El juez del Tribunal Supremo Chacha Mwita informó que emitirá un fallo para que se retrase el envío de agentes de seguridad a Haití, donde se tiene planeado dirigir una fuerza multinacional apoyada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El despliegue previsto fue bloqueado por primera vez por el Tribunal Superior de Nairobi en octubre.
Cualquiera que sea la decisión a la que llegue el Tribunal Superior en enero puede ser recurrida, lo que significa que podría haber una batalla prolongada sobre el envío de las tropas a Haití.

La decisión judicial se produjo horas después de que el Parlamento de Kenia aprobara una moción que permitía el despliegue de los agentes de seguridad.

Pero el gobierno fue inmediatamente criticado por desobedecer las órdenes judiciales emitidas por primera vez en octubre, que prohibían el despliegue.

«La presentación de la moción hoy en el Parlamento ha sido beligerante. Un desprecio al Estado de derecho que establece claramente que un brazo del gobierno no puede discutir un asunto del que ya se ha ocupado otro brazo», declaró el excandidato presidencial Ekuru Aukot, que presentó la demanda judicial.

Herman Manyora, profesor de periodismo en la Universidad de Nairobi, afirmó que el Gobierno no tenía más remedio que respetar la decisión del tribunal sobre el retraso.

«El gobierno del presidente William Ruto tiene un historial de ignorar las decisiones judiciales, pero si es un gobierno respetuoso con la ley, esperará hasta que el tribunal tome la decisión final. Incluso el debate en el parlamento es un descarado desafío a las leyes del país», dijo.

Anteriormente, el Parlamento keniata había aprobado una moción de la Comisión de Administración y Seguridad Interna por la que se aprobaba la petición del gobierno de enviar a los agentes de seguridad ante la escalada de violencia en Haití.

En el acalorado debate, los legisladores de la oposición rechazaron los planes del gobierno para que Kenia dirigiera el equipo policial multinacional en Haití, alegando que violaba la Constitución del país. Los partidarios de la moción afirmaron que Kenia tiene la obligación moral y el deber de ayudar a Haití.

Las cuestiones clave del debate fueron quién financiaría el despliegue y qué justificaciones hay para enviar fuerzas de seguridad a Haití, a miles de kilómetros de Kenia.

«Qué sentido tiene enviar 1,000 policías a Haití cuando hay kenianos muriendo, necesitados de protección y de los servicios de sus policías», argumentó el legislador de la oposición Rozzah Buya.

Gabriel Tongoya, que preside la comisión parlamentaria de Administración y Seguridad Interior, declaró que todos los costes del despliegue serían financiados por las Naciones Unidas.

La semana pasada el Ministro del Interior, Kithure Kindiki, declaró ante el Parlamento que Kenia sólo desplegaría a los oficiales en Haití si los Estados miembros de la ONU sufragaban la financiación y el equipamiento.

Burundi, Chad, Senegal, Jamaica y Belice han prometido tropas para la misión multinacional.

La violencia se ha intensificado en Haití cuando una banda fuertemente armada rodeó el miércoles un hospital de la capital, Puerto Príncipe, dejando atrapados a los pacientes, entre los que había 40 niños y recién nacidos. La policía rescató posteriormente a los pacientes.

Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 20 de julio de 2021, las bandas se han hecho cada vez más poderosas en todo Haití, y el número de secuestros y asesinatos sigue aumentando.

«El acto que realizamos hoy es en cumplimiento a lo establecido en el articulo 169 del Código Electoral y convocamos al cuerpo electoral a elecciones de presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, diputaciones a la Asamblea Legislativa al Parlamento Centroamericano e integrantes a Consejos Municipales», expresó la presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez de Barahona, en una cadena nacional de radio y televisión.

Martínez de Barahona apuntó que «los salvadoreños deben de estar seguros que una vez más nuestro trabajo garantizará el absoluto respeto a la libre, voluntaria y soberana decisión del pueblo, ejercida a través del voto en las próximas elecciones».

«Afirmamos con certeza al pueblo salvadoreño que se disponen de los recursos para brindar al país elecciones transparentes, modernas y confiables», indicó.

La magistrada presidenta afirmó que «el proceso electoral avanza positivamente bajo condiciones que desde ya aseguran el desarrollo de elecciones auténticas, libres, soberanas y democráticas».

