Varios detenidos fueron capturados en un «centro clandestino de rehabilitación» situado a pocos metros del hospital, «donde aparentemente se refugiaron cuando llegaron los uniformados», aclaró en un comunicado la Fiscalía que procesará a los 77 encarcelados por el presunto delito de terrorismo.

La Fiscalía, en una audiencia por videoconferencia en la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos Contra la Corrupción y Crimen Organizado de Quito, presentó como pruebas las versiones de los agentes que intervinieron en los allanamientos y otras evidencias que se obtuvieron durante la operación.

El juez de la causa acogió un pedido de la Fiscalía y dictó órdenes de prisión preventiva contra los 77 procesados, quienes han sido trasladados a la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador, ubicada en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas.

El Ministerio Público explicó que la instrucción fiscal durará treinta días.

La madrugada del pasado domingo, según los reportes policiales, varios ciudadanos ocuparon las instalaciones del hospital de Yaguachi, donde había sido trasladado un sujeto herido que se cree que formaba parte de una banda de crimen organizado y que posteriormente falleció.

Según las primeras investigaciones, los detenidos, aparentemente, habían ingresado en el hospital de Yaguachi para brindar “resguardo” al herido.

Personal de la Policía que acudió al lugar para atender la alarma generada en el hospital fue recibida con disparos, por lo que se solicitó la asistencia de militares, relató la Fiscalía.

Agregó que varios involucrados en el intento de ocupación de la casa de salud se habrían refugiado en un edificio cercano, donde funcionaba un centro clandestino de atención a personas con adicciones.

Según el Ministerio Público, en ese sitio supuestamente operaba un «centro de comando de un grupo delictivo, que manejaba para su seguridad seis cámaras de videovigilancia, ubicadas en calles aledañas».

En los allanamientos se han encontrado «dos armas de fuego tipo artesanal, cinco balas sin percutir, cuatro cuchillos, droga, un chaleco antibalas, dos radios de comunicaciones, cinco teléfonos celulares, seis cámaras videovigilancia y cuarenta panfletos con mensajes del grupo de delincuencia organizada (GDO) ‘Los Águilas'», según detalló la Policía en su parte informativo.

El delito de terrorismo está penado en el código penal ecuatoriano con entre diez y trece años de cárcel.

En Ecuador rige un estado de excepción, con toque de queda nocturno, por la espiral de violencia que han generado grupos de delincuencia organizada a escala nacional, que incluyó secuestros, asesinatos, artefactos explosivos, vehículos incendiados, motines en cárceles y la irrupción en un canal de televisión de trece hombres armados, detenidos poco después del asalto.

El presidente Daniel Noboa declaró también el «conflicto armado interno» contra las bandas del crimen organizado, a las que designó como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales a ser neutralizados por las fuerzas de seguridad del Estado.

«Neutralizamos a presuntos terroristas, quienes intentaban tomarse las instalaciones de una casa de salud en Yaguachi, Guayas, con la finalidad de resguardar a un integrante de su organización, el mismo que ingresó en calidad de herido durante la madrugada», publicó la Policía en su cuenta de la red social X.

Por ese medio, la Policía publicó un video en el cual se ve a un grupo de hombres, en ropa interior, tumbados al piso con las manos tras la cabeza.

En otra pieza se observa cuando los individuos, con las manos atadas a la espalda, ingresan en un autobús custodiado por la Policía.

La Policía indicó en un comunicado que quien ingresó herido en la madrugada a la casa de salud falleció por la gravedad de las heridas.

Según la Policía, allanaron en las inmediaciones del hospital, un supuesto «centro de rehabilitación para adicciones», lugar donde se habrían escondido los implicados en este hecho.

En el interior de las instalaciones, los servidores policiales aprehendieron a las 68 personas, presuntos vinculados al evento. Además, se encontraron armas de fuego, municiones, radios, cámaras de vigilancia, una moto reportada como robada y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Julio Camacho, comandante en funciones de la Zona 5, manifestó que este lugar funcionaba como un centro de comando de operaciones ilícitas y se mantenía como un prostíbulo clandestino con adolescentes, además.

