Por: José Mármol

El uso de sustancias químicas letales para finalidades domésticas ha de estar prohibido, cuando no regulado por la sanidad pública en cualquier nación o Estado civilizado, a estas alturas del siglo XXI.

Claro está, menos en la República Dominicana, donde las leyes son letra muerta, balbuceos demagógicos de simuladores politiqueros, y los derechos individuales un escaso privilegio.

Si la igualdad, la libertad y la fraternidad son los tres grandes derechos que la Revolución Francesa legó a la humanidad, el respeto por la vida ha de ser el cuarto derecho universal que esa revolución, la Ilustración y todas las luchas sociales y los grandes ideales humanísticos han enarbolado a través de la historia.

Atacar insectos xilófagos con químicos de alto riesgo, sin explicar a los vecinos del edificio y sin consultar a profesionales o a las autoridades competentes, pudo haber acabado con la vida de mi hijo mayor y de su esposa, apenas cumplido un año de su matrimonio, y en la presunta seguridad y tranquilidad de su hogar, mientras dormían.

El uso indiscriminado para fines domésticos de productos tóxicos y con expresa indicación de la no existencia de antídotos, como el UPL (Phosgas Tabletas 56.8 FT. Fumigante-Fosfina Fosfuro de Aluminio) y el IMIDAN 20 SC (Insecticida-Acaricida-Termiticida. CloronicotiniloImidacloprid) constituye un atentado contra la vida humana.

La penetración por ductos y tuberías de la aplicación de esos químicos en el apartamento de uno de mis hijos, como resultado del uso irracional de estos en el apartamento superior, en su edificio del sector Bella Vista, pudo haber significado la pérdida irreparable de dos vidas jóvenes y útiles a la sociedad, además de una inmensa tragedia familiar.

La empresa de arquitectos que remodela el penthouse del lado este de ese condominio permitió usar esos químicos tóxicos a la compañía fumigadora, un tanto fantasma, provocando el internamiento urgente en cuidados intensivos del Cedimat de mi hijo de 29 años y su esposa de 28, quienes siguen tratamiento por quinto día consecutivo y monitoreo constante de hígado y riñones, ya en casa, luego de descartarse problemas en otros órganos.

La actuación rápida de los directivos y médicos especialistas del Cedimat, que consultaron a un centro de intoxicaciones en Atlanta, Georgia, EEUU, para obtener de su experiencia y análisis de los productos químicos las recomendaciones pertinentes para el tratamiento clínico, evitó un mayor riesgo en la salud y la vida de nuestros hijos.

La sustancia química letal fosfito de aluminio, aplicable solo a plantaciones agrícolas, se caracteriza por afectar los órganos vitales del cuerpo humano.

Y, léase bien, no existe antídoto contra ella, presente en los productos señalados, lo que refleja su extrema delicadeza para el uso en sembradíos, y nunca en hogares.

Peor aún, su detección no es precisa, como por ejemplo la de un escape de gas propano, sino que actúa mortalmente a la sombra y en siniestro silencio.

Esos productos no están permitidos en sociedades civilizadas -la nuestra parece no llegar a ese estadio-, a no ser en plantas y bajo controles estrictos y asesoría profesional. Abogo ante los sectores sensatos de la sociedad y las autoridades de ProConsumidor, los ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, contando con precedentes peores como las dos muertes por estos productos o similares ocasionadas hace un breve tiempo en un centro de veraneo de JuanDolio, afectando a una familia muy querida, el uso de esos químicos sea prohibido o rigurosamente regulado.

Es un reclamo mínimo en defensa de la vida, un derecho absolutamente inalienable en una sociedad democrática, moderna y civilizada.

En una nota de prensa, el despacho indicó que el acuerdo se firmó a propósito de la visita de trabajo de Ulloa a Caracas y que establece «el intercambio de buenas prácticas», además de la promoción de «programas educativos, de investigación y culturales para la protección efectiva de los derechos humanos».

El acuerdo, detalla el escrito, establece también la coordinación de proyectos de capacitación en materia derechos de niños y adolescentes, así como de las mujeres.

Además, prevé programas de capacitación en áreas como «mecanismos alternativos de resolución de conflictos, procesos de reconciliación y reparación, derecho a la igualdad y a la no discriminación y derecho de los migrantes».

El ombudsman venezolano celebró la firma de este pacto y aseguró que permitirá profundizar las relaciones y buenas prácticas de ambas instituciones.

Por su parte, el funcionario dominicano agradeció la oportunidad de poder observar, durante su visita, el «esfuerzo» que hace Venezuela para la promoción, defensa y vigilancia de garantías fundamentales.

En septiembre, la Defensoría del Pueblo de Venezuela capacitó a más de un centenar de militares en materia de prevención de la tortura y «otros tratos crueles, inhumanos o degradantes» a través de un taller sobre este tema.

En ese mismo mes, la Misión Independiente para Venezuela de la ONU presentó un nuevo informe en el que documentó, entre 2020 y 2023, al menos 9 muertes de opositores y líderes de la sociedad civil relacionadas con prácticas represivas, 14 desapariciones forzadas, 58 detenciones arbitrarias, 28 casos de tortura y 19 de violencia sexual y de género.

La ley, propuesta por el gobernante y conservador Partido del Poder Popular (PPP), consensuada por el resto de partidos e impulsada por la primera dama surcoreana, Kim Keon-hee, fue aprobada hoy por 208 votos a favor y 2 abstenciones.

La normativa entrará en vigor tras un periodo de gracia de tres años y, a partir de 2027 los infractores podrán encarar penas de hasta dos años de cárcel o multas de hasta 30 millones de wones (más de 22.000 dólares).

La norma estipula que el Estado proveerá subsidios para ayudar a aquellos involucrados en la industria de la carne de perro a que se involucren en otras actividades económicas.

Según datos del Gobierno surcoreano, en el país asiático existen aún unas 1.150 explotaciones que crían perros para consumo humano, 34 matarifes, 219 distribuidores y unos 1.600 restaurantes que incluyen platos con carne de perro en sus menús.

El tradicional consumo de carne de perro en Corea del Sur ha caído enormemente en las últimas décadas a medida que han ido en aumento el número de hogares que poseen mascotas.

Sondeos de años recientes muestran que una gran mayoría de surcoreanos nunca ha probado esa carne y que no tiene intención de hacerlo, al tiempo que la mayor parte de grandes mercados que la proporcionaban ha cerrado ya y el Gobierno y diversas asociaciones han logrado ir clausurando muchas granjas y mataderos y ayudado a sus dueños a cambiar de negocio en la última década.

Una medida «histórica» para los animalistas
La rama surcoreana de Humane Society International (HSI), que colaboró en la redacción de la propuesta legislativa, dio la bienvenida a su aprobación parlamentaria y la calificó de «histórica», en un comunicado.

La directora ejecutiva de HSI Corea, Chae Jung-ah, afirmó que la medida materializa «un punto de inflexión» en la sociedad surcoreana, en la que «la mayoría de ciudadanos rechaza comer perros y quiere ver ese sufrimiento relegado a los libros de historia».

La organización también urge al Gobierno a usar la moratoria de dos años hasta la entrada en vigor de la prohibición para «trabajar con grupos de defensa de los animales para rescatar a tantos perros como sea posible».

Según datos de HSI, hasta un millón de perros son cada año criados y sacrificados en Corea del Sur para el consumo humano.

Al mismo tiempo, la demanda de este tipo de carne se encuentra en «mínimos históricos», con cerca de 6 millones de perros viviendo en hogares surcoreanos y un 57 % de la población que apoya la prohibición, señala la ONG.

Con el veto a la venta de carne de perro, Corea del Sur se une a otros países y territorios de Asia que han tomado medidas similares, entre ellos Hong Kong, Taiwán, Filipinas, India, Tailandia, Singapur, varias ciudades de China y diversas provincias de Camboya e Indonesia.

Humane Society International señala no obstante que el grado de aplicación de la prohibición «difiere en varios grados» entre estos territorios.

Aunque no comparto la idea de que esta Constitución material se opone a la Constitución “formal” pues gran parte de ella está inserta en el bloque de constitucionalidad de los derechos humanos con rango constitucional en virtud del artículo 74.3 de la Constitución, sí creo que es una noción muy útil para desechar la idea de que nuestra Constitución es unitextual -pues incorpora los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales- y para dar carta de ciudadanía constitucional a los valores y principios detrás de estos instrumentos que también forman parte del bloque.

Es imposible abordar en el corto espacio de esta columna todas las implicaciones del concepto de Constitución material. Quisiera, sin embargo, referirme a la idea de derechos implícitos tal como Gil la conceptúa. Veamos…

El autor de la obra considera que los derechos consignados en los instrumentos internacionales de derechos humanos son derechos implícitos, o “derechos expresamente implícitos” (siguiendo la tesis original de Juan Ml. Pellerano Gómez). Creo, sin embargo, que estos son derechos sencillamente explícitos porque están expresamente consignados en instrumentos internacionales calificados explícitamente por sus autores, signatarios y ratificadores como “derechos humanos”, instrumentos que la propia Constitución ha dispuesto en su artículo 74.3 que tienen rango constitucional.

