestra al PRM con solo el 43% en la zona metropolitana, en tanto que la suma de la Fuerza del Pueblo (FP) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alcanza el 50%.

            Este giro en las simpatías electorales en la denominada zona Metro tiene gran importancia pues de los votos que obtuvo el PRM y aliados por encima del PLD y aliados en el 2020 (617,788) alrededor de la mitad provino de las tres principales demarcaciones electorales del país: provincia Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago. La encuesta no dice nada de manera particular sobre Santiago, plaza en la que el PRM alcanzó el 59.09%, pero sí dice que en la zona norte el PRM cuenta con un 44% de simpatía electoral, mientras que la combinación del PLD y la FP llega al 53%. Estas dos grandes áreas electorales -Metro y Norte- tienen, por mucho, la mayor cantidad de electores, por lo que puede decirse que serán cruciales para definir la candidatura triunfadora. En las zonas Este y Central el PRM tiene una ventaja holgada frente al PLD y a la FP (en ambas alcanza el 65%), pero estas son menos pobladas que las zonas Metro y Norte.

            En lo que respecta a la oposición, el mayor problema que muestra la encuesta para este polo electoral es que ninguno de los dos candidatos (Leonel Fernández de la FP y Abel Martínez del PLD) llega todavía al 30% ni en el escenario “todos los dominicanos” ni en el escenario “votantes probables”. Esto explica que si bien el presidente Abinader no se proyecta con un triunfo seguro en primera vuelta sí aparece con una cómoda ventaja en segunda vuelta contra cualquiera de estos dos candidatos. No obstante, ese no es el escenario en el que el presidente Abinader y el PRM desean verse pues, como suele decirse, en una segunda vuelta “cualquier cosa puede pasar”. La clave estará en si uno de esos dos candidatos de la oposición podrá cerrar la brecha con Abinader en una primera vuelta y si logrará atraer la totalidad de los votos del otro candidato opositor en una segunda vuelta, en cuyo caso se podría proyectar una segunda vuelta mucho más competitiva de lo que aparece en la encuesta Greenberg-Diario Libre.

            En todo caso, falta bastante tiempo todavía. Aunque una buena parte de los electores va definiendo con tiempo sus simpatías electorales, en esta ocasión se evidencia una gran fluidez en la competencia electoral. El reto de cada polo electoral consiste en consolidar su base y procurar expandirla lo más posible. Al PRM y aliados les favorece que están compactados alrededor de un líder, mientras que la oposición se presenta dividida, aunque con el propósito, definido de antemano, lo cual es poco usual, de compactarse alrededor de un solo líder si se produce una segunda vuelta electoral. Se trata, sin duda, de una estrategia audaz pero a la vez riesgosa que sólo el tiempo dirá si resultará exitosa o no.

            A estos dos problemas habría que agregar uno que no pareció preocuparle mucho a Benedicto XVI, pero sí al papa Francisco: la derechización de la Iglesia católica en Estados Unidos que, al asumir la agenda del protestantismo conservador ligado al Partido Republicano, abandonó por completo la doctrina social de la Iglesia al asumir un discurso fundamentalista, cerrado y excluyente que la fue desconectando de sus bases tradicionales y la inhabilitó para tener un diálogo franco y tolerante con sectores emergentes que, aún con simpatía por el catolicismo, sintieron que no tenían espacio en esa nueva forma de pensar.

Ese giro hacia un conservadurismo extremo, estructurado exclusivamente alrededor de temas como el aborto, la homosexualidad y la identidad de género, trascendió fuera de Estados Unidos y se convirtió en el discurso dominante del catolicismo alrededor del mundo. Por supuesto, en ese terreno no hay manera que la Iglesia católica le gane al conservadurismo protestante que también se ha desligado de su tradición progresista en Estados Unidos, al igual que en otros países como África del Sur, donde fue factor clave en la lucha contra la esclavitud, la segregación racial y la discriminación, como atestiguan los ejemplos emblemáticos de Abraham Lincoln, Martin Luther King y Nelson Mandela, quienes libraron sus luchas desde su fe cristiana.

