Asimismo, el abogado de la parte acusadora indicó que la audiencia fue pospuesta debido a que la jueza Sagrario del Río Castillo, presidenta del tribunal, está quebrantada de salud.

“Es bueno detallar que se está entrando en una etapa donde serán presentados los testigos que son más especializados como los de patología forense, los médicos que le realizaron estudios físicos a la víctima, así como al imputado y peritos forenses que son quienes vendrán a sustentar su peritaje y hallazgos que está en el informe y son quienes van a edificar el tribunal”, expresó Rodríguez.

La abogada de Carroll, Roberta A. Kaplan, pidió este viernes al juez que garantice que si el expresidente (2017-2021) testifica, no se desvíe más allá del tema del caso y consiga así “convertir este juicio en un circo”, indicó el New York Times.

En este juicio se decidirá cuánto deberá Trump pagar a la escritora por un caso de difamación, distinto al caso de violación de la misma Carroll en 1996, por el que Trump ya fue declarado culpable (del delito de abusos, no de violación) el pasado mayo.

Trump ha seguido haciendo comentarios sobre Carroll en varias ocasiones, la más reciente este último jueves en una conferencia de prensa, cuando dijo que no conoce a la escritora pero que piensa asistir en persona al proceso judicial que comenzará el martes con la selección del jurado.

Aseguró que acudirá a la corte para explicar que «no tengo idea de quién es esta mujer. No tengo la mínima idea. Es ridículo que este sea un caso que nunca debería haber sucedido. Pero nuevamente, esto está patrocinado por los demócratas», afirmó en la conferencia en uno de sus edificios en Wall Street.

Tras esos comentarios, la abogada de Carroll escribió al juez : “Si el señor Trump aparece en este juicio, ya sea como testigo o no, sus recientes declaraciones y comportamiento sugieren fuertemente que buscará sembrar el caos”.

También le pidió que exigiera a Trump que declarara oficialmente y bajo juramento, sin la presencia del jurado, que entiende que se han establecido ciertos hechos.

Carroll se sentará en la silla de los testigos en este nuevo proceso, igual que hizo el año pasado en el primer juicio, algo que también podría hacer el propio Trump, según sus abogados.

Trump fue hallado culpable en mayo del 2023 de “abuso sexual” y difamación, pero no de violación, en el caso de las denuncias de la escritora, que le acusó en un libro de haberla violado en el vestidor de un gran almacén en la década de 1990 y también de difamarla cuando ella se decidió a hacer pública su denuncia en un libro que publicó en 2019 , lo que él ha negado.

El libro se publicó cuando era presidente y ha insistido que le protegía la inmunidad cuando hizo los comentarios en los que negaba las acusaciones.

Mientras que los abogados de los querellantes en el caso pedirán al Estado ayuda para devolver el dinero que invirtieron las más de 300 supuestas víctimas.

Tras asegurar que los implicados en la Operación Nido no tienen solvencia para indemnizar a las supuestas víctimas de estafa inmobiliaria, abogados querellantes en el caso señalaron que solicitarán la intervención del gobierno para que sean resarcidos, aunque otros consideran lo contrario.

Durante la audiencia pasada el implicado Reilin Arismendy Rosario García habló ante el estrado colaborando con el Ministerio Público, por lo que el organismo acusador varió la petición y solicitó prisión domiciliaria y este miercoles fue trasladado a la sala de audiencias separado del grupo. Según su abogado este había puesto una denuncia contra Enmanuel Rivera Ledesma luego de renunciar a la inmobiliaria IndisArq.

Asimismo, el órgano acusador solicitó la variación de la medida a la esposa del principal imputado en el caso Scarlet Mercedes Cruz Figueroa porque es lactante, así como a la hija de este.

Al grupo se les acusa de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.

En esta ocasión no llegaron querellantes en el caso a protestar a esta sede judicial.

La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana en el Juzgado de la Instrucción de la provincia La Altagracia. A Martínez, que fue enviado a juicio de fondo, se le acusa de cometer actos de tortura y barbarie, asociación de malhechores, así como también de cometer abuso físico y sexual contra su alumna.

Según la acusación del Ministerio Público, Jhon Kelly Martínez mantuvo una relación sexual violenta con la menor, lo que es castigado por la ley, causándole laceraciones, abrasiones y contusiones que causaron su fallecimiento.

De acuerdo al expediente acusatorio, la Esmeralda salió de su casa, la noche del 12 de febrero de 2023, en compañía del profesor y otras tres alumnas menores de edad, rumbo a la playa Macao.

Cuando la joven regresó a su residencia en horas de la noche tuvo un sangrado vaginal, y fue hallada muerta al otro día por su padre a causa de desgarro vaginal con hemorragia aguda severa externa e interna.

La audiencia está pautada para comenzar a las 9: 00 de la mañana, donde la fiscalía imputa a Martínez, de cometer actos de tortura y barbarie, asociación de malhechores, así como también de cometer abuso físico y sexual contra su alumna.

Martínez fue enviado a juicio de fondo por el Juzgado de la Instrucción de la provincia La Altagracia, que admitió las pruebas testimoniales de las jóvenes que andaban con la adolescente, además de la acción en constitución civil realiza por Eligio Richiez Castillo e Isabel Martínez, padres de la menor fallecida.

Según la acusación del Ministerio Público, Jhon Kelly Martínez mantuvo una relación sexual violenta con la menor, lo que es castigado por la ley, causándole laceraciones, abrasiones y contusiones que causaron su fallecimiento. 

De acuerdo al expediente acusatorio, la Esmeralda salió de su casa, la noche del 12 de febrero de 2023, en compañía del profesor y otras tres alumnas menores de edad, rumbo a la playa Macao.

Cuando la joven regresó a su residencia en horas de la noche tuvo un sangrado vaginal, y fue hallada muerta al otro día por su padre a causa de desgarro vaginal con hemorragia aguda severa externa e interna.

Esta medida de coerción fue tomada por el Juzgado de Atención Permanente tras considerar graves las acusaciones de violencia de género contra la dama, quien actualmente es presidente del Grupo Mejía Arcalá.

Los magistrados Doris Pujols, Rafael Báez, Yndira Vásquez y Carmen Mancebo conocerán la apelación a la resolución 0668-2023-SMDC-02361 de la Oficina del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional justificó la decisión de prisión preventiva para Rizik Yeb, destacando la seriedad de las acusaciones y el patrón de abuso y violencia ejercido contra Mejía Arcalá.

Se citan pruebas que incluyen testimonios detallados y materiales probatorios de un patrón continuo de agresiones físicas y verbales, así como amenazas con armas de fuego. El tribunal también consideró el impacto psicológico en la víctima que le ocasionaron los hechos, como un factor determinante en su decisión de proteger la integridad de Mejía Arcalá y garantizar una justicia efectiva.

Por su parte, el Ministerio Público subrayó la gravedad de las acciones de Rizik Yeb, describiéndolas como «hechos delictivos graves y destructivos». La fiscalía sostuvo que «la prisión preventiva es la única medida de coerción adecuada», enfatizando la importancia de resarcir el daño causado y proteger a la víctima.

La sentencia detalla el historial de agresiones de Rizik Yeb, que incluye múltiples incidentes, desde amenazas de muerte hasta agresiones físicas y verbales en diversos contextos y lugares. Estos actos reflejan un patrón de violencia constante y severa, motivando al tribunal a optar por la prisión preventiva.

Al rechazar los argumentos de la defensa, el tribunal enfatizó que la libertad de Rizik Yeb supondría un riesgo para la investigación y para la integridad de la víctima. La decisión de la Corte de Apelación será crucial, no solo para el caso en cuestión, sino también como indicativo del compromiso del sistema judicial dominicano con la lucha contra la violencia de género.

Previo a conocerle medidas de coerción, luego de ser detenido, a Rizik Yeb se le había dictado orden de conducencia, pero evadió a las autoridades por más de dos meses. La decisión de la Corte de Apelación será crucial no solo para el caso en sí, sino también como un reflejo del compromiso del sistema judicial dominicano con la protección contra la violencia de género.

Principales agresiones contra Mejía Arcalá

1. Amenaza de muerte con un arma de fuego en marzo de 2023.
2. Discusión violenta por la presencia de fotografías y un cuadro en la residencia.
3. Maltrato físico y psicológico constante, incluyendo una agresión en febrero de 2017.
4. Agresión verbal en diciembre de 2020 en Nueva York.
5. Violencia verbal en un restaurante en noviembre de 2021.
6. Conducta agresiva y amenazas durante un regreso de una cena en septiembre de 2022.

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Este sábado algunos de los afectados se apostaron en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para exigir la devolución del dinero invertido para la compra de apartamentos

Se espera que el 11 de enero el juez Arthur Engoron emita un veredicto por escrito tras los alegatos finales de ambas partes y que concrete una posible multa millonaria para Trump, sus dos hijos mayores y dos antiguos ejecutivos, a quienes ya consideró responsables de fraude, el principal cargo, en un dictamen previo al juicio.

La oficina de la fiscal Letitia James, que ha impulsado el caso e inicialmente reclamaba 250 millones de dólares de penalización, argumentó hoy en un extenso documento judicial que Trump debería pagar más porque ha quedado demostrado en el juicio que obtuvo ganancias ilícitas.

La Fiscalía también reclama que a Trump y a los dos antiguos ejecutivos de su empresa acusados, Allen Weisselberg y Jeffrey McConey, se les impida «de por vida» participar en el sector inmobiliario o ejercer la dirección de «cualquier empresa o entidad legal» en el estado de Nueva York.

Tras el juicio, que ha durado unos dos meses, está por resolver seis cargos relacionados con la manipulación de cifras de activos en los documentos financieros de la Organización Trump para obtener ventajas con aseguradoras y bancos, y de ese fallo dependerán la posible multa y medidas restrictivas a los negocios.

Según el nuevo argumento de la fiscal, la mayor parte de los 370 millones reclamados corresponden a los intereses que la Organización Trump se ahorró en cuatro préstamos comerciales (168 millones) y a los beneficios que obtuvo con la venta de un edificio en Washington D.C. (139 millones).

Los abogados de Trump criticaron la cifra en otro documento como «groseramente excesiva», y argumentaron que las transacciones analizadas «fueron bilaterales entre los acusados y sus bancos, y ninguna supuso un impacto para el público» o el mercado, por lo que reiteraron que el caso debería desestimarse.

El tribunal dictó el auto de apertura a juicio en contra de Leoncio Almánzar Objío, Irving Cruz Crespo, Manuel Aybar Ferrando, Carlos Aris Gómez Williams, Julio César Gómez Williams, Juana Inés Gómez Williams, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos y Lisetel González, a quienes el órgano acusador imputa los hechos de forma una trama en la que enajenaban propiedades del Estado dominicano y conminaban a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.

El pasado 29 de julio, procuradores fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) presentaron ante el tribunal de alzada un recurso de apelación en el que solicitaban la revocación de la decisión del exjuez Juan Francisco Consoró, quien favoreció con un auto de no ha lugar a Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), así como de otros 16 acusados por la venta ilegal del sector Los Tres Brazos.

Los jueces Doris Pujols, Rafael Báez e Indhira Montás emitieron el fallo la tarde de este jueves 27 de diciembre.

La procuradora fiscal Rosa Pichardo, una de las litigantes del   Ministerio Público en este proceso, declaró a medios de comunicación que, en la próxima etapa de juicio, el órgano persecutor hará valer las pruebas contra los acusados.

Con respecto al resto de los imputados, que no fueron enviados a juicio, la litigante señaló que el Ministerio Público van a estudiar los recursos y dará respuesta en los próximos días.

Según el expediente acusatorio, los acusados en el Caso Los Tres Brazos desfalcaron al Estado con la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno, un fraude con el que tenían la expectativa de ganar unos 5 mil millones de pesos.

En todo el proceso judicial, el Ministerio Público estuvo representado, además de Pichardo, por los procuradores fiscales José Miguel Marmolejos, Wagner Cubilete y Aurelio Valdez. 

La corte mantuvo esa orden emitida el pasado octubre, pero señaló que esta no debe prohibir que el exmandatario haga comentarios sobre el fiscal especial que lleva el caso, Jack Smith.

En un documento de 68 páginas, el tribunal ratificó la decisión de la jueza Tanya Chutkan de prohibir a Trump hacer comentarios sobre testigos y abogados involucrados en el proceso que enfrenta por tratar de revertir el resultado electoral de 2020.

«Estamos de acuerdo con la corte del distrito de que varios aspectos de los comentarios públicos de Trump suponen una amenaza inmediata e importante para» el proceso penal en curso, señaló la resolución.

Sin embargo, destacó el escrito, la «orden mordaza» original limitaba mucho más discurso «del necesario» y «no debería haber restringido los comentarios o la expresión sobre el fiscal especial».

Los abogados del expresidente Trump presentaron un recurso ante el tribunal de apelaciones después de que la jueza Chutkan emitiera la «orden mordaza» en octubre.

El exmandatario está acusado en Washington D.C. de cuatro cargos: conspiración para defraudar a EE.UU., conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos.

Por el primero de esos cargos le podría caer una pena máxima de 5 años de cárcel, por el segundo y el tercero 20 años de prisión, respectivamente, y por el cuarto, 10 años.

En el escrito de acusación se describe que tras perder los comicios del 3 de noviembre de 2020 ante el demócrata Joe Biden, el entonces presidente se embarcó en una conspiración para «revertir los resultados legítimos de las elecciones presidenciales de 2020» con denuncias falsas de que hubo un fraude electoral y múltiples estratagemas.

Se espera que el juicio comience el 4 de marzo, aunque la defensa del exmandatario está tratando por todos los medios de posponer el proceso.