Concuerdo con Gil en que la dignidad humana es valor, principio y “derecho llave”, que ha permitido al Tribunal Constitucional derivar una serie de derechos relativos “a los derechos laborales, a las garantías del debido proceso, a las condiciones carcelarias, a la seguridad social y a la no discriminación” (el autor cita como ilustración de esta técnica de descubrimiento o creación de derechos las Sentencias TC/0217/13, TC/0375/2016, TC/0081/14, TC/555/17, TC/0012/12, y TC/0432/15).

También es implícito según Gil todo derecho consignado en declaraciones internacionales de derechos humanos -tengan carácter vinculante o no- y a los cuales hay que presumirlos fundamentales, como ocurre con la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por solo citar un ejemplo.  

Para Gil, y esta es una idea muy novedosa, “solo interesa la naturaleza de los derechos reconocidos por los convenios” y “poco importa que estos instrumentos jurídicos hayan sido suscritos o no por República Dominicana, o ratificados o no por sus poderes públicos autorizados, pues, en realidad, los que se incorporan al bloque de constitucionalidad son los derechos fundamentales, no los tratados sobre derechos humanos como tales”.

La determinación de los modos de creación de los derechos implícitos, vía su derivación de un valor, principio o derecho fundamental explícito o de su conexidad con un derecho explícito, es una gran tarea pendiente del Tribunal Constitucional. Este excelente ensayo del magistrado Gil abre el sendero para asumir esta tarea y tomar los derechos implícitos en serio, como quiere y manda el artículo 74.1 de nuestra Constitución. Así podremos enfrentar efectivamente las nuevas demandas sociales, los nuevos derechos y las nuevas garantías -pues para la Constitución hay también garantías fundamentales implícitas- y, sobre todo, para hacer frente a los retos de los nuevos titulares de derechos fundamentales.  

Salvo el hecho de que el CNM no designó candidatos a jueces de la jurisdicción contenciosa-administrativa -lo cual es vital en tanto el derecho administrativo es derecho constitucional concretizado-, ni consensuó con la oposición magníficos candidatos como Namphi Rodríguez, satisfaciendo las expectativas de aquellos que, como este columnista, entendían que esta renovación parcial del TC era una excelente oportunidad que se le ofrecía al presidente Luis Abinader, como presidente del CNM y líder de la mayoría política al interior de dicho órgano, de dejar su impronta en la conformación y futuro de la jurisdicción constitucional especializada, las designaciones efectuadas permiten ser optimistas respecto a la consolidación de dicha jurisdicción.

La designación de Napoleón Estévez, un jurista, profesor, doctrinario, civilista, procesalista y constitucionalista, autor de varias obras sobre la ley de casación, las leyes de procedimiento civil y las garantías, y juez supremo a cuya pluma y pensamiento debemos decenas de precedentes claves en materia civil y del debido proceso y que llega a la presidencia del TC, dos años más joven que el más joven Chief Justice de la Suprema Corte estadounidense, John Roberts, augura un buen inicio de esta segunda etapa del TC.

Otra figura clave de la nueva composición del TC es Amaury Reyes, una de las cabezas mejor montadas del constitucionalismo dominicano, académico consagrado, autor de artículos especializados publicados en el país y en el extranjero, fino cultor de la teoría constitucional, del derecho constitucional comparado, del derecho procesal constitucional y de la filosofía del derecho, con amplia experiencia como letrado en el TC y como consultor y litigante.

A este magnífico cuadro se suma Fidias Aristy, en la sana tradición inaugurada por Ray Guevara, Gómez Bergés y Díaz Filpo, con experiencia jurídico-política y municipal y dos magníficas mujeres juristas: Sonia Diaz, luchadora histórica por los derechos y la democracia, y Army Ferreira, especialista en propiedad intelectual y procuradora adjunta en el Ministerio Público (2003-2022). Ambas fortalecen la participación femenina en la Alta Corte constitucional.

Entiendo que, con esta balanceada composición, deberíamos esperar una consolidación de la existente ala liberal del TC, que propugna por abrir al ciudadano las puertas de la Corte y fortalecer los derechos y garantías fundamentales, lógicamente, trabajando en los consensos del justo medio, a lo que obliga la supermayoría exigida constitucionalmente para las decisiones del TC y evitando, en lo posible, que los esfuerzos se diluyan en votos disidentes.

