Esta inversión forma parte del presupuesto total de 233,000 millones de dólares fijado para el año fiscal de 2025 (que comienza el 1 de abril) y servirá para cubrir parte de los costos de acogida de inmigrantes y solicitantes de asilo, su asistencia legal y los servicios ofrecidos en los albergues, indicó Hochul en una rueda de prensa.

De acuerdo a la dirigente, 500 millones de dólares dedicados a esta crisis procederán de las reservas del Estado de Nueva York, que están destinadas a utilizarse en emergencias puntuales.

Tras el anuncio, Hochul destacó en su cuenta de X (antes Twitter) que no podrán contemplarse cambios significativos en la gestión migratoria «hasta que haya un cambio en la política», y añadió que este viernes acudirá a Washington para pedir una mayor financiación al respecto.

Con este presupuesto, el Estado de Nueva York asumirá el costo de los refugios instalados en un hospital psiquiátrico del distrito de Queens (Creedmoor) y en Randall Island, lo que se suma a la intención de subvencionar el refugio de Floyd Bennet Field, en el distrito de Brooklyn.

La cifra anunciada por la gobernadora cubrirá solo una parte de los 12,000 millones de dólares que el alcalde Eric Adams estimó en agosto que costaría a la ciudad el alojamiento y cuidado de inmigrantes en los próximos tres años.

La crisis migratoria comenzó el verano del año pasado, con los envíos de autobuses desde estados del sur de EE.UU. gobernados por políticos republicanos, en especial Texas, pero se ha agravado recientemente con el fin de la política fronteriza del Título 42, que les bloqueaba el paso por cuestiones sanitarias.

En el presupuesto federal también destaca la inversión de 4,800 millones de dólares en el ámbito de la salud mental, con una asignación de 12,400 millones en los servicios de apoyo y vivienda para personas sin hogar que padecen enfermedades mentales graves o que tienen cuestiones pendientes en los tribunales.

2.- No es estar pensando en el tiempo que pasó, y lo ocurrido en diferentes períodos, sino accionar para superar lo negativo y alcanzar lo positivo, lo provechoso.

3.- Para la mayoría de la población dominicana provocar un estado de cambio, necesita contar con grupos humanos que, haciendo de motor, se conviertan en fuerzas motrices con capacidad para causar una modificación en la base económica actual que impide el desarrollo nacional.

4.- Para la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos dominicanos, las épocas superadas y la vigente, no han traído el progreso que queremos y necesitamos, por lo que se hace necesario pensar en construir el porvenir.

5.- Personas con sensibilidad, despojadas de todo individualismo, deben sentirse comprometidas a una vez eliminados los escombros de este sistema deshumanizado, comenzar a levantar un orden social nuevo, humanista.

6.- Desde cualquier ángulo que examinemos la situación actual, llegamos a la triste conclusión de que no es factible alcanzar la felicidad de nuestro pueblo, continuando como hasta ahora, arrastrando un modo de vida que genera pesares.

7.- Cualquier día es oportuno para una mujer o un hombre pensar detenidamente, y formarse una idea clara respecto a cómo vive la mayoría de sus connacionales. Es bueno reflexionar de cómo están existiendo tus semejantes.

8.- Muchos de los seres humanos que tienen resueltos sus problemas materiales y espirituales, no están muy animados para tranquilamente consultar con la almohada sobre las dificultades que vivamente lesionan a sus paisanos, aunque vivir en una comunidad manda a reflexionar en torno a lo que afecta a los demás.

9.- Las condiciones de existencia de la mayor parte del pueblo dominicano, no es para estar como si nada; así por así; como si tal cosa; a lo tonto, indolente, puros guanajos.

10.- Lo que manda e impone la materialidad del país, es comportarnos militantes, no importa la situación buena o mala que en lo personal nos acompañe.

11.- En el medio social dominicano, son muchas las personas que se comportan como si tal cosa, lo más natural del mundo, manga por hombro, sin orden ni concierto, mientras la mayoría de sus paisanos están pasando las de Caín.

12.- Sin hacer el mayor esfuerzo, nos damos cuenta de que a la mayoría de la gente del país, las mantienen ilusionadas, con gran entusiasmo y esperanzadas de que, ahora no, pero sí luego llegará su felicidad.

13.- La vida de las personas que aquí no tienen lo indispensable para vivir, se debate entre la realidad de su pobreza y el ánimo de llegar a tener una existencia con dignidad. Pero, finalmente, todo queda en pura quimera, alucinaciones que están en su imaginación.

