Con esta inversión, INICIA reafirmó su compromiso con la sociedad y la economía nacional, y anunció de cara al corto y mediano plazo sus aspiraciones de invertir en una acería en el país para la producción de acero a partir de la transformación de chatarra.

En la información suministrada, la firma agradeció la relación societaria sostenida con Gerdau por más de 9 años, en la que resaltaron el valor generado como parte de esta relación: “Juntos, logramos consolidar el posicionamiento y la trayectoria de Metaldom en la República Dominicana y superar el millón de toneladas vendidas en la región con productos de acero de alto valor”.

El documento publicado en los medios se refirió en detalle al compromiso y a los logros alcanzados en materia de sostenibilidad por Metaldom, entre ellos, indicaron el creciente consumo de energías limpias, el aprovechamiento de los residuos generados, la obtención de la certificación de la Declaración Ambiental de Producto para la varilla corrugada, la adquisición de certificaciones ISO, la implementación de un modelo de gestión del talento validado por referentes internacionales y locales, y la consolidación de las operaciones en el Parque Industrial Duarte.

El comunicado concluye resaltando sus aspiraciones de crecimiento en los mercados de la región y de ser considerada “como un referente de eficiencia operativa, generación de valor económico y de responsabilidad ambiental y social”. 

Sobre INICIA

INICIA es una firma privada de administración de activos que opera en asociación con gestores especializados enfocados en la Región Norte de América Latina (NOLA), con el fin de generar valor a largo plazo para inversionistas, socios y asociados.

El pontífice transmitió su «solidaridad sincera y cercanía espiritual» en un telegrama enviado como es habitual en su nombre por su secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

Y rogó especialmente por los fallecidos, «los que lloran su pérdida» y por el rescate de cualquier persona todavía desaparecida.

Francisco animó a la sociedad, autoridades y personal de emergencia a «asistir» a las víctimas de la tragedia, e invocó «todas las bendiciones divinas de consuelo y fuerza» para los afectados.

En Japón, continúan las labores de rescate y la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros de construcciones que se derrumbaron.

La ciudad de Wajima, a unos 500 kilómetros de Tokio y situada muy cerca del epicentro del terremoto, está resultando una de las más castigadas por el seísmo, que provocó el derrumbe de unos 25 edificios, muchos de ellos casas particulares, en esta localidad de unos 27.000 habitantes.

La candidata presidencial del partido OD, Virginia Antares Rodríguez, afirmó que su partido está comprometido a trabajar en 2024 para construir una sociedad más justa, en línea con el Programa de Gobierno que depositaron este mes de diciembre ante la Junta Central Electoral (JCE).

Ante la realidad de que 25 de cada 100 pesos de ingresos tributarios dentro del presupuesto nacional de 2024 serán destinados a pagar intereses de la deuda pública, OD propone realizar una auditoría de la deuda para identificar deuda ilegítima que no debe ser asumida por el pueblo dominicano.

Igualmente propone rediseñar el sistema de impuestos hacia uno más justo, basado en impuestos a la riqueza y la propiedad, que permita al Estado dominicano recaudar lo suficiente para superar el crónico déficit fiscal.

“El saldo de la deuda pública desde el 2019 se ha expandido en 27,081.2 millones de dólares, según calcula el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES). Esto equivale a un crecimiento de 56.6 % en solo cuatro años”, señalaron.

Opción Democrática condenó también que los gastos del gobierno en publicidad en el 2023 alcanzaron el nivel más alto en la historia del país: 7,903 millones de pesos según lo ha denunciado, entre otros, Participación Ciudadana, monto que supera al de cualquier gobierno anterior.

Los múltiples accidentes, inundaciones y explosiones que ha vivido el país recientemente muestran la gran debilidad en la prevención y manejo de desastres. En ese sentido OD propone rediseñar los sistemas de alerta en emergencias, mejorar las condiciones de los cuerpos de rescate e invertir en la capacitación de todos los sectores de la sociedad en prevención, mitigación y gestión de desastres.

