Varios detenidos fueron capturados en un «centro clandestino de rehabilitación» situado a pocos metros del hospital, «donde aparentemente se refugiaron cuando llegaron los uniformados», aclaró en un comunicado la Fiscalía que procesará a los 77 encarcelados por el presunto delito de terrorismo.

La Fiscalía, en una audiencia por videoconferencia en la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos Contra la Corrupción y Crimen Organizado de Quito, presentó como pruebas las versiones de los agentes que intervinieron en los allanamientos y otras evidencias que se obtuvieron durante la operación.

El juez de la causa acogió un pedido de la Fiscalía y dictó órdenes de prisión preventiva contra los 77 procesados, quienes han sido trasladados a la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador, ubicada en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas.

El Ministerio Público explicó que la instrucción fiscal durará treinta días.

La madrugada del pasado domingo, según los reportes policiales, varios ciudadanos ocuparon las instalaciones del hospital de Yaguachi, donde había sido trasladado un sujeto herido que se cree que formaba parte de una banda de crimen organizado y que posteriormente falleció.

Según las primeras investigaciones, los detenidos, aparentemente, habían ingresado en el hospital de Yaguachi para brindar “resguardo” al herido.

Personal de la Policía que acudió al lugar para atender la alarma generada en el hospital fue recibida con disparos, por lo que se solicitó la asistencia de militares, relató la Fiscalía.

Agregó que varios involucrados en el intento de ocupación de la casa de salud se habrían refugiado en un edificio cercano, donde funcionaba un centro clandestino de atención a personas con adicciones.

Según el Ministerio Público, en ese sitio supuestamente operaba un «centro de comando de un grupo delictivo, que manejaba para su seguridad seis cámaras de videovigilancia, ubicadas en calles aledañas».

En los allanamientos se han encontrado «dos armas de fuego tipo artesanal, cinco balas sin percutir, cuatro cuchillos, droga, un chaleco antibalas, dos radios de comunicaciones, cinco teléfonos celulares, seis cámaras videovigilancia y cuarenta panfletos con mensajes del grupo de delincuencia organizada (GDO) ‘Los Águilas'», según detalló la Policía en su parte informativo.

El delito de terrorismo está penado en el código penal ecuatoriano con entre diez y trece años de cárcel.

En Ecuador rige un estado de excepción, con toque de queda nocturno, por la espiral de violencia que han generado grupos de delincuencia organizada a escala nacional, que incluyó secuestros, asesinatos, artefactos explosivos, vehículos incendiados, motines en cárceles y la irrupción en un canal de televisión de trece hombres armados, detenidos poco después del asalto.

El presidente Daniel Noboa declaró también el «conflicto armado interno» contra las bandas del crimen organizado, a las que designó como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales a ser neutralizados por las fuerzas de seguridad del Estado.

El órgano persecutor depositará la instancia en las próximas horas en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional luego de que ejecutara este lunes la orden judicial de arresto No. 0020-2023 contra el imputado Thevenet.

El Ministerio Público del Distrito Nacional, a través del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Persona, estableció en la solicitud de orden de arresto que, en momentos en que el imputado se encontraba realizando la fumigación el pasado 19 de enero, expuso y afectó con los componentes químicos a Adelle Ruiz Leen y a su hija menor de edad, al igual que a su esposo José Luis Acra y a otro menor de edad de un año y tres meses de nacido, hijo de ambos, quienes también se encontraban en la residencia donde ocurrió el caso.

Indicó que el mismo 19 de enero la familia decidió ir al médico luego de que comenzaran a sentirse mal y sospecharan que podría tratarse de una intoxicación por alimentos, siendo todos atendidos en un centro de salud de la capital y recibiendo el alta médica el mismo día al presentar mejoría.

Posteriormente, el pasado sábado 20 de enero a raíz de que las víctimas continuaban sintiéndose mal decidieron nueva vez ir al médico, siendo ingresados de emergencia en la unidad de cuidados intensivos de dicho centro de salud, donde ayer 21 de enero fallecieron la mujer y su hija a causa de envenenamiento y exposición al químico o producto de fumigación, mientras permanecen ingresados el señor José Luis Acra y el hijo menor de edad que resultó afectado.

El imputado Thevenet es investigado por sus vínculos con el hecho que constituye una violación a los artículos 295, 301 y 302 del Código Penal Dominicano.

El tribunal dictó la orden de arresto al considerar que existen suficientes evidencias que les vinculan con el hecho por el que se le investiga.

Ante la solicitud del Ministerio Público a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra Daniel Hernández, rapero mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, acusado de violencia de género.

Villa Camacho, declaró a los medios de comunicación que en el documento depositado por el Ministerio Público, el cual consta de 15 páginas, contiene pruebas periciales, documentales y testimoniales, por lo que se espera que el tribunal ponga la prisión preventiva.

Asimismo, indicó que, según la investigación del Ministerio Público, el imputado ha ejercido violencia verbal, física y psicológica contra rapera Georgina Guillermo, alias Yailín la más viral.

Sin embargo, Waldo paulino, abogado representante del artista Tekashi 6ix9ine, aboga que el Ministerio Público tiene falta de objetividad, por lo que siempre recurren a la prisión preventiva, en casos connotada y no connotados.

“No se van a la objetividad, ni solicitan los otros tipos de medida que dan la normativa procesal penal. Ellos tendrán sus verdades y nosotros tenemos las nuestras”, sostuvo Waldo.

Por el momento, Tekashi pasará su tercera noche detenido, bajo la orden judicial número 0273-2023, emitida por la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional y trasladado al Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, del Distrito Nacional.

Norberto Rondón, abogado de Cristina Mercedes Marte, quien fue víctima de embargo supuestamente de manera irregular, se mostró conforme con los tres meses de prisión preventiva Tejada Puello.

Mercedes Marte contó al programa El Informe con Alicia Ortega que a finales de noviembre del 2023 el imputado irrumpió en su vivienda junto a otras tres personas, donde sin notificación de sentencia y ejerciendo presión psicológica, le habría exigido el pago de un millón de pesos para no realizar el embargo en su vivienda tras esta haber servido de garante de una amiga en el alquiler de un apartamento.

En ese momento, Tejeda Puello ya había sido destituido de sus funciones por haber participado de otros embargos supuestamente de manera irregular en un salón de belleza y una empresa telefónica, el caso fue presentado por ese mismo programa de investigación.

La medida deberá ser cumplida en cárcel de La Victoria.

«La realidad es que se ha demostrado que sí, que hay un exceso de prisión preventiva y eso parte de la conciencia que tiene que tener en el Poder Judicial», manifestó Guerrero quien agregó que conocen las necesidades de la sociedad y es comprensible la preocupación, pero que los jueces saben evidentemente en qué casos debe de aplicarse.

Sostuvo que la realidad es que la norma procesal penal indica que la prisión preventiva no puede pasar de un año, salvo a otros asuntos que establece el Código Procesal Penal respecto de casos complejos y de diversas cuestiones.

Resaltó que están llevando a cabo la optimización que procura acortar los tiempos que tarda el proceso como tal.

«Por eso les hablaba de la optimización del proceso penal, y optimizar el proceso penal no depende solamente de un juez depende de un defensor público que también esté pendiente de los derechos de ese representado de un Ministerio Público que también muestre lealtad a cómo se llevan los procesos».

«Se pretende que una audiencia preliminar se conozca en 6 meses, que juicios de fondos y recursos de apelación tenga conocimiento em 3 meses o menos, que las órdenes de la libertad estén al día y que se cumplan con los plazos procesales y todo eso sabemos que impacta al sistema», sostuvo.

Al ser cuestionada que si el juez de ejecución de la pena no está obligado de manera automática hacer una revisión, dijo que los juez de la ejecución de la pena son de los presos condenados, «entonces los preventivos están en el curso de un proceso, cuyo control de la medida de coerción de su revisión entonces recae sobre los tribunales».

Agregó que la prisión preventiva es para garantizar la presencia del imputado en el proceso, para que haya integridad en cuanto a las pruebas.

Jáquez afirmó que la estafa realizada por la desmantelada red asciende a los 200 millones de pesos a 147 víctimas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.

La solicitud de medida de coerción tiene aproximadamente 400 páginas y casi 200 elementos de pruebas (documéntales, periciales, financieras, entre otras).

Además de Jáquez, en el depósito de la solicitud de medida de coerción participaron los procuradores fiscales Andrés Mena, Emmanuel Ramírez y de la Fiscalía del Distrito Nacional, la fiscal Laura Vargas.

PUERTO PLATA.– El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Puerto Plata impuso tres meses de prisión preventiva a Nicolás García, alias “El decamisao”, por supuestamente haber violado a una menor de 12 años en un hecho ocurrido en el municipio de Sosúa.

