Varios detenidos fueron capturados en un «centro clandestino de rehabilitación» situado a pocos metros del hospital, «donde aparentemente se refugiaron cuando llegaron los uniformados», aclaró en un comunicado la Fiscalía que procesará a los 77 encarcelados por el presunto delito de terrorismo.

La Fiscalía, en una audiencia por videoconferencia en la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos Contra la Corrupción y Crimen Organizado de Quito, presentó como pruebas las versiones de los agentes que intervinieron en los allanamientos y otras evidencias que se obtuvieron durante la operación.

El juez de la causa acogió un pedido de la Fiscalía y dictó órdenes de prisión preventiva contra los 77 procesados, quienes han sido trasladados a la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador, ubicada en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas.

El Ministerio Público explicó que la instrucción fiscal durará treinta días.

La madrugada del pasado domingo, según los reportes policiales, varios ciudadanos ocuparon las instalaciones del hospital de Yaguachi, donde había sido trasladado un sujeto herido que se cree que formaba parte de una banda de crimen organizado y que posteriormente falleció.

Según las primeras investigaciones, los detenidos, aparentemente, habían ingresado en el hospital de Yaguachi para brindar “resguardo” al herido.

Personal de la Policía que acudió al lugar para atender la alarma generada en el hospital fue recibida con disparos, por lo que se solicitó la asistencia de militares, relató la Fiscalía.

Agregó que varios involucrados en el intento de ocupación de la casa de salud se habrían refugiado en un edificio cercano, donde funcionaba un centro clandestino de atención a personas con adicciones.

Según el Ministerio Público, en ese sitio supuestamente operaba un «centro de comando de un grupo delictivo, que manejaba para su seguridad seis cámaras de videovigilancia, ubicadas en calles aledañas».

En los allanamientos se han encontrado «dos armas de fuego tipo artesanal, cinco balas sin percutir, cuatro cuchillos, droga, un chaleco antibalas, dos radios de comunicaciones, cinco teléfonos celulares, seis cámaras videovigilancia y cuarenta panfletos con mensajes del grupo de delincuencia organizada (GDO) ‘Los Águilas'», según detalló la Policía en su parte informativo.

El delito de terrorismo está penado en el código penal ecuatoriano con entre diez y trece años de cárcel.

En Ecuador rige un estado de excepción, con toque de queda nocturno, por la espiral de violencia que han generado grupos de delincuencia organizada a escala nacional, que incluyó secuestros, asesinatos, artefactos explosivos, vehículos incendiados, motines en cárceles y la irrupción en un canal de televisión de trece hombres armados, detenidos poco después del asalto.

El presidente Daniel Noboa declaró también el «conflicto armado interno» contra las bandas del crimen organizado, a las que designó como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales a ser neutralizados por las fuerzas de seguridad del Estado.

Tomasz Z., cuyo nombre se oculta por razones legales, se enfrentará a un juicio por «crímenes contra la libertad sexual y la decencia», «denegación de auxilio» y por «proporcionar drogas» a una persona cuyos servicios sexuales fueron contratados para celebrar una orgía en la casa parroquial de Dąbrowa Górnicza (sur) en agosto del año pasado.

El sacerdote, que poco después de los hechos decidió instalarse unas semanas en Turquía para eludir la atención pública, deberá permanecer durante al menos los dos próximos meses en arresto, a la espera de que comience el juicio.

Los hechos se remontan a finales de agosto, cuando el padre Tomasz, párroco del santuario de la Virgen de los Ángeles de Dąbrowa Górnicza, organizó una fiesta en la residencia parroquial en la que participaron varios sacerdotes y un prostituto.

Según fuentes policiales, los asistentes ingirieron drogas de varios tipos y el hombre que estaba contratado para prestar servicios sexuales perdió el conocimiento, tras lo cual una ambulancia acudió al domicilio, pero una vez allí, los curas impidieron a los enfermeros entrar y pidieron sacar ellos mismos al enfermo.

Finalmente, la policía se personó en el lugar de los hechos, se pudo dar asistencia médica al hombre que estaba inconsciente y el incidente recibió un amplio eco en los medios, lo que finalmente provocó el relevo del obispo de la diócesis de Sosnowiec (sur), Grzegorz Kaszak.

La investigación llevada a cabo por la fiscalía trata aún de esclarecer si el hombre que perdió el conocimiento por la ingestión de drogas, y que en el proceso tiene la consideración de víctima, era o no un trabajador sexual y cobró por asistir a la fiesta o lo hizo gratis.

En declaraciones posteriores a los hechos, Tomasz Z. remitió una carta a los medios de comunicación en la que declaró que «si algo similar le hubiera sucedido a una persona cualquiera, que tuviera una profesión diferente, y no a un clérigo, no habría habido ningún problema».

Los agentes antinarcóticos, atendiendo a la orden número (00665-2023), arrestaron al dominicano Alexandre Cepeda Reynoso (Tocayo), señalado como miembro de una presunta red de narcotráfico que enviaba drogas a Puerto Rico, a través de viajes ilegales.

