Por: José Mármol

El uso de sustancias químicas letales para finalidades domésticas ha de estar prohibido, cuando no regulado por la sanidad pública en cualquier nación o Estado civilizado, a estas alturas del siglo XXI.

Claro está, menos en la República Dominicana, donde las leyes son letra muerta, balbuceos demagógicos de simuladores politiqueros, y los derechos individuales un escaso privilegio.

Si la igualdad, la libertad y la fraternidad son los tres grandes derechos que la Revolución Francesa legó a la humanidad, el respeto por la vida ha de ser el cuarto derecho universal que esa revolución, la Ilustración y todas las luchas sociales y los grandes ideales humanísticos han enarbolado a través de la historia.

Atacar insectos xilófagos con químicos de alto riesgo, sin explicar a los vecinos del edificio y sin consultar a profesionales o a las autoridades competentes, pudo haber acabado con la vida de mi hijo mayor y de su esposa, apenas cumplido un año de su matrimonio, y en la presunta seguridad y tranquilidad de su hogar, mientras dormían.

El uso indiscriminado para fines domésticos de productos tóxicos y con expresa indicación de la no existencia de antídotos, como el UPL (Phosgas Tabletas 56.8 FT. Fumigante-Fosfina Fosfuro de Aluminio) y el IMIDAN 20 SC (Insecticida-Acaricida-Termiticida. CloronicotiniloImidacloprid) constituye un atentado contra la vida humana.

La penetración por ductos y tuberías de la aplicación de esos químicos en el apartamento de uno de mis hijos, como resultado del uso irracional de estos en el apartamento superior, en su edificio del sector Bella Vista, pudo haber significado la pérdida irreparable de dos vidas jóvenes y útiles a la sociedad, además de una inmensa tragedia familiar.

La empresa de arquitectos que remodela el penthouse del lado este de ese condominio permitió usar esos químicos tóxicos a la compañía fumigadora, un tanto fantasma, provocando el internamiento urgente en cuidados intensivos del Cedimat de mi hijo de 29 años y su esposa de 28, quienes siguen tratamiento por quinto día consecutivo y monitoreo constante de hígado y riñones, ya en casa, luego de descartarse problemas en otros órganos.

La actuación rápida de los directivos y médicos especialistas del Cedimat, que consultaron a un centro de intoxicaciones en Atlanta, Georgia, EEUU, para obtener de su experiencia y análisis de los productos químicos las recomendaciones pertinentes para el tratamiento clínico, evitó un mayor riesgo en la salud y la vida de nuestros hijos.

La sustancia química letal fosfito de aluminio, aplicable solo a plantaciones agrícolas, se caracteriza por afectar los órganos vitales del cuerpo humano.

Y, léase bien, no existe antídoto contra ella, presente en los productos señalados, lo que refleja su extrema delicadeza para el uso en sembradíos, y nunca en hogares.

Peor aún, su detección no es precisa, como por ejemplo la de un escape de gas propano, sino que actúa mortalmente a la sombra y en siniestro silencio.

Esos productos no están permitidos en sociedades civilizadas -la nuestra parece no llegar a ese estadio-, a no ser en plantas y bajo controles estrictos y asesoría profesional. Abogo ante los sectores sensatos de la sociedad y las autoridades de ProConsumidor, los ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, contando con precedentes peores como las dos muertes por estos productos o similares ocasionadas hace un breve tiempo en un centro de veraneo de JuanDolio, afectando a una familia muy querida, el uso de esos químicos sea prohibido o rigurosamente regulado.

Es un reclamo mínimo en defensa de la vida, un derecho absolutamente inalienable en una sociedad democrática, moderna y civilizada.

«Ahora se trata principalmente de excluir legalmente la posibilidad de cambio de sexo en el pasaporte y en otros documentos», señaló Konstantín Chuichenko, ministro de Justicia, a la agencia TASS.

Reconoció que el cambio de sexo está permitido por ley en este país desde 1997, aunque el interesado no está obligado a someterse a una operación quirúrgica para poder introducir esa modificación en su documento de identidad.

Entre 2018 y el pasado año, más de 2,700 rusos cambiaron de sexo en sus documentos, lo que condujo a casi 200 matrimonios.

Por ello, argumenta el ministro, una persona que modificó su sexo sobre el papel, aunque físicamente siga siendo el mismo, puede casarse y adoptar niños.

«Así surgen preguntas como a qué edad una persona que cambió de sexo puede convertirse en pensionista o, si infringió la ley, a qué tipo de penitenciaría se le envía», señaló.

