Montecristi.-   El juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Montecristi aplazó  para el próximo miércoles el conocimiento de medida de coerción contra un hombre acusado de homicidio, en un hecho ocurrido en la comunidad de Gozuela.

El acusado es identificado como Teofilo Alberqui Vargas Peralta, quien presuntamente cometió el hecho el pasado 24 de diciembre del 2013 en contra de Juan Julio Almánzar Cabrera y desde esa fecha se encontraba prófugo de la justicia.

“Por la muerte de mi padre hace ya 10 años ese hombre estuvo prófugo, la familia siempre lo estuvo protegiendo, pero finalmente dimos con el paradero, pedimos la pena máxima”, declaró la hija de la víctima.

El imputado fue apresado en San Juan de la Maguana mediante un operativo realizado por miembros de la Policía Nacional.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Púbico, Vargas Peralta supuestamente utilizó un arma de fuego tipo escopeta para cometer el hecho.  

“Reclamamos justicia, que pague el hecho que el hizo porque él no lo mató peleando porque fue que lo acechó y le disparó y lo dejó listo. Nosotros pedimos la justicia máxima”, refirió una de las parientes del fallecido.

Leandro Ferro, de 38 años y nacido en Calabria, era requerido por las autoridades judiciales de Italia mediante una notificación roja de búsqueda y captura internacional con fecha de junio de 2023, precisa la Policía Nacional dominicana en su página web.

Al ser capturado por agentes adscritos a las Oficinas Centrales Nacionales(OCN)-Interpol Santo Domingo, el ciudadano italiano se encontraba en una calle cerca de un colegio de estimulación temprana y educación infantil.

A Ferro le fueron decomisados, entre otros objetos, una cadena dorada, un reloj, una llave de vehículo marca RAM y 250 dólares en efectivo.

Su arresto se produjo tras una investigación en coordinación con la OCN-Interpol de Italia, a donde, añade la nota, fue deportado mediante acto administrativo de la Dirección de Migración.

Por otra parte, un dominicano también buscado por las autoridades italianas acusado de homicidio y venta de sustancias ilegales fue arrestado en la localidad de Cotuí, en la provincia de Sánchez Ramírez.

Se trata de Raulin Manuel Mota Paulino, de 37 años y que era requerido en extradición por la justicia italiana mediante una resolución emitida en noviembre de 2023.

El detenido fue presentado ante el Ministerio Público, para los correspondientes fines legales.

Blades, de 75 años, y quien fue ministro de Turismo (2004-2009), se pronunció así en un escrito en reacción a las «declaraciones recientes de candidatos presidenciales en donde manifiestan estar en contra de la unión entre personas del mismo sexo», una opinión que va en concordancia con lo que está establecido en la legislación actual del país.

«No sé si lo hacen motivados por creencias religiosas, o si con eso buscan votos», reflexionó sobre los dichos de los candidatos el artífice de éxitos como ‘Pedro Navaja’ o ‘Maestra Vida’, para luego destacar que el matrimonio igualitario «no se trata de un tema moral: es un tema legal».

Para argumentar esta afirmación, Blades recordó la existencia de una opinión consultiva emitida en enero de 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en la que se urgió a los países de la región a garantizar los derechos humanos de la población sexualmente diversa, entre estos la unión de personas del mismo sexo.

La resolución de la Corte Interamericana no ha sido acatada por Panamá, pese incluso a los llamados de atención del organismo regional en ese sentido.

Es más, en un fallo difundido el 1 de marzo de 2023, la Corte Suprema de Justicia panameña dijo que el matrimonio entre personas del mismo sexo «no tiene categoría de derecho humano y tampoco derecho fundamental» a la luz de la legislación vigente en el país.

La máxima corte respondió a una serie de demandas presentadas desde 2016 que solicitaban declarar «inconstitucional» las leyes en contra del matrimonio igualitario que impendían reconocer al menos tres casos de uniones entre personas del mismo sexo celebrados en el exterior.

«A pesar de lo impopular que resulte mi opinión en Panamá y en donde sea, creo necesario defender el derecho que tiene un ser adulto para amar y establecer una relación consensuada con otro ser adulto. La protección jurídica que se ofrece al matrimonio heterosexual debe también aplicarse al matrimonio entre personas del mismo sexo», dijo este lunes Blades.

El hecho ocurrió la noche del domingo en el departamento salvadoreño de Ahuachapán y el supuesto responsable fue capturado este lunes, indicó la PNC en un mensaje en su cuenta de la red social X.

La Policía relató que el hombre «castigó a la niña y la golpeó porque era muy rebelde, y a causa de la golpiza la niña falleció».

Señaló que el cuerpo de la menor presentaba múltiples lesiones en el rostro y cuello. El ente policial agregó que Martínez será remitido a la Fiscalía General para que se inicie un proceso penal en su contra.

En un hecho similar, la Policía reportó en los primeros días de enero la muerte de una menor de 3 años tras ser golpeada por su padrastro, un suceso ocurrido en una zona urbana del oriental departamento de Usulután.

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) – no gubernamental – ha señalado en reiteradas ocasiones que «pese a la disminución de homicidios y feminicidios en El Salvador, la violencia contra las mujeres y niñas persiste, ya que los móviles y actores son diversos».

Asimismo, el abogado de la parte acusadora indicó que la audiencia fue pospuesta debido a que la jueza Sagrario del Río Castillo, presidenta del tribunal, está quebrantada de salud.

“Es bueno detallar que se está entrando en una etapa donde serán presentados los testigos que son más especializados como los de patología forense, los médicos que le realizaron estudios físicos a la víctima, así como al imputado y peritos forenses que son quienes vendrán a sustentar su peritaje y hallazgos que está en el informe y son quienes van a edificar el tribunal”, expresó Rodríguez.

La condena de 20 años a cada uno y el pago de una indemnización de un millón de pesos, les fue impuesta por el Quinto Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, que integran los jueces Julio Aybar Ortiz, Laisa Matos Durán y Nelcy Xiomara Ortega Ramírez, en contra de Jhon Henrry Mariñez y Pedro Juan Pichardo de Aza, por el asesinato de Anderson Sánchez de Los Santos y Rubén Almonte.

El Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Juan Alberto Liranzo, demostró con suficientes elementos de prueba la responsabilidad penal de ambos condenados, por haber cometido homicidio, porte ilegal de armas de fuego y asociación de malhechores, en franca violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, y los artículos 43 letra B, 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El expediente instrumentado por el fiscal investigador Franklyn N. Céspedes Bautista, relata que en fecha 8 de septiembre de 2022, alrededor de las 3:00 de la tarde, los hoy condenados, junto a otros dos, aún desconocidos, se trasladaban por la calle Progreso, del referido sector, con arma de fuego en mano y sin mediar palabras dieron muerte a la víctima Anderson Sánchez de Los Santos e inmediatamente emprendieron la huida.

Minutos más tarde, ya en calle La Doña, también de la misma forma le quitaron la vida al hoy occiso Rubén Almonte, realizándole varios disparos.

Los jueces determinaron, que por sus acciones, ambos deberán cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro de Macorís.

Según el médico forense el deceso se produjo a consecuencia de trauma confuso craneoencefálico.

Los presuntos autores son Andrés Canela Jiménez, alias Arian, de 31 años y Jhoan Manuel Soto Frías, conocido como El flaco, de 25 años de edad.

Uno de los detenidos tras aplicación de técnicas policiales de investigación, confesó los hechos, estableciendo que lo habría cometido junto al primer detenido, porque la occisa se negó a tener intimidad con ellos.

Los presuntos autores del hecho y las evidencias recolectadas por los miembros de la Policía Nacional y Ministerio Público, fueron puestos a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes.

Según información los tres hombres habían planificado un robo dentro de un establecimiento donde laboraban, cargando con más de 150 mil pesos.

Los detenidos se encuentran en poder de las autoridades policiales de esa provincia para ser sometidos a la acción de la justicia.

Los implicados son Gisela Mejía, Santiago Bustamante y Andrés Hincapié, quienes fueron enviados a prisión como presuntos responsables del secuestro y homicidio de Xiong.

La Fiscalía colombiana recordó hoy en el comunicado que, según las investigaciones, la víctima salió de su casa el 10 de diciembre de 2023 hacia una vivienda del barrio Robledo de Medellín para encontrarse con una mujer que supuestamente lo contactó a través de las redes sociales.

Sin embargo, su cadáver fue hallado un día después con signos de violencia en una zona despoblada del sector.

Según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Xiong murió por heridas causadas con un objeto contundente.

Los investigadores establecieron que el mismo 10 de diciembre un amigo del extranjero fue contactado telefónicamente en Estados Unidos para exigirle la suma de 2,000 dólares por su liberación.

Las tres personas que fueron enviadas a la cárcel fueron capturadas el pasado 16 de enero en Medellín. En las diligencias judiciales fueron incautados varios celulares y un vehículo.

Durante las audiencias preliminares los investigados no aceptaron los cargos por los delitos de secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado.

Xiong llegó a Colombia el pasado 29 de noviembre a Medellín, donde asistió a un concierto de Karol G. El hombre fue encontrado en un barranco del barrio Robledo con heridas de arma blanca y traumatismos contundentes luego de encontrarse con «una mujer que había sido contactada por él», dijo en su momento una fiscal de Medellín.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia aseguró la semana pasada que se han dado al menos ocho asesinatos «sospechosos» de estadounidenses en los dos últimos meses, tras el uso de aplicaciones de citas en Medellín por lo que pidió a sus ciudadanos no utilizarlas.

Varios casos estuvieron relacionados con el uso de drogas, robos, sobredosis y citas para encuentros sexuales mediante la utilización de aplicaciones.

Xiong, comediante y activista, nació en Laos en 1973. Sin embargo, su familia huyó de ese país asiático después de la toma del poder comunista en 1975 porque su padre había servido al ejército Hmong, respaldado por Estados Unidos.

Tras permanecer más de cuatro años en un campo de refugiados en Tailandia, Xiong se trasladó a Saint Paul, en Minnesota, donde vive una comunidad Hmong.

En la solicitud, el órgano acusado pide un año de coerción contra el rapero, quien se encuentra detenido desde el pasado miércoles, luego de que se ejecutará una orden de arresto por la denuncia interpuesta por la madre de la intérprete urbana.

De su lado, la procuradora de Corte directora nacional contra la Violencia de Género, Ana Andrea Villa Camacho que, según la investigación del Ministerio Público, el imputado ha ejercido violencia verbal, física y psicológica contra la también rapera Georgina Guillermo, alias Yailín la más viral.

Asimismo, refirió que en caso de que la víctima desista del proceso el Ministerio Público continuará con el mismo, ya que este es un caso de orden público.