Durante su comparecencia en la Semanal, el jefe de Estado dijo que la ley 1-24 contó con la aprobación de los legisladores de la oposición.

Al reunirse con una comisión del Gobierno encabezado por el consultor jurídico, los representantes de diarios manifestaron preocupación de que en la ejecución de esa ley se violenten derechos consagrados en la Constitución.

“La forma ambigua en que está redactada la ley se constituye en un riesgo en materia jurídica, cualquier funcionario interpretando la ley a su manera puede generar abusos desde el poder”, puntualizó Percio Maldonado.

Sobre el tema se refirió el ex presidente Fernández, quien calificó como un retroceso para el país la aplicación de esa ley.

“Es muy  grave en el sentido de que una sola persona tenga tanto poder para influir en lo público y en lo privado”, indicó Fernández.

Similar posición tiene el partido morado que calificó como un atentado contra la democracia la ejecución la ley que a su juicio vulnera la intimidad y la privacidad consagradas en el artículo 44 de la carta magna.

Será a partir del 30 de este mes hasta el 1 de febrero que la comisión del Gobierno tiene previsto reunirse con los ejecutivos de la Sociedad Dominicana de Diarios para debatir la ley que crea el DNI.    

«Bill Gates, como tecnólogo, destacó sobre todo los grandes beneficios de la optimización de ciertos procesos que pueden venir», dijo a los medios locales el padre Paolo Benanti, un reconocido experto en bioética y ética de las tecnologías designado recientemente por el Gobierno de Meloni para dirigir la comisión.

Y «en cuanto a los riesgos, él dice que es más importante que esté en las manos correctas. Diferentes enfoques», explicó el fraile sobre la reunión relativa a la IA y a los desafíos que plantea, que es uno de los temas que Italia quiere abordar durante su actual Presidencia del G7.

«Lo interesante es que se abran espacios de diálogo», añadió el fraile sobre la reunión entre Meloni y Gates, que se extendió durante más de una hora en el romano palacio Chigi, sede del Gobierno italiano.

Benanti, un reconocido experto en ética de las tecnologías y asesor del Consejo Consultivo de Naciones Unidas para la IA, fue nombrado hace unas semanas para sustituir al ex primer ministro Giuliano Amato, quien anunció su dimisión después de que Meloni asegurara en una rueda de prensa que su nombramiento no había sido idea suya.

El fraile franciscano, de 50 años y profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana, es el único italiano que forma parte del «consejo de sabios» instituido el pasado octubre por el secretario general de la ONU, António Guterres, para estudiar una gobernanza internacional sobre esta tecnología.

Las medidas fueron adoptadas durante una reunión, en los que participaron los ministerios de Interior y Policía, de Salud Pública y de la Mujer, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud (SND), el Colegio Médico Dominicano y la Agrupación Médica Dominicana.

El mismo tuvo lugar en la sede del Ministerio de Interior y Policía, con la presencia de los representantes de las citadas instituciones que se constituyeron en comisión con el objetivo de abordar el tema de la seguridad en los hospitales, en las emergencias de éstos y en otros centros de salud.

Encabezó el encuentro el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez y participaron el ministro de Salud Pública, Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes; por el Ministerio de la Mujer, Reyna Ortiz; el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, el comandante general del Ejército de la República Dominicana, mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.

Además, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Waldo Ariel Suero; el secretario general, doctor Luis Alberto Peña Núñez, la presidenta de la Agrupación Médica Dominicana, doctora Coral Pereyra, y la licenciada Sacha Aprea Bucarelli.

La comisión decidió realizar otras reuniones para continuar buscando soluciones y evaluando propuestas presentadas como forma de garantizar mayor seguridad en los centros asistenciales del país.

En dicho encuentro, se abordaron temas relacionados al reajuste salarial de los médicos, seguro médico de los pensionados, el pago de incentivos, entre otros.

Al concluir la reunión la vicepresidenta Raquel Peña informó que se procederá a evaluar las series de temas planteados por el gremio y poder dar respuestas.

También, estuvieron presentes el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera; el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama y el director de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, Juan Rosa.

“Hemos solicitado una colaboración para profundizar la investigación que llevamos a cabo de la problemática de los mangles aquí”, dijo Contreras Núñez, quien se hizo acompañar de la procuradora de corte Agustina Nieto Vásquez, el fiscal Ruddy Pérez Medrano y otros miembros de la Proedemaren. 

Entre los integrantes del equipo del MMARN estuvieron el viceministro de Costeros y Marinos, José Ramón Reyes López, y la directora Jurídica, Ana Patricia Ossers, quienes realizaron un amplio recorrido por la zona encabezado por el procurador de corte, Francisco Contreras Núñez, titular de la Proedemaren. 