14.- Mientras los que se han apoderado del poder político, económico y social todo lo tienen a su alcance y disposición, la mayoría de la población sigue ahí, arrastrándose, pordioseando, implorando caridad.

15.- Así por así, como si nada, con la mayor frialdad, indiferente y absoluta imperturbabilidad, el pueblo dominicano ha sido gobernado por el mismo grupo que desde siempre, y de cualquier manera, lo ha dominado sin miramiento de ninguna clase.

16.- Ningún pueblo ha permanecido teniendo aguante, tolerando opresión, sobrellevando desprecio. Conformarse con la pobreza, ceder hasta lo último, jamás.

La primera mitad de este 2024 será probablemente tierra pródiga para que algunos vendan sueños y se presenten como salvadores de la patria, para promesas, para anuncios de supuestas soluciones a problemas carentes muchas veces de fundamentos, para denuncias y críticas de candidatos opositores, incluso de asuntos en los que estos cargan con el fardo de la responsabilidad o la comparten, y para perspectivas halagüeñas de un futuro prometedor por parte de las autoridades que invitan a mantenerles el respaldo.  Pero muy posiblemente la segunda mitad de este año, luego de celebrarse las elecciones municipales, presidenciales y congresuales será tiempo para alertar sobre necesidades imperantes, y para tratar de resolver en un semestre lo que debió hacerse a lo largo del año.

Así como se decía que los malos estudiantes que no aprovechaban el tiempo estudiando, irremediablemente dejaban las materias para agosto, en este 2024 todo lo positivo y simpático tratará de hacerse en su primera mitad, y se dejará para agosto recordarnos cosas odiosas que requieren del sacrificio de todos, como el hecho de que no podemos seguir arrastrando los niveles de déficit que tenemos, provocados en una altísima proporción por la falta de pago de la factura eléctrica por un 40% de los consumidores, ni podemos seguir postergando una reforma fiscal que debe aumentar los insuficientes ingresos del Estado y asegurar su racional manejo, la cual para ser equitativa y aceptada, deberá tocar a todos, aun a aquellos que han tenido siempre más músculos para evitar que les afecte, aunque con la racionalidad necesaria.

A pesar de que todos deberíamos estar conscientes de que las históricas pérdidas de las Distribuidoras de Electricidad son la consecuencia de que estas sean de propiedad y administración estatal, lo que ha hecho que la gente entienda que puede consumirla sin pagarla, aunque no pueda hacer lo propio con los minutos de sus celulares que pagan religiosamente, en muchos casos a altas tarifas, pues desde siempre las telecomunicaciones han estado en manos privadas, seguirá la negación de los que presumen de defender el interés público y muchas veces lo único que han hecho es beneficiarse de las arcas públicas y no quieren ceder ese botín, a aceptar cualquier reforma que garantice que ese sempiterno problema tenga solución.

Lo mismo ocurre con la educación, todos sabemos ya que no es solo cuestión de recursos, que el 4% ha tenido pobres resultados en elevar los niveles de aprendizaje, que tener atado este porcentaje al crecimiento del PIB es insostenible y ha provocado efectos indeseados, así como que la mayor carencia que tenemos es de buenos maestros, y que la oposición del gremio magisterial a la contratación de profesores extranjeros ha sido dañina para la educación pública, mientras la participación de estos en la privada ha sido positiva.

El debate político en vez de ser tan pobre como hasta ahora, debería estar concentrado en las impostergables reformas y acciones que debemos iniciar, la fiscal, la educativa, la eléctrica, la de la seguridad social, la de partidos para reducir el costo de las elecciones y enfrentar la penetración de dinero sucio a la política, la transferencia de competencias y recursos desde el gobierno central a los locales, entre otras, y ser el mecanismo por excelencia para evaluar candidatos y contrastar promesas con acciones, así como para dejar por sentado que quien sea que gane deberá promoverlas, y que los demás en aras de la coherencia no puedan luego obstaculizarlas. Ojalá que ANJE logre realizar los esperados debates electorales presidenciales y que estos estén enfocados en que cada uno de los aspirantes presente sus propuestas de cara a estas reformas y se comprometa a sentarse en la posterior mesa de discusión, independientemente de cuál sea el resultado electoral, y a trabajar porque estas sean las que convengan al país.

Mientras que los abogados de los querellantes en el caso pedirán al Estado ayuda para devolver el dinero que invirtieron las más de 300 supuestas víctimas.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Noticias SIN (@sin24horas)

En el segundo día de la audiencia, el juez Rigoberto Sena, escuchó la réplica y contrarréplica de las partes de la operación Nido.

Según los abogados de los afectados, en las dos audiencias realizadas, fueron presentados elementos de prueba suficientes para que el tribunal acoja la solicitud del órgano persecutor.

