Como es natural, ha habido todo un estremecimiento mediático por los detalles de ese caso, pero necesitamos todo un movimiento para fortalecer la protección a los menores frente a los abusos y las malsanas intenciones de algunos adultos.

Penosamente, las relaciones de adultos con menores se han convertido en historias recurrentes y, a diferencia de algunos casos que sobresalen por la notoriedad de los personajes envueltos, muchos hechos de esta naturaleza terminan sepultados por el olvido o la impunidad.

Se requiere delinear y ejecutar acciones firmes que puedan en alguna medida prevenir que niños, niñas y adolescentes sean víctimas de violaciones y abusos que, además de daños físicos, dejan una estela de traumas emocionales difíciles de superar.

Las familias necesitan orientación y acompañamiento, sobre todo en aquellos hogares de madres solteras que trabajan y que carecen de los medios para rodear a sus hijos de un cuidado y una seguridad, por lo menos mínima.

Para esta gran labor social se necesita el concurso de entidades que trabajen en el fortalecimiento familiar, las iglesias de diferentes credos, clubes e instituciones en general interesadas en contribuir a una sociedad más justa y seguro.

Es una tarea pendiente de alto interés que debe tocar la conciencia nacional, y para emprenderla no esperar a que seamos estremecidos por otro caso sonoro.

Los cuestionamientos a el proceso realizada por 1,300 millones de pesos dejan una lección que ojalá sea asimilada y aprendida: en lo adelante hay que ser más cuidadosos en todo lo referente a estos procesos en aras de la transparencia.

Otro aspecto importante, es que la supervisión pueda tener un carácter preventivo y que cuando surjan dudas y objeciones con sustento, se tomen medidas sin mayores demoras y no tiempo después cuando los procesos han avanzado.

Esto evitaría escándalos y explicaciones a posteriori.

En este y cualquier otro caso en que esté envuelto el manejo de fondos públicos, SIN y El Informe lo que persiguen es la verdad y que las investigaciones sean confiables y que en base a ellas, se establezcan responsabilidades, donde no haya espacio para la impunidad. 

Por eso ha causado gran revuelo en la opinión pública el caso de los 6 recién nacidos cuyos cadáveres fueron tirados como si fueran basura en las afueras del cementerio Cristo Salvador en Santo Domingo Este.

A dos días de esta sobrecogedora escena, el caso aun presenta muchos interrogantes.

La investigación se ha centrado hasta ahora en el zacateca que, por estar ebrio según su propio testimonio, no dispuso adecuadamente de los cuerpos para darles sepultura.

En medio de esta pesquisa, ahora mediante entrevistas con diferentes estamentos del sistema sanitario, las autoridades admiten un dato inaudito: no existe un protocolo unificado para los hospitales públicos cuando se trata del manejo de cadáveres abandonados, tanto infantes como adultos, o sea, cada hospital aplica su propio protocolo.

Aunque nos dicen que hay centros que si dan seguimiento al destino final de los cadáveres, que por diversas razones quedan abandonados en estos centros,  las autoridades tienen que responder: ¿Por qué el hospital Ciudad Juan Bosch, no lo hacía, y vez relegaba la responsabilidad total en la funeraria con la que tiene un acuerdo para tales fines?

¿Por qué la funeraria no hizo lo propio garantizando la sepultura, ya que cobro seis mil pesos por cada bebe y supuestamente solo pago unos mil pesos al zacateca, monto que no cubre ni los impuestos que deben pagar el cementerio?

Y mucho más grave: la falta de un protocolo unificado, que sin dudas ahora, después de esta escena inhumana, lo estén elaborando, lamentablemente un poco tarde, porque quien sabe cuántos seres humanos han corrido una suerte similar pero nadie se ha enterado.

Aprobada en el seno de los 15 miembros que integran el Consejo de Seguridad de la ONU, la resolución tuvo un detalle relevante destacado por las agencias de prensa internacionales: Tanto Rusia como China se abstuvieron y no ejercieron su derecho a veto, en un sorprendente giro en materia geopolítica frente a Estados Unidos, principal propulsor de la iniciativa.

La medida fue bien recibida de inmediato por el presidente  Abinader, quien en diferentes foros en el extranjero, había pedido la intervención de la comunidad internacional, tras subrayar que la situación había llegado ya a tales niveles de gravedad, que no admitía más demoras y que el drama haitiano no podía ser asumido solo por la Republica Dominicana.