Entre los representantes de la Academia de Ciencias y de la Comisión Ambiental de la UASD estuvieron Luis Carvajal Núnez, Nelson Pimentel y Eli Martínez, mientras que del MMARN estuvieron presentes los biólogos Enrique Pugibet y Bienvenido Santana. 

Los profesionales y técnicos de diversas áreas y los fiscales escucharon a representantes de la sociedad civil de Samaná que recordaron parte del historial del manglar afectado. Entre los presentes figuran Samuel King, del Centro para la Conservación y Eco-Desarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno (Cebse). 

Un personal de seguridad del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) acompañó a los biólogos y técnicos en todo su recorrido. 

El MMARN externó su disposición a colaborar con la Proedemaren y a mantener un intercambio permanente de información con académicos y ambientalistas, así como con los representantes de la comunidad de Samaná, con el objetivo de lograr esclarecer las reales causas que provocaron la afectación del manglar para adoptar las acciones pertinentes y buscar las alternativas ecológicas que permitan su restauración. 

Mientras, Carvajal Núñez explicó que la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD realizarán otras visitas técnicas para seguir analizando la zona.

“Estamos trabajando en una investigación que ya está casi finalizada, de que vamos a publicar con nombre y apellido a todos los directores desde el 1997 al 2024 la cantidad de muertos por gestiones, y vamos a publicar la cantidad de ciudadanos que han caído bajo esa famosa frase desacreditada de intercambios de disparos”, dijo Mercedes.

Agregó que harán uso de todos los recursos a su disposición para detener las ejecuciones extrajudiciales.

“Hemos solicitado en el caso de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de las Naciones Unidas, audiencias temáticas para discutir dos temas: ejecuciones extrajudiciales y el problema penitenciario en la República Dominicana”, expresó.

El presidente de dicho organismo adscrito a la Junta de Aviación Civil (JAC), Emmanuel Suofront Tamayo, dijo que una comisión integrada por técnicos de la CIAA acudió al lugar del incidente para empezar con las investigaciones de rigor.

Acerca del accidente, el oficial expresó que la Avioneta Cessna C402 matrícula HI1051 perteneciente a la compañía Reef Jet, se trasladaba hacia Pedernales desde el Higüero. Sin embargo, el tren de aterrizaje y la nariz delantera no aseguraron hacia arriba al despegar, tampoco lo hizo cuando aterrizaba al retornar a la terminal y se presentaron los problemas.

“Ahora nosotros, con los datos y las evidencias del caso iniciaremos una investigación al respecto a los fines de establecer las causas reales que provocaron este percance”, explicó el oficial piloto de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y presidente de la CIAA.

Agregó que se escuchó un ruido proveniente de la nariz del tren que no se aseguró en la zona de arriba.

El caso fue descrito por Soufront Tamayo como un accidente leve.

En la mencionada aeronave había siete personas no identificadas hasta el momento, ninguna de ella presenta lesión, de acuerdo a lo expuesto por el presidente de la CIAA.

Dijo que esta medida, que se basa en la apariencia y vestimenta de las personas ha generado gran preocupación debido a la violación de los derechos humanos y su ineficacia para abordar el problema de la delincuencia en el país.

«Es inaceptable detener a individuos únicamente por su apariencia o elección de vestimenta. Muchos ciudadanos honestos pueden utilizar atuendos como mascarillas, abrigos, lentes oscuros o gorras por razones personales o de salud, sin tener relación alguna con actividades delictivas», enfatizó Mejía.

El presidente de la comisión agregó que esta metodología discriminatoria no solo infringe los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también mina la confianza en las instituciones de seguridad, creando un ambiente de incertidumbre y tensión, especialmente durante las festividades navideñas.

«Es preocupante que se pretenda detener a personas por usar abrigos, lentes oscuros, mascarillas y gorras, cuando las autoridades poseen información sobre quienes cometen delitos en cada sector popular. Además, es común y lógico que en tiempos de lluvia y frío, la gente se vista de esa manera», señaló Mejía.

El presidente instó a detener estas acciones que atentan contra la dignidad humana y promover estrategias de seguridad ciudadana que respeten los derechos individuales, sin estigmatizar la forma de vestir o la apariencia física de las personas.

El congresista reiteró que la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados reitera su firme compromiso con la salvaguarda de los derechos civiles y constitucionales de la población. Aboga por un enfoque policial que, en lugar de menoscabar la dignidad y los derechos fundamentales, se base en principios de respeto, legalidad y eficacia para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos en la República Dominicana.

La gobernadora Kathy Hochul convirtió este martes en ley el proyecto que creó la Comisión Comunitaria de Recursos de Reparación del Estado, «para corregir los errores del pasado».

«Tenemos la obligación moral de tener en cuenta todas las partes de nuestra historia compartida como neoyorquinos, y esta comisión marca un paso fundamental hacia adelante en estos esfuerzos», afirmó durante el acto en la sede de la Sociedad Histórica de Nueva York, en Manhattan.