Tras asegurar que los implicados en la Operación Nido no tienen solvencia para indemnizar a las supuestas víctimas de estafa inmobiliaria, abogados querellantes en el caso señalaron que solicitarán la intervención del Gobierno para que sean resarcidos, aunque otros consideran lo contrario.

El principal imputado, Enmanuel Rivera, habló ante el tribunal, donde se defendió de las acusaciones.

Al grupo se les acusa de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.

Abogados de los afectados entienden que se debe de modificar el Código Procesal Penal para fortalecer las sanciones en los casos de estafas.

Al salir de la audiencia, los afectados volvieron a vociferar improperios a los detenidos.

Será este jueves a las siete de la noche cuando juez Rigoberto Sena decida si acoge el pedimento del Ministerio Público.

“Nosotros estamos haciendo este llamado para que la JCE intervenga en esta violación flagrante a la Ley de Régimen Electoral. La misma población en las diferentes redes sociales está denunciando esta mala práctica del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader con la colocación de fotos y videos”, puntualizó.

El también supervisor Provincial de la campaña en San José de Ocoa, citó el reciente caso del coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña Guaba, quien encabezó una actividad en compañía del candidato a la alcaldía del municipio Santo Domingo Este, Dio Astacio, entregando raciones alimenticias y otras ayudas sociales.

Manuel Crespo calificó esa acción como una franca violación e irrespeto a la Ley Electoral en el párrafo I, art. 210, que establece: “no podrán utilizarse las instituciones u órganos del Estado para, desde ellos, promover candidatos o partidos a cargos de elección popular”.

El también miembro de la Dirección Política de la principal organización opositora del país, recordó que conforme al artículo 277 de la Ley de Régimen Electoral No. 15-19, la Junta Central Electoral puede tomar, como en la especie, medidas cautelares para hacer cesar el uso indebido de los recursos y medios públicos, y aquellos que puedan ser considerados ilícitos en la campaña electoral y aquellas medidas que fueren necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de esta ley.

“Las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, expresó.

 1) La asignación legal del Estado a la JCE para alimentar partidos corruptores.

2) Los dineros procedentes de la narco-economía (narco-política).

3) Las inversiones del gran capital privado en la política convertida en negocio.

4) El uso del poder y diversos recursos del Estado para manipular el mercado electoral.

5) La parcialidad de los medios de comunicación por el poder que detentan sus dueños y la publicidad del Estado.

6) El dinero previamente robado por elites de la partidocracia y del empresariado asociado a ellas.

La campaña no comenzó ahora.

El reciente decreto mediante el cual se establecen a estas alturas nuevos criterios para contratar medios de comunicación y plataformas digitales, regular la publicidad oficial e impedir la utilización de recursos estatales en la campaña electoral, es una burla.

Pura estafa mercadológica.

 La campaña oficialista comenzó hace más de tres años con todo el ventajismo de lugar.

La de la oposición corrupta, apelando a sus arcas de dinero previamente robado. le siguió los pasos.

Desde su primer día de gestión, Abinader volcó todos los recursos de comunicación y todo el poder útil del Estado en favor de la reelección del PRM y de su re-postulación.

Toda la asesoría de imagen del gobierno y la estrategia de promoción la gestión de Estado se mezcló con la estrategia de campaña electoral.

Mauricio De Vengoechea y demás mercadólogos del oficialismo están contratados y pagados por la presidencia de la república para promover personalmente a Abinader, a su partido y a sus socios políticos.

La mayoría de los ministerios y entidades gubernamentales han saturado al país de una propaganda que a la vez que promueve su gestión, a base de no pocas falsedades, promueve sus candidatos alrededor de la exaltación de la figura presidencial elevada a la condición de nuevo monarca.

Todos los escenarios de la asociación público-privada han sido usados -y siguen usándose- con esos fines.

Los shows mediáticos electorales, las pasarelas politiqueras, los picazos y palazos son incontables.

Todos los medios de movilización, ejecución, soborno, compra de partidos y dirigentes. han operado permanente. Ningún contrato de publicidad ha sido fiscalizado, menos aún la compra de más de 20 franquicias partidistas acompañantes.

Mediante el enorme crecimiento de un asistencialismo destinado a paliar limitadamente un enorme empobrecimiento en expansión, se ha conformado un voluminoso sistema político clientelista manejado desde el Palacio Nacional.

