Como es natural, ha habido todo un estremecimiento mediático por los detalles de ese caso, pero necesitamos todo un movimiento para fortalecer la protección a los menores frente a los abusos y las malsanas intenciones de algunos adultos.

Penosamente, las relaciones de adultos con menores se han convertido en historias recurrentes y, a diferencia de algunos casos que sobresalen por la notoriedad de los personajes envueltos, muchos hechos de esta naturaleza terminan sepultados por el olvido o la impunidad.

Se requiere delinear y ejecutar acciones firmes que puedan en alguna medida prevenir que niños, niñas y adolescentes sean víctimas de violaciones y abusos que, además de daños físicos, dejan una estela de traumas emocionales difíciles de superar.

Las familias necesitan orientación y acompañamiento, sobre todo en aquellos hogares de madres solteras que trabajan y que carecen de los medios para rodear a sus hijos de un cuidado y una seguridad, por lo menos mínima.

Para esta gran labor social se necesita el concurso de entidades que trabajen en el fortalecimiento familiar, las iglesias de diferentes credos, clubes e instituciones en general interesadas en contribuir a una sociedad más justa y seguro.

Es una tarea pendiente de alto interés que debe tocar la conciencia nacional, y para emprenderla no esperar a que seamos estremecidos por otro caso sonoro.

Vicente, mediante una mensaje colgado en su cuenta de X (antes Twitter), explicó que la agencia crediticia tomó esta decisión debido a los avances que el gobierno ha alcanzado en temas de buena gobernanza, control de la corrupción y estado de derecho; a una valoración positiva del sometimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal; a la mejora de los indicadores de liquidez externa; a que la proporción de la deuda en moneda extranjera tiene una tendencia decreciente y por el track récord de crecimiento económico.

@FitchRatings en su reporte del día de hoy acaba de realizar una mejora en la perspectiva de nuestra calificación soberana al pasar de Estable a Positiva. Este cambio es un reconocimiento más de que el gobierno de @luisabinader ha dado un manejo adecuado de la economía y más… pic.twitter.com/DhfSuIH4fR

— Jochi Vicente (@jochivicente) November 29, 2023

Según el ministro, la firma calificadora también pondera positivamente la estabilidad política del país y reconoce los avances en materia de transparencia presupuestaria, lucha contra el tráfico de drogas y mejoras en el sistema de justicia.

«Estamos avanzando hacia nuestra meta de convertir la economía dominicana en Grado de Inversión y, a pesar de las diversas dificultades que hemos enfrentado desde que asumimos las riendas de la nación, seguimos dando pasos concretos hacia ese objetivo», declaró Vicente.

Por su lado, Fitch Ratings pronostica que los estímulos económicos que se han implementado en este año, se traducirán en un crecimiento económico para el 2024 de 5%.

Por su incumplimiento, estas regulaciones con plazos claramente establecidos para la realización de actividades proselitistas se han convertido en la práctica, en poco menos que letra muerta.

Un ejemplo que está a la vista por todas partes en ciudades y carreteras, es la profusión de costosas vallas dedicadas a promover a las organizaciones políticas y a sus dirigentes, a pesar de que están fuera del tiempo establecido por la ley.

Con argumentos basados en interpretaciones, los partidos que han colocado vallas tratan de justificarse diciendo que no representan proselitismo e invocan el derecho de mantenerse en contacto con su militancia y la población en general.

Lo cierto es que esas vallas y muchos de los actos celebrados continuamente por los partidos constituyen una abierta violación a la ley electoral y siguen a todo vapor, pese a los llamados y advertencias de la Junta Central Electoral.

Como no hay un régimen de consecuencias y la Junta ha alegado que la ley no les provee las garras para aplicarlo, este desorden de las vallas y el proselitismo a destiempo sigue indetenible, mientras la dirigencia política no alcanza a ver el daño que hacen de esta forma a la democracia y a la credibilidad del sistema de partidos.

Fuera de los tradicionales actos conmemorativos de lo que en la historia se conoce como el ajusticiamiento de Trujillo, la fecha debe ser motivo de reflexión para valorar y defender la libertad y la democracia logradas tras esa gesta patriótica.

¿Cómo pueden las nuevas generaciones valorar esa libertad sin conocer en detalle la barbarie de la tiranía trujillista y todos los peligros, sacrificios y esfuerzos realizados por héroes conocidos o anónimos que lucharon para lograr su caída?

Los partidos políticos, la sociedad civil, la educación pública y privada y todas las organizaciones interesadas en fortalecer la libertad y la democracia deben contribuir a ese objetivo en favor de la institucionalidad, la paz social y el estado de derecho.

En resumen, la libertad es un valor fundamental y a diario la practicamos a través de la libertad de expresión, el libre juego de las ideas y la libertad informativa que es un eje vital para el ejercicio democrático. Todos sin excepción estamos obligados a preservarlo, pero sin excesos y siempre sujetos a la ley y la prudencia.