La legislación reconoce el «importante papel que jugó la institución de la esclavitud en el establecimiento y la historia de Nueva York», establece la comisión de nueve miembros con experiencia en los campos de los estudios africanos o americanos, el sistema legal penal, derechos humanos, derechos civiles, organizaciones de reparación y otras áreas relevantes.

Recordó que hace más de 400 años, los primeros esclavos «fueron secuestrados violentamente, robados de sus familias y de sus hogares, y los llevaron encadenados a las costas de lo que eventualmente se convertirá en los Estados Unidos de América».

«Estos pueblos esclavizados literalmente construyeron gran parte de nuestra nación con su sudor, su sangre, su dolor», afirmó.

También recordó que Nueva York ha sido durante mucho tiempo el centro del comercio estadounidense: Wall Street, banca, transporte marítimo, seguros, «los motores económicos de todo nuestro país. Y prosperaron porque pueden comerciar con productos producidos por esclavos».

Destacó que precisamente en Wall Street hubo un mercado de venta de esclavos durante más de un siglo que aunque cerró cuando se abolió la esclavitud en 1827, «nuestro estado siguió siendo un actor dominante en el comercio ilegal de esclavos».

Antes de la Revolución Americana había más africanos esclavizados en la ciudad de Nueva York que en cualquier otra ciudad, excepto en Charleston (Carolina del Sur).

«Los ex esclavos y sus hijos y sus hijos en toda nuestra nación han sido perseguidos durante generaciones por el racismo y la privación de derechos», afirmó Hochul, e indicó que la reparación que propone la ahora ley «significa más que ofrecerle a la gente una simple disculpa 150 años después. Permite tener una conversación, un debate razonable sobre cómo queremos que sea el futuro» .

El reverendo afroamericano Al Sharpton, líder de derechos civiles, señaló que la creación de esta comisión no se trata de emitir un cheque, sino de empezar a sanar las cicatrices.

La comisión se reunirá dentro de los próximos seis meses y tendrán un año para emitir un informe.

Un informe de Human Rights Watch (HRW) de este año señala que todavía el Gobierno de EE.UU. no ha creado una comisión para estudiar el legado de la esclavitud y desarrollar propuestas de reparación.

Mientras, Boston (Massachussetts) votó el año pasado a favor de crear una comisión para estudiar sobre las reparaciones a sus residentes negros por el papel de la ciudad en la esclavitud y su legado de desigualdad.

En 2021 Evanston (Illinois) fue la primera ciudad en EE.UU. en aprobar un programa de pagos para sus residentes afroamericanos en compensación por la discriminación sufrida históricamente en políticas de vivienda. En otros estados han comenzado conversaciones sobre medidas similares.

Así se desprende de un comunicado publicado por la defensa de Petro tras la diligencia de este lunes en la que se retomó una investigación por presunta financiación ilegal y por superar el tope de gastos de campaña.

«En la diligencia de ratificación de denuncias (…) sin excepción, todos los denunciantes afirmaron que no les constaba nada de manera directa y concreta, salvo lo que habían oído en medios periodísticos», señala el documento.

Por esa razón la «defensa jurídica» del mandatario pidió a la Comisión de Acusaciones, el único ente habilitado para investigar a un presidente, archivar seis denuncias «producto de la inasistencia, como lo ordena la ley, ante la falta de compromiso y responsabilidad ciudadana».

Acusaciones contra Petro

Todo el caso comenzó cuando el pasado mes de junio varias publicaciones periodísticas revelaron audios del exembajador en Venezuela y una de las personas más cercanas a Petro durante el camino a la Presidencia, Armando Benedetti, donde hablaba de unos dineros que podrían haber entrado a la campaña.

En los audios enviados a la ex jefa de gabinete Laura Sarabia, el exembajador alega que él recaudó esos «15.000 millones de pesos» (unos 3,7 millones de dólares al cambio de hoy) para la campaña de Petro y le dice que si él habla y cuenta quienes financiaron su campaña en la costa atlántica, acabarán todos presos.

Todo ello fue asunto de investigación, que más tarde derivó en la detención del hijo del presidente, Nicolás Petro, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos en un caso donde también se cuestionó la financiación de la campaña que llevó a Petro a ser presidente.

La Fiscalía detuvo al primogénito del mandatario y a su exesposa, Daysuris Vásquez, pero se tuvo que abstener de investigar a Petro, pues se sale de sus competencias, por lo que remitió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara la notificación.

Esta se sumó a la denuncia ya presentada por una decena de demandantes, entre ellas dos congresistas de la oposición, para investigar a Petro y la posible financiación irregular de la campaña.

De momento, la Comisión no contempla citar ni al presidente ni a ninguno de los otros involucrados en el caso.