Agregó que serán 685.026 los salvadoreños en el extranjero los que también están convocados a participar en dicha elecciones.

El Salvador debe realizar en 2024 las elecciones a la Presidencia, Asamblea Legislativa, Alcaldías y Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El domingo 4 de febrero de 2024 se realizarán las elecciones presidenciales y legislativas, mientras que el domingo 3 de marzo serán los comicios de Paralacen y alcaldías. En caso de ser necesario, en esta última fecha se realizaría la segunda vuelta o balotaje de las elecciones presidenciales.

En 2024, los salvadoreños elegirán a 44 alcaldes y consejos municipales, en lugar de 242 luego que el Congreso aprobara una ley de reorganización de la división territorial del país, presentada y promovida por el presidente Bukele.

Además, deberán votar por 60 diputaciones en lugar de 84, esto también tras la aprobación de una normativa promovida por el mandatario salvadoreño.

La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó en marzo pasado un presupuesto de 129,3 millones de dólares para dichos comicios.

En estas elecciones, el TSE implementará dos modalidades para el voto en el exterior. Una de ellas es el voto remoto por internet, que lo podrán hacer todas las personas con Documento Único de Identidad (DUI) vigente o vencido emitido en El Salvador o en el extranjero cuyo domicilio en el documento sea fuera del país.

La otra modalidad es el voto electrónico presencial en los consulados u oficinas que el TSE designe y lo podrán hacer los salvadoreños en el exterior cuyo DUI vigente o no sea emitido dentro del territorio nacional o en el extranjero y su domicilio diga que es en El Salvador.

La Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) emitió el miércoles un comunicado en el que señaló que «los salvadoreños acudirán a las elecciones para elegir presidente y autoridades legislativas y municipales «en un contexto de deterioro del Estado de Derecho» y «violaciones a derechos humanos donde es imperativo garantizar elecciones libres, transparentes y justa».

COMIENZA PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Tras la convocatoria a las elecciones, los partidos políticos ya pueden realizar el proceso de inscripción ante el TSE de sus candidatos a presidente y vicepresidente.

Según los plazos establecidos en el calendario electoral del ente colegiado, los partidos políticos tienen entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre para presentar sus solicitudes de inscripción de candidatos.

Se desconoce cuándo el partido oficialista, Nuevas Ideas (NI), presentará ante el Tribunal Electoral la documentación para inscribir a Bukele y al actual vicepresidente, Félix Ulloa, como sus candidatos.

En septiembre de 2021, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitieron una sentencia en la que se plasma un cambio de criterio sobre la reelección inmediata, con lo que abrieron la posibilidad para una reelección.

Bukele anunció su intención de buscar la reelección en septiembre de 2022, con lo que se convierte en el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña con la opción de buscar su reelección inmediata.

Tras comparecer el jueves ante un tribunal en Washington DC, Trump volvió a su campaña para hacerse con la nominación republicana para los comicios de 2024 y aseguró que sus oponentes políticos le están golpeando con una serie de demandas «que requieren cantidades masivas de tiempo y dinero».

En un mensaje en su red social, Truth, el expresidente apuntó que «los recursos que deberían haberse utilizado en Anuncios y Mítines están siendo gastados en combatir a los Matones de la Izquierda Radical en muchas cortes en el País».

«Estoy liderando en todas las Encuestas, incluyendo contra el Trastornado Joe, pero este no es un campo de juego equilibrado. Es Interferencia Electoral, y el Tribunal Supremo debe interceder. ¡MAGA (siglas de su lema electoral Make America Great Again)¡», clamó.

Pese a los numerosos pleitos que afronta, Trump aparece como favorito indiscutible en los sondeos de cara a las primarias republicanas del próximo año.

Según una encuesta publicada el martes por el diario The New York Times, el presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, que se presenta a la reelección, y Trump empatarían en los comicios del próximo año con un 43 % de los votos cada uno.

Trump se declaró el jueves no culpable ante el tribunal federal del Distrito de Columbia, en Washington, de los cuatro cargos que se le imputan por supuestamente intentar revertir el resultado de la votación de 2020, en la que perdió frente a Biden.

La culminación de esos esfuerzos fue el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando una turba de seguidores de Trump irrumpió en la sede del Congreso mientras se celebraba una sesión conjunta de las cámaras para ratificar la victoria electoral de Biden.