“Según las investigaciones preliminares, el imputado, además organizaba viajes clandestinos a la vecina isla y según las indagatorias aprovechaba para enviar drogas en embarcaciones que salían con ilegales desde las costas de la provincia María Trinidad Sánchez”.

El imputado estaría  vinculado al decomiso de cuatro paquetes de cocaína, en febrero del pasado año, cuando los agentes de la DNCD interceptaron a dos hombres a bordo de un vehículo, en el tramo carretero Cabrera- Nagua, en cuyo interior se detectó un compartimiento secreto.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación al caso, mientras se persiguen a otros integrantes de esta red de narcotráfico internacional, para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Cepeda Reynoso fue entregado al Ministerio Público de la provincia María Trinidad Sánchez para conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Su captura obedece al estricto seguimiento de las autoridades a los prófugos por casos de narcotráfico nacional e internacional.

En X (antes Twitter), el también vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz aseguró que este año se ha registrado una disminución del 16,8 % del «índice de criminalidad» respecto a 2022, gracias a la «política de seguridad ciudadana», aunque no ofreció mayores detalles al respecto.

Según el Gobierno, este mes se han evaluado y revisado «acciones integrales» para combatir la delincuencia, entre ellas el reciente despliegue de más de 155.000 agentes durante la temporada navideña.

Un total de 179.273 funcionarios forman parte de los distintos cuerpos de seguridad del Estado, de las cuales un 34 % son mujeres, de acuerdo con datos oficiales.

El pasado 21 de diciembre, el mandatario Nicolás Maduro aseguró que el país cuenta actualmente con los mejores índices de seguridad de los últimos 20 años, sin precisar datos sobre el número de homicidios registrados en lo que va de año o los delitos con mayor prevalencia.

El jefe de Estado aprobó la compra de drones «de avanzada tecnología de observación» para la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con el objetivo de «mejorar las labores de patrullaje».

Según el informe anual de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), presentado el jueves, hubo 1.956 asesinatos en el país, un 15,9 % menos que en 2022 (2.328), y dos terceras partes de las víctimas tenían edades entre 15 y 44 años.

Con este total, la tasa de homicidios se ubica en 7,5 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con cálculos de esta organización no gubernamental.

Venezuela registró picos de violencia en la década pasada, cuando llegó a tener una tasa de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes o a contabilizar cerca de 30.000 muertes violentas en un año, una situación que empezó a mejorar en el último quinquenio. 

Pérez indicó que desconocía los delitos de “La Pluma”, debido a que este le manifestó que era inocente de los delitos que se le atribuían, siendo La Pluma cabecilla de una red criminal dedicada a asaltos a mano armadas , extorsión y robo de vehículos.

Tatiana asegura que La Pluma se escapó el pasado 29 de agosto mientras era trasladado desde la cárcel La Victoria hacia el Palacio de Justicia de la provincia de San Pedro de Macorís por desespero.

“Él se comunicó conmigo en una ocasión para hacerme saber que estaba bien”, sostuvo Pérez

Durante el traslado  el transporte policial fue interceptado por un vehículo, mientras que una Ford Explorer negra emprendió a tiros al autobús donde llevaban a los reos, provocándoles heridas a un oficial y al conductor.

Transcurridos más de tres meses prófugo La Pluma, agentes de la Policía Nacional lo abatieron ayer a tiros durante un enfrentamiento.

Un Gran Jurado presentó en las últimas horas los cargos contra Rocha, de 73 años, de un total de seis delitos, que en conjunto llevarían a una pena máxima de cárcel de 60 años si es hallado culpable.

Rocha tenía una audiencia este miércoles en un tribunal de Miami, la segunda en el proceso desde que fue arrestado el pasado 1 de diciembre, pero el juez Edwin G. Torre la pospuso para el próximo martes 12 de diciembre.

En esa audiencia le serán presentados formalmente todos los cargos al colombiano, que se hizo ciudadano estadounidense en 1978.

Rocha enfrenta una cuenta por «actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero (Cuba)» y otra por conspiración de ese mismo crimen y «defraudar a Estados Unidos».

También tiene cinco cargos por fraude electrónico, tres por «hacer una declaración falsa en una solicitud de pasaporte», cuatro por «uso de un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa» y uno por «declaraciones y representaciones falsas«, según el documento de la acusación.

Rocha está acusado de cometer múltiples crímenes federales al actuar de forma secreta durante unos cuarenta años como «agente del Gobierno de la República de Cuba», según EE.UU.

Entre 1981 y 2002, Rocha fue empleado del Departamento de Estado y ocupó varios puestos en las embajadas de Estados Unidos en República Dominicana, Honduras, México y Argentina.

El exembajador fue arrestado en Miami después de confesar sus actividades a un agente del FBI que se hizo pasar por otro espía cubano.

Según consta en el escrito de acusación, entre 2022 y 2023 hubo tres reuniones entre Rocha y un agente especial del FBI que fingió ser «Miguel», un representante de la Dirección General de Inteligencia de Cuba.

