La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, anunció en una rueda de prensa que Biden ya había estampado su firma en el proyecto de ley, haciendo que entrara en vigor automáticamente y evitando que la Administración se quedara sin fondos en la medianoche de este viernes.

El proyecto de ley, aprobado ayer por ambas cámaras del Congreso, prorroga la financiación para algunas agencias federales hasta el 1 de marzo y hasta el 8 de ese mismo mes para otras entidades gubernamentales.

Esta es la tercera ocasión en que el Congreso ratifica una medida destinada a financiar de manera temporal a la Administración desde el inicio del año fiscal 2024, que comenzó el 1 de octubre de 2023.

Cada vez que un cierre administrativo está a menos de una semana de producirse, la Casa Blanca activa un protocolo para preparar a todos sus departamentos. El cierre implica enviar a casa sin trabajo ni sueldo a cientos de miles de empleados públicos y la paralización de multitud de servicios.

El último cierre de este tipo ocurrió durante la Presidencia del republicano Donald Trump (2017-2021) y fue, con 35 días (del 22 de diciembre de 2018 al 29 de enero de 2019), el más largo de la historia en plenas fiestas navideñas.

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, resaltó que el déficit de la Administración central totalizó RD$211,033.7 millones, monto por debajo de los RD$221,834.3 millones considerados en el presupuesto reformulado.

“Logramos disminuir 10,800.6 millones de pesos del déficit estimado, debido a las medidas de control del gasto público, aun cuando se destinaron recursos extraordinarios (RD$9,029.6 millones) para enfrentar los daños provocados por varios fenómenos atmosféricos y la explosión en San Cristóbal”, destacó Vicente.

Los gastos totales de la Administración central ascendieron a RD$1,282,720.6 millones, manteniéndose por debajo de lo aprobado en el presupuesto reformulado, cuyo monto ascendía a RD$1,311,727.9 millones.

La ejecución de los gastos de capital aumentó un 14.7 % durante el 2023, en comparación con el año anterior, alcanzando los RD$183,438.3 millones, equivalentes al 2.7 % del producto interno bruto (PIB).

Asimismo, el titular de las finanzas públicas informó que los ingresos de la Administración central se incrementaron en 12.1 % con relación al 2022, equivalente a RD$1,071,686.9 millones, lo que representa un 15.8 % del PIB.

La deuda del sector público no financiero se ubicó en un 45.6 % del PIB, mientras que en 2022 era de 45.5 % del PIB.

Recientemente la agencia calificadora Standard & Poor´s valoró de forma positiva el manejo de la deuda pública y reafirmó su calificación en “BB” estable. Igualmente, el pasado año Moody´s y Fitch Ratings mejoraron la perspectiva de estable a positiva, lo que continúa acercando al Estado dominicano hacia el Grado de Inversión.

“Estos resultados evidencian que estamos transitando por el camino correcto, enfocados de manera firme en que cada peso del Estado sea destinado a mejorar la calidad de vida de la población”, puntualizó.

Dijo que el mismo día en que el gobierno da a conocer ese decreto que regula la publicidad oficial, Luis Abinader, que también es candidato a la reelección, monta un programa propagandístico en la región Sur del país, usando los recursos del Estado y desarrollando una agresiva campaña política, que incluye la presencia de medios internacionales de difusión.

Entiende que el decreto 1-24, que regula la publicidad oficial, es un vulgar engaño, porque en su artículo 4, literal J, el gobierno «se permite colocar publicidad para comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social».

Alega que esto significa, que la relevancia depende del interés político-electoral del candidato presidencial del PRM quien colocó en el Presupuesto, que fue aprobado por el Congreso, más de ocho mil millones de pesos para publicidad de las instituciones públicas.

Si Abinader “no tenía interés en colocar publicidad oficial con fines políticos, ¿por qué se hace aprobar tantos miles de millones para seguir la fiesta y el mambo politiquero de la parafernalia oficial?”, subraya el organismo de la FP.