A pesar de que se han realizado aumentos puntuales de salarios, el país sigue mostrando uno de los niveles salariales más bajos de toda América Latina. Esto se agrava por la negativa del gobierno a cumplir con la ley que exige ajustar a la inflación el monto a partir del cual se le descuenta el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los salarios dominicanos.

Es el octavo año consecutivo en que se incumple con esta indexación establecida en el Código Tributario, lo que disminuye los ingresos de las familias dominicanas, que de por sí se han visto fuertemente erosionados por la alta inflación.

Al día de hoy en la República Dominicana prácticamente una de cada cinco dominicanas carece de ingresos propios (18.3%), porcentaje que duplica al de los hombres (9.6%) y persisten importantes brechas salariales, ya que a las mujeres les pagan en promedio 82% de lo que le pagan a los hombres por el mismo trabajo.

En la primera mitad del 2023 se registraron 42 feminicidios, lo que ratifica al país con la segunda tasa más alta de feminicidios en América Latina.

República Dominicana forma parte de la pequeña minoría de países del mundo que penaliza sin excepciones la interrupción del embarazo, es decir, que obliga a mujeres y niñas a llevar a término embarazos productos de violación o incesto, embarazos diagnosticados como no viables, y embarazos que ponen en riesgo la salud y la vida.

Frente a estas realidades las propuestas de Opción Democrática incluyen una agenda de derechos para las mujeres, el aumento de la inversión en salud pública, así como la reforma del sistema de salud.

Una nota de la entidad bancaria explica que mediante a la adhesión a esos principios de la ONU, la banca internacional se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible incorporando la sostenibilidad de manera transversal al quehacer institucional y a la relación con la sociedad.

Precisa, además, que los Principios de Banca Responsable, desarrollados por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, son un marco de acción para garantizar que los bancos afiliados mantengan una estrategia y ejecución cónsonas con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

Steven Puig, presidente del Banco BHD, afirmó que “en el Banco BHD asumimos este compromiso con el propósito de continuar generando valor para la sociedad y seguir reforzando la incorporación de consideraciones sociales, ambientales y económicas en nuestro quehacer”.

Agregó que “así lo tenemos establecido en la Estrategia de Sostenibilidad BHD, que apunta a la mejora continua de las prácticas que apoyan el desarrollo sostenible de nuestro país”.

Asiomismo, indica que una de las prácticas que implementa BHD como parte de su estrategia de sostenibilidad es la realización de un informe anual,  en concordancia con los principios del Pacto Global y aspectos de los estándares.

Puig dijo que en este informe el BHD presenta los principales resultados de la gestión para la reducción del impacto ambiental de las operaciones de la organización como los de la utilización de energía limpia, la implementación del programa de clasificación de residuos y la sensibilización del personal sobre la importancia de la conservación de ecosistemas ambientales, entre otras acciones.

Según los principios, los bancos signatarios identifican y miden el impacto ambiental y social resultante de sus actividades comerciales, establecen objetivos y ejecutan un plan de acción, además de informar periódicamente en sus plataformas de comunicación sobre su progreso.

Pasó con Macri y su mafia calabresa, que rehabilita a un peronismo cada vez más degradado.

De ese pantano -en otro movimiento pendular- brotó el engendro neofascista ultra neoliberal encabezado por Javier Milei, que tempranamente ha conmocionado la sociedad argentina, gestando una primera avalancha de indignaciones.

Los ajustes draconianos del nuevo gobierno lo han enfrentado tempranamente a una parte importante del pueblo indignado. Esto es solo el inicio de una nueva fase de rebeldías provocada por:

-300 medidas desreguladoras de la gestión de la economía y anulación de las funciones normativas (muy limitadas) del Estado en una sociedad en la que el neoliberalismo y su afán privatizador y desnacionalizador arrancó con Menem e impregnó a la mayoría de los gobiernos “peronistas” y “radicales”.

-Una devaluación del peso en más del 50%, un despido masivo de empleados públicos, la suspensión de la inversión de capital en obras públicas y la reducción sustancial de los subsidios al transporte y a la energía, con el subsiguiente aumento de las tarifas.