En su opinión, no sólo se trata de una auténtica «colisión jurídica», sino de la falta de consonancia entre la legislación y lo que llamó «prioridades constitucionales».

La reforma constitucional de 2020 introdujo en la Carta Magna el concepto de que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer.

«Los matrimonios homosexuales no producen hijos», aseguró en una ocasión el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, que acostumbra a predicar contra el liberalismo «sin género y estéril».

Chuichenko considera que las medidas que su ministerio se propone introducir permitirán «excluir en nuestro país la posibilidad de cambiar de sexo a través de la simple modificación de los documentos».

Según informa la prensa local, la legislación vigente obliga a cambiar de pasaporte si el aspecto de una persona cambia radicalmente, como tras una operación de cirugía plástica.

El ministro, que se propone homologar la legislación nacional a la política estatal de reforzamiento de los valores tradicionales, adelantó que en breve modificará varias leyes, entre otras la que versa sobre el estado civil del ciudadano.

Al respecto, la jefa del comité de Familia de la Duma o cámara de diputados, Nina Ostánina, aseguró que algunos jóvenes rusos habían cambiado de sexo en sus documentos para no tener que ser movilizados al ejército.

Noam Huppert, de 44 años, debe pagar más de 3 millones de dólares en concepto de futura manutención infantil de sus hijos de lo contrario tiene prohibido salir del país hasta el 31 de diciembre del año 9999, es decir, en casi 8,000 años.

Huppert se mudó a Israel en 2012 para estar más cerca de sus dos hijos pequeños, después de que su exmujer regresara al país el año anterior cuando los niños tenían tres meses y cinco años.

Poco después, fue la madre de los niños quien presentó una petición en un tribunal israelí para que Huppert no pudiese abandonar el país, incluso por vacaciones o por trabajo, hasta que pague 5000 shekels israelíes (1426 euros) al mes hasta que ambos cumplan 18 años.

Encerrado en Israel

«Desde 2013, estoy encerrado en Israel», dice Huppert, que trabaja como químico para una empresa farmacéutica.

Asegura que los ciudadanos australianos han sido «perseguidos por la ‘justicia’ israelí solo porque estaban casados con mujeres israelíes». «Soy uno de ellos», denuncia, añadiendo que habla «para ayudar a otros australianos que pueden sufrir esta experiencia que literalmente pone en peligro su vida».

Marianne Azizi, una periodista británica independiente que ha estado haciendo campaña para crear conciencia sobre el tema, sugiere que podría haber «cientos» de ciudadanos australianos en la misma situación.

Este oscuro lado de la ley de divorcio israelí es poco conocido dentro del país, y menos fuera de él. Azizi comenzó a investigar este problema después de que su propio esposo quedase atrapado en Israel luego de una visita para ver a sus hijos.

Después de publicar por su cuenta un libro sobre su experiencia con el sistema de justicia israelí, Sour, Milk and Stolen Honey, comenzó a recopilar testimonios de personas en la misma posición.

Una mujer puede fácilmente imponer una prohibición de viaje al padre, con una demanda de manutención de los hijos que puede extenderse a toda la duración de la infancia».

Una vez que un padre tiene la orden, puede ser encarcelado hasta por 21 días, tenga la capacidad de pagar o no, sin ninguna investigación de sus finanzas. Se espera que los hombres paguen el 100% o incluso más de sus ingresos a sus hijos.

Con el memorándum 398885, el director policial instruye a los directores regionales incrementar las labores de patrullaje tanto a pie, como en vehículos de cuatro y dos neumáticos,  y agrega que se deberán establecer servicios selectivos con las unidades de acción rápida y operativas, focalizados.

El mayor general Alberto Then precisa que se actuará de esa forma sólo en busca de desaprensivos que se dedican a perturbar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos que visitan las áreas comerciales de la parte céntrica y sectores de sus respectivas jurisdicciones.

Alerta, además, que el cumplimiento de la presente disposición será fiscalizado por los órganos de control de la institución y por él de manera personal, “quedando bajo sus responsabilidades la perfecta adopción de la presente medida”.

Dir de la @PoliciaRD, mayor gral Eduardo Alberto Then, instruye a directores regionales incrementar patrullaje preventivo tras prohibición de retenes y les
precisa casos en que se podrían implementar los chequeos, tras ocurrencia de hechos criminales. Procura mejorar prevención.

— Diego Pesqueira (@pesqueiradiego) December 12, 2021