En su acostumbrada rueda de prensa La Semanal, el mandatario dijo que hay detalles que se están trabajando y que se han producido algunos retrasos debido a temas medioambientales, pero que “esos diseños se van a entregar en los próximos dos meses”.

Acotó que la verja se divide en cuatro áreas, “recuérdense que son cuatro áreas: el área de Dajabón, el área de Jimaní, el área de Elías Piña que esa es la más pequeña, que está lista y el área de Pedernales”, expresó.

Comunicó además que la última área por inaugurarse será la de Pedernales, aproximadamente para la segunda semana de marzo.

Mientras que la de Pedernales es la más extensa, con unos 20 kilómetros aproximados, la cual tiene fecha de inauguración para finales de este mes de enero.

Una primera patrulla integrada por personal del Batallón de Infantería Motorizado N° 5 (BIM N° 5) se desplazó desde el Fuerte Zarumilla hacia el sector Pesqueros, en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, en el departamento norteño de Tumbes, precisó el ministerio.

A su vez, una segunda patrulla del Batallón de Infantería Motorizado N° 11 (BIM N° 11) se movilizó desde el Fuerte Papayal hacia el sector Dos Bocas y La Pampa, en el distrito de Papayal, en la provincia de Zarumilla.

Ambas localidades limítrofes poseen una densa vegetación, razón por la cual se requiere de equipos como los drones para facilitar su vigilancia.

El Ejército peruano realiza los patrullajes disuasivos en la línea de frontera con Ecuador, en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP), para «mantener y garantizar la integridad territorial» de las zonas limítrofes, indicó el ministerio de Defensa, tras la ola de violencia del crimen organizado desatada en el país vecino y que incluso ha puesto de manifiesto el contrabando de material bélico de Perú hacia Ecuador.

El Gobierno peruano emitió el pasado 10 de enero un decreto supremo en el que declaró el estado de emergencia, por 60 días, en los distritos y provincias limítrofes con Ecuador y precisa que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

«Este acto ilegal es completamente inaceptable y no tiene justificación alguna (…) Hemos informado a Irán que Pakistán ha decidido llamar a nuestro embajador en Irán», dijo la portavoz de Exteriores paquistaní Mumtaz Zahrah Baloch en una declaración leída a los medios.

De acuerdo con esto, el embajador iraní en Pakistán, que actualmente se encuentra de visita en Irán, «no debería regresar por el momento» a Islamabad.

La diplomacia paquistaní aseguró también que por su propia decisión se han suspendido «todas las visitas de alto nivel que estaban en curso o estaban previstas entre Pakistán e Irán en los próximos días”.

Pakistán responde con esto a los bombardeos con misiles y drones a objetivos del grupo terrorista suní Yeish al Adl en suelo paquistaní, hechos ayer, aparentemente sin la autorización del lado paquistaní.

“La violación flagrante y no provocada de anoche de la soberanía de Pakistán por parte de Irán es una violación del derecho internacional y de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas», indicó la portavoz.

Pakistán advirtió también que se reservará el derecho de responder con reciprocidad a este ataque.

El Gobierno paquistaní aseguró esta mañana que al menos dos niños murieron y otras tres niñas resultaron heridas como resultado de estos ataques. 

El Departamento de Justicia precisó el lunes por la noche en un documento judicial que el pasado viernes tres personas murieron ahogadas en el río, en la zona fronteriza de Eagle Pass.

La tragedia tuvo lugar días después de que efectivos de la Guardia Nacional de Texas, enviados a Eagle Pass por órdenes del gobernador republicano, Greg Abbott, bloquearan el acceso de la Patrulla Fronteriza a una sección de 4 kilómetros de la frontera con México.

Las víctimas han sido identificadas por medios mexicanos como Virterma de la Sancha Cerros, de 33 años, y sus dos hijos, Yorlei Rubi, de 10, y Jonathan Agustín Briones, de la Sancha, de 8.

Sus cuerpos fueron rescatados por las autoridades mexicanas, quienes también ayudaron a impedir que otros dos migrantes se ahogaran.

El Gobierno de Joe Biden ha pedido al Supremo intervenir en la disputa sobre el control de parte de la frontera sur y se queja de que las autoridades tejanas impidieron el paso de la Patrulla Fronteriza la noche de la tragedia.

