Así lo dijo Roberto Rodríguez, director general del Grupo Medrano, quien agregó que, como cada año, el carnaval más bello de América trae atractivas innovaciones y una cartelera artística a presentar cada domingo, al final de los desfiles de carrozas, comparsas y personajes.

“Como ya es costumbre, los visitantes podrán disfrutar de un área de no vejiga en la avenida del carnaval, con seguridad y las atracciones que lo convierten en el más importante evento folclórico y cultural de la República Dominicana, al recibir alrededor de un millón de personas cada año”, expresó Rodríguez.

El lanzamiento del Carnaval Vegano realizado la noche del lunes en el hotel Intercontinental de Santo Domingo, también contó con la presencia de Rosa Olga Medrano, presidenta del Grupo Medrano, para los primeros pitos de la fiesta nacional que une todas las etnias y clases sociales.

En el encuentro de prensa, también hablaron sobre la importancia para la región del tradicional evento artístico y cultural, Kelvin Cruz, alcalde de La Vega, y Martín Duquela, presidente de la Unión Carnavalesca Vegana (UCAVE), junto a representantes del Comité Organizador del Carnaval Vegano (COCAVE).

El carnaval Vegano 2024 cuenta con la producción de Grupo Medrano y Heriberto Medrano Holding Group, con el patrocinio oficial de Induveca y Presidente, con transmisión a través de Canal 105, Súper K, Radio La Vega y Radio Olímpica, emisoras que cuentan con el apoyo total de las 14 estaciones de radio restantes del Grupo Medrano.

Mientras por televisión el mundialmente famoso Carnaval Vegano llegará a los hogares por Antena 7 y Microvisión (Canal 10 de Telecable Central), que además difundirá una programación especial durante todo el mes de febrero, desde la culta, olímpica y carnavalesca ciudad de La Vega.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional consideró  este jueves que Rodríguez es inocente de las acusaciones de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, imputadas por la Pepca.

El Ministerio Público había requerido para Juan Roberto Rodríguez Hernández cinco años tras los barrotes.

 “Un cúmulo de nubes con truenos y relámpagos pero que al final…. No producen lluvia”, fue como calificó el caso su abogado Claudio Stephen, en una entrevista a Noticiassin.com, horas antes de la sentencia.

Cuando las tres juezas aún no habían emitido su decisión, el jurista aseguró que sus expectativas giraban en torno a que se dicte sentencia absolutoria a favor de su defendido.

En cuanto al tiempo que ha durado el caso, agregó que “la ley pone un límite de 4 años máximo de duración para que intervenga sentencia definitiva, a menos que la defensa haya sido la causante de la lentitud del proceso, que no fue el caso. De manera que este proceso se excedió y lesionó el derecho fundamental de todos los imputados”.

Las ruedas de prensa eran constantes, el “Caiga quien caiga” retumbaba en boca del procurador de ese entonces, Jean Alain Rodríguez, quien también se valió de otras frases para referirse a los involucrados en el caso de corrupción sin precedentes.

Los televisados apresamientos se dieron en mayo del 2017, tras los barrotes 10 de los 14 acusados: Temístocles Montás, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Ruddy González, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez, Radhamés Segura, César Sánchez y Máximo De Oleo, fueron los detenidos.

Bernardo Castellanos de Moya, se encontraba fuera del país, posteriormente se puso a disposición de las autoridades, mientras que por su inmunidad parlamentaria respondieron a las imputaciones en libertad, los senadores del PLD Tommy Galán y Julio César Valentín y el diputado Alfredo Pacheco del PRM.

Previamente, la PGR había firmado un acuerdo con la empresa brasileña que admitió haber pagado sobornos en República Dominicana y al menos una decena de países.

Con el pacto, Odebrecht se comprometió al pago indemnizatorio de 184 millones de dólares, el doble de la suma de 92 millones de dólares que la empresa admitió haber pagado como sobornos en el país.

Tras meses en la Cárcel de Najayo, los acusados empezaron a recuperar su libertad paulatinamente, al final solamente seis de los 14 señalados inicialmente quedaron en el proceso.

También el en ese entonces juez de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, declaró inadmisible el procedimiento de homologación del acuerdo usado por el Ministerio Público y Odebrecht, basado en que se precisa un “requerimiento procesal de mayor rigurosidad jurídica” que “el procedimiento escogido”.

Además, el magistrado decidió sobre los archivos definitivos de los expedientes de Ruddy González, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, Temístocles Montás, Máximo D’Oleo, Radhamés Segura, Bernardo Castellanos y César Sánchez.

Dijo que el archivo definitivo «nunca existió». El argumento de Vargas se sostiene en que el Ministerio Público no notificó en el plazo establecido a una de las partes querellantes sobre su intención de archivar los expedientes de ocho imputados.

El juicio se conoció en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y el Ministerio Público logró que el tribunal admitiera más de 1,200 pruebas documentales y el testimonio de 21 testigos, desde que comenzaron la presentación de su oferta probatoria el 8 de enero de 2021, sin embargo, lo que no consiguió fue que le acogieron las delaciones premiadas.

Las delaciones premiadas que el MP pretendía incorporar como medio de prueba,  carecían  de sellos oficiales del Ministerio Público Federal de Brasil, código de lectura de barra, apostillas y notarizaciones legales, requisitos considerados vitales para que puedan ser admitidas en el juicio de fondo.

Las defensas de los  acusados habían solicitado que las delaciones no entraran al debate por considerarlas pruebas viciadas, obtenidas de manera ilegal.