            El papa Francisco ha tenido que lidiar con esos tres problemas con una gran dosis de sabiduría, carácter, determinación y moderación. En cuanto a los dos primeros -los abusos sexuales y los manejos financieros escandalosos- él ha tomado medidas serias para fortalecer la transparencia, los sistemas de controles, la rendición de cuentas y el fin de la complicidad y la impunidad. No obstante, estos problemas han sido tan graves y de tan hondo calado que tomará mucho tiempo erradicarlos tomando en cuenta que hay estructuras en el poder eclesial que defienden el estatus quo y se resisten a las reformas.

            En cuanto al aspecto doctrinal y el posicionamiento ideológico de la Iglesia católica, el papa Francisco ha ido avanzando, con gran tino y sabiduría, hacia posiciones más abiertas, tolerantes y progresistas, pero con un sentido atemperado que se sustenta en el diálogo y la construcción de consenso. Él se ha situado entre los que desean un cambio radical y los que no desean cambio alguno, guiado por una especie de ética aristotélica que evita tanto el exceso como el defecto muy propio de la tradición y la forma de funcionar de la Iglesia católica.

            Esta visión se refleja en el documento síntesis de la asamblea sinodal que se dio a conocer el 29 de octubre de 2023 luego de un proceso de consulta de dos años y que sienta las bases para una nueva ronda de discusión dentro de un año. En lugar de fijar posiciones definitivas sobre temas sensibles como hubiesen querido algunos, el documento plantea interrogantes e invita a continuar la reflexión sobre una variedad de temas que hace apenas algunos años estaban excluidos del discurso de la Iglesia católica.

Uno de esos temas es el de la participación de la mujer en la estructura de la Iglesia, sobre el cual el documento recoge la tensión entre los que se oponen, por ejemplo, a otorgarle a las mujeres el ministerio diaconal y los que consideran que “concederle a las mujeres el acceso al diaconado restauraría una práctica de la Iglesia primitiva”, al tiempo que otros lo verían como “una respuesta adecuada y necesaria a los signos de los tiempos, fiel a la Tradición y capaz de encontrar eco en los corazones que buscan una renovada vitalidad y energía en la Iglesia”. Plantear el tema y ponerlo en la agenda del proceso sinodal es de por sí un paso reformador, pero con un sentido gradual y hasta milimétrico, pero que hace posible que  el cambio sea aceptado de manera más orgánica y pacífica.

            Otro de los temas abordados fue la relación de la Iglesia católica con diversos sectores que tienen deseo de inclusión en el catolicismo, pero que no encuentran forma de ser reconocidos. En una sección que se titula Por una Iglesia que escucha y acompaña, el documento plantea que: “… las personas que se sienten marginadas o excluidas de la Iglesia por su situación matrimonial, su identidad y su sexualidad también piden ser escuchadas y acompañadas, y que se defienda su dignidad. En la asamblea se percibió un profundo sentimiento de amor, misericordia y compasión hacia las personas que son o se sienten heridas o desatendidas por la Iglesia, que desean un lugar al que volver ´a casa´ y donde sentirse seguras, escuchadas y respetadas, sin miedo a sentirse juzgadas… La asamblea reafirma que los cristianos no pueden faltar al respeto a la dignidad de ninguna persona”.

El tono de este pasaje, así como de muchos otros, es muy diferente al discurso censurador que se impuso en la Iglesia católica en las últimas décadas que ha alienado a tanta gente que busca espiritualidad e inclusión en un ambiente de comprensión, tolerancia y compasión, no así de juzgamiento, censura y discriminación. Esto no significa que la Iglesia católica tenga que renunciar a aspectos nodales de su doctrina, pero tampoco negarse a reflexionar a la luz de su propia experiencia histórica, incluyendo especialmente su momento fundacional, y de las exigencias propias de un mundo complejo marcado por la pluralidad y la emergencia de nuevos sujetos que reclaman reconocimiento y nuevos derechos.

El papa Francisco tiene 86 años, además de estar afectado por algunos problemas de salud que le impiden tener una mayor movilidad para hacerse presente en muchos lugares y situaciones en los que seguro quisiera estar. No obstante, la manera cómo él ha asumido el proceso de reforma, más colectivo que individual, da lugar a pensar que el proceso que él inició, basado en la consulta y la participación desde abajo hacia arriba, está llamado a dar resultados que perdurarán en el tiempo y que marcarán, es de esperar, una nueva manera de la Iglesia católica responder a los llamados de tantas personas con necesidades, experiencias y sensibilidades distintas que, aun queriéndolo, no han encontrado espacio en la visión encapsulada, excluyente y juzgadora que ha prevalecido en la Iglesia católica en los  últimos tiempos.

Esa disposición constitucional pone de manifiesto que los liberales del Cibao, liderados intelectualmente por Ulises Francisco Espaillat, Benigno Filomeno de Rojas y Pedro Francisco Bonó, pensaban que la República Dominicana había alcanzado su independencia, pero no había logrado su libertad debido al ejercicio absolutista del poder de Pedro Santana y, en menor medida, de Buenaventura Báez. El objetivo principal del movimiento revolucionario desatado por productores, comerciantes e intelectuales del Cibao era establecer un sistema de gobierno democrático-liberal con una Constitución que superara los rasgos autoritarios del constitucionalismo santanista.

            La Constitución de 1844, con su artículo 210 y otras disposiciones que apuntalaron el poder de Pedro Santana, se mantuvo vigente un tiempo relativamente largo si se compara con el tiempo de duración de las decenas de constituciones que le siguieron hasta la Constitución de 1966 que, con sus veintiocho años de vigencia sin ser modificada, ha sido la de mayor duración. La Constitución de San Cristóbal se mantuvo inalterada hasta febrero de 1854 cuando se adoptó una Constitución de orientación más liberal, pero ésta apenas duró algunos meses, pues el 24 de septiembre de ese año Pedro Santana se dirigió al Congreso Nacional para que adoptara una nueva Constitución “que garantizara mejor la estabilidad del país”, en respuesta a lo cual dicho Congreso declaró el 17 de noviembre la necesidad de volver a reformar la Constitución “del artículo 1 al 161”, esto es, el texto completo de la Constitución de febrero de ese mismo año.

El 16 de diciembre de 1854 se adoptó una nueva Constitución de acuerdo a lo que quería Santana, la cual se considera una de las constituciones más centralistas y autoritarias, si no la más, entre todas las constituciones dominicanas. Uno de los motivos manifiestos del movimiento revolucionario cibaeño de 1857 fue precisamente sustituir la Constitución de diciembre de 1854 por otra que plasmara los valores democráticos y liberales que habían quedado truncados por la incidencia de Santana en los procesos constitucionales tanto en 1844 como en 1854.

Antes de que concluyera el movimiento revolucionario o guerra civil de 1857-1858, el gobierno provisional convocó una asamblea constituyente que adoptó la Constitución de Moca, denominada así por el lugar en que dicha asamblea sesionó. Como era de esperarse, los líderes del Cibao adoptaron un texto constitucional en línea con los valores liberales y democráticos a los que aspiraban y que no se habían podido asentar en las primeras constituciones de la nueva nación.

La nueva Constitución estableció, por ejemplo, períodos presidenciales de cuatro años sin reelección consecutiva, reinstituyó el Poder Legislativo bicameral que había sido eliminado por la Constitución de diciembre de 1854, le devolvió a este su carácter de poder separado e independiente y no de simple “asesor” subordinado al Poder Ejecutivo, así como excluyó al Poder Ejecutivo del proceso de selección de los miembros del Poder Judicial. También adoptó un sistema de elección directa, diferente al de los colegios electorales de las constituciones previas, aun cuando retuvo la noción restrictiva de ciudadanía basada en la propiedad, profesión y actividad económica. Asimismo, estableció que la libertad individual es un derecho sagrado e inviolable, consagró las principales libertades individuales e incorporó el derecho de petición de los dominicanos sobre cualquier asunto público, así como el derecho a emitir libremente su opinión sobre la materia sin responsabilidad alguna, aunque preservó el carácter de religión de Estado de la Iglesia católica. La nueva Constitución también definió un “régimen de excepción” según el cual el presidente podía declarar el estado de sitio únicamente en casos de invasión externa y requería el consentimiento del Congreso para poder suspender las garantías constitucionales en casos de conmociones internas. Una disposición transitoria reprodujo el patrón de constituciones previas estipulando que, “en esta ocasión solamente”, la asamblea constituyente elegiría al presidente y al vicepresidente del país, aunque por un período únicamente. La Constitución también declaró la ciudad de Santiago, corazón de la región del Cibao, la capital del país y asiento del Gobierno.

No obstante, el proyecto liberal plasmado en la “Constitución de Moca” fue de corta duración. El 27 de julio de 1858, esto es, a menos de un mes del triunfo de las fuerzas del Cibao contra el gobierno de Buenaventura Báez (quien gobernaba en el momento que se desató el movimiento revolucionario), el general Santana y sus fuerzas militares depusieron el gobierno formado por los revolucionarios en la ciudad de Santiago. Subsecuentemente, Santana se proclamó jefe del Gobierno y restableció la ciudad de Santo Domingo como la capital del país y asiento del Gobierno.

            Uno de los propósitos explícitos del movimiento contrarrevolucionario fue invalidar la “Constitución de Moca”. Así pues, mediante decreto del 27 de septiembre de 1858 el general Santana anuló dicha Constitución proclamando que esta no proveía “seguridad y bienestar al país”. Más aún, en virtud del mismo decreto, Santana restableció “su” Constitución, esto es, la Constitución autoritaria de diciembre de 1854.

Además de restablecer su estilo represivo y despótico, esta vez el general Santana condujo a la nación por un camino diferente. Esto es, con aprobación congresual y cierto nivel de apoyo popular, Santana buscó, negoció y materializó la anexión de la República Dominicana a España. La declaración oficial de la anexión tuvo lugar el 18 de marzo de 1861 mediante un discurso público en el cual Santana llamó a España una “madre amorosa” que toma de nuevo a “su hijo” para darle paz, protección y seguridad, uno de los discursos más entreguistas y antipatrióticos que se hayan pronunciado en la historia del país. Así, aquel que había expulsado a Duarte del país con la acusación de ser “traidor e infiel a la patria” completó su obra política anexando la República Dominicana a España apenas diez y siete años después de que fuera proclamada la Independencia Nacional.

            Duarte había visualizado cómo quería estructurar el régimen político de la nueva nación y plasmó sus ideas en un Proyecto de Ley Fundamental, pero no hay constancia de que su texto circulara entre los primeros constituyentes dominicanos reunidos en San Cristóbal. El Proyecto de Ley Fundamental del patricio vino a conocerse varias décadas después cuando ya él no era una figura decisiva en la política de la nueva nación.

No obstante, lo cierto es que Duarte articuló un conjunto de principios, valores y normas en su proyecto de Constitución que pueden y deben servir de ideario al pueblo dominicano debido a la lucidez de sus ideas y la validez de sus propuestas no sólo para su época sino también para el porvenir. Con razón el Tribunal Constitucional dominicano ha proclamado a Duarte como el primer constitucionalista dominicano, lo único que, tragedia de la historia dominicana, él no pudo jugar un papel en la defensa de sus ideas en contra de los excesos que se cometieron con la excusa de que estábamos en guerra con Haití y que la única manera de lidiar con ese desafío era otorgándole poderes absolutos a Santana, quien los podía ejercer sin responsabilidad alguna como establecía “el fatídico artículo 210”, para usar la expresión del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, profesor Milton Ray Guevara.

Los pilares fundamentales del constitucionalismo de Duarte fueron los siguientes: en primer lugar, la ley como fundamento de la autoridad. El artículo 15 de su proyecto establecía que “(l)a ley es la que da al gobernante el derecho de mandar e imponer al gobernado la obligación de obedecer, por consiguiente, toda Autoridad no constituida con arreglo a la ley es ilegítima y por tanto no tiene derecho alguno a gobernar ni se está en la obligación de obedecerla”. Asimismo, el artículo 11 plasmó de manera clara lo que hoy se conoce como el principio de legalidad: “Ninguno podrá ser juzgado sino con arreglo a la ley vigente y anterior a su delito; ni podrá aplicársele en ningún caso otra pena que la establecida por las leyes y en la forma que ellas prescriban”.

Un segundo pilar fue la independencia nacional como “Ley suprema del pueblo”. El artículo 6 de su texto disponía: “Siendo la independencia Nacional la fuente y garantía de las libertades Patrias, la Ley Suprema del Pueblo Dominicano, es y será siempre su existencia política como Nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera…”

Un tercer pilar fue su concepción nacionalista y antioligárquica del poder. El artículo 17 de su Proyecto de Ley Fundamental disponía: “Debiendo ser la Nación Dominicana como se ha dicho en el artículo 6, siempre libre e independiente no es ni podrá ser jamás, parte integrante de ninguna otra Nación, ni patrimonio de familia ni persona alguna propia y mucho menos extraña”.

El cuarto pilar del constitucionalismo duartiano fue una concepción democrática y liberal del poder. En la sección dedicada al Gobierno (sin numeración), Duarte plasmó la idea de que el Gobierno “es y deberá ser siempre popular en cuanto a su origen, electivo en cuanto al modo de organizarle, representativo en cuanto al sistema, republicano en cuanto a su esencia y responsable en cuanto a sus actos”. Como se aprecia, este artículo tiene una fuerza extraordinaria. Es sorprendente que Duarte, a pesar de las precariedaes de nuestro medio y de las pocas referencias concretas de sistemas políticos estructurados en torno a estos principios, logró articular una visión tan clara de cómo debía organizarse el poder polítíco.

Un quinto pilar fue la división cuatripartista del poder, la cual plasmó de la manera siguiente: “Para la mejor y más pronta expedición de los negocios públicos se distribuye el Gobierno en Poder Municipal, Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo”. Es interesante que Duarte haya agregado y puesto en primer orden un cuarto poder, el municipal, dado el hecho de que en las obras de Locke y Montesquieu aparece una división tripartita, que fue la que se asentó a través del tiempo.

El sexto pilar del constitucionalismo de Duarte es una concepción del poder limitado en la mejor tradición liberal. El artículo 13 bis, numeral 1, de su Proyecto de Ley Fundamental consignó que “ningún poder de la tierra es ilimitado… ni el de la ley tampoco”. A su vez, el numeral 2 de ese mismo artículo disponía: “Todo poder dominicano está y deberá estar limitado por la ley y ésta por la justicia…”.

Un séptimo pilar fue la defensa de los derechos de las personas. El artículo 20 de su texto señalaba: “La Nación está obligada a conservar y proteger por medio de sus Delegados, y a favor de leyes sabias y justas, la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen sin olvidarse para con los extraños (a quienes también se les debe justicia) de los deberes que imponen la filantropía”. Si bien Duarte no expande mucho esta materia, hay un núcleo duro liberal en la noción de “libertad personal, civil e individual”, la cual es bien abarcadora.

Un último pilar del constitucionalismo duartiano fue la conciliación del carácter predominantemente católico del pueblo dominicano con el principio de la libertad de cultos. La sección titulada “De la Religión” de su Proyecto de Ley Fundamental señalaba lo siguiente: “La Religión predominante en el Estado es y deberá ser siempre la Católica, Apostólica, sin perjuicio de la libertad de conciencia y tolerancia de cultos y de sociedades no contrarias a la moral pública y caridad evangélica.” El liberalismo de Duarte va mucho más lejos en esta materia que, por ejemplo, los constituyentes liberales españoles de 1812, para quienes la religión católica, apostólica y romana era la “única verdadera”, la cual consagraron como la religión oficial del Estado, algo que Duarte no hace.

Al leer de nuevo estas ideas, corriendo el siglo XXI, podemos apreciar la frescura y la vitalidad de las ideas de Duarte en cuanto a la organización constitucional del poder y los derechos de las personas. Sus ideas son tan válidas en el presente como lo fueron en su tiempo, pues él apeló a principios que le dan sustento al constitucionalismo liberal-democrático: el autogobierno del pueblo, la división y la limitación del poder y la protección de los derechos de las personas.