Este retraso va acumulando fallas, disfuncionalidades y anacronismos que nos pueden convertir en un estado inviable y fallido.

El modelo político es el único culpable del rezago o del Frankeintein que estamos formando.

Me refiero a una economía en expansión, pero con unas raíces institucionales débiles, bases legales obsoletas y procedimientos de antaño.

¿Por qué culpo al modelo político del rezago? Porque en la conformación de los gobiernos prevalece el toma y daca, el saldo de pasivos de campaña.

De esa manera el Estado se convierte en parcelas que son entregadas en dación en pago y cada quien va a sacar el jugo para provecho propio.

La sociedad tiene que movilizarse y hacer desaparecer la política de la clientela, porque es ahí donde nacen todos los males que criticamos:

·        Un cuerpo policial que es un tigueraje uniformado.

·        Un servicio de transporte público deplorable.

·        Un sistema energético en crisis de gestión comercial y financiera.

·        Un código laboral del paleolítico.

·        Una escuela que averguenza pese a la chorrera de recursos que le echamos.

·        Déficit en el suministro de agua potable, más que en los tiempos de la colonia.

·        Falta de apoyo a la producción interna para la autosuficiencia alimentaria.

En fin, vivimos fascinados por las cifras de crecimiento, pero uno tiene que preguntarse: ¿Para qué han servido?

Un breve recuento de los acontecimientos en las últimas 72 horas retrata el panorama.

En la mañana del miércoles, el ministerio de Salud dijo en rueda de prensa que la obligatoriedad de la tarjeta de vacunación con la tercera dosis entraría en vigencia el próximo lunes, tal y como estaba pautado.

Unas 8 horas más tarde, el presidente anunciaba la eliminación de todas las restricciones por COVID-19, diciendo que  “Medidas como el uso de la mascarilla, la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los lugares, o las restricciones en espacios públicos, eran responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros”.

Añadió que el país “merecía y necesitaba una recuperación emocional y dejar atrás las medidas que se tuvieron que imponer para un tiempo que ya era pasado”.

El anuncio que tomó al país por sorpresa, lo hizo el mandatario en un mensaje que inicialmente se transmitiría solo en redes sociales.

24 horas más tarde, Salud pública emitió una resolución que dice que las mascarillas son de rigor para pasajeros del transporte colectivo y centros de salud públicos y privados, además de recomendar que la siguieran utilizando en general.

Esto tras la Organización Panamericana de la Salud lanzar un comunicado recomendando al país que a nivel individual, continuaran con las medidas preventivas para evitar los contagios, particularmente en lugares cerrados y donde hubiese aglomeraciones de personas como son el distanciamiento y el uso de mascarillas, además de completar el esquema de vacunación.

Y este viernes, el director de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (Coba), advirtió que el cese de las medidas restrictivas anunciadas por el Presidente no influye en el horario para la venta de bebidas alcohólicas que seguirá igual, de domingo a jueves hasta la media noche y viernes y sábado hasta las dos de la mañana.

El mensaje desde el gobierno no parece unificado, da la sensación de improvisación y no fruto del consenso entre el gabinete de salud, sus asesores y el ejecutivo.

Todos estamos de acuerdo con el respiro y la flexibilización de las medidas que se venían aplicando desde hace tiempo porque la vuelta a la normalidad es algo que anhelamos todos, pero no pueden anunciar medidas a la ligera que demuestre incoherencia e inconsistencias, provocando confusión con un tema como la pandemia que ha causado tanto sufrimiento y luto durante dos años.

La comisión designada por el presidente Abinader tiene esa crucial encomienda con la participación de destacados empresarios, periodistas y profesionales en diferentes áreas que harán sus recomendaciones con tal finalidad.

Hay que saludar cualquier iniciativa destinada a producir cambios profundos en la Policía para modernizar, pero más importante, para humanizar y lograr que aprenda a luchar contra la delincuencia mediante métodos efectivos, dejando atrás los abusos y excesos.

Sin embargo, no bastarán buenas ideas si luego de discutidas y acordadas no son llevadas a la práctica, de forma estricta y sistemática para garantizar  en realidad un buen cuerpo del orden.

Para iniciar la transformación de la Policía, que no será un proceso fácil de ejecución, hay que identificar el personal más idóneo y menos maleado por las viejas prácticas. Para lograrlo, lo ideal sería partir de cero, pero en la pràctica sería ilusorio, por lo que será necesario un cronograma gradual.

En ese sentido quizás lo más complicado, aunque no imposible si hay voluntad política, es enfrentar y vencer lo que el propio presidente Abinader ha descrito como intereses que giran en torno al accionar de la Policía.

¿Cuáles son esos intereses, quienes los han mantenido y aún lo sostienen y por qué tantos intentos anteriores han fracasado en vencerlos? Estas son las preguntas más importantes y a la vez comprometedoras para el Gobierno y los integrantes de la comisión designada.

La suerte está echada y es de esperar que algún día podamos contar con una Policía como merece un país, libre, democrático y respetuoso de los derechos humanos.