“En medio de una campaña electoral”, sostiene, “el decreto de marras tiene poco sentido, porque la Junta Central Electoral ha emitido una resolución, donde establece que, a partir del día 9 de enero, nadie puede hacer inauguraciones ni actos proselitistas, desde las instituciones públicas, hasta que pasen las elecciones”.

Tras reiterar que el decreto es un engaño político, el Comité Nacional de Campaña de la FP, hizo saber que el gobierno lo que ha hecho es que ha aumentado el presupuesto de publicidad a sus fines electorales, lo que viola la resolución de la JCE.       

“Lo que el candidato a la reelección debe explicarle al país es, ¿en qué han gastado los ocho mil millones de publicidad del año 2023?”, expresa el organismo político en un comunicado de prensa.

Militares ejecutados

Asimismo, sostiene que el Abinader debe explicarle al país por qué ejecutan a dos militares y un agente de la DNCD, envueltos en supuestas acciones criminales,  luego de haber sido capturados con vida.

La Fuerza del Pueblo se refiere a un capitán y un cabo de la Armada dominicana, así como a un agente de la DNCD que, tras ser detenidos vivos, fueron acribillados a balazos y entregados muertos a sus familiares, alegando que cayeron abatidos en un supuesto intercambio a tiros, hecho ocurrido el viernes 29 en plena autopista 30 de mayo. 

Empero, en un video puesto a circular en las redes sociales y medios de comunicación, se ven los militares al momento de ser apresados, esposados e introducidos a una unidad de la Policía Nacional.

“¿Qué se quiso ocultar con estas muertes extrajudiciales?”, se preguntó la Fuerza del Pueblo, al tiempo de advertir que espera una respuesta satisfactoria del presidente reeleccionista.

La disposición está contenida en la resolución PNP 01-2024, la cual establece que las entidades deberán convocar a licitación pública todas las obras a partir de un monto de RD$390,784,602.00 en adelante; así como desde RD$5,958,474.82 en adelante para la adquisición de bienes y desde RD$5,958,474.82 en adelante para servicios.

En el caso de la licitación restringida, los nuevos umbrales para obras van desde RD$293,636,069.87 hasta RD$390,784,601.99. En tanto que, para bienes y servicios, van desde RD$5,362,627.34 hasta RD$5,958,474.81

Respecto a los sorteos de obras, el órgano rector de las contrataciones públicas establece que el valor referencial va desde RD$176,181,641.92 hasta RD$293,636,069.86.

En lo referente al procedimiento de comparación de precios de obras para este 2024 el tope va desde RD$46,981,771.18 hasta RD$176,181,641.91; mientras que, en el caso de los bienes y servicios el tope de esta modalidad de contratación va desde RD$1,761,816.42 hasta RD$5,362,627.33.

En las compras menores de bienes y servicios el umbral establecido por la DGCP se sitúa desde RD$234,908.86 hasta RD$1,761,816.41.

Este ajuste obedece, a que la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones y sus modificaciones, en su artículo 17 establece que para determinar la modalidad de selección a aplicar en los procesos de compras y contrataciones las instituciones deben utilizar los umbrales topes, que se calculan multiplicando el presupuesto de ingresos corrientes del Gobierno Central, aprobado por el Congreso de la República, por los factores incluidos en dicho artículo, según corresponda a obras, bienes y servicios.

En tal sentido, estos cálculos se han hecho basados en el Presupuesto General del Estado para el año 2024 el cual aprobó una estimación de ingresos corrientes del Gobierno Central por la suma de RD$1,174,544,279.475, de conformidad con las disposiciones de la Ley 80-23 de fecha 20 de diciembre del 2023.

En ese orden, es competencia de la Dirección General de Contrataciones Públicas fijar y actualizar cada año a través de una resolución dichos umbrales para los procedimientos de selección a los que se sujetarán las distintas modalidades de contrataciones (licitación pública, licitación restringida, sorteo de obras, comparación de precios y compras menores).

Esta resolución fue emitida el 2 de enero del presente año y estará vigente hasta la emisión de otro acto administrativo que la sustituya.