La jueza Moxila Upadhyaya aceptó el jueves dejar libre a Trump, tras la lectura de cargos contra él, y fijó la siguiente vista contra el exmandatario para el 28 de agosto.

Así lo ordenó este lunes el juez del Tribunal Supremo estatal de Nueva York Juan Merchan, en rechazo a una solicitud por parte de varias organizaciones de medios para transmitir el histórico proceso.

El juez Merchan señaló en la orden judicial que solo se permitirá la entrada de cinco fotógrafos al banco del jurado previo a la lectura de cargos.

Al justificar su decisión, el juez explicó que aunque los medios tiene un interés «importante y sin duda genuino» en retransmitir lo que suceda al interior de la corte, este debe ser sopesado junto a intereses «contrapuestos».

Los abogados del exmandatario expresaron en la mañana del lunes ante el juez su desacuerdo frente a la petición de los medios, asegurando que retransmitir la lectura de cargos crearía una «atmósfera de circo» y sería «inconsistente con la presunción de inocencia» de Trump.

En su decisión, el juez no obstante reconoció la importancia de la comparecencia del expresidente republicano ante la justicia.

«Esta imputación involucra un asunto de una importancia monumental que no puede ser cuestionada», escribió el juez Merchan.

Trump se convirtió el jueves en el primer expresidente del país en afrontar cargos penales tras ser imputado por un gran jurado de Nueva York en un caso relacionado con el pago de un soborno a la actriz porno Stormy Daniels, con la que el exmandatario tuvo un «affaire» en 2006.

Los cargos exactos por los que ha sido imputado se desconocen porque el escrito de acusación está bajo secreto de sumario, pero el martes un juez de Nueva York le leerá los cargos y posiblemente se conocerá exactamente de qué está acusado y a qué pena podría enfrentarse.

La máxima instancia judicial del país revisará el caso por la vía rápida con los argumentos orales programados para febrero.

En su disposición de este jueves, el Supremo ordenó que la aplicación del programa siga suspendida hasta que resuelva sobre el caso.

El 22 de noviembre, el Gobierno de Biden informó de una moratoria del pago de la deuda estudiantil hasta después de junio tras la orden de una corte de apelaciones de bloquear temporalmente el plan.

Esa decisión del Tribunal del Octavo Distrito de Apelaciones, con sede en Saint Louis (Misuri), se sumó a una serie de resoluciones judiciales sobre ese programa de la Administración de Washington para cancelar hasta 20.000 dólares por persona de deuda estudiantil.

A finales de agosto, Biden anunció que iba a perdonar parte de la deuda que millones de universitarios contrajeron con la Administración federal para poder pagar sus estudios, en un guiño al voto joven antes de las elecciones de medio mandato del pasado 8 de noviembre.

El mandatario informó de la cancelación de hasta 20.000 dólares de deuda por estudiante, aunque la medida solo prevé beneficiar a quienes ganan menos de 125.000 dólares al año o a quienes, estando casados, suman ingresos por debajo de los 250.000 dólares anuales.

Los abogados del exmandatario republicano quieren que el Supremo emita una orden de emergencia para que una tercera parte revise el centenar de documentos marcados como clasificados, de los más de 11.000 que el FBI decomisó durante el registro de Mar-a-Lago el pasado 8 de agosto.

En ese registro, el FBI encontró documentos clasificados y secretos que Trump presuntamente se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.

En concreto, lo que la defensa de Trump pide a la máxima instancia judicial del país es que levante la orden de la Corte de Apelaciones para el Circuito 11 de Estados Unidos que permitió al Departamento de Justicia revisar los más de 100 documentos clasificados, de los más de 11.000, que fueron incautados en Mar-a-Lago.

En su escrito, los abogados del exmandatario sostienen que ese tribunal de apelaciones se equivocó al dejar que el Departamento de Justicia apelara una decisión previa que era procedimental por naturaleza.

Un panel de tres jueces del Circuito 11, con sede en Atlanta (Georgia, EE.UU.), determinó a finales de septiembre que el Departamento de Justicia pudiera acceder a todos los documentos, incluidos los clasificados, lo que supuso un golpe para la jueza federal de Florida que había apoyado la petición de Trump de que un perito especial hiciera la revisión.

Se da la circunstancia de que dos de los jueces de ese panel fueron nominados en su día por Trump y el tercero por el entonces presidente demócrata Barack Obama (2009-2017), aunque su decisión de garantizar el acceso de la cartera de Justicia a los documentos fue unánime.

Dado que la solicitud de los abogados de Trump ante el Supremo es de emergencia, los magistrados de la corte podrían resolver esta petición en cuestión de días.

Por 5 votos en contra (los de los progresistas y el del presidente del Supremo, John Roberts) y 4 a favor (los de los conservadores), la Corte desestimó el recurso presentado ante ella al considerar que el caso todavía debía pasar por niveles intermedios antes de llegar al Supremo.

Que la corte de mayor rango del país desestime estudiar el caso implica que se mantiene en efecto una sentencia emitida por un tribunal inferior de Nueva York que obliga a la universidad Yeshiva a reconocer al grupo, aunque esto vaya contra su interpretación de la Torá.

Reconocer al grupo LGBTI implica que el centro educativo debe facilitarles, como al resto de organizaciones estudiantiles, una clase física, espacio para publicar sus boletines informativos y una caseta en la feria universitaria.

Definido como un feroz litigante en causas políticas, Kise ha ganado cuatro casos ante el Tribunal Supremo de EE.UU., y varios ante el supremo de Florida, además de haber formado parte del equipo de transición de DeSantis y de su predecesor en la Gobernación estatal, el actual senador por Florida Rick Scott.

Según el canal NBC News, Kise incluso podría aparecer como abogado representante del expresidente en una corte federal de Florida el jueves próximo, día en que la magistrada Aileen Cannon ha llamado a ambas partes para escuchar los argumentos sobre la posible designación de un perito independiente que supervise los documentos extraídos durante el registro.

A comienzos de la pasada semana, Trump solicitó en una corte federal de Florida la designación de un «maestro especial», que es un perito independiente, para supervisar el registro del pasado 8 de agosto en Mar-a-Lago, la residencia de invierno del exmandatario.

Trump solicitó además un recibo más detallado de lo decomisado y la devolución de aquello que no estuviera incluido en la orden judicial que autorizó el registro, durante el cual el FBI recuperó documentos clasificados.

La jueza comunicó el fin de semana su intención «preliminar» de designar a un perito que supervise los documentos retirados durante el registro y dio plazo hasta este martes para que el Departamento de Justicia conteste al pedido hecho por el expresidente Trump (2017-2021).

La Fiscalía de EE.UU. informó el lunes a través de una moción ingresada en la corte que ya completó la revisión de «un conjunto limitado de materiales que potencialmente contienen información privilegiada abogado-cliente», y que ahora está en proceso de «abordar posibles disputas de privilegios».

Biden firmará este miércoles una orden ejecutiva en que ordena al Departamento de Salud y Servicios Humanos, al frente del cual se encuentra Xavier Becerra, dar cobertura a las pacientes que busquen «servicios de salud reproductivos» en un estado donde sean legales, informó una alta funcionaria de la Casa Blanca en una llamada.

Además, la intención del presidente es que este tipo de situaciones estén cubiertas por el programa federal de subsidios médicos a las personas de bajos recursos, el conocido como Medicaid.

Biden también pidió a Becerra que tome todas las medidas necesarias para garantizar que los proveedores de servicios médicos cumplen con las leyes de no discriminación, especialmente en el escenario caótico y de incertidumbre abierto tras la decisión del Supremo.

Finalmente, la orden ejecutiva del político demócrata también busca promover la investigación y recabar datos sobre los efectos que tiene sobre la salud de las madres la reducción del acceso a servicios reproductivos.

Este miércoles se producirá el primer encuentro del grupo interagencias para el acceso a la salud reproductiva, que contará con la presencia de la vicepresidenta del país, Kamala Harris.

El grupo fue creado el pasado 8 de julio por otra orden ejecutiva del presidente.

En esa ocasión, la mayoría de las órdenes también fueron dirigidas a Becerra, al que instó a ampliar el acceso a píldoras abortivas, garantizar que todos los pacientes tengan acceso a servicios médicos de emergencia amparados por la ley y a proteger el acceso a métodos anticonceptivos.

También le pidió que aumentase los esfuerzos de comunicación en materia de acceso a servicios de salud reproductiva y al aborto.

Biden está recibiendo numerosas críticas desde su propio partido durante las últimas semanas al considerar que no está haciendo lo suficiente para defender el derecho al aborto tras el fallo del Supremo.