-La eliminación por decreto de todas las trabas que limitan las privatizaciones de lo que queda de patrimonio público y patrimonio natural en esa nación, y el anuncio de traspaso al sector privado de todas las empresas estatales, incluidas Aerolíneas Argentina; y de todas las riquezas del suelo, subsuelo y sobresuelo de ese gran país suramericano.

Esos decretos sumarios han desatados los primeros torrentes populares encabezados por dirigentes políticos de izquierda y activistas de movimientos sociales en lucha, que rodearon la Casa Rosada del clamor expresado en la consigna “la calle es nuestra, la puta (o mejor el puto) que te parió” y de otras consignas contra el gobierno, a solo diez días de su instalación.

El plan de ajuste aprobado y decretado es tan criminal que el pueblo movilizado lo ha calificado de “PLAN MOTOSIERRA”, exigiéndole a Milei que le ponga fin y demandándole a tres centrales sindicales disponerse a convocar la primera huelga nacional.

·         EL FRACASO DE LA OPERACIÓN REPRESIVA.

La militarización y las medidas represivas anunciadas y desplegadas dos días antes de las movilizaciones, fracasaron y no lograron cumplir con su propósito de impedir que las calles aledañas a la Plaza de Mayo fueran bloqueadas y ocupadas por los manifestantes.

Situaciones similares se registraron también en las Provincias de Mendoza, en el Oeste, Neuquén y Río Negro, en el Sur, y Buenos Aires, en el Este.

El nuevo plan de seguridad de corte fascista habilita a las fuerzas federales a desalojar a quienes impidan el tránsito de personas o vehicular en forma parcial o total.

Los manifestantes no pueden cubrirse el rostro, portar palos o elementos contundentes, ni movilizarse con niños.

La policía está dotada de medios para identificar a aquellos que corten la vía pública, lo que implica que dejen de cobrar ayudas estatales.

Pero nada de eso logró intimidar la indignación, lo que augura un nivel de resistencia y contraofensiva sin precedente en la historia reciente.

Todo parece indicar que no hay manera de aplicar, sin un trauma estremecedor, ese plan de ajuste funcional a un neoliberalismo muy endurecido.

Es evidente que el salto del poder del gran capital argentino y transnacional al ejercicio de un neofascismo ultra privatizador y empobrecedor, como el que encarna la jefatura esquizoide de Milei, no es concebible sin un estallido de esa sociedad; que incluso podría precipitar condiciones para impulsar las transformaciones profundas que exige la superación de un coloniaje y de un capitalismo en descomposición, que nada ha tenido con ver con recetas propiamente de izquierda y menos aún con socialismo  de verdad.

 Y lo peor para sus protagonistas es que eso -y no otra cosa- es lo que le espera al neofascismo neoliberal a nivel continental y mundial en situaciones similares de intento de transiciones efímeras signadas por diversas modalidades de violencia en procura de prolongar la vida insustentable y destructiva de un sistema en decadencia, en el que el 10% de las personas más ricas del mundo posee el 85% de las riquezas del planeta y la mitad más pobre solo el 1% del total*.

Tan colosal desigualdad, sistemáticos saqueos y diversas opresiones, son causas de las insumisiones e insurgencias populares que el sistema imperialista occidental enfrenta con una violencia brutal, intervenciones militares y guerras de variadas intensidades, como las desplegadas en Indochina, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen, Gaza-Palestina, Indochina Ucrania, Nuestra América…a cargo del PENTÁGONO y la OTAN.

* Estudio realizado por el Instituto Mundial para la Investigación del Desarrollo Económico de la Universidad de las Naciones Unidas.-Zygmunt Bauman “¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?”, pág., 11, edición 2017.

SANTO DOMINGO.- Personas de alto aprecio y gran valoración me han aconsejado guardar silencio ante una ola de injurias dirigidas hacia mí y dos de mis hijos. Comprendo su punto de vista, ya que siempre estaré en desventaja frente a la intención de dañar, la cerrazón, el fanatismo y el resentimiento.

Sin embargo, he decidido plasmar estas palabras por escrito, no como una respuesta a la maldad y el retorcimiento, que son imposibles de convencer, sino como un testimonio para una sociedad racional y sensata, y como legado digital para las generaciones presentes y futuras de mi familia.

A lo largo de mis 31 años en los medios de comunicación, he enfrentado campañas infundadas que han intentado desprestigiarme sin éxito. Estas agresiones, aunque desagradables, son parte del precio que se paga por una trayectoria profesional. Sin embargo, frente a la reciente campaña difamatoria contra dos de mis cuatro hijos, me veo en la necesidad, como madre y ciudadana, de dar la cara por segunda vez.

En relación con mi hijo mayor, que cuenta con 39 años y 17 de ejercicio profesional, y como representante de una prestigiosa firma tecnológica de los EE.UU., ha participado en una licitación del Gobierno en forma legal, transparente y auditable desde el punto de vista técnico y comercial. Su éxito como emprendedor revestido de ética no proviene de mi influencia o promoción, sino de su dedicación y capacidad profesional.

Sobre mi hija de 28 años, graduada de FIU y con experiencia en el sector hotelero internacional, actualmente colabora con el MITUR para impulsar el turismo en nuestro país. La compensación que recibe corresponde únicamente a sus servicios profesionales al Estado, con el derecho que asiste a cualquier ciudadano. Ambos, criados con valores, honestidad y trabajo duro, han elegido quedarse en su país, demostrando así su compromiso y amor por nuestra tierra.

Además, quiero destacar que nunca tendrá precio mi capacidad crítica frente a los fenómenos sociales, políticos y económicos de interés para la mayoría de los dominicanos y, en particular, para la fiel audiencia que justifica la razón de ser de mi emprendimiento en los medios de comunicación.

Para concluir, mi hijo menor me recordó, en un audio reciente que me hizo brotar lágrimas, el legado que estoy dejando: una vida profesional y personal de la cual mis hijos nunca tendrán que avergonzarse. Este es el verdadero valor que buscamos transmitir como padres. Aunque soy consciente de que me expongo a una nueva oleada de críticas, estoy preparada para ello.

Agradezco profundamente los mensajes de respaldo de gente buena, que refuerzan mi convicción de que la verdad y la dignidad son siempre el mejor camino frente a la calumnia y la desinformación.

Mariasela Álvarez

No puede, negarse, sin embargo, que el régimen militar chileno logró apoyo en importantes segmentos de la sociedad chilena, algo que no sucedió, por ejemplo, con los gobiernos militares de Argentina y Uruguay de esa misma época, debido en gran medida a que esas políticas dieron respuestas a algunos problemas que impactaban negativamente a la población, como la hiperinflación y el decrecimiento económico, a la vez que hicieron mucho más eficiente el sistema económico. De hecho, esas políticas sentaron las bases para la extraordinaria expansión económica, combinada con efectivas políticas sociales, que se produjo en los gobiernos que siguieron a la transición democrática, lo cual hizo posible, por ejemplo, que la pobreza descendiera del 68.5% en el 1990 cuando Pinochet concluyó su mandato hasta el 8.6% en el 2017.

            Javier Milei no tiene necesidad de encontrar un gobernante que le preste su oído y haga lo que él le sugiera. Él encarna ahora a los dos personajes: al economista y al gobernante. Tendrá que conversar consigo mismo cambiando de roles, pues seguro que no le servirá de mucho conversar con su perro muerto como dice hacer a través de un médium. Durante su campaña electoral, y desde mucho antes, se encargó de descalificar a la casta política, tanto de izquierda como de derecha, lo que en gran medida le dio el triunfo con el respaldo abrumador de un pueblo frustrado y lleno de ira contra un grupo gobernante -el llamado kirchnerismo- que llevó a Argentina a una crisis económica y social de dimensiones verdaderamente alarmantes.

            Economista de formación, profesor universitario, autor de libros y seguidor de la escuela liberal austríaca, Milei se presentó ante la sociedad argentina con soluciones aparentemente claras y sencillas para resolver los problemas de la economía argentina. Su crítica al Estado fue el centro de su discurso político, al punto que llegó a prometer, algo de lo que luego se retractó, eliminar la educación y la salud públicas. Además de economista se desempeñó como comunicador y actor, en cuyos roles fue ácido, irreverente y provocador, lo que le generó una notoriedad que más tarde le sirvió en su carrera hacia la presidencia.

            En la primera vuelta de las elecciones presidenciales Milei quedó en un segundo lugar cuando las encuestas lo perfilaban como el candidato puntero. Para la segunda vuelta moderó su discurso, eliminó algunos aspectos controversiales de su programa de gobierno y buscó el apoyo de la derecha tradicional, a la cual había criticado tanto como a los peronistas que estaban en el poder. En su discurso de toma de posesión se moderó todavía más y hasta designó a uno que otro peronista no kirchnerista en su gabinete.

            Ahora le toca gobernar. ¿Implementará de manera ortodoxa y radical su programa de reformas liberales o asumirá un papel más pragmático combinando reformas de mercado con políticas que preserven y mejoren al propio Estado que él prometió desmantelar? Su debilidad política en las cámaras legislativas lo obligará a buscar soluciones negociadas, a menos que quiera hacer como hizo Alberto Fujimori en Perú a principios de los años noventa, quien disolvió el Congreso de la nación, convocó una asamblea constituyente y redefinió las relaciones de poder, lo que le permitió implementar reformas económicas que, no puede negarse, eliminaron la hiperinflación y contribuyeron a relanzar la economía peruana. Se sabe, sin embargo, cómo terminó el régimen de Fujimori y las secuelas políticas que este dejó, al punto que hasta la fecha no ha sido posible en el Perú reconstruir un sistema estable de gobernabilidad sustentado en partidos políticos fuertes y en una institucionalidad funcional.

            En esa misma década de los noventa un presidente argentino peronista -Carlos Menem- llevó a cabo también reformas económicas liberales luego de haber recibido el gobierno en medio de una profunda crisis económica muy parecida a la que recibió ahora Milei. Como se sabe, Menem realizó privatizaciones masivas, redujo drásticamente del gasto público e implementó reformas impositivas y arancelarias favorables al desarrollo de los mercados, muchas de las cuales las adoptó por medio de los llamados “decretazos” (decretos de necesidad y urgencia), con los cuales obvió las cámaras legislativas y redimensionó los poderes presidenciales. De hecho, muchas de las reformas que propone Milei en esta coyuntura son similares a las que Menem implementó durante sus diez años de mandato presidencial. Es como si se estuviera reviviendo aquel tiempo dramático de 1989 cuando el presidente saliente -Raúl Alfonsín- tuvo que entregar el gobierno al presidente electo Menem antes de que concluyera su mandato abrumado por la hiperinflación, el sobreendeudamiento, la devaluación y el estancamiento económico.

            El tiempo se encargará de poner a prueba la capacidad de gobernar de Milei. En el camino descubrirá algunas cosas que seguro no le gustaría descubrir, entre ellas que el Estado es fundamental para proveer bienes y servicios públicos que contribuyen a la cohesión y la paz social. Más aún, que uno de los problemas de América Latina no es tanto el exceso de Estado, sino la ausencia de un Estado fuerte y eficaz que pueda hacer valer su legalidad y cumplir las metas esenciales que el mercado y los agentes privados no pueden cumplir. También descubrirá que, si bien es cierto que se necesitan reformas de mercado para hacer la economía más eficiente, no menos cierto es que tratar de aplicar a rajatablas un programa ortodoxo de reformas liberales puede resultar tan traumático que termine poniendo en juego la gobernabilidad, la estabilidad y la viabilidad de su propio gobierno. El desafío es enorme, pero es de esperar que Milei pueda sacar adelante una gestión de gobierno que ponga fin a la pesadilla económica por la que atraviesa, una vez más, la República Argentina.

Lamentablemente cuando se aprobó la Ley 91 del 3 de febrero de 1983 no se prestó atención a respetadas voces, como la del jurista Wellington Ramos Messina, quien firme y valientemente se opuso a la obligatoriedad de afiliación, y luego de más de 30 años es evidente la justeza de sus argumentos.

Los partidos políticos se enquistaron en este colegio como lo habían hecho antes en el gremio de los médicos, y en este caso ha sido todavía peor la experiencia, por las importantes sumas recaudadas por las tasas establecidas en su favor, y porque la inscripción obligatoria para el ejercicio de la profesión se facilita con el requerimiento de presentación de la evidencia de afiliación en los tribunales para postular en justicia, que lucharon por hacer exigible.

Desde su origen la ley del Colegio de Abogados dio muestras de que el interés de alcanzar el propósito estaba dispuesto a llevarse cualquier cosa  de encuentro,  como evidencia el hecho de que el Tribunal Constitucional declarara no conforme con la Constitución a la Ley 91 mediante sentencia TC/0274/13, por adolecer de “un vicio de procedimiento en su formación”, pues se realizó fuera de las legislaturas correspondientes, irregularidad que aunque admitió la hacía no conforme con la Constitución, difirió sus efectos para permitir que el Congreso votara una nueva ley.

Lamentablemente la gran oportunidad de haber hecho una adecuada reforma del Colegio de Abogados fue desperdiciada por las pasadas autoridades, y negociaron con el hasta hoy presidente de dicho colegio y quien se repostuló a un tercer mandato aunque la  legislación aprobada lo prohibía, una nueva ley, la 3-19, sin tampoco prestar atención a comentarios expuestos y, a sabiendas del penoso historial de este le aumentó los beneficios a ser percibidos,  así como a pesar de su nula contribución al ejercicio regular y ético de la profesión, y los fallidos intentos que se habían hecho desde la sociedad civil para intentar regular el ejercicio de la profesión desde la Suprema Corte de Justicia para  radiar de la barra de abogados a quienes cometan faltas graves, como sucede en múltiples países, mantuvo intacta la delegación del régimen disciplinario de todos los abogados en manos de un desacreditado colegio que nunca ha ejercido esta disciplina, y que cada vez menos tiene calidad ni intención de hacerlo.

El Tribunal Constitucional ha expresado en distintas sentencias que como corporación de derecho público el Colegio de Abogados tiene una función pública, y que en tal virtud es válido que su afiliación sea obligatoria y que se creen tasas o contribuciones especiales en su provecho, dado que el Estado le ha delegado la responsabilidad de “administrar una carrera profesional de tanta trascendencia social, incluyendo la supervigilancia del ejercicio a través (…) de un régimen disciplinario y (…) como auxiliar por excelencia de la administración de justicia”, por lo que la única vía disponible es reclamar firmemente que se realice una reforma para extraer de este lo que ha sido su mayor delicia y su peor desgracia, los recursos económicos derivados de tasas y de la obligatoriedad de afiliación.

Lo que está a la vista no necesita espejuelos, y es obvio que el Colegio de Abogados no cumple con las responsabilidades públicas que le otorga la ley, y que no se justifica la delegación de funciones ni la transferencia de recursos, pero los intereses políticos que siempre lo han manejado han permitido que un ente que no cumple para nada sus propósitos se mantenga a costa de los contribuyentes,  el cual no representa legítimamente a los abogados, por eso la mayoría no participa de sus cuestionados procesos eleccionarios, ni se le concede crédito para opinar en temas relevantes, y del cual lo único que los abogados y esta sociedad han recibido son malos ejemplos, escándalos y bochornos.   

Según estos datos, aunque 108 países aplican impuestos a las bebidas azucaradas y 148 al alcohol, se trata de medidas insuficientes para incentivar comportamientos más sanos, subraya la OMS, que recuerda que el consumo de alcohol causa 2,6 millones de muertes al año y las dietas poco saludables matan a 8 millones.

La OMS considera por ejemplo insuficiente la tasa impositiva promedio que se aplica a las bebidas azucaradas, del 6,6 %, o lamenta que en 22 países, principalmente europeos, el vino no esté incluido en los impuestos al alcohol.

«Aplicar impuestos a productos poco saludables crearía poblaciones más sanas, y tiene un positivo impacto en la sociedad, en forma de menos enfermedades y más ingresos para que los gobiernos puedan proporcionar servicios públicos», comentó al respecto el director para la promoción de la salud de la OMS, Rüdiger Krech.

En el caso del alcohol, además, una mayor imposición puede reducir la violencia y los accidentes de tráfico, agregó el experto.

La OMS puso como ejemplo de país que está avanzando en estas medidas a Lituania, donde los ingresos de los impuestos a las bebidas alcohólicas subieron de 234 a 323 millones de euros entre 2016 y 2018, periodo en el que las muertes relacionadas con ese consumo bajaron de 23,4 a 18,1 por cada 100.000 personas.

Un estudio de 2017 citado hoy por la OMS indicó que aumentar un 50 % los impuestos a las bebidas alcohólicas podría salvar 21 millones de vidas en medio siglo y generar 17 billones de dólares en ingresos fiscales adicionales, cifra equivalente a lo que recaudan en total en un año algunas de las mayores economías mundiales.

En dos recientes entregas, quienes esto escriben censuraron la mansedumbre hermenéutica de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que apegándose al surco literal del art. 59 del decimonónico Código de Procedimiento Civil, subsumieron dócil y acríticamente el instituto del domicilio elegido en una casuística muy particular, sin reparar que el demandado sufriera indefensión. 

Cuesta creerlo, pero en tiempos de obsolescencia del positivismo legalista, no faltan abogados y jueces que se resisten a convertirse a la nueva fe de la cultura jurídica. Unos y otros entallan los hechos litigiosos que se presentan en este convulso siglo XXI a la medida de los supuestos abstractos que los codificadores franceses pudieron prever a la luz de velas.

Se trata de preceptos que fueron pensados para una sociedad que no conoció la electricidad, los vehículos de motor ni tantísimas otras invenciones del genio humano, y en la cual el texto supremo tampoco tenía valor normativo. Por tanto, es una insensatez pretender que los conflictos sociales y económicos de este mundo en permanente evolución puedan dirimirse mediante su interpretación literalista.

Nos referimos a un lastre que no le permite hacer revirements a la jurisprudencia, y que explica el alto índice de sentencias que han sido anuladas por el Tribunal Constitucional. En efecto, nuestra sede casacional civil se niega a adaptar sus criterios al derecho, que ni es sinónimo de ordenamiento jurídico ni un término en boga. Se trata de un fenómeno histórico orientado hacia la consecución de la justicia, el progreso y la paz.

El cambio de paradigmas instaurado a partir de la Carta Sustantiva del 2010 y, más recientemente, de la Ley núm. 2-23, ha constituido un auténtico desafío intelectual, porque aún no logramos trasladar el centro de gravedad de la ley a los valores y principios, entre los cuales sobresale el de razonabilidad. Seguimos cargando a cuestas el ominoso peso del positivismo, pretendiendo regular la dinámica vida en sociedad con las normas jurídicas de siglos pasados.

No otra cosa explica la huida hacia el Tribunal Constitucional, órgano que desde sus inicios ha insistido en que la Ley Fundamental estableció un control material axiológico basado en valores y principios, tanto explícitos como implícitos. Pese a ello, y quizás porque se ha instalado en el altar de la rutina, la Primera Sala de la SCJ se empeña en administrar justicia a través de la doctrina estática positivista, acaso como si en el texto de las normas se agotara el contenido del derecho.

Desconocen, o al menos eso parece, que sin importar lo que este o aquel otro precepto disponga, nada debe admitirse a priori. La abeja reina de la colmena jurídica es la Constitución, a la que las normas deben rendirle cuentas. Como se sabe, su art. 40.15 consagra el principio de razonabilidad, herramienta hermenéutica que permite materializar el valor justicia, relegando a un segundo plano el normativismo empedernido y autista que vive de espaldas a la realidad.

Como explica Alejandro Nieto, “La aparición de los principios generales hizo ya imposible la aplicación del derecho desde las coordenadas del positivismo… no son una simple apertura, en el sentido de Hart, de los textos normativos, sino que suponen un cambio cualitativo de las normas que va mucho más allá de los viejos conceptos jurídicos indeterminados”. De ahí que aceptar sumisamente la letra de la ley, sin potenciarla sinérgicamente con los valores y principios generales, sea absurdo.

No por otra cosa criticamos el culto que la Primera Sala de la SCJ le rinde a la obsoleta exégesis normativa. Eso de aplicar, por ejemplo, un instituto de impronta decimonónica como el domicilio de elección, sin inspeccionarlo en la aduana de los principios expansivos de razonabilidad y debido proceso, es una penosa evidencia de que ese colegiado entiende que el derecho es un hilo continuo unidireccional y no, como es, un denso tejido entrecruzado.

Pretender que una persona se “mantenga monitoreando” la secretaría de un tribunal cada 8 días durante 17 años para saber si otra le ha notificado algún acto procesal, no solo es excesivo, irrazonable e irracional, sino que también va en contravía de la entronización de la justicia. Detrás de toda norma hay un valor que se reconoce o un desvalor que se rechaza, y la parte in fine del art. 59 del Código de Procedimiento Civil, interpretado en el 2023 con la aparente ingenuidad de la sociedad feudal que inspiró su aprobación, no es excepción.

Aunque los integrantes de la corte casacional civil no lo acepten, el positivismo aséptico de sabor jacobino perdió hace muchos años su atractivo. Los principios, subraya Nieto, pasaron a moralizar absolutamente todo lo establecido normativamente: “[…] han supuesto -y suponen- los instrumentos más formidables del progreso del derecho y de la justicia material, así como también uno de los remedios más eficaces contra la inercia aplicativa y el formalismo que conllevan las normas positivas”.

Dicho sea de otro modo, son pilares de carácter prevalente sobre los cuales se asienta el orden jurídico, por lo que ningún precepto puede ser aisladamente retenido como fundamento de una decisión. ¿Incluso si la norma es una regla? Juan Barrero Berardinelli es los que entiende que “en determinadas circunstancias, un principio puede imponerse ante una regla en función de su peso específico, medido en términos del mayor sacrificio que implicaría para los derechos fundamentales”.

En apoyo a su teoría, compartida por muchos otros doctrinarios, el autor en mención esgrime que la regla es la concreción de un principio que le sirve de guía, por lo que de presentarse la antinomia entre una regla y un principio, habría que ponderar este último con el principio implícito en la regla. En ese caso -agrega- la regla pudiera cederle el paso al principio: “Deben ponderarse a la vista de las circunstancias concretas para determinar cuál de los dos prevalece… La regla cede ante el principio cuando implica un mayor sacrificio para los derechos fundamentales, únicos llamados a legitimar las actuaciones de los poderes públicos”.

Sea como fuere, lo cierto es que la interpretación literalista de normas rancias es inaceptable, y no solo porque condena a vivir bajo el sentido del momento histórico en que se aprobaron. Siendo reflejos de la voluntad estatal de una cierta época, la rueda de la vida no debe irse acoplando a la horma de estas, sino al contrario. “No es posible vivir encerrados entre las cuatro paredes de la ley. Es necesario buscar criterios materiales que la oxigenen”, afirma Nieto, quien hace días partió hacia lo desconocido.

Y le sobraba razón. Urge una jurisprudencia creadora, proporcionarles un significado progresivo a las normas del siglo XIX. Demos el brazo a torcer y derrumbemos el templo elevado por el positivismo legalista, porque es y será siempre incapaz de explicar la realidad del momento. Claro que podrá conducir a soluciones legales, pero nunca a soluciones justas.

Tal vez debamos exhortar a los jueces de la Primera Sala de la SCJ a que se desprendan de las anteojeras dogmáticas tradicionales para que puedan, asistidos de la fuerza expansiva de los valores superiores y principios generales del derecho, en particular el de razonabilidad, alcanzar soluciones metapositivas inspiradas en la equidad y justicia material.