«Todos los indicios y los aprehendidos fueron puestos en conocimiento de Fiscalía para el procedimiento correspondiente», añadió.

El operativo se desarrolló en momentos en que en Ecuador rige un estado de excepción, con toque de queda nocturno, así como la declaratoria de un ´conflicto armado interno´ contra los grupos de delincuencia organizada.

La semana pasada hubo una oleada de atentados y acciones violentas atribuidas a esos grupos, que incluyeron el secuestro de policías, asesinatos, artefactos explosivos, vehículos incendiados, motines en cárceles con 200 rehenes (ya liberados) y la toma de un canal de televisión por parte trece encapuchados armados, ahora detenidos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha identificado a las bandas del crimen organizado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales a ser neutralizados por las Fuerzas Armadas, que ahora están a cargo de la seguridad del país.

Esta crisis inició con la fuga de la cárcel de Adolfo Macías ‘Fito’, líder de la banda criminal ´Los Choneros´, antes de que fuese a ser trasladado y aislado en una cárcel de máxima seguridad.

«Saludo a los peregrinos llegados desde Ecuador y aseguro mi oración por la paz en su país», dijo el papa asomado a la ventana del palacio apostólico para el rezo del ángelus.

Ecuador vive en estos días un «conflicto armado interno» contra el crimen organizado y se ha proclamado el estado de excepción en el país.

El «conflicto armado interno» fue declarado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el 9 de enero debido a una oleada de actos violentos atribuidos al crimen organizado, que incluyeron el secuestro y asesinato de policías, alertas de explosiones, vehículos incendiados y motines simultáneos en cárceles con toma de rehenes.

El decomiso de la droga se realizó al allanar una empaquetadora de banano en el cantón (municipio) de Simón Bolívar, en la costera provincia de Guayas, donde se encuentra el puerto de Guayaquil, considerado uno de los principales trampolines para la cocaína que las mafias envían hacia Europa, principalmente.

Los agentes hallaron en el local a cuatro sujetos que cargaban cajas de banano contaminadas con bloques de droga.

En total se decomisaron 666 paquetes rectangulares de cocaína envueltos en cinta de embalaje, además de dos vehículos y cuatro terminales móviles.

Los detenidos y los indicios fueron puestos a órdenes de la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un punto clave del tráfico mundial de esa droga, al aprovechar las mafias sus puertos y costas para enviar toneladas de esa droga hacia Europa y Norteamérica.

Esto le ha hecho ser también en el tercer país del mundo que más droga decomisa, sólo por detrás de Colombia y Estados Unidos, pues anualmente ha superado las 200 toneladas de estupefacientes incautados en los últimos tres años.

«Esto es una guerra, un conflicto armado interno en el cual estamos luchando contra 22 grupos, unos más pequeños y otros más grandes, que tienen decenas de miles de hombres armados, en el cual se financian por narcotráfico, minería ilegal y al mismo tiempo generan terror», explicó el presidente.

En una de las pocas entrevistas que ha concedido desde que se agudizó la violencia que vive Ecuador y decretó la existencia de un conflicto armado interno, el presidente aseveró que ya han «neutralizado todas las cárceles del país» y recuperado «170 rehenes sanos y salvos«.

«Estamos reorganizando estos centros de privación de libertad en los cuales algunos de estos líderes planificaban crímenes (…) y los estamos moviendo de su zona de confort y desarticulando esas redes de criminalidad y de terrorismo», resaltó.

La búsqueda de ‘Fito’

Noboa aseguró que luchan contra todas esas bandas y con los líderes de ellas, que en algunos casos son más de 10 para cada una, y no solo contra José Adolfo Macías, alias ‘Fito’, el líder de la banda más grande, ‘Los Choneros’ que se escapó a principios de mes de prisión.

En ese sentido, el presidente ecuatoriano quiso resaltar que ‘Fito’ «no es el Pablo Escobar», sino un líder más, y que lo están buscando «en todos los lados internacionalmente».

Este mismo viernes, llegó a Guayaquil deportada la familia de este delincuente fugado, que se encontraba en Córdoba (Argentina), pero el destino de ‘Fito’ sigue siendo incierto.