Aquí es crucial la noción de que la mejor justicia constitucional es la que asume la interpretación de la Constitución en base a la estrategia Luis Fonsi: “pasito a pasito, suave suavecito”. Como se construye una catedral (Carlos Santiago Nino), como se escribe una novela en cadena (Ronald Dworkin). Como una interminable obra colectiva, que se levanta en base al esfuerzo de los intérpretes que nos precedieron, de los actuales y de los que vienen.

Un informe revelado este lunes por la Fundación Desafío apunta que la violencia a menores es «alarmante» en Ecuador, donde entre 2021 hasta agosto de 2023 hubo 18,921 atenciones de consulta externa por casos de violencia física, sexual o psicológica.

De estas atenciones se emitieron 5,238 notificaciones solo de violencia sexual en personas de 0 a 19 años, indicó con base en datos del Ministerio de Salud Pública (MSP).

La Fiscalía registra que en promedio se reciben 14 denuncias de violación por día, tres de estas son a niñas menores de 14 años.

Maternidad infantil

La maternidad infantil está conectada directamente a la violencia sexual, ya que según la ley ecuatoriana se considera delito de violación el acceso carnal a una persona menor de 14 años.

Según datos de Fiscalía, de enero de 2019 a marzo de 2022, se registraron 23,885 casos de violación y abuso sexual hacia menores.

Pese a que en la mayoría de los casos reportados los agresores no fueron identificados, este tipo de violencia a los menores «es alarmante», pues gran parte ocurre dentro del círculo familiar.

Según información del Ministerio de Salud Pública, desde 2021 a agosto de 2023 se registraron 11.390 embarazos en menores de 14 años.

La edad más temprana en la cual se registran embarazos de niñas, según los registros del Ministerio, es a partir de los 8 años. Entre 2021 y 2023 se registraron 21 casos de niñas de 8 años en 10 de las 24 provincias: Azuay, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Sucumbíos.

La Fundación Desafío subrayó que esas provincias son territorios con la mayor prevalencia de población indígena, afrodescendiente y montubia.

El informe señala que «el total de partos en niñas menores de 14 años entre 2021 y agosto de 2023 es de 4.963, siendo el año 2022 el año que al momento tiene la cifra más alta de partos. Sin embargo, de mantenerse la tendencia en 2023, en la cual se estima 171 partos mensuales en promedio, se podría cerrar el año superando al 2022».

«El costo social de embarazos no planificados en adolescentes asciende a 316,73 millones de dólares, y fue calculado por las pérdidas de ingresos futuros por abandono escolar en adolescentes de 15 a 19 años», indicó el informe.

Doble vulnerabilidad

Según la encuesta Análisis Rápido de Género, realizada en 2021 por las organizaciones CARE, Plan International, World Vision junto a el Programa Mundial de Alimentos (PMA), las niñas y adolescentes que son madres tienen serios problemas para el acceso a alimentos nutritivos que garanticen la salud de sus hijos, apenas el 7 % de niñas y adolescentes tiene acceso a cinco comidas diarias. El 76 % puede comer tres veces y el 17 % solo puede comer una o dos veces al día.

Fundación Desafío habla de una doble población vulnerabilizada por la maternidad infantil: las niñas que son obligadas a ser madres y sus hijos que sufren consecuencias como empobrecimiento, desnutrición, falta de acceso y proyecto de vida, entre otros.

Sobre la evolución de los nacidos vivos de niñas menores de 14, apunta que solo en 2022, se obtuvo 1.921 nacidos vivos de madres de 10 a 14 años de edad, que corresponde a 2,4 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en ese rango de edad.

Con base en datos del MSP, el informe apunta que «entre 2021 y agosto de 2023 se registran 611 abortos en los centros de salud pública en menores de 14 años».

Matrimonio infantil forzado

Pese a que, desde 2015 se prohíbe en Ecuador el matrimonio en menores 18 años, el matrimonio infantil aumentó, de 2 % al 3 % entre 2014 y 2016, la mayoría de estas uniones fueron de hecho y en un 18 % de los casos fueron matrimonios inscritos en el Registro Civil, de acuerdo a lo reflejado en el informe.

Pero aunque existe la prohibición, en la práctica no se ha erradicado, como muestra Estudio Sobre Matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en Ecuador presentado en octubre de 2023, en el cual expone que solo en 2020, 1 de cada 4 niñas que tuvieron un parto se encontraba unida o casada.

“Los derechos de la mujer han sido arrebatados, como sucede también en República Dominicana y la comparación con los Estados Unidos, donde se le da a la mujer ese derecho y desafortunadamente el país que yo amo y el país donde nací,  no está siguiendo las normas de los derechos humanos”, expresó Amanda Séptimo, Miembro de la Asamblea Estado New York.