Según los padres de la menor, el imputado es reincidente en este tipo de acciones ya que supuestamente este se encontraba cumpliendo cinco años de prisión por un hecho similar.

Sin embargo, de buenas a primeras este andaba suelto en las calles, por lo que aprovechó que la madre de la menor se encontrase trabajando en construcción junto a su esposo, el padre de la niña, para cometer el hecho de violación, por lo que pide que se haga justicia.

En tanto, el abogado que representa a los padres de la afectada dijo sentirse complacido ante la medida impuesta por el Tribunal en contra de quien llamó depredador infantil, el cual cumplirá su medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, de la ciudad de Puerto Plata.

La medida de un año de coerción fue impuesta a Angel Figuereo, hijo del presunto líder de la banda criminal quien deberá cumplirla en el Centro Correcional Najayo hombre y contra el teniente coronel retirado de la Policía Nacional, Elvis de la Rosa de León, quien por su condición cumplirá la medida en la cárcel policial del Centro de Operaciones Especiales.

Mientras que al  imputado Jonathan Emérito Lorenzo el juez José Arias, se le impuso el pago de una garantía económica de RD$ 30 mil pesos en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica como medida de coerción.

Asimismo, el Ministerio Público asignó la calificación Jurídica provisional de los artículos 59, 61, 265, 266, del Código Penal Dominicano, artículo 66 y 67 de la Ley 631-2016, para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados y articulo 60 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, en perjuicio del Estado Dominicano y la sociedad de San Cristóbal. 

En tanto que se recuerda que «Kiko La Quema» es buscado por las autoridades, tras ser acusado de ser el presunto líder de una banda criminal que se dedica al microtráfico de drogas en el municipio Cambita Garabitos, en San Cristóbal.

La jueza del tribunal, la magistrada Iris Sugelly Borgen Santana, acogiéndose a la solicitud del Ministerio Público (MP), que calificó el hecho como homicidio voluntario, también ratificó la medida de coerción consistente en prisión preventiva contra Alejandro Castro Cruz, de 30 años de edad. 

El órgano de justicia, representado por la fiscal Yarily Toribio, presentó decenas de pruebas periciales, materiales, otras documentales, testimoniales e ilustrativas. Por lo que el tribunal, hallando suficiencia probatoria, acogió la acusación que indilga al uniformado cargos por homicidio voluntario en perjuicio del menor de edad de iniciales D.J.M.T, a quien impactó de un balazo en el brazo izquierdo y el tórax, con la pistola marca Taurus, 9 milímetros.  

El agente también enfrenta cargos por violación a los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano, que tipifican el homicidio voluntario en contra del menor y los golpes y heridas que infirió al padre del adolescente, Anthony Ysauri Martínez.  

La investigación del hecho, ocurrido el domingo 12 de febrero del 2023, estuvo a cargo del fiscal titular Osvaldo Bonilla y del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía, que dirige el procurador de Corte Gerardo Ponce. 

El imputado se enfrentaría a una pena que podría ser de hasta de 20 años de prisión.

La medida de coerción le fue impuesta a Waldo Alexander De León Serrano, por La jueza Karen Casado Minyety, quien preside este tribunal, al acoger el pedimento del Ministerio Público, que en audiencia demostró la prisión preventiva es la medida idónea ante la gravedad de los hechos y la que garantiza la presencia del imputado en el proceso.

El expediente instrumentado por el fiscal investigador Jhon Richard Suncar Castillo, establece que todo inició debido a una discusión en las redes sociales, mediante la cual quedaron de verse personalmente y resolver como hombres.

Relata, que en fecha 19 de noviembre, alrededor de las 7:00 de la noche mientras Yenper Antonio Hunt Rondon y su esposa, Marlene Esmeralda López, se trasladaban en su vehículo, el imputado, junto dos (prófugos), le realizaron siete disparos que alcanzaron dicho vehículo.

Tras lo ocurrido, el imputado Waldo De León Serrano, se presentó al destacamento de Los Mina, de manera voluntaria y entregó el arma de fuego, en donde quedó arrestado.

Durante el conocimiento de la medida coercitiva el Ministerio Público, representado por el fiscal Tito Osea González Ramírez, presentó evidencias probatorias para sustentar la responsabilidad penal que involucra al imputado, por violación de los artículos 265, 266, 2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la asociación de malhechores y el intento de homicidio, así como la violación de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El imputado deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombre.