En el acuerdo, firmado por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, y por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el órgano electoral dominicano garantiza a la Misión de Observación todas las facilidades para el cumplimiento adecuado de sus trabajos de cara a las elecciones municipales del 18 de febrero; de las presidenciales y congresuales del 19 de mayo, y de la eventual segunda vuelta del 30 de junio del presente año.

Durante la ceremonia de firma en la sede del organismo en Washington, Jáquez Liranzo agradeció la constante “cooperación técnica que la Organización le ha entregado” a la JCE y aseguró que “el mundo verá a través de la OEA la transparencia, la seguridad, la justicia y el empeño de la Junta Central Electoral en brindarle a República Dominicana unas elecciones positivas y democráticamente históricas”.

Por su parte, Almagro recordó que la OEA y la JCE han tenido una larga y estrecha relación en materia electoral y destacó que “las iniciativas desarrolladas en conjunto son reflejo del compromiso de la Junta por el fortalecimiento institucional y por trabajar permanentemente por mejores elecciones”.

Asimismo, el secretario general de la OEA agradeció la confianza depositada “para continuar contribuyendo con los procesos electorales en República Dominicana. 

La JCE garantizará a la Misión el libre desplazamiento y movimiento en todo el territorio dominicano, así como el acceso de sus observadores a todas las áreas de los organismos que conforman el sistema electoral, conforme al convenio suscrito.

Asimismo, instruirá a sus autoridades para que se brinde a los observadores internacionales el pleno acceso a sus instalaciones, la información oportuna acerca del desarrollo y avances del calendario electoral, así como el acceso a los recintos electorales.

Además, la JCE facilitará a la Misión copia de los resultados que consten en las actas de escrutinio de cada Colegio Electoral donde no estén presentes los observadores de la Misión; y acceso a los recintos electorales desde la instalación de las mesas electorales hasta la terminación del escrutinio a nivel nacional.

El documento firmado por Jáquez Liranzo y Almagro contempla que la Misión desarrollará sus funciones de observación sin menoscabo de la soberanía del Estado y de la independencia de la JCE y que el órgano electoral dominicano suministrará a la Misión toda la información de carácter público referente a la organización, dirección y supervisión de los procesos electorales.

Asimismo, se acuerda que la Misión informará a la JCE acerca de las irregularidades e interferencias que se observe o que le fueran comunicadas y que podrán solicitar información sobre las medidas que al respecto se hubieren tomado, entre otros aspectos.

En tanto que la Misión podrá emitir informes públicos y periódicos como resultado de la observación in situ de estos procesos electorales y las partes acuerdan que, durante la etapa poscomicial, podrá llevar a cabo una visita a la República Dominicana para presentar a las autoridades correspondientes los hallazgos y las recomendaciones como parte del seguimiento a las actividades de acompañamiento de la Misión al proceso electoral observado.

 “En este acuerdo, no estaremos de acuerdo en todo, porque habrá momentos que estaremos en desacuerdo, pero lo importante es ponernos de acuerdo para proteger y guardar nuestros recursos naturales a nuestros hijos, nietas y nietos, porque si no hay sostenibilidad ambiental no habrá un verdadero desarrollo económico”, expresó, el mandatario.

Al pronunciar unas breves palabras, el mandatario sostuvo que esta firma se lleva a cabo con el objetivo común de resguardar las áreas protegidas.

Asimismo, Abinader sostuvo que dicha acción de firma, pretende resguardar las áreas protegidas, y que esta iniciativa ha  sido lo mejor para todas las instituciones  públicas al estar siempre una observación entre el sector público y los sectores sociales.

“Eso siempre es importante, esa auditoria social a la gestión de gobierno nosotros la queremos”, dijo el presidente Abinader, al ponderar el acuerdo que busca optimizar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y las políticas ambientales vigentes en el país”, puntualizo, el presidente.

El acuerdo fue rubricado por el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, mientras que por la Coalición firmaron Eleuterio Martínez, de la Academia de Ciencias de la República Dominicana; Yolanda León, de Grupo Jaragua, y Editrudis Beltrán Crisóstomo, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) representando a la Comisión Ambiental de esa academia.

También, por Nelson Bautista, de la Fundación Acción Verde; Eduardo José Rafael Rodríguez Santana, de la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci); Andrés Ferrer Benzo, de la Fundación Moscoso Puello; Esteban Polanco, de la Federación de Campesinos Hacia el Progreso; Nelson Manuel Pimentel Reyes, del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma); Ariel Contreras, de  CÚA Conservation Agency y Dayana Caso, de  Guakia Ambiente.

Como testigos firmaron el acuerdo Rosa Margarita Bonetti de Santana, de la Fundación Propagas; Melba Segura De Grullón, de la Fundación Sur Futuro, e Inmaculada Adames Pichardo, del Plan Sierra.

El ministro Ceara Hatton indicó que con este acuerdo se implantará una agenda común para la defensa de las áreas protegidas. 

Agregó se trabajará en la articulación de una agenda común con temas que procuran mejorar el sistema nacional de áreas protegidas y las políticas ambientales.

Observatorio de Políticas Ambientales

Manifestó que el acuerdo incluye la creación del “Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas”, con carácter independiente, multisectorial y colegiado, para servir como veedor y de consulta al MMARN en aspectos vinculados a la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales de República Dominicana, con énfasis en las áreas protegidas y conservación de la biodiversidad.

Dijo que el observatorio busca garantizar una representación equitativa de la sociedad civil en temas ambientales, al promover la conservación y gestión sostenible de las áreas protegidas de la República Dominicana, así como asesorar sobre las políticas ambientales.

Mientras, que el ambientalista Luis Carbajal apuntó que la firma de este acuerdo confirma que la actitud asumida por la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas es defender los espacios naturales y garantizar los servicios que estos ofrecen a la población como son, agua, productividad de los suelos, estabilidad y resiliencia climática y soporte a la vida en todas sus formas.

Compromisos

La comunidad académica y ambiental se compromete a recopilación, análisis y difusión de información objetiva y basada en ciencia, con el fin de aportar datos sobre el estado de las áreas protegidas, el medio ambiente, las políticas de conservación y su impacto en la biodiversidad y los ecosistemas.

Otras responsabilidades del observatorio serán elaborar planes de acción mediante procesos participativos, plurales y con representatividad del gobierno y las organizaciones firmantes.

Asimismo, recopilar, investigar y analizar datos sobre el estado del medio ambiente, las áreas protegidas, la biodiversidad, sus amenazas, manejo y las políticas relacionadas. Este cuerpo de conocimiento servirá para asesorar a las autoridades y gestores, así como para ser recopilado y difundido, mediante informes periódicos y extraordinarios a requerimiento.

Programas de sensibilización y educación ambiental

También, desarrollará programas de sensibilización y educación ambiental, con énfasis en las áreas protegidas, dirigidos a la sociedad en general y a las comunidades locales; y colaborará con otras instituciones, iniciativas y observatorios nacionales e internacionales para compartir información y mejores prácticas.

El observatorio tendrá la responsabilidad de vigilar, dar seguimiento y monitorear el cumplimiento del marco legal ambiental y de administración pública relacionado a los planes, proyectos y programas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las políticas ambientales.

La presidenta de la entidad, doctora Laura E. Sánchez Jiménez, estuvo acompañada en la audiencia de notarios, que reclamaron la aplicación de la ley para que este colegio garantice los planes de pensiones, ayudas médicas y cuente con los recursos necesarios para la firma digital.

La instancia fue elevada por la presidenta del gremio, Laura E. Sánchez Jiménez, y los abogados apoderados son Blaurio Alcántara y Zeneida Severino Marte.

En el procedimiento judicial, el Colegio de Notarios señaló que la Procuraduría dejó de pagarle la citada cantidad por la transferencia de 130 pesos por cada acto notarial que sea certificada la firma del notario, desde la entrada en vigencia de la Ley 140-15, el 12 de agosto de 2015.

Sostuvo que, durante el período anotado, la Procuraduría no acredita íntegramente los montos que corresponden al Colegio de Notarios, y la acusó de causarle daños materiales y morales en la medida que mella las labores que dicho colegio está obligado a desarrollar con los fondos provenientes de la tasa legal a que se refiere la ley, incluyendo la asistencia social a sus afiliados.

Señaló que la Procuraduría percibió casi tres mil millones de pesos, por la aplicación del recibo notarial, y explicó que la Procuraduría debe cobrar, conforme con la Ley 140-15, del Notariado, 130 pesos por cada acto notarial; sin embargo, está cobrando 700 pesos, de los cuales sólo entrega 80 pesos al Colegio de Notarios.

El Colegio de Notarios solicitó al tribunal competente ordenar a la Procuraduría cumplir con la ley, incluida la entrega de los fondos no percibidos por el Colegio de Notarios, y dijo que no ha tenido otra vía que actuar legalmente en las jurisdicciones correspondientes, a fin de que la Procuraduría cumpla con la ley.

La institución que agrupa a los fedatarios elevó el petitorio al tribunal de imponer a la Procuraduría a pagar una astreinte definitiva de 500 mil pesos diarios a favor del Plan de Pensiones de los Notarios, por cada día dejado de pagar a partir de la notificación de la sentencia a intervenir.

El Colegio Dominicano de Notarios no permitirá transgresiones, actuaciones impropias, arbitrarias y desnaturalizantes por parte de la Procuraduría, ni de ningún órgano o ente público o privado, en desmedro de sus responsabilidades reservadas por la ley.

Manifestó que es una aplicación impropia de la Procuraduría disponer el aumento del monto de dicho recibo de manera desproporcionada en su beneficio propio, no del Colegio Dominicano de Notarios, y en perjuicio de la ciudadanía, careciendo de competencia para ello, tal y como puede comprobarse por lo precisado por la Ley No. 140-15, del Notariado.

La doctora Sánchez Jiménez dijo que la Procuraduría General no está en condiciones de ejercer el control de la certificación de las firmas de los notarios públicos, toda vez que carece de la base documental que permite hacer las indispensables verificaciones.

Indicó que, por tanto, en tales circunstancias se pone en peligro la seguridad jurídica del país y de los actos jurídicos, cuestión que repercute también en los negocios del país, toda vez que pueden certificar las firmas de notarios fallecidos, destituidos, suspendidos o inhabilitados, por esa falta de información actualizada al respecto.

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, destacó la relevancia de la ciberseguridad en el marco del cambio climático y los retos que afrontan las infraestructuras eléctricas del país. Asimismo, subrayó la necesidad de usar la tecnología de la información de forma responsable y la importancia de la cooperación con equipos especializados.

En tanto que, el director ejecutivo del CNCS, Juan Gautreaux, expresó que el “CNCS se compromete a ofrecer todos sus servicios de protección de seguridad, fortalecimiento de capacidades y acompañamiento necesario para reforzar la ciberseguridad en el Ministerio de Energía y Minas».

Por su parte, el director de Tecnología de la Información y Comunicación del MEM, Juan Hernández, valoró el acuerdo al indicar el apoyo que recibirá la institución en materia de seguridad de la información, así como el respaldo en la implementación de nuevas técnicas que mejorarán la infraestructura de la institución, con el objetivo de extenderse a otras entidades del sector.

Igualmente, el director de Coordinación de Estrategias de Ciberseguridad, Omar de los Santos, resaltó el trabajo conjunto con organizaciones internacionales para impulsar la madurez del sector eléctrico. Además, enfatizó la importancia del reglamento de ciberseguridad del sector eléctrico y el compromiso de todas las instituciones, tanto públicas como privadas, en su adopción.

¿Qué beneficios aporta?

La ciberseguridad es un aspecto clave para asegurar el buen funcionamiento y la resiliencia del sector eléctrico, especialmente en un contexto de cambio climático y desafíos en las redes de distribución. La creciente complejidad tecnológica y la interdependencia de diferentes áreas requieren una gestión proactiva de la seguridad de los sistemas críticos.

La colaboración entre el MEM y el CNCS muestra el compromiso de mejorar las capacidades de prevención y respuesta ante posibles incidentes cibernéticos, protegiendo la infraestructura eléctrica nacional.

En el acto de firma del convenio, participaron Diohani Calvo, responsable de Seguridad y Monitoreo; Yen Maceo, responsable de Operaciones de Tecnología de la Información y Comunicación; y Luis Morel, coordinador de Políticas de Ciberseguridad del CNCS.

Este paso conjunto tiene como objetivo reforzar las acciones para afrontar los desafíos actuales y futuros en la seguridad de la infraestructura eléctrica del país.

El acuerdo fue anunciado luego de días de especulaciones de que la excepcional estrella, que juega de bateador y lanzador, continuaría su carrera con los Angelinos de Los Ángeles después de seis años.

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“Este es un histórico e inigualable contrato para un jugador”, dijo en un comunicado el agente de Ohtani Nez Balelo de CAA Sports. “Está entusiasmado de iniciar su colaboración y estructuro su contrato para reflejar el compromiso real de ambas partes para el éxito a largo plazo”.

El acuerdo es 64% más caro que el récord anterior de 426,5 millones que firmó el jardinero Mike Trout con los Angelinos y que inició en el 2019.

Su promedio anual de 70 millones es 62% más que el anterior récord de 43,333,333 que compartieron los pitchers Max Scherzer y Justin Verlander que firmaron con los Mets de Nueva York. Su nuevo salario es casi el doble que el que tuvo con los Angelinos.

Ohtani ha redefinido al béisbol moderno desde que eligió a los Angelinos como su primer equipo de Grandes Ligas. Nadie se le ha acercado a sus logros en la era modera en el plato y montículo para convertirse en uno de los mejores peloteros como bateador y lanzador cuando está saludable. En el camino se convirtió en uno de los deportistas más comercializables del mundo y que mejora venta de boletos, rating de televisión y ganancias por patrocinios.

Fue elegido MVP unánime de la Liga Americana en el 2021 y 2023 —fue segundo en el 2022— ganando este año a pesar de que se lesionó el codo a finales de agosto y el músculo de oblicuo en septiembre.

Antes de su cumpleaños 30 el 5 de julio, tenía un promedio de .274, con 171 jonrones, 437 remolcadas y 86 bases robadas, así como 39-19 y efectividad de 3.01, con 608 ponches en 481 2/3 entradas.

Según la Casa Blanca, el mandatario firmó el proyecto legislativo en San Francisco, donde se encuentra para participar en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, en inglés), que termina mañana viernes tras dos días de reuniones.

Este proyecto de ley, que fue aprobado en las últimas horas en el Congreso, permite que la administración pública siga funcionando hasta el 2 de febrero del año próximo.

Con esa prórroga firmada por Biden se evita un cierre de Gobierno que habría dejado sin sueldo a cerca de dos millones de funcionarios, algunos como los militares, que están obligados a trabajar igualmente, días antes de la festividad de Acción de Gracias.

La falta de fondos también habría provocado todo tipo de afectaciones y dolores de cabeza para la Administración, desde el cierre de museos y parques nacionales hasta la suspensión de inspecciones sanitarias de alimentos o la interrupción de programas de investigación científica.

El último cierre de este tipo ocurrió durante la Presidencia del republicano Donald Trump (2017-2021) y fue, con 35 días (del 22 de diciembre de 2018 al 29 de enero de 2019), el más largo de la historia en plenas fiestas navideñas.

El acuerdo, rubricado por el ingeniero Manuel Mejía Naut, gerente general de Edeeste, y Lorenzo Ramírez Uribe, director del Indocal, implica la ejecución de procesos, cumplimiento de normas, gestión de riesgos, talleres, acciones correctivas y auditorías que viabilicen la acreditación de la NORDOM ISO 9001:2015 para la empresa del sector energético.