 El senador Yvan Lorenzo, afirmó, que en la clase política hay mucho populismo y oportunismo con las razones para permitir la interrupción del embarazo en tres circunstancias, incluso en la propia comisión.

 En una carta que envió el presidente del Senado, Ricardo de los Santos señaló que el Congreso Dominicano garantizará el derecho de la mujer.

Los galardones se entregan el próximo día 10, en coincidencia con la fecha de muerte de Alfred Nobel, pero ya desde mañana los ganadores empiezan a llegar a Estocolmo para participar en una semana de celebraciones.

En esta ocasión son siete hombres y cuatro las mujeres reconocidas, entre ellas la nueva nobel de la Paz, la iraní Narges Mohammadi, cuyo galardón se entregará en Oslo, tal y como dejó establecido en su testamento el fundador de estos premios.

La bioquímica húngara Katalin Karikó y el inmunólogo estadounidense Drew Weissman han recibido en los últimos años multitud de reconocimientos y ahora ha llegado el turno del Nobel de Medicina.

Sin embargo, el camino no fue nada fácil, con dificultades de financiación y poca atención del mundo científico a sus avances durante años, aunque perseveraron en sus investigaciones, que sirvieron de base para desarrollar vacunas de ARN mensajero (ARNm) en tiempo récord contra la covid-19.

Unas vacunas que han permitido salvar millones de vidas, frente a «una de las grandes amenazas a la salud humana en tiempos modernos», destacó la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo cuando se decidió el premio.

El ARN mensajero es un mecanismo que enseña a las células del organismo a pelear contra las enfermedades, y la técnica desarrollada por los premiados tiene aplicaciones en vacunas contra virus, como el de la gripe, además de las investigaciones ya en marcha frente al cáncer y otras enfermedades.

Ciencia básica es también la que hacen el francés Moungi Bawendi, el estadounidense Louis Brus y Alexei Ekimov, nacido en la antigua Unión Soviética, merecedores del Nobel de Química por el descubrimiento y síntesis de los puntos cuánticos.

Estos son unos nanocristales diminutos, aproximadamente un millón de veces más pequeños que la cabeza de un alfiler, que entre sus propiedades está la de emitir luz de diferentes colores en función del tamaño.

Los puntos cuánticos iluminan ya monitores de ordenador y pantallas de televisión basados en la tecnología QLED y los bioquímicos y médicos los utilizan para cartografiar tejidos biológicos.

El Premio Nobel de Física se ha concedido a los franceses Anne L’Huillier y Pierre Agostini y al húngaro Ferenc Krausz, por sus trabajos para generar con láser pulsos de luz de una duración de attosegundos e investigar así la dinámica de los electrones dentro de los átomos.

Han abierto así un nuevo campo de investigación que puede impulsar aplicaciones en áreas como la electrónica, el diagnóstico de enfermedades y la búsqueda de fuentes limpias de energía.

El Nobel de la Paz reconoce a la activista iraní Narges Mohammadi por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y por promover los derechos humanos y la libertad para todos.

Encarcelada en la prisión de Evin, Mohammadi cumple una pena de 10 años y lleva años entrando y saliendo de prisiones iraníes. Su activismo le ha costado 13 detenciones, cinco condenas de 31 años de prisión en total y 154 latigazos.

El novelista y dramaturgo noruego Jon Fosse es nobel de Literatura por «por sus innovadoras obras de teatro y su prosa que dan voz a lo inefable», algo que no se puede explicar con palabras.

Considerado uno de los principales dramaturgos de las últimas décadas, Fosse es intimista, reflexivo y minimalista, con obras innovadoras y difíciles de catalogar que le han hecho casi inventar nuevas formas literarias.

Declarado admirador de Federico García Lorca, su obra ha sido traducida a cuarenta idiomas y sus piezas teatrales representadas en unas mil producciones en el mundo, con títulos como ‘Namnet’ (El nombre, 1995) o ‘Dødsvariasjonar’ (Variaciones de la muerte, 2002).

Uno de sus trabajos más reconocidos en prosa es ‘Trilogía’, (2014), una saga de amor y violencia con referencias bíblicas y predecesora de su obra magna ‘Septología’ (2021), escrita en forma de monólogo en la que un artista anciano habla consigo mismo.

La estadounidense Claudia Goldin es la nobel de Economía, la tercera mujer en ganar este premio y la primera en hacerlo en solitario, por haber hecho avanzar nuestra comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral.

Goldin realizó el primer informe exhaustivo sobre los ingresos y la participación de la mujer en el mercado laboral a lo largo de los siglos.