El Departamento de Justicia no responsabiliza directamente a Texas del fallecimiento de la mujer y sus hijos, pero sí asegura que la falta de acceso impidió su participación en las labores de rescate.

Según su documento, funcionarios mexicanos avisaron a la Patrulla Fronteriza sobre las ocho de la tarde hora local de que tres migrantes se habían ahogado y otros dos estaban en peligro.

Los funcionarios federales pidieron entonces a la Guardia Nacional texana que les dejara pasar al área de la frontera que tienen bloqueada para poder atender a los migrantes. El acceso les fue denegado alegando que había órdenes de no permitirlo, detalla el escrito.

“Es imposible saber qué habría pasado si la Patrulla Fronteriza hubiera tenido el acceso que tenía desde antes al área”, escribió el Departamento de Justicia. “Sin embargo, al menos hubieran tenido la oportunidad de tomar los pasos necesarios para cumplir con su responsabilidad y ayudar a sus contrapartes mexicanas en su misión de rescate”.

En esta zona fronteriza, miles de personas han intentado cruzar hacia territorio estadounidense en el último mes, la mayoría con la intención de pedir asilo.

Los migrantes atraviesan el río y al llegar a la orilla estadounidense buscan entregarse a la Patrulla Fronteriza, la autoridad encargada de decidir si se les permite solicitar asilo.

Las autoridades federales se han visto enfrentadas con las autoridades estatales, desplegadas en la zona por orden de Abbott en su intento por “frenar” la migración.

Como resultado, la ciudad de Eagle Pass, con solo 28.000 habitantes, ha estado en el centro de la cada vez más frontal disputa entre el gobernador de Texas y el Gobierno federal por la gestión de la frontera.

El conflicto ha llegado incluso a los tribunales. En la decisión más reciente, un tribunal de apelaciones ordenó en diciembre a la Patrulla Fronteriza a dejar de cortar el alambre de concertina instalado por Texas en la frontera, mientras emite un fallo.

«Aumentarán los patrullajes, se mejorarán las capacidades aéreas con la adquisición de ocho helicópteros biturbinas con capacidad de vuelo nocturno», dijo Pino durante el lanzamiento de la operación Chocó II, en un acto celebrado en la localidad de Puerto Obaldía, situada a unos 240 kilómetros de la Ciudad de Panamá y cerca de la frontera con Colombia.

Estos aparatos, a órdenes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y que servirán de apoyo a la inserción de patrullas del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), estarán «especialmente dedicados al control fronterizo en esta parte de la República», es decir la Comarca Guna Yala, afirmó el ministro.

Se usarán en el marco del objetivo de identificar y perseguir a los grupos de delincuencia organizada que se dedican a la trata de personas y sus delitos conexos, así como brindar seguridad a la población local y grupos vulnerables como los migrantes, dijo el Ministerio de Seguridad Pública en un comunicado.

En el marco del reforzamiento de la vigilancia de zona fronteriza también se creó la Unidad de Análisis para la Protección Fronteriza, (UPAPF), un ente subordinado al Servicio Nacional de Migración (SNM), «con el fin de perfilar amenazas a la seguridad y someterlas a un análisis de inteligencia migratoria, desde un enfoque integral de las diferentes instituciones de seguridad del Estado panameño».

«Esta unidad nos va a ayudar a detectar en tiempo real todo lo que salga y entre a nuestro país. Es un trabajo en conjunto, con el apoyo de Estados Unidos«, afirmó Pino.

A través del Tapón del Darién, la selvática frontera con Colombia, ingresa a Panamá el inédito flujo migratorio que marca desde hace más de dos años al continente americano y que en 2023 superó la cifra histórica de 520,000 personas nacionales de más de 60 países, aunque la gran mayoría son venezolanos.

«El reto en materia de migración irregular continúa, las nuevas situaciones políticas en países vecinos demandarán de nosotros esfuerzos permanentes y extraordinarios para asegurar un trato digno y humanitario en atención a este fenómeno, sin perder de vista que nuestra principal misión está orientada a la seguridad nacional», recalcó el ministro Pino.

Panamá recibe a los migrantes que cruzan la peligrosa selva en estaciones en las que toma sus datos biométricos y les ofrece asistencia sanitaria y de alimentación, antes de que tomen unos buses cuyo pasaje deben sufragar los viajeros que los llevan hasta Costa Rica, donde seguirán su camino.