Para Haití y su gente pobre e indefensa, que merece un mejor destino, este despliegue multinacional significa una posibilidad de alivio en la búsqueda de la paz social, la convivencia civilizada y la eventual vuelta a un orden democrático. 

En medio del entusiasmo por este avance, tampoco es tiempo de cantar victoria, sino de seguir la evolución del proyecto que, según los datos preliminares, tendrá una vigencia inicial de un año y una posible prórroga, tiempo en que la fuerza multinacional tendrá entre sus misiones principales, entrenar a la Policía haitiana para que pueda controlar las bandas y restaurar la seguridad en Haití.

La resolución de la ONU, elaborada por los Estados Unidos y Ecuador, fue acogida por la cancillería haitiana, lo que adelanta el visto bueno del primer ministro Ariel Henri, quien también había solicitado el envío de tropas en misión de paz, aunque sobre el terreno probablemente no serán las palabras sino las acciones, las que permitirán restablecen el orden y la seguridad en ese país.

Por esa razón no podemos entender y mucho menos aceptar que esa indispensable depuración no se haya cumplido del todo en el PRM, como acaba de evidenciarse con una rápida revisión hecha al azar en la Redacción de SIN.

Quedamos sorprendidos cuando al entrar esta noche en la página oficial de consulta del padrón del PRM, encontramos a esta servidora y varios miembros de nuestro equipo periodístico como Nairobi Viloria, Jessica Hasbún y Martin Rodríguez, entre otros de nuestra redacción,  como miembros de esa organización para poder votar en las primarias del domingo.

En mi caso particular, nunca me he inscrito en partido alguno y los demás miembros de nuestro staff  aseguraron lo mismo, añadiendo que tampoco han dado su anuencia para que lo hagan a su nombre.

Ante esta situación la explicación dada por dirigentes del PRM tampoco resuelve el problema, ya que dicen que la anomalía se debió a que la Junta tomó para las primarias un primer padrón presentado que no estaba del todo depurado.

Habría entonces que preguntar cuántas otras personas podrían también figurar en esa lista sin ser miembros o simpatizantes del partido oficial.

Aunque este comentario toma principalmente como base lo que acabamos de advertir y que nos toca a nosotros, el caso de los padrones de todos los partidos amerita una depuración amplia y exhaustiva, porque ya tuvimos el antecedente de dirigentes del PLD que aparecieron en el padrón del PRM y hoy el partido de gobierno dijo que nada menos que el Presidente Abinader figura en el padrón del PLD.

Se trata de irregularidades que cuestionan los avances y la modernidad de que tanto se ufana la clase política dominicana.

Esto surge ante el apoyo que el primer ministro Ariel Henry dio este viernes ante la asamblea de la ONU a la controversial obra, a pesar del reclamo del gobierno dominicano de que se paralicen esos trabajos por violar un acuerdo binacional sobre el manejo de los recursos hídricos comunes.

La base legal e histórica para la regulación compartida de esos recursos es el Acuerdo de paz suscrito en 1929 y una declaración conjunta complementaria emitida en 2021, y como la interpretan ambos países.

Aunque Henry afirmó en su alocución que Haití aboga por la vía del dialogo y la negociación para resolver de forma pacífica las diferencias sobre esos acuerdos binacionales, a la vista no se vislumbran los medios a través de los cuales esas iniciativas podrían ser canalizadas con alguna posibilidad de solución del conflicto, especialmente cuando el primer ministro dijo que su país reafirma su derecho soberano a utilizar los recursos hídricos binacionales, tal como lo hace República Dominicana.

En vista de eso, ya se ha comenzado a hablar de un eventual arbitraje internacional, o sea, llevar el conflicto a una instancia donde los diferendos son expuestos, en la búsqueda de acuerdos equitativos que eviten un conflicto de mayor dimensión.

La cuestión es que de inmediato y ante esta coyuntura, habría que esperar la posición que al respecto asuman tanto las autoridades dominicanas como haitianas, mientras que el cierre prolongado de la frontera, provoca preocupación y expectativa por las implicaciones económicas para ambos pueblos.

El presidente Abinader acaba de insistir sobre ese tema ante la asamblea general de la ONU y su llamado ha tenido esta vez un énfasis de alerta y prevención al señalar que la comunidad internacional debe actuar antes de que pueda desencadenarse una crónica de muerte anunciada.

Abinader se refiere de este modo al estado de inseguridad e ingobernabilidad en que está sumido Haití desde el magnicidio del presidente Moise y la instalación de un gobierno encabezado por el primer ministro Ariel Henry, carente de medios y capacidad para poner freno a las acciones de las bandas criminales que imponen el terror en la vecina nación.

Por primera vez en meses de creciente incertidumbre, la renuencia de la comunidad internacional a ir en auxilio de Haití, comienza a tener un impulso con la adhesión del presidente norteamericano Joe Biden al envío de un contingente multinacional.

Tal como ha pedido el presidente Abinader, es de esperar que por fin el Consejo de Seguridad de la ONU, apruebe esa fórmula sin más dilación antes de que pueda desatarse en Haití un estallido social de consecuencias impredecibles.

Como ha dicho y reiterado el mandatario, ese penoso drama humano no puede ser asumido solo por la Republica Dominicana, pero es innegable que como pueblo y nación no estamos ajenos ni inmunes a sus consecuencias porque compartimos una misma isla.

Una familia nos narró de forma dramática los detalles de cómo estuvieron expuestos a un fatal accidente por ser casi embestidos en varias ocasiones por esos rebases, que convirtieron los gratos recuerdos de unos días de asueto en momentos de terror al verse como sobrevivientes.

Aseguran haber quedado impactados por lo que popularmente llaman “corte pastelito”, forma abrupta en que se acelera para adelantarse a un vehículo cuyo conductor tiene entonces que frenar y hacer un giro para evitar una fatal colisión.

Tal imprudencia puede desencadenar en una volcadura que resulte en su muerte y la de los pasajeros viajando en otros vehículos, lo que provoca sobresalto y angustia para lo que manejan con precaución. 

La Digesett y las autoridades en general tienen que actuar para garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad y detener a quienes amenazan la vida de los demás aparentemente sin importarles las consecuencias de estos giros imprudentes y rebases potencialmente mortales.

En otras palabras y dicho de manera más directa, que los procesos judiciales deben realizarse en tiempo oportuno mediante dictámenes justos que puedan establecer inocencia o culpabilidad de los imputados.

Decimos esto a propósito de lo que ha pasado hasta ahora con el caso de los sobornos por 3.5 millones de dólares que la empresa brasileña de aeronáutica Embraer dijo haber pagado en el país para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super Tucano.

A pesar de que ese escándalo por corrupción salió a la luz pública a raíz de la compra de esos aviones en 2007, con la justificación de que ayudarían a combatir el narcotráfico, fue 15 años después en 2022 cuando los imputados fueron declarados no culpables.

El ministerio público apeló y el proceso tuvo que comenzar de nuevo desde cero, luego de que la sentencia fuera impugnada por una corte, alegando errónea aplicación de normas jurídicas.

A estas alturas la suerte de este sonado caso esta aun en veremos y nadie puede prever hasta cuando se alargará, ya que según el Ministerio Publico, más del 90 por ciento de las dilaciones que ha sufrido se deben a incidentes provocados por los acusados y sus respectivas defensas.

¿Que pasara entonces con el caso de los Super Tucanos?

¿Se podrá hacer justicia y sentar un precedente de buena administración judicial, libre de sospechas, cuestionamientos o suspicacias? Esa es la gran pregunta y la respuesta deben darla los tribunales.

Pero como han adelantado las autoridades, la recuperación de los daños materiales y el estado de los heridos, algunos de ellos con serias quemaduras, será un proceso largo y gradual.

En lo referente a establecer lo que originó la explosión y los devastadores incendios generados, las autoridades ya deben comenzar a ofrecer por lo menos un informe preliminar.

La falta de información en ese sentido, a pesar de la insistencia de familiares de las víctimas y de los medios periodísticos, da pie a un ambiente de rumores y especulaciones de todo tipo que solo logran incrementar la incertidumbre, el dolor y la impotencia que embarga a las familias de las personas afectadas.

Ojala que en breve plazo se pueda disponer de un informe oficial que despeje dudas e inquietudes con respecto a lo que originó esta gran tragedia, además de llevar tranquilidad a sobrevivientes y parientes de las víctimas.

Esto es un compromiso con la memoria de los fallecidos.