Acusaciones individuales

Contra Ángel Rondón, el órgano acusador presentó al tribunal que  constituyó un entramado societario conformado por varias empresas que sirvieron para lavar dinero ilícito.

La Pepca planteó que el imputado, como parte de sus actividades para el lavado de activos, realizaba transferencias de fondos que son fruto del soborno desde las empresas de su propiedad Lashan y Conamsa hacia otras de sus firmas. Indicó que los vínculos políticos y sociales de Rondón le permitían realizar las transacciones y las conexiones necesarias para la obtención de las obras.

Contra Rondón se afirma que del 2002 al 2017 como persona física percibió ingresos cuantiosos en pesos y dólares, por RD$983,682,226.57.

A  Víctor Díaz  Rúa, se  le imputan los delitos de soborno en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones juradas y lavado de activos producto de infracciones graves.

Mientras que Tommy Galán, según los fiscales, logró su crecimiento patrimonial cuando la empresa Odebrecht estaba en pleno apogeo. Se le acusa de enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones juradas y lavado de activos producto de infracciones graves.

En el caso de Andrés Bautista, la Pepca afirma que de 1994 al 2004 su patrimonio inmobiliario se incrementó en 668 % y del 2004 al 2006 subió 333 % y que, además, ocultó bienes. “Partiendo del incremento obtenido desde la fecha de toma de posesión de su cargo por primera vez (1994) hasta la última declaración (2006), el incremento se eleva a 1074 %”, dice la acusación.

Contra Conrado Pittaluga, el Ministerio Público dice que es testaferro de Díaz Rúa, firmó contratos de servicios jurídicos de fachada con Odebrecht y constituyó sociedades de carpeta en paraísos fiscales. Afirma que trianguló los activos a través de las sociedades Newport, Indoequipesa SRL y Solaries SAS.

Roberto Rodríguez es señalado en el primer contrato que obtuvo Odebrecht, hablamos de la ampliación del acueducto de la Línea Noroeste para lo cual, según el Ministerio Público, Rodríguez recibió de ARMA RD$1,075,000 el 19 de enero del 2009 a través de una cuñada. Describe además productos financieros.

El órgano acusador está solicitando sentencias de diez años contra Rondón y Díaz Rúa; siete años contra Pittaluga y cinco para Roberto Rodríguez, Tommy Galán y Andrés Bautista.

No se pierda nuestra cobertura especial del fallo del caso Odebrecht, hoy a las 3:00 PM, con Alicia Ortega y el equipo completo de SIN.

Este lunes las juezas Gisell Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo escucharon a los imputados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa y Porfirio Andrés Bautista.

Para el jueves están pendientes los acusados Conrado Enrique Pittaluga, Tommy Galán y Roberto Rodríguez.

El juicio de fondo, iniciado en 2020, está ya en su etapa final a espera de sentencia por parte del tribunal que conoce el caso que se destapó tras las filtraciones de los Panama Papers por el Consorcio de Periodistas de Investigación.

Transmisión en vivo de la audiencia:

A los imputados Rodríguez Hernández, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), y a Galán Grullón, exsenador por la provincia San Cristóbal, el Ministerio Público le atribuye los delitos de soborno, prevaricación, falsedad en declaraciones juradas, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En la sesión de este martes, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional incorporó documentos relativos a declaraciones juradas de patrimonio de Rodríguez y Grullón, cuyas defensas trataron, infructuosamente, de que fueran excluidas.

Luego de acoger la petición del equipo de fiscales del Ministerio Público, el tribunal incorporó las pruebas, tras rechazar las objeciones y recursos de oposición a su admisión, interpuestas por los abogados de los imputados, quienes alegaban ilegalidad y que estaban incompletas.

En su decisión respecto a las evidencias admitidas, el tribunal estableció que no existía ningún impedimento para su incorporación.

La fiscal Mirna Ortiz destacó en el juicio que las pruebas fueron obtenidas de manera lícita y conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal vigente, además de precisar que las mismas no contravienen ninguna disposición legal vigente.

Al inicio de la jornada, el imputado Andrés Bautista García, contra el cual fueron incorporadas el pasado lunes 95 pruebas, hizo uso de su derecho a la defensa de las acusaciones por su vinculación a los sobornos, presentadas por el Ministerio Público.

Posteriormente, las juezas Esmirna Giselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes dispusieron que el Ministerio Público presentara las pruebas específicas en contra de los imputados Rodríguez Hernández y Galán Grullón.

Al autorizar a la secretaria del tribunal proceder con la lectura, ordenaron la omisión de datos personales de los imputados y sus familiares por acuerdo de las partes.

Además de Rodríguez Hernández, Galán Grullón y Bautista García, el Ministerio Público ha incorporado en esta etapa del proceso de la presentación de las pruebas específicas, un gran número de evidencias en contra de Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa.

En tanto que a la defensa de Conrado Pittaluga Arzeno  el tribunal le otorgó un plazo para estudiar unas pruebas que el despacho judicial no le había notificado, a fin de que pueda defenderse.

El Ministerio Público resaltó en un comunicado de prensa el avance en la incorporación de las pruebas, destacando en ese sentido, que las nuevas evidencias admitidas en la jornada de este martes, tanto por lectura como por estipulación (incorporadas, pero no leídas), se suman a las 973 incorporadas hasta la tarde del pasado lunes.

El tribunal ordenó un receso del juicio hasta las 2:30 de esta tarde.