Ante la inminente aprobación del presupuesto del próximo año, en el Congreso se abre el debate sobre la necesidad de que en el país de produzca una reforma fiscal.

Por su lado el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, advirtió que la situación económica obliga a seguir tomando préstamos que según dice, serán desembolsados para impulsar los sectores productivos del país, y utilizados de manera transparente.

Mientras legisladores esperan que este presupuesto cargado con más 344 mil millones de pesos en deuda sea el último aprobado con un sustento apoyado en empréstitos tan elevados.

Para los congresistas, se hace necesario que el Estado le reduzca los incentivos que reciben algunos sectores para ir desmontando los financiamientos externos como método de sustento del presupuesto y que de esta manera la reforma sea menos dolorosa.

El presupuesto de este año, asciende a más de un billón 371 mil millones de pesos.

Luego de haber sido sancionado en primera lectura, se espera que sea este miércoles cuando el Senado de la República apruebe en segunda lectura el presupuesto del 2024.

El presupuesto del año próximo, incluyendo en este el ingreso que se recibiría por el contrato firmado con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), considera una cantidad total de RD$ 1,619,679,766,693.

Los legisladores del oficialismo y de la oposición llegaron a un “acuerdo”, a fin de conocer, en una próxima sesión, el presupuesto en segunda lectura.  

En ese orden, los voceros de las organizaciones políticas de la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Dionis Sánchez e Yván Lorenzo, respectivamente, decidieron posponer para la siguiente lectura sus turnos de debate.

El proyecto de este presupuesto se aprobó este martes en dos sesiones consecutivas, sin el voto de los miembros del PLD, quienes se opusieron a la pieza.

Pero el diputado Casanova, quien representa al Seibo por el PLD, dio su voto a favor para el presupuesto, acción por la cual fue señalado por supuestamente obtener dinero a cambio de apoyar el presupuesto.

Sobre esto, Casanova apuntó de forma directa a los legisladores de la Cámara Baja Ana María Peña y a Socrates Pérez por “difamarlo”, porque dio su voto a favor para el Presupuesto debido a que la pieza incluye construir obras para su provincia.

En ese mismo orden, calificó la acusación en su contra como “un maltrato” porque los ataques se originaron debido a que no siguió las líneas políticas de su organización partidista en la Cámara de Diputados.

El acusado agregó que los diputados Pérez y Peña compartieron videos en sus redes sociales para acusarlo a él de obtener dinero a cambio de que apoyase el proyecto del presupuesto.

«Ese presupuesto lo hacen todos los años y abarca todas las obras que van para el año 2024», dijo.

Por esta razón, Casanova solicitó a sus colegas a que se retracten de manera pública en un plazo de 24 horas, porque según él, son calumnias que se hacen con la intención de dañar su reputación.

También añadió que los ataques hacia su persona se hacen debido a que nuevamente está aspirando como diputado por la provincia El Seibo, y por su apoyo al presupuesto del 2024, resolución que se aleja de las líneas partidistas del PLD.

De ese modo, el presupuesto militar se situará el año próximo en 2,030 millones de euros, mientras que el civil alcanzará los 438,1 millones.

Los aliados dieron luz verde a las cuentas en un encuentro del Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de toma de decisiones de la OTAN, en el que se reúnen sus Estados miembros.

El presupuesto civil de la Alianza proporciona fondos para personal, costes operativos y gastos de programas de la sede de la OTAN y su personal internacional, según apuntó la Alianza en un comunicado.

Las cuentas militares cubren los costes operativos de las sedes de la estructura de mando de la organización transatlántica, las misiones y las operaciones en el mundo.

El tercer elemento principal de la Alianza financiado de manera común por los aliados es el Programa de Inversiones en Seguridad de la OTAN, que cubre «importantes inversiones en construcción y sistemas de mando y control», de acuerdo con la organización.

El techo presupuestario de ese programa para 2024 es de 1,300 millones de euros, lo que representa un aumento del 30 % con respecto a 2023.