Ante los rumores de que se podría haber fugado del país a Perú, Bolivia o Colombia, Noboa no descartó que se encuentre en Colombia y aseguró que ha pedido a su homólogo Gustavo Petro «que aplique una búsqueda intensa en el país y que tengamos cooperación entre los dos países e inteligencia entre ejército y policía».

Gálapagos, puerto de tránsito

El presidente también se refirió al auge de Ecuador como puerto de cocaína y drogas ilícitas, alegando que Guayaquil es el tercer mayor puerto de Latinoamérica y que al estar la economía dolarizada y tener un buen sistema vial «se vuelve el centro perfecto para trampolín logístico, de sustancias ilícitas».

«La droga que sale de contenedores va principalmente para Europa, pero el espacio marítimo ecuatoriano y de las Islas Galápagos se usa para tránsito hacia México y los Estados Unidos», explicó el presidente, quien recordó que las turísticas islas Galápagos desde hace «cinco o seis años» se han convertido en «un puerto de tránsito, de combustible, así mismo como de droga».

Por eso, subrayó que se están intesificando los controles, poniendo más vigilancia a Petroecuador, para que el combustible no acabe sirviendo al narcotráfico y también fortaleciendo el sistema de vigilancia marítima, con la ayuda de Estados Unidos.

El tema de los presos

Noboa también abordó en la entrevista con la W Radio la idea que señaló la pasada semana de deportar a Colombia presos que se encuentran en las cárceles ecuatorianas, pues estima que hay 3,200 presos en hacinamiento y la mayoría son extranjeros, no solo de Colombia sino de Perú, Venezuela u otros países.

«De acuerdo a la ley ecuatoriana, cualquier sentenciado extranjero con una sentencia ejecutoriada de cinco años o más puede ser expulsado del país y devuelto a su país de origen», recordó el presidente ecuatoriano.

La pasada semana Noboa dijo que empezarían casi de inmediato esa expulsión, una idea con la que Colombia no está completamente de acuerdo y que aún no se ha producido.

Pero el presidente insistió en el coste económico que le supone a Ecuador mantener en sus cárceles a los presos extranjeros y que «es un absurdo» cuando hay «una guerra que pelear y tenemos que recuperar económicamente una nación que está muy golpeada».

De acuerdo a lo reportado por el diario local La Hora, el hombre de 41 años, identificado como Jorge Fernando Viteri González, habría caído de un octavo piso de un edificio al norte de Quito.

Según lo indicado por las autoridades, en primera instancia se presume que habría sido un suicidio.

“La información oficial la daremos por los canales institucionales. Hacemos un llamado a la ética profesional y prudencia por respeto a su familia y amigos”, agregó la Fiscalía.

Este incidente se da un día después del asesinato del fiscal César Suárez, que fue acribillado por sicarios la tarde del miércoles cuando se trasladaba en su vehículo por un sector del norte de la ciudad portuaria de Guayaquil próximo a su domicilio.

Suárez estuvo detrás de investigaciones que destaparon escándalos de corrupción en el sistema hospitalario y realizó otras pesquisas sobre la penetración de las mafias en organismos judiciales.

Días atrás, había interrogado a los trece detenidos, entre ellos dos menores de edad, que irrumpieron el 9 de enero a los estudios del canal TC Televisión y mantuvieron secuestrados a sus trabajadores durante varias horas en una emisión en vivo, un acto que la Policía atribuyó a la banda criminal ‘Los Tiguerones’.

Esto después de la oleada de violencia vivida el 9 de enero y atribuida al crimen organizado, donde además de la toma del canal se registraron secuestros de policías, asesinatos, artefactos explosivos, incendios de vehículos y motines en las cárceles con alrededor de 200 rehenes ya liberados.

Tras el asesinato de Suárez, el Ministerio Público abrió una investigación contra el ex ministro del Interior José Serrano por presuntamente difundir información considerada reservada sobre la muerte del fiscal.

El ex ministro del expresidente Rafael Correa (2007-2017) aseguró que el asesinato por sicarios del fiscal Suárez se dio en un contexto complicado del país, por la lucha que lleva el Gobierno contra bandas del crimen organizado.

