El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) informó que el temblor ocurrió a las 02:08 hora local (18:09 GMT del lunes), con epicentro localizado cerca de la frontera con Kirguistán.

Concretamente, ocurrió a 129 kilómetros al oeste-noroeste del municipio de Aykol (China) y a 130 kilómetros al sureste de Kyzyl-Suu (Kirguistán).

El temblor se produjo en la cordillera de Tien Shan, una región sísmicamente activa con numerosos deslizamientos en zonas de fallas, aunque los terremotos de esta magnitud son poco frecuentes, según especificó el USGS.

En los últimos 100 años, tal y como detalla la agencia científica estadounidense, solo se produjeron en dicha zona tres sismos de magnitud superior a 6,5; el mayor de ellos, de magnitud 7,1, fue registrado en marzo de 1978 a unos 200 kilómetros al norte del país.

Este evento sísmico se produjo después de que en la madrugada de este lunes un corrimiento de tierras en la provincia meridional china de Yunnan dejara a 47 personas enterradas y provocara al menos siete víctimas mortales.

Los cuatro funcionarios sancionados por China forman parte de la  Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, entre ellos su presidente y su vicepresidente, detalló el portavoz de Exteriores chino Zhao Lijian en rueda de prensa, quien aseguró que la decisión se toma «en base a la reciprocidad».

Entre los sancionados por Estados Unidos el pasado 10 de diciembre se encuentra Shohrat Zakir, ex jefe del Gobierno regional de Xinjiang, y su sucesor, Erken Tuniyaz, así como la empresa de vigilancia tecnológica SenseTime.

Estados Unidos aseguró que durante sus mandatos un millón de uigures, una minoría musulmana, y miembros de otros grupos étnicos en dicha región fueron internados en instalaciones vigiladas.

En los últimos años, han surgido denuncias por parte de algunos uigures que viven en el extranjero sobre su situación y la de otras minorías musulmanas en la región.

El pasado mes de marzo, la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, entre otros, ya anunciaron sanciones contra varios funcionarios chinos por supuestos abusos contra los derechos humanos en Xinjiang que Pekín ha negado en repetidas ocasiones.

Representantes del Gobierno de Xinjiang han expresado igualmente que las acusaciones son meras «falsedades».

El propio Zakir defendió anteriormente ante los medios locales que los mencionados centros de internamiento eran en realidad «centros de formación profesional» y que se abrieron bajo las directrices del presidente chino, Xi Jinping, para luchar contra las «tres fuerzas del mal: el terrorismo, el extremismo y el separatismo».

Por su parte, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) han alertado de abusos, torturas y muertes bajo custodia en estos centros, en los que, según Pekín, «se aprende mandarín, nociones sobre derecho y un oficio».

Las ONG también han denunciado que en Xinjiang los musulmanes no pueden practicar su fe con libertad.

Las restricciones a la hora de informar sobre esta región son múltiples y los periodistas extranjeros que viajan de manera independiente a Xinjiang son sometidos a vigilancia e intimidación continua, recoge en su último informe el Club de Corresponsales Extranjeros de China.