La NORDOM ISO 9001:2015 es una norma internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad dirigido a la excelencia. Edeeste trabaja en esa materia para garantizar, de manera certificada, la satisfacción de los clientes al suministrarles un servicio energético con calidad, permanencia y confiabilidad.
Mejía Naut, al referirse al tema, afirmó que la Distribuidora está compelida a superar retos “muy grandes”, entre los que citó la eficiencia, afrontar la transición energética, la movilidad eléctrica y la digitalización. También dijo que está enfocada en la construcción de procesos robustos y eficientes para alcanzar el desarrollo institucional, sustentable y sostenible.

“La calidad es una forma de vida, tenemos siempre que estar pensando en hacerlo bien; no es simplemente hacerlo, es hacerlo mejor, con calidad. Y, mientras haya aunque sea un solo cliente de Edeeste que no se sienta satisfecho, no descansaremos de nuestros propósitos”, recalcó,

Ramírez Uribe, por su lado, afirmó que proveerá a Edeeste las herramientas, recursos y metodologías, y que serán vigilantes y críticos para que se cumplan los requerimientos y la empresa del sector eléctrico tenga las competencias para la certificación.
Agregó que hay un ciclo de mejora continua, conocido como el PHBA, que consiste en hacer, verificar, actuar y planificar; este constituye una herramienta para la calidad y, consecuentemente, para la satisfacción del cliente.

La firma del acuerdo se realizó al concluir el programa “Cultura de la Calidad Edeeste”, realizado durante una semana. En la clausura, el director de Indocal dio una charla magistral sobre lo que es la calidad y se entregaron certificados a un grupo de colaboradores capacitados como auditores internos en las normas ISO 9001:2015, ISO 37001:2016 e ISO 37301:2021.

De su lado, Radhamés Jiménez Peña, vicepresidente del Partido Fuerza del Pueblo (FP) señaló que debido al errático manejo del gobierno del PRM, los dominicanos tienen que buscar prestado para comer y hace un llamado a los dominicanos a unir esfuerzo.  

“Enhorabuena que unamos esfuerzos, porque es urgente que los dominicanos de buena voluntad nos unamos para sacar esta epidemia del PRM del poder a partir del año 2024”, expresó Jiménez durante el acto de firma celebrado en un salón de eventos del Distrito Nacional.

Las organizaciones políticas especificaron que el Pacto busca fortalecer nuevos liderazgos en el Congreso y ayuntamientos.

El acuerdo fue rubricado en representación de la Fuerza del Pueblo, por Radhamés Jiménez Peña y Antonio Florián, vicepresidente y secretario general; mientras que, por Opción Democrática, Minou Tavárez Mirabal y Franiel Genao, presidenta y secretario general.
  

Ambos partidos indicaron que concurrirán al certamen electoral de 2024 con candidaturas presidenciales propias y manifestaron su compromiso y su vocación  opositora de desplazar al actual gobierno encabezado por el PRM.

Como testigo de la firma del acuerdo estuvieron, Alexandra Sued y Leomerys Domínguez  del Partido Opción Democrática (OD),  dos de las candidatas de la boleta conjunta; mientras que por el Partido Fuerza del Pueblo (FP),  Roberto Rosario y Manolo Pichardo, miembros de la Dirección Política.

El pacto no contó con el apoyo del PLD, La Fuerza del Pueblo y el PRD.

Entre las medidas contempladas está la asistencia económica para Haití y su población a través de un plan de crecimiento y desarrollo a mediano y largo plazo.

Además incentivar a que se fortalezcan sus instituciones y que se garantice el respeto de la integridad territorial y demográfica de ambas naciones.

Las 28 entidades políticas, las académicas y los intelectuales que participaron en el pacto acordaron apoyar a la comunidad internacional en su esfuerzos para la reconstrucción de Haití de manera pacífica.

Transmisión en vivo:

Ante la gran cantidad de haitianos que buscan asistencia médica en el país, el Pacto propone la construcción y operación de tres hospitales en Haití y la formación de su personal gerencial, médico y auxiliar.

Los firmantes reconocen que se requiere la colaboración internacional para lograr un estado de paz y de orden institucional en Haití.

La mesa permaneció durante ocho meses realizado trabajos para buscar un consenso amigable que beneficie a ambas naciones.