Es cierto que las alcancías, cajas fuertes y patrimonios de la oposición tradicional (PLD, FP, PRD), -repletas de dineros y bienes robados- han sido utilizadas, con iguales fines y con todo el descaro del mundo; contando con la complicidad de este gobierno y de la clase dominante-gobernante que han favorecido un régimen impunidad que les permite actuar desde su condición de partidos delincuentes.

·        DEL PLATO ELECTORAL DE TRES, ABINADER SE COME LA MAYOR PARTE.

 Ahora bien, entre los tres dueños de casi la totalidad de los fondos asignados a la JCE, el PRM recibe la mayor parte.

De la inversión privada en el mercado electoral, Abinader disfruta, en su condición de gobierno operado por grandes empresarios y el coloniaje estadounidense, de una porción de recursos muy superior al resto de los actores.

En la narco-política que lo financia a todos, son los campeones.

Cuenta con el favor de sus medios de comunicación del Estado y del gran capital privado en mucho mayor escala que sus contrincantes.

Del plato electoral de tres, se comen la mayor parte. Ni hablar respecto a los sectores marginales del arcoíris político del sistema.

Dinero robado, el PRM tiene menos, pero tiene mucho.

Pero además la nueva corrupción empresarial, en esta fase de neoliberalismo duro, de apropiación privada de gran parte del patrimonio público y natural del país, los recursos derivados del tráfico de influencia correspondiente y del respaldo empresarial que concita, dan para asignarle a la reelección gran cantidad de recursos.

En esa variante de la corrupción está incluida la bonanza turística al servicio y para beneficio colosal de unos pocos.

 Por todo esto no es exagerado afirmar, que además de que la degradación en el ejercicio de las funciones públicas no respeta ni la Constitución, ni las leyes, ni los decretos que las rigen, ese decreto no es más que otro show mediático al que se ha prestado el Director de Contrataciones Públicas y el conjunto de mercenarios de la publicidad mentirosa que impulsa la estrategia electoral al servicio de Abinader y su Corte.

Solo los tontos o atontados pueden creer que ese paso podría cambiar el rumbo de trampas, hipocresías, simulaciones y engaños, trazado y trillado durante la mayor parte de este periodo de gobierno.

«Lo espero con ansias, señor presidente», escribió hoy el presidente Biden en la red social X (antes Twitter) en respuesta a la invitación formal hecha el viernes por el «Speaker» a través de una carta.

«En este momento de gran desafío para nuestro país, es mi deber solemne extenderle esta invitación para que se dirija a una sesión conjunta del Congreso el jueves 7 de marzo de 2024, para que pueda cumplir con su obligación bajo la Constitución de los Estados Unidos de informar sobre el estado de nuestra unión», señala la misiva.

Se trata del tercer discurso del Estado de la Unión del demócrata Biden y el primero con el republicano Johnson como líder de la Cámara Baja.

Johnson, un evangélico ultraconservador aliado del expresidente Donald Trump (2017-2021), fue elegido a fines de octubre pasado al lograr superar la división del Partido Republicano en medio de un caos legislativo para suceder al conservador Kevin McCarthy, destituido por una rebelión interna en su partido. 

La recomendación de esta comisión se produjo tras analizar exhaustivamente el estado de los terrenos del CEA que han sido objeto de procesos de venta irregulares, con el objetivo de garantizar una administración eficaz y transparente de esos activos.

El “Fondo de Desarrollo de Infraestructuras” estará compuesto por el Estado dominicano, que actuará a través del Ministerio de la Presidencia, en calidad de fideicomitente y fideicomisario, y Fiduciaria Reservas, en calidad de fiduciaria.

Su objeto es la gestión comercial y administración de los terrenos que sean identificados por el Estado dominicano para captar, gestionar, invertir, financiar y destinar los recursos obtenidos mediante la venta, alquiler y arrendamiento, con la finalidad de proveer las fuentes de financiamiento para el desarrollo de infraestructuras en los referidos sectores.

El decreto establece que el traspaso de los terrenos identificados al fideicomiso público estará sujeto a la aprobación del Congreso Nacional, cumpliendo con lo establecido por la Ley núm. 28-23, sobre Fideicomisos Públicos.

El “Fondo de Desarrollo de Infraestructuras” es un fideicomiso público de desarrollo inmobiliario, administración, inversión, fuente de pago, garantía y oferta pública, que procura el desarrollo de infraestructuras en los sectores de transporte masivo, viviendas, agua y obras de alto impacto socioeconómico a nivel nacional.

Los fines del fideicomiso público serán llevar a cabo los procesos que sean requeridos para el aporte de los terrenos propiedad del Estado dominicano al “Fondo de Desarrollo de Infraestructuras”, de conformidad con las leyes vigentes que sean aplicables.