“El sicariato de uno de los mejores fiscales del país, se da en un contexto mucho más grave y complejo”, y los agentes del Ministerio Público, en su mayoría honestos, están en riesgo por “algún infiltrado canalla que debe descubrirse quién es”, escribió Serrano, quien fue un duro crítico del pasado Gobierno del conservador Guillermo Lasso (mayo 2021-noviembre 2023).

El ex funcionario vinculó el hecho con presuntas indagaciones del magistrado sobre el entorno de José Adolfo Macías Villamar ‘Fito’, el líder de la banda criminal ‘Los Choneros’ que se fugó de la Cárcel Regional de Guayaquil.

Los dos detenidos por su presunta participación en el asesinato del fiscal Suárez ingresarán en prisión preventiva mientras la Fiscalía continúa con las pesquisas del crimen de este magistrado.

Un juez penal ordenó el ingreso en prisión provisional de Cristhian P.M. y Ángel A.B., quienes fueron detenidos por la Policía en la noche del miércoles, mientras las autoridades continúan en la búsqueda de al menos otras dos personas que presuntamente habrían participado también en el asesinato.

El magistrado acogió así la solicitud de encarcelamiento preventivo realizada por la Fiscalía en una rápida audiencia de flagrancia y calificación de cargos donde el Ministerio Público presentó elementos de convicción contra los dos detenidos.

Una primera patrulla integrada por personal del Batallón de Infantería Motorizado N° 5 (BIM N° 5) se desplazó desde el Fuerte Zarumilla hacia el sector Pesqueros, en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, en el departamento norteño de Tumbes, precisó el ministerio.

A su vez, una segunda patrulla del Batallón de Infantería Motorizado N° 11 (BIM N° 11) se movilizó desde el Fuerte Papayal hacia el sector Dos Bocas y La Pampa, en el distrito de Papayal, en la provincia de Zarumilla.

Ambas localidades limítrofes poseen una densa vegetación, razón por la cual se requiere de equipos como los drones para facilitar su vigilancia.

El Ejército peruano realiza los patrullajes disuasivos en la línea de frontera con Ecuador, en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP), para «mantener y garantizar la integridad territorial» de las zonas limítrofes, indicó el ministerio de Defensa, tras la ola de violencia del crimen organizado desatada en el país vecino y que incluso ha puesto de manifiesto el contrabando de material bélico de Perú hacia Ecuador.

El Gobierno peruano emitió el pasado 10 de enero un decreto supremo en el que declaró el estado de emergencia, por 60 días, en los distritos y provincias limítrofes con Ecuador y precisa que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

«Hemos aprehendido a 2 presuntos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez, en Guayaquil, tras diligencias investigativas que permitieron identificar la presunta participación en el hecho criminal», escribió en su cuenta X (antes Twitter) el comandante general de la Policía, César Zapata.

A los detenidos se les incautó un fusil, dos pistolas, alimentadoras y dos vehículos.

El asesinato del fiscal Suárez fue perpetrado el miércoles en la ciudad costera de Guayaquil en medio del estado de excepción y la declaración de un conflicto armado interno por parte del Gobierno de Daniel Noboa ante una espiral de violencia desatada la semana pasada y atribuida a bandas criminales.

Suárez, que había interrogado recientemente a los detenidos por el asalto al canal TC Televisión de Guayaquil, fue asesinado por sicarios que dispararon a su vehículo cuando se dirigía a una audiencia en un caso de tráfico de drogas, sin estar protegido por un equipo de seguridad.

El Gobierno de Ecuador ha rechazado el asesinato a tiros del fiscal y ha ratificado su compromiso de apoyar a la administración de justicia en el marco de la «guerra interna» que lleva adelante contra el crimen organizado trasnacional.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, deploró el crimen de Suárez y dijo que el Ministerio Público no detendrá su lucha contra los grupos del crimen organizado.

«Este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador», pero «los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana», apuntó Salazar el miércoles.

La fiscal hizo un llamamiento a las fuerzas del orden para «garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en cumplimiento de nuestras funciones», así como al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias judiciales que llevan adelante fiscales de las unidades contra el crimen organizado «se desarrollen de forma telemática».