En esos encuentros, que fueron grabados y se llevaron a cabo en español, el exdiplomático se refirió constantemente a Estados Unidos como «el enemigo» y confesó que su mayor preocupación cuando trabajaba para el Departamento de Estado fue «fortalecer la Revolución» cubana.

Rocha, quien fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional, luego de haber cometido múltiples crímenes federales, el Gobierno de los Estados Unidos asignó un agente del FBI, para investigar el caso.

Michael J. Haley, agente asignado a este caso, inició la pesquisa contactando al acusado por la red social de WhatsApp, con un mensaje que decía: «Buenas tardes embajador, mi nombre es Miguel y tengo un mensaje para usted de parte de sus amigos en La Habana. Es un tema sensitivo. ¿Está disponible para que hablemos por teléfono?», le escribió el oficial encubierto. 

Haley, se hace conocer como investigador adaptado con el estilo usado por los agentes de inteligencia cubanos y asegura que ha encabezado diversas actividades de espionaje y contrainteligencia relacionadas a Cuba desde la oficina en Miami.

Este caso se llevó a cabo logrando el arresto del acusado, quien fue detectado por el FBI, porque además de crear daños como espía en tres posiciones a conspirado para cometer delitos contra Estados Unidos y a utilizado pasaportes falsos, delitos que podrían encarcelarlo de por vida.

El FBI explicó en la acusación que se enteraron de sus labores previo a noviembre del año pasado.

Indicó que se les informó de que era agente de la poderosa Dirección General de Inteligencia (DGI), un organismo que mantiene operaciones en Cuba, pero que en su momento más importante, en plena Guerra Fría, era dirigida por el propio Fidel Castro y aseguraba sostener importantes operaciones de espionaje dentro del gobierno estadounidense.

Los detenidos son Omar Ortiz Mosquea, Arantza Judith García, Diógenes Gil Marte, Rafael Arturo Hernández  alias Titi y a Eduardo Antonio Martínez (Pluma o Condorito). 

De acuerdo al comunicado, la organización forma parte de una estructura criminal que utiliza las costas de la parte norte del país para enviar grandes cantidades de drogas en lanchas rápidas hacia Puerto Rico. 

Asimismo, señalaron que durante los allanamientos ocuparon cuatro vehículos, una pistola marca Glock, calibre nueve milímetros, dinero en efectivo, un teléfono satelital, cuatro Gps, celulares y otras evidencias. 

En tanto que los detenidos serán puesto a disposición de la justicia para los fines correspondientes.  

Los hechos, detalló ese organismo en un comunicado, ocurrieron el pasado 26 de octubre cuando la víctima caminaba por la vereda El Broche en cercanías a la base del pelotón Cancerbero Número 3, del Batallón de Operaciones Terrestres Número 12.

«Uno de los soldados alertó sobre la cercanía del campesino, por lo que un grupo de militares lo interceptó y lo llevó a la fuerza al campamento. Al parecer, el hombre fue golpeado y amarrado a un árbol, mientras era cuestionado sobre su presencia en el lugar. Él indicó en su momento que caminaba rumbo a la casa de un familiar«, agregó la información.

Según el estudio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense, el campesino fue asfixiado con una cuerda que le pusieron en el cuello y que los militares, al parecer, establecieron un pacto de silencio, tras lo cual enterraron el cuerpo y quemaron la ropa y otras pertenencias de la víctima.

«Días después los restos fueron exhumados muy cerca del sitio donde sucedió el crimen», señaló la Fiscalía, que imputó a los uniformados por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada. Ninguno de los militares aceptó los cargos.

Los implicados en este caso son el sargento segundo Ricardo Cotera Angulo, el cabo terero Anderson Ordóñez Arenas y los soldados Luis Hernando Camacho López, Cristian Camilo Anzola, Edison Parra Suárez, Julio Cesar Jiménez Angulo, Cristian Camilo Cuper Hernández, Jhervvint David Morales Montaño, Exnaider Salazar Ramírez y Hebert Alexander Puyo Campo.

El órgano acusador, dictó 18 meses de prisión preventiva contra  Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez,  Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán,  Julio César Almonte Espinal, Arsenio Rafael Reyes, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya,  Fausto Merán, José Rosario Marte, José Alfonso Acevedo García, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amauris Ramírez, Rubén Darío Núñez Ortega y José Carlos Montero Troncoso, este último, un empleado de la Junta Central Electoral.

Contra los apresado, la fiscalía de Santiago presentó cargos provisionales por violación a los artículos 265, 266, 145, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano; también los artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales; artículo 6 párrafos 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Otras de las imputaciones del MP, es la suplantación de identidad de personas dominicanas fallecidas para facilitar a ciudadanos haitianos actas y cédulas dominicanas.

“Falsificaban documentos de organismos de seguridad del Estado como el J-2 del Ejército, el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entre otros organismos. Tenían en su poder plástico y hojas timbradas de distintas instituciones como el Poder Judicial el Banco de Reservas, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTRANT) y la Jurisdicción Inmobiliaria de Santiago”, añade el comunicado.