También, gestionar la identificación de las potencialidades de los terrenos para su comercialización y para impulsar proyectos e iniciativas que contribuyan al desarrollo humano y social, la inclusión económica y el respeto de los derechos fundamentales de la población.

Además, verificar la contratación de asesores para la valoración de los proyectos identificados, así como para la implementación de mecanismos de control y auditoría; así como administrar los activos de su patrimonio conforme las aprobaciones del Consejo Técnico y las instrucciones impartidas por el Fideicomitente o por el director ejecutivo del fideicomiso, según corresponda.

Otro final de este fideicomiso público será suscribir los acuerdos correspondientes con entidades públicas que permitan al “Fondo de Desarrollo de Infraestructuras” realizar todas las acciones tendentes a la buena estructuración y diseño de las iniciativas relativas al objeto del fideicomiso.

El Fondo de Desarrollo de Infraestructuras contará con un Consejo Técnico, el cual estará integrado por el ministro de la Presidencia (presidente); el ministro de Hacienda (miembro) y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (miembro). El vicepresidente y el secretario del Consejo Técnico serán designados mediante acta del Consejo Técnico.

Entre los considerandos del referido decreto se señala que es de interés público y social buscar el crecimiento económico, la generación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de la población dominicana.

La Comisión Revisora de los contratos sobre ventas de terrenos propiedad de los ingenios del Estado suscritos entre el CEA y particulares fue creada por el presidente Luis Abinader mediante el decreto número 273-23 del 28 de junio del 2023.

Está integrada por Enriquillo Reyes (presidente); el director ejecutivo del CEA (vicepresidente); Yolanda de la Cruz Vargas (secretaria); así como por Fidias Aristy Payano, Francisco Torres, Fabio Cabral Valenzuela y Víctor Sánchez. Recomendó la creación de un fideicomiso público a los fines de una administración eficaz y transparente de esos activos, después de un ponderado trabajo de análisis sobre el destino de este importante ente estatal acreedor de miles de tareas en distintas partes del país.

«Sin embargo nunca es tarde, y lo aplaudimos. Ahora bien, esa medida debe tener un instrumento para ser aplicada, y resulta que ese instrumento que debe ser puesto en ejecución tiene hasta seis meses para preparar ese documento, lo que quiere decir que ya habrá pasado la campaña electoral, sin embargo entendemos que el Ejecutivo tiene la potestad de poder trazar pautas y bajar una línea a sus funcionarios para que dejen de utilizar los recursos del Estado», resaltó Sánchez en la entrevista central de El Despertador.

«Que si van a una reunión del partido o de su grupo no vayan en el vehículo del Estado, ni utilicen los mecanismo que tienen a la mano, como los combustibles, los choferes, eso es uso de los recursos del Estado, no solamente es a publicidad. Además deberían de pedir licencia real, porque a veces la piden pero se quedan dirigiendo las instituciones, aquellos que son candidatos y que son funcionarios o que son diputados y senadores, ya deberían de pedir una licencia»,

Instó que es lamentable que todavía estemos en esa etapa y eso crea una inequidad tremenda, inclusive sus propios compañeros de partido.

Al ser cuestionada que si ellos han observado que se está cumpliendo con las licencias, respondió que ahora están comenzando con el observatorio de todo ese tipo de actividades como parte de la observación electoral.

«Ya firmamos el contrato con la Unión Europea que no están financiado la observación electoral, y estamos justamente en todo ese proceso de darle seguimiento a esas acciones y a esas actitudes, posiblemente en el tercer informe nosotros daremos los datos que hayamos obtenido y recogido de nuestro seguimiento y observación al proceso electoral actual».

La pieza fue el resultado de tres proyectos refundidos con el que se tiene previsto crear la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) como un órgano centralizado del Estado, destinado a “proteger la seguridad nacional y regular lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia”.

Se recuerda que la pieza  se divide en Proyecto de ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)de la autoría del diputado Julito Fulcar, el proyecto de ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia, a manos del Senador Milcíades Marino Franjul y el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia de la República Dominicana de la diputada Lourdes Josefina Aybar.

De acuerdo a lo establecido en la normativa, resulta oportuno plantearse una nueva regulación de los servicios de inteligencia en la que se recojan, de forma detallada y sistemática, la naturaleza, los objetivos, los principios y las funciones, los cuales representan aspectos sustanciales de la organización de la DNI, “en sustitución del Departamento Nacional de Investigaciones”.

Además, se podrá investigar aquellas actividades a manos de personas, grupos o asociaciones que “atente” contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional u otros aspectos adversos al Estado.