El vicesecretario general de la OTAN, Mircea Geoana, destacó que aumentar y ampliar el uso de la financiación común en la organización permite a los aliados «abordar de manera más efectiva desafíos de seguridad compartidos», según la Alianza.

«La financiación común demuestra la solidaridad aliada y voluntad colectiva. En tiempos turbulentos, necesitamos esto más que nunca», afirmó el político rumano.

La adenda al presupuesto enviada por el poder ejecutivo para que los millonarios recursos que aportaría Aerodom sean proyectados para el 2024, se ha convertido en la manzana de la discordia entre legisladores del oficialismo y la oposición.

Para estos últimos no es posible que la Cámara de Diputados discuta la ley de gastos del próximo año sin que antes el Senado conozca la renegociación del convenio.

Pero contra todo pronóstico, el oficialismo asegura que el Presupuesto, ascendente a un billón de pesos, será aprobado en el Congreso con o sin los votos de los partidos de oposición.

En cambio, los opositores rechazan la postura tajante del PRM alegando que estos usan su mayoría “aplastante” sin analizar a profundidad piezas tan importantes.

Mientras, el presidente de la comisión bicameral que estudia la pieza indicó que sería una irresponsabilidad de la oposición abandonar el hemiciclo, tras asegurar que ellos sí fueron escuchados durante el proceso de discusión.

Se prevé que sea este martes cuando el pleno de los diputados conozca el informe favorable al Presupuesto rendido por la comisión y un eventual informe disidente que presentarían los diputados de oposición.

SANTO DOMINGO.- La comisión bicameral que estudia el proyecto del presupuesto del 2024 acordó rendir un informe favorable ante el pleno de los diputados para que la pieza sea aprobada tal y como fue remitida por el Poder Ejecutivo.

Esta decisión fue rechazada por la oposición, que expuso varias razones, entre ellas la renegociación entre el Estado y Aerodom para extender el periodo en que seguirá operando aeropuertos en el país.

Con su retiro de la reunión en la Cámara de Diputados del hemiciclo, representantes de la oposición expresaron su negativa a la aprobación del Presupuesto para el próximo año, tras sostener que tiene aspectos contrarios a la institucionalidad.

Entre las razones, indicaron que se depositó una adenda porque hay 21 modificaciones que están vinculadas al presupuesto y a su formulación y a las estimaciones de recaudación.

 “Tú no puedes aprobar un presupuesto y consignar en el mismo una estimación de recaudación de ingresos que está incierta como es la estimada en el contrato de Aerodom que digo yo que es un asalta a la seguridad jurídica y a la seguridad democrática”, dijo Radhamés Camacho, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

De su lado, Luis Henríquez, vocero bloqué diputados PLD, indicó que el director de presupuesto no contestó ninguna de las preguntas que le hizo el presidente Camacho ni el diputado de la Fuerza del Pueblo. “¿Si el senado de la República cuando conozca la semana que viene el contrato de Aerodom le hace modificaciones o no la aprueba, entonces sencillamente el presupuesto entonces queda inconstitucional y queda en el aire?”.

Se refieren a que en el informe se incluyen los posibles ingresos que dejará el contrato entre el Estado y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, que sumarían más de 775 millones de dólares.

Los legisladores indicaron además que la Ley de Presupuesto es orgánica, por lo que requiere una votación calificada de las dos terceras partes de los presentes en la sesión.

Mientras, el director general de presupuesto, José Rijo Presbot, defendió su posiciona.

 “Nosotros sí creemos que hemos hecho un gran esfuerzo por rescatar recursos que antes no se percibían y se percibieron y que van a permitir una mejoría”, sostuvo José Rijo Presbot, director general de presupuesto.

En la comisión participaron además el Ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, quien declinó ofrecer dar declaraciones a los medios, así como un representante del Ministerio de Economía.

El informe sobre el Presupuesto General del Estado para el 2024, que contempla más de un billón 300 mil millones de pesos, podría ser presentado en una próxima sesión legislativa.