Pino señaló que con las operaciones de seguridad como Chocó II, Panamá «contribuye a la paz y a la seguridad de los países del hemisferio norte», el destino de los migrantes irregulares que cruzan el Darién.

La operación Chocó II se extenderá más de seis meses centrada en mitigar el efecto de la migración irregular, la protección territorial y la conservación del medioambiente y control migratorio, de acuerdo con la información oficial.

Bolivia no limita con Ecuador, pero sí con países como Perú, Brasil, Chile y Argentina, algunos de los cuales también han reforzado los controles en sus fronteras para resguardar la seguridad.

El comandante de la Policía Boliviana, Álvaro Álvarez, dijo a la prensa que se ha instruido a los departamentos fronterizos que «intensifiquen» el trabajo para identificar a las personas «susceptibles» de querer entrar a Bolivia, en precaución por el eventual ingreso de integrantes de bandas criminales prófugos de Ecuador.

Las autoridades han instruido a la Interpol en Bolivia para que «genere las acciones pertinentes» e intensifique su trabajo ante esa situación y también han pedido un esfuerzo a los servicios de Migración para que estén especialmente pendientes de su trabajo, a raíz de la delicada situación en Ecuador.

Ofrece respaldo

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, ha entrado en contacto con las autoridades policiales y de gobierno de Ecuador para brindarles «respaldo» en caso de que sea necesario.

Ecuador vivió una jornada de terror el pasado martes que dejó una decena de muertos en Guayaquil y otras ciudades del país en distintos actos violentos que incluyeron la toma temporal de un canal de televisión por parte de un grupo armado en Guayaquil, automóviles incendiados, amenazas a universidades, instituciones del Estado y comercios.

Los incidentes comenzaron tras la fuga de José Adolfo Macías, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros, una de las bandas criminales más peligrosas del país con presuntos nexos con cárteles mexicanos.

En respuesta, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, decretó el lunes el estado de emergencia en todo el país durante sesenta días y declaró un «conflicto armado interno», lo que implica la movilización e intervención inmediata de las fuerzas de seguridad contra el crimen organizado.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, expresó su solidaridad con Ecuador y repudió los hechos de violencia en ese país, al igual que la Cancillería.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, ha manifestado que Bolivia «no está rumbo» a una situación similar a la registrada en Ecuador.

Santo Domingo.-Ciudadanos de Haití así como también representantes del comercio y otras organizaciones esperan que el gobierno dominicano ordene la apertura de todos los trámites migratorios en las oficinas de la frontera para continuar con mejor desarrollo en el área del comercio.

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«Personal militar y policial fueron recibidos con disparos de fusil. Como resultado de la operación militar se aprehendió a dos terroristas», señaló en su cuenta X (antes Twitter).

En posesión de las personas hallaron un fusil, dos subfusiles, dos pistolas, un revólver, seis cargadores tipo alimentadoras, 66 cartuchos, cuatro radios tipo Motorola y 64 dosis de marihuana.

La operación militar la ejecutó el Batallón de Infantería «Motorizado N.º 1 Constitución» en la ciudad de Huaquillas, «en cumplimiento al Decreto Ejecutivo 111», suscrito el martes por el  presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Con dicho decreto, Noboa declaró la existencia de un «conflicto armado interno» en el país y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares para luchar contra los grupos de crimen organizado.

El decreto se firmó poco después de que encapuchados armados, ahora detenidos, irrumpieran en un canal de canal de televisión en la ciudad de Guayaquil y en medio de una escalada de tensión.

Ecuador vivió el martes una jornada de terror con coches incendiados, ataques con explosivos, secuestro de policías y con la incertidumbre sobre la situación de los guardias penitenciaron retenidos por reos en las cárceles, sobre los que aún este miércoles no había información oficial.

Detenidos

En un primer balance, la Policía informó anoche que setenta personas han sido aprehendidas por los hechos de violencia en el país.

La Fiscalía General del Estado informó este miércoles que un juez de la provincia de Loja (sur) aceptó su pedido y dictó prisión preventiva contra seis personas.

«Se les formularon cargos por su presunta participación en el delito de terrorismo. Serían responsables de las explosiones y la quema de vehículos en varios puntos de la ciudad», precisó en su cuenta X.

Por esa misma vía informó de que en la provincia de Tungurahua, procesará a 15 aprehendidos por presunto terrorismo pues «habrían intentando ejecutar atentados en los exteriores» del centro de rehabilitación social de la ciudad de Ambato, contra policías y guías penitenciarios.

La Fiscalía detalló que los aprehendidos tenían en su poder revólveres, subametralladoras y municiones.

Fuga de reos

Ecuador está en estado de excepción por sesenta días, que incluye un toque de queda durante la noche y madrugada, debido a una serie de incidentes en cárceles, que se desataron el lunes, y la «presunta evasión» de uno de los delincuentes más peligrosos del país.

Los incidentes comenzaron en momentos en que las autoridades desplegaban operativos en una cárcel de Guayaquil en busca de José Adolfo Macías, alias «Fito», líder de «Los Choneros», considerada unas de las bandas criminales más peligrosas del país por sus presuntos nexos con carteles mexicanos, y que aparentemente se fugó el fin de semana.

Por otra parte, y en medio del estado de excepción decretado el lunes, se fugó de la cárcel Fabricio Colón Pico, capturado la semana pasada luego de que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, mencionara en un presunto plan para atentar en su contra.

Salazar identificó a Pico como miembro de «Los Lobos» un grupo criminal al que Noboa ha identificado como «terrorista», al igual que a otra veintena de organizaciones delictivas.

«Se va a declarar en emergencia toda la frontera norte del país», anunció el primer ministro, Alberto Otárola, al término de una reunión urgente que sostuvo con varios miembros del gabinete para analizar la situación que afronta Ecuador.

Otárola señaló que «el primer mensaje» que envía el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte es «un llamado a la calma, a la tranquilidad» a los ciudadanos de las zonas de Piura y Tumbes, regiones fronterizas con Ecuador.

Añadió que en la reunión de ministros «se han tomado algunas decisiones que se van a implementar inmediatamente», entre ellas el «viaje inmediato de los ministros de Defensa e Interior a Tumbes para que en el terreno coordinen acciones de resguardo».

«Se va a declarar en emergencia toda la frontera norte del país, en noviembre se declaró una (emergencia) que cubre tanto Tumbes como Piura, pero ahora se va a comprender también a (las regiones de) Amazonas, Cajamarca y Loreto», detalló.

Añadió que también «se ha dispuesto la movilización de un contingente» de las fuerzas especiales de la Policía Nacional (PNP) «para que ayuden» a los agentes en la zona a aplicar un «control más intenso del tránsito de personas y migrantes que ingresan» a Perú.

Otárola confirmó que, «cuando se declara el estado de emergencia, se dispone que las Fuerzas Armadas acudan en apoyo de la Policía Nacional» y reiteró que esta decisión busca «darle la calma y tranquilidad a la población de Piura y Tumbes».

«Lo que nos corresponde es velar por los intereses y la seguridad de nuestro país», enfatizó.

Mientras se realizaba la reunión de ministros, el Gobierno decretó el envío de un contingente de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la PNP a la frontera norte con Ecuador, país con el que Perú comparte más de 1.500 kilómetros de línea limítrofe.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también emitió un comunicado en el que señaló que el Gobierno de Perú «condena enérgicamente los actos de violencia ocurridos hoy en el Ecuador, que vulneran los derechos fundamentales de los ecuatorianos y atentan contra la seguridad de ese hermano país».

Por su parte, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, hizo un llamado al Gobierno peruano «a que tome medidas urgentes en la frontera para evitar hechos similares» en el país.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decretó el lunes un estado de excepción en todo el país por sesenta días, lo que incluye un toque de queda nocturno, mientras que este martes declaró un «conflicto armado interno» por los ataques de grupos de delincuencia organizada a los que identificó como «terroristas».

Noboa firmó el decreto en momentos de gran tensión en Ecuador por estallidos de automóviles en distintas ciudades, ataques con explosivos, secuestro de policías y retención de agentes de las penitenciarios en las propias cárceles.

En la televisión se observó en directo cuando un grupo armado sometía al personal del canal en plena emisión en vivo y luego se escucharon disparos y gritos, hasta que llegó la Policía, mientras que instituciones como la Universidad de Guayaquil y locales comerciales en Quito cerraron sus puertas ante el temor por la violencia.