Suárez, que investigaba el caso de la toma de un canal de televisión el pasado 9 de enero durante una oleada de atentados y acciones violentas vinculadas a estas bandas, se había hecho conocido en la portuaria ciudad por sus investigaciones anticorrupción, sobre todo aquellas referentes a presuntas irregularidades en hospitales durante la pandemia.

Entre los casos más sonados investigaba presuntas compras y contratos irregulares por cantidades millonarias para hospitales públicos bajo sospechas de haber sido firmados con sobreprecio y de haber causado un perjuicio económico al Estado.

Sin embargo, a Suárez también le llegó el caso más mediático de la ola de violencia acontecida en diferentes ciudades de Ecuador el 9 de enero y asumió el expediente de la toma del canal TC Televisión con el interrogatorio a los trece detenidos por ese asalto, entre ellos dos menores de edad.

Un día antes de su asesinato había reclamado la falta de protección y resguardo, consciente de que podía estar en la mira de la banda criminal detrás de la toma de canal que, según la Policía, puede tratarse de ‘Los Tiguerones’, una de las 22 que el Gobierno de presidente Daniel Noboa a las que les ha declarado la «guerra interna» y las ha clasificado de grupos «terroristas» tras la oleada de atentados y violencia de la pasada semana.

El asesinato de Suárez se dio en medio del estado de excepción por «conflicto armado interno» decretado por el Gobierno, de la misma forma que en la víspera fue asesinado un agente de prisiones en la amazónica provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.

Escalada de homicidios

A Suárez lo mataron de la misma manera que numerosas autoridades ecuatorianas que se enfrentan al crimen organizado y que han perecido en los últimos meses y años, acribillados por presuntos sicarios en una sanguinaria escalada de homicidios que tuvo punto de mayor conmoción en el mortal atentado contra el candidato presidencial Fernando Villavivencio el pasado año.

Al menos otros dos fiscales fueron asesinados el año pasado en Guayaquil y en su área metropolitana, como ocurrió con los magistrados Édgar Escobar y Leonardo Palacios, mientras que el juez Nelson Yánez, en la amazónica Lagro Agrio, corrió la misma suerte.

Las amenazas a los funcionarios del aparato de Justicia de Ecuador han alcanzado incluso a la fiscal general, Diana Salazar, que en junio del año pasado denunció haber recibido amenazas de muerte contra ella y su familia desde números telefónicos desconocidos y aparentemente procedentes del extranjero.

Asimismo, Santiago Loza, director de la cárcel de El Inca, de Quito, fue acribillado en diciembre de 2022 en la capital ecuatoriana y las directoras de las cárceles de mujeres de Esmeraldas y Guayaquil también sufrieron en marzo de 2023 atentados similares donde lograron salir con vida.

Políticos en la mira

Durante el transcurso del pasado año se incrementaron los atentados contra autoridades ecuatorianas, entre ellos políticos, en el contexto electoral de los comicios locales y luego en los generales, donde se vivió la campaña más violenta de la historia de Ecuador.

Ahí fue asesinado Villavicencio, también acribillado a tiros a la salida de un mitin electoral en Quito por parte de un grupo de sicarios colombianos que semanas después fueron presuntamente asesinados en prisión, por lo que hasta ahora no se ha esclarecido aún quién fue el autor intelectual del crimen.

Solo unas pocas semanas atrás también había sido asesinado de la misma forma Agustín Intriago, el alcalde de Manta, uno de los alcaldes más populares del país.

Y casi corre la misma suerte Luis Chonillo, alcalde de Durán que sobrevivió a un atentado en el que murieron dos policías cuando se dirigía a su primer consejo municipal en esta urbe del área metropolitana de Guayaquil que se ha vuelto uno de los epicentros de la violencia en Ecuador.

También han sido asesinados en estos últimos meses concejales, funcionarios municipales y líderes vecinales en una sucesión de crímenes que han contribuido a que en pocos años Ecuador se haya convertido en uno de los países más violentos